El jefe del Departamento Central de la Policía Nacional, Carlos Cáceres, exhorta a una imposición de medidas a quienes infrinjan las normativas sanitarias en tiempos de pandemia.
“Se están respetando las medidas, pero no como se debiera porque lastimosamente no hay sanciones”, dijo Cáceres a La Unión. El jefe policial fue requerido acerca de las brigadas de cobertura nacional que realizan en pos de evitar aglomeraciones y fiestas clandestinas.
“Son las mismas personas en los mismos lugares donde existen estas situaciones. Se hacen estas fiestas en lugares descampados y alejados y es ahí donde se produce este tipo de aglomeraciones”, sostuvo.
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Una de las últimas fiestas clandestinas que se realizó y que cobró estado público fue en la ciudad de Villa Elisa, además de una carrera de caballos en Horqueta, donde los asistentes fueron sin protección facial.
“Cada quien es responsable de sus actos y más ahora que estamos pasando por una situación delicada”, indicó. Dijo además que “debe haber sanciones porque de lo contrario de nada sirve nuestro trabajo”.
La Policía Nacional solamente tiene la facultad de cumplir un trabajo de persuasión y no de reprimir. “Se tiene un plan a nivel nacional, pero en Central tenemos especificadas las zonas y un mapeo donde es repetitivo el tema del piky vóley y las fiestas clandestinas, que se hacen en quintas”, explicó.
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Dimabel remitió a la Fiscalía datos recabados sobre red de tráfico ilegal de armas a Brasil
La Dirección de Material Bélico (Dimabel) remitió al Ministerio Público las informaciones recabadas por la institución sobre una red de tráfico ilegal de armas hacia el Brasil, que involucra a 100 militares y policías.
“Ayer al mediodía (jueves) se realizó la remisión de los antecedentes documentales sobre una supuesta comisión de hecho punible de tráfico ilícito de armas. Esto no es una denuncia penal técnicamente. Nosotros tenemos la obligación como cualquier otro funcionario público de poner a conocimiento de las autoridades pertinentes cuando se tiene conocimiento sobre un supuesto hecho punible”, indicó el general Melanio Salomón Servín Aquino, titular del ente a la 1080 AM.
El caso se centra en la intervención de la tienda comercial Gunner, localizada en Asunción, que destapó el esquema ilícito. Del centenar de uniformados, un total de 46 son militares y 55 policías quienes recibían como pago sumas entre G. 500.000, 700.000 a 800.000 con el fin de proveer armas de manera ilegal a criminales brasileños.
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“Ellos actuaban como parte de un esquema. Los personales uniformados afectados prestaban su nombre, es así de simple”, comentó. Detalló a la vez que los militares involucrados en el esquema se encuentran “dispersos en todas las Fuerzas Armadas”, sin ahondar sobre las funciones que desempeñan dentro de las instituciones castrenses.
“El caso de los policías no conozco. La nómina del personal policial que es objeto de observación, personalmente remitió al ministro del Interior, Enrique Riera y al Comandante Carlos Humberto Benítez para que ellos tomen conocimiento de la situación y que procedan conforme a derecho”, dijo.
El esquema fue destapado el pasado 22 de octubre, luego de lo informado al jefe de Estado, Santiago Peña. Asimismo se descartó la existencia de coacción por parte de uniformados superiores contra sus colegas implicados en el esquema.
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Caso agua tónica: Tribunal de apelación confirmó condena a Patricia Samudio
El Tribunal de Apelación en lo Penal Segunda Sala confirmó la condena impuesta a la expresidenta de Petróleos Paraguayos (Petropar) Patricia Samudio de 4 años de cárcel por el caso judicial conocido como agua tónica. La operación para la compra de agua durante la crisis por el covid-19 generó un perjuicio de más de G. 300 millones a la institución durante la crisis sanitaria.
Asimismo, también fue confirmada la pena de a 3 años y 9 meses de prisión contra su esposo José Costa Perdomo. Ambos fueron sentenciados por lesión de confianza. La defensa tiene la última posibilidad de recurrir ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con la finalidad de revertir la condena, pero las posibilidades son cada vez más escasas.
De acuerdo a la acusación, Samudio adquirió 5.000 unidades de agua tónica, 3.000 unidades de mascarillas KN95, 60 unidades de tanques de 1.000 litros de capacidad, 30 unidades de pallets y 15 termómetros láser, que no ingresaron al ente.
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La lista continúa con 400 unidades de mamelucos descartables de PVC, 100 unidades de máscara para dos cartuchos, 200 cajas de cartuchos, 1.000 bidones de 5 litros, 5.000 unidades de bidones de 10 litros, 200 unidades de lentes protectores antiparras y 20 unidades de guantes de nitrilo que tampoco ingresaron a la institución.
Existe una sola excepción, consistente en 400 mamelucos descartables de PVC y las 3.000 unidades de agua tónica de las 5.000, que sí ingresaron a Petropar. Para la Fiscalía, desde un principio fue muy evidente que las compras fueron simuladas por la exfuncionaria del gobierno de Mario Abdo Benítez, algo que logró demostrarse con la pesquisa y elementos presentados en el juicio.
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“Tener una ley sin sanciones es condenar a los cañeros”, sostiene Gustavo Leite
El senador Gustavo Leite se mostró partidario al pedido realizado por el sector de los cañicultores, de mantener las sanciones establecidas en la iniciativa de modificación de la ley sobre fomento a los combustibles, en caso de incumplimiento en el uso del 50 % del alcohol elaborado con caña de azúcar en la mezcla con las naftas.
“Tener una ley que no tenga sanciones es condenar a los cañeros. Aquí siempre el pato de la boda han sido los cañeros y esto ya no puede continuar porque vamos a terminar imponiendo pobreza extrema y sacarle su rubro a la gente más vulnerable”, sostuvo en una entrevista con el programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Las afirmaciones de Leite surgieron ante el anuncio realizado por los cañicultores quienes desde este jueves comenzarán a realizar cierres intermitentes de ruta en varios puntos del país como medida de protesta contra el veto parcial del Ejecutivo.
“El gobierno no le puede dar la espalda a sus ciudadanos. Estas manifestaciones ahora hacen que el problema sea mucho más evidente e imagino que lo antes posible nosotros atenderemos este tema. A nadie le conviene tener a la gente manifestándose en las calles y a nadie le conviene tener a cañeros condenados a la pobreza extrema por inacción de su propio gobierno”, indicó.
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El legislador recordó que en plena campaña política en el 2022, en la localidad de Ñumí, departamento del Guairá, el mandatario Santiago Peña y el vicepresidente de la República Pedro Alliana mantuvieron un encuentro con un total de 3.000 cañicultores para escuchar sus reclamos y buscar soluciones a las problemáticas del sector.
“El reclamo fue el incumplimiento manifiesto y seguido de la Ley 5444/15 de biocombustibles. Lo que se trató (el proyecto de modificación vetado) fue lo que se pactó con los cañeros, fue la promesa de campaña en el 2022″, refirió.
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Reforma plantea sanciones más severas a transportistas que incumplan normas
El Viceministerio de Transporte indicó que la reforma del transporte público que se impulsa desde la institución, apunta a realizar modificaciones en todas las aristas que componen el sistema de modo a garantizar un buen servicio para el usuario y así también, mejores condiciones de trabajo para los conductores de las unidades.
“Las nuevas reglas van a ser distintas, por lo tanto los estándares de funcionamiento y la calidad del servicio que ofrecen van a ser monitoreados de una manera más robusta de lo que se venía haciendo. Si la empresa que es elegida, en el transcurso de sus funciones no cumple con los estándares, va a haber también sanciones con más robustez, va a ser un proceso en el que vamos a exigir cada vez más calidad para el usuario”, expresó el viceministro Emiliano Fernández.
El modelo de negocios actual contiene una gran cantidad de empresas de transporte. Este número supera ampliamente lo que puede soportar una economía de escala, explicó el viceministro, por lo que en esta reforma se apunta a que los transportistas compitan a través de un proceso de licitación.
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“Será un proceso de competencia en el que van a participar todas las empresas que quieran, el número de empresas actualmente es excesivo respecto a cómo debería funcionar un mercado robusto financieramente, por lo tanto van a haber menos empresas que van a trabajar en el sistema de transporte público de pasajeros y eso va a exigir a las empresas a asociarse o consorciarse en la persona jurídica que corresponda”, detalló a la 650 AM.
Asimismo, los itinerarios también serán agrupados en una unidad funcional de modo que la persona pueda tomar cualquier bus para determinados puntos, sin que esto represente un pago adicional del pasaje. Respecto a esto último, Fernández aclaró que la reforma no contempla una variación en el monto que abonan los usuarios.
“No estamos planteando ningún cambio en el pasaje que paga el usuario, lo que decimos nosotros es que cuando tenemos un corredor más extenso, podemos trabajar con más facilidad en la integración tarifaria porque son buses de la misma empresa. En un proceso de corredores se puede tomar el bus que sea en el mismo grupo empresarial”, refirió.
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El viceministro indicó que otro de los puntos clave es la incorporación de más buses en los corredores, lo que ayudará a mejorar la frecuencia y tendrá un impacto positivo en la travesía que realiza el ciudadano diariamente. “No son solo buses mejor controlados, es una mejor integración tarifaria, mejoramiento de las vías, y otras cosas más, por eso esta es una reforma que lleva su tiempo, pero que hay que hacerla”, aseveró.