El jefe del Gabinete Civil de la Presiden­cia, Hernán Hut­temann, explicó ayer de mañana que la propuesta que fue planteada por las autori­dades del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) ante el preocu­pante panorama del aumento de casos de covid-19 en Para­guay no se debe considerar como un retroceso de fases o como medidas sanitarias muy estrictas. Destacó que la idea es establecer un mayor con­trol a ciertas actividades.

“La propuesta del Ministe­rio de Salud no fue hacer un retroceso de fases, volver a fase cero o establecer medi­das estrictas. La idea es optar por medidas flexibles con alto grado de control”, señaló Huttemann en comunica­ción con radio 1000 AM.

Durante la entrevista, el encargado de Gabinete sos­tuvo que las medidas requie­ren de un mayor control a fin de sancionar a los que no cum­plan con las mismas, espe­cialmente aquellas referidas a las actividades clandestinas, como las reuniones informa­les y las fiestas, que no están estipuladas dentro del proto­colo del Ministerio de Salud Pública.

Indicó además que la pro­puesta de la cartera sanitaria fue evaluada con los represen­tantes de los gremios de pro­ducción, industria, comer­cio y servicios, atendiendo la situación epidemiológica del país y la alta ocupación de los hospitales, ya que tampoco se quiere perjudicar a la eco­nomía.

“La propuesta no es todavía de manera formal, se están haciendo algunos ajustes. De acuerdo a la cifra de contagio, sobre los 100 mil habitantes se ingresaría a la zona roja, anaranjada y la zona amari­lla. En las zonas rojas se acti­varían ciertas restricciones”, agregó el jefe de Gabinete.

Por su parte, la viceministra de Rectoría de Salud, Lida Sosa, señaló también ayer que durante esta semana continuará la evaluación de la situación epidemiológica para decidir si habrá o no nuevas restricciones. Des­tacó que hasta el momento la idea es implementar nue­vas medidas de acuerdo al mapa de riesgo y no a nivel nacional.

La falta de medicamentos e insumos en los hospitales no puede atribuirse a una cues­tión financiera, explicó ayer el ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, en comunicación con Radio 1000.

“Los fondos de la Ley de Emer­gencia y los excedentes que quedaron para el Ministerio de Salud para este año están a disposición del Ministerio de Salud en las cuentas estableci­das para el efecto”, explicó Lla­mosas y agregó que el déficit se debe más bien a una cuestión de los proveedores. A conti­nuación recordó la competen­cia que existe actualmente en todo el mundo para acceder a las vacunas, así como tam­bién a los fármacos e insumos, debido a la crisis sanitaria por la pandemia del covid-19.

En la entrevista, el minis­tro Llamosas también habló de los subsidios de frontera y comentó que los desembol­sos correspondientes a este segmento –que se otorgará a las 16 ciudades fronterizas con la Argentina– comenza­rían a partir de la próxima semana. También comentó que actualmente realizan el cruzamiento de datos de los más de 132.000 inscriptos para la ayuda económica.

La Cámara de Senado­res dio media sanción ayer al proyecto de ley que destina fondos sociales de binacionales para com­pra de insumos, medicamen­tos, materiales de bioseguri­dad para personal de blanco e infraestructura hospitalaria. La propuesta fue presentada por la bancada A del PLRA, encabezada por el senador Blas Llano, ahora el proyecto pasa a la Cámara Baja para su estudio.

El legislador solicitó al ple­nario analizar sobre tablas la propuesta que el miércoles había sido rechazada en Dipu­tados. El planteamiento fue apoyado por sus colegas Enri­que Bacchetta, Enrique Riera y Sergio Godoy para su estu­dio y quedó en cuarto inter­medio la sesión ordinaria. Se convocó a una extraordinaria y tras largo debate se aprobó con modificaciones. Con este nuevo intento se busca redireccionar unos US$ 200 millones de los fondos de las binacionales, al sistema de Salud para la compra de insu­mos, materiales de bioseguri­dad para el personal de blanco e infraestructura hospitala­ria, mientras dure la declara­ción del estado de Emergen­cia Sanitaria por la pandemia.

Entre las modificaciones, se observa un artículo agregado propuesto por la Comisión de Hacienda, en la que establece que el Poder Ejecutivo a tra­vés del Ministerio de Hacienda remitirá un informe bimestral detallado a la Comisión Bica­meral de control de gastos de la Ley de Emergencia; y a la Con­traloría. La propuesta también establece que el Ministerio de Salud y el de Hacienda deberán establecer cuáles son las nece­sidades y urgencias de los cen­tros sanitarios, tanto públicos como privados, para redirec­cionarles el monto necesario, procedente de los fondos de las binacionales.

Enrique Salyn Buzarquis aboga por que los diputados revean su postura, pese a que subrayó que no se mete­ría en las decisiones de los legisladores y manifestó su apoyo al proyecto para el país que “está en un estado de guerra contra el covid-19”.

Los senadores oficialistas no estuvieron de acuerdo con el proyecto. El senador Rodolfo Friedmann aseguró que no hay problemas de disponibilidad de dinero, explicando que las binacionales tienen “menos problemas burocráticos” para disponer de los recursos. A su parecer lo que se debería hacer es una recomendación para el uso de esos fondos.

“Ya pregunté mucho, leí el veto, busqué en los trata­dos y hasta ahora no hay ninguna mención, ningún artículo que refiera directa­mente a los fondos sociales, a gastos sociales, responsa­bilidad social o empresarial”, explicó Sergio Godoy, dando a entender que no hay impe­dimentos, para que recursos de Itaipú y Yacyretá se incor­poren al PGN. “Después del veto, vimos que ahora cambió de criterio el Poder Ejecutivo, inclusive sin esta ley ya proce­dió a destinar los fondos socia­les del puente Carmelo Peralta a Puerto Murtinho. Creo que sobran los argumentos, está todo allanado para que, de una vez podamos darle un corte a una situación por demás injusta”, puntualizó.

“Que los recursos de las bina­cionales vayan una parte a los fondos de salud y el resto para ayuda a sectores econó­micos que están afectados por el covid, que ya no pue­den cerrar sus negocios. Por supuesto, que la responsabili­dad principal es del Ejecutivo, pero ayudemos en todo caso a esta gente, que necesita más ayuda”, comentó, Desirée Masi. “De verdad les digo, si no hay restricciones, no vamos a mitigar; ya les dije en la sesión pasada y que se asuste quien se quiera asustar. Lo de Ecuador va ser anecdótico, lo de Brasil va ser anecdótico, ante Paraguay a este paso. Somos el segundo país, con más muerte por millón, no se está cerrando frontera, no se controla nada”, lamentó.

“Es un desconocimiento de lo que se aprobó en el Parlamento, yo participé en la proyección de lo que se aprobó en Diputados, y una parte de lo que aprobó el Senado, entonces, distorsionar esa información diciendo que nosotros rechazamos el uso de los fondos sociales para medica­mentos, no es que me molestó, sino que se buscó dar una infor­mación incorrecta”, comentó el diputado Basilio Núñez, en respuestas a las críticas del juez Pedro Mayor Martínez y la fis­cala Teresa Sosa, a través de sus redes sociales. “Nuestro pro­yecto crea un fondo nacional para cubrir a pacientes inter­nados, en el que ponemos tres o cuatro probables fuentes de financiación, y le arrobé al juez Martínez para que lea los tres proyectos”, indicó.