El arquitecto César González Núñez, acusado de supuesta estafa por una abuela de 98 años de edad en el marco de una venta de inmueble, se defendió de las acusaciones en su contra y sostuvo que él fue a quien estafaron al no poder entregarle la propiedad que había adquirido. Asimismo, acusó al abogado de la mujer de falsificar un pagaré que nunca firmó.

Hace unos días se publicó el caso de Irene Rodríguez Vda. de Benítez (98), quien había acusado por estafa a César González Núñez por una venta de inmueble que nunca llegó a concretarse.

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El arquitecto se puso en contacto con HOY para dar su versión de los hechos y sostuvo que ninguna de las acusaciones que fueron realizadas en su contra son ciertas. Según refirió, hace varios años atrás había adquirido una propiedad de 10.000 m2 de la señora Rodríguez, la cual había sido tasada en un monto de G. 1.700 millones.

Tras efectuar el proceso de negociación finalmente se llegó a un acuerdo tanto con la mujer como con sus 15 hijos, quienes también habitaban con ella en dicho inmueble. En consecuencia, se firmó un contrato por escribanía en el año 2014 para concretar la transacción.

Dos años después al intentar inscribir dicho inmueble en la Dirección General de Registros Públicos como una inscripción preventiva, toma conocimiento de que realmente la señora Rodríguez no poseía ningún terreno a su nombre para la transferencia, hecho que le llamó la atención.

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Al hacer el reclamo a los propietarios, los mismos alegaron no saber que no tenían la titularidad del predio vendido, según comentó González. En este caso, la propiedad figuraba a nombre de la suegra, motivo por el cual debieron iniciar un juicio de sucesión que duró tres años y que derivó en la transferencia de una superficie de 5.000 m2.

En aquel momento, se volvió a firmar otro contrato por G. 806 millones para concretar la compra del terreno, a lo cual Rodríguez dio su consentimiento junto con sus 15 hijos, indicó. “Todo fue siempre con anuencia de ellos, se hizo constar eso, no es como ella dice que yo le forcé a firmar el documento”.

Según mencionó, el segundo contrato establecía un pago inicial de poco más de 125 millones de guaraníes y luego otros pagos parciales que se irían concretando en el transcurso de los siguientes meses, conforme se cumpla con el trato.

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Hasta el momento, el arquitecto llegó a abonar la suma de G. 375 millones. La diferencia se iba a pagar una vez se inscriba el terreno en la Dirección General de Registros Públicos y cuando dicho inmueble esté libre de ocupantes, cosa que aún no ocurrió, ya que hasta ahora existen 5 personas (hijos de la mujer de 98 años) habitando allí, confirmó.

Una de las irregularidades que mencionó González a nuestra redacción es que le habrían inventado un pagaré por un monto de G. 1.600 millones que él alega jamás haber firmado. De igual manera, recordó que en ninguno de los dos contratos se había establecido esa como una modalidad de pago.

Acusó directamente al abogado Julio Godoy, quien ejerce la representación legal de la denunciante, de haber falsificado el pagaré para dejarlo mal parado en esta causa.

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La situación llegó a instancias judiciales en agosto del año pasado cuando el arquitecto fue denunciado por estafa en el ámbito civil. Tiempo después, ya le habían embargado todos sus bienes. “Fui estafado”, aseguró.

La causa tuvo un nuevo giro ayer cuando el fiscal Rodrigo Estigarribia allanó la oficina del abogado Julio Godoy, encontrándose el pagaré supuestamente adulterado junto con otro documento más.

González recordó que Godoy ya había sido denunciado y procesado hace unos años atrás por producción inmediata de documentos públicos de contenido falso, producción de documentos no auténticos y denuncia falsa. El abogado fue acusado de adulterar un pagaré de G. 200 millones por el gobernador de San Pedro, Carlos Giménez. “Iré hasta las últimas instancias con esto, yo confío en la justicia”, sentenció.