Unos 10 futbolistas de las formativas de Olimpia fueron puestos como ‘garantía’ en préstamos durante la presidencia de Marco Trovato, yendo contra el reglamento de la FIFA, según revela un informe confidencial de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad). Además, se mantuvieron operaciones con clubes de los denominados ‘paraísos fiscales’.

Los reportes de operaciones sospechosas fueron generados por ‘sujetos obligados’ del sector bancario. Fueron identificados el Club Olimpia y la Fundación Franjeada y apuntaron a Marco Trovato Villalba, en su calidad de representante legal de ambas instituciones, como la persona que registra reportes de operaciones sospechosas en calidad de actor principal y su calidad de accionista de la empresa Infinium S.A. (FastPay), una pasarela de pagos electrónicos utilizada para blanquear parte de los ingresos de Apostala, según el informe confidencial.

La Fundación Franjeada, conforme a la transcripción del Estatuto Social, y según escritura pública de fecha 14 de noviembre del 2013, dispone como objeto social: “Es una entidad sin fines de lucro que tiene por objeto el bien común, a través de la organización, promoción, el fomento y la difusión de la práctica del deporte y los hábitos de la vida sana en la juventud; la difusión y el fomento de los valores inherentes a la práctica deportiva y promoción de esta como instrumento educativo susceptible de contribuir al desarrollo integral de la personalidad de quienes la practican; la integración social en beneficio de quienes padecen cualquier tipo de marginación y la promoción y difusión de todos los aspectos culturales y sociales vinculados al deporte, en especial al fútbol (...)”.

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La Fundación Franjeada y la comisión directiva del Olimpia, entonces al mando de Marco Trovato, firmaron un convenio de alianza estratégica para la promoción de las divisiones formativas. De esta manera, la Fundación pasó a administrar las formativas del club (tomó posesión el 2 de diciembre de 2013). Junto a esto se facultó a la Fundación poder administrar los fondos, junto con todos los costos y gastos de jugadores y cuerpo técnico de las inferiores.

En el análisis documental realizado por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Seprelad se menciona que en el 2014 se realizó una nueva adenda al convenio y se acordó la extensión de la administración de la Fundación Franjeada a los planteles de reserva (hoy Sub 23) y principal, además de un préstamo de USD 3 millones al Club Olimpia.

Seprelad verificó la inyección de dinero cuyo origen no encuentra justificación en las documentaciones vinculadas al Club Olimpia y a la Fundación Franjeada.

En este sentido, Seprelad cree que la Fundación Franjeada se “apartó” de su “propósito social” al recibir como “garantía” de parte de club el 45% de los derechos económicos correspondientes a un grupo de jugadores valuados en USD 4.635.000 por el club (Seprelad aclara que no tiene conocimiento del criterio para determinar el valor).

“Se puede presumir que la Fundación realiza paralelamente actividades económicas y financieras, fuera de su objeto social (flujo de dinero y recurso de terceros y/o particulares, afines a la Fundación Franjeada con presuntos fines, mínimamente, de evasión impositiva), pero con justificaciones propias del mismo”, alega el informe.

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A la luz de lo dispuesto en el artículo 18 del Reglamento sobre el Estatuto de Transferencia de Jugadores de la FIFA (vigente desde el 1 de mayo de 2015), sobre propiedad de los derechos económicos de los jugadores: “Ningún club o jugador podrá firmar un contrato con un tercero que conceda a dicho tercero el derecho de participar parcial o totalmente del valor de un futuro traspaso de un jugador de un club a otro o que le otorgue derechos relacionados con futuros fichajes o con el valor de futuros fichajes”.

Seprelad manifiesta en su informe que “este hecho de garantizar las obligaciones (préstamos) con derechos económicos de jugadores (porcentaje de las fichas) podría representar una vulnerabilidad para el flujo de capitales de origen desconocido”.

Luego de un análisis de inteligencia financiera sobre los balances y declaraciones juradas presentadas por el Club Olimpia y la Fundación Franjeada, se encontraron operaciones sospechosas que involucran directamente a la Fundación donde se mencionan transferencias de dinero a Canadá, justificadas con actividades propias del Club Olimpia, asumidas por la Fundación.

Esta situación podría dar lugar, dice Seprelad, a la inyección de dinero de origen desconocido, no asociado a la actividad deportiva, a través de las cuentas del club o de la fundación, fundados en la supuesta alianza o incluso favorecer el tránsito de sumas de dinero al exterior, por medio de la negociación de supuestos derechos económicos de jugadores.

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El Club Olimpia también sostuvo negocios con clubes de cuestionable reputación, según identifica la Seprelad en su informe. En este sentido, por un denominado ‘caso FIFA’ (presumiblemente una demanda perdida) se transfirió más de un millón de dólares al Deportivo Maldonado de Uruguay, por lo derechos de un jugador paraguayo.

El Deportivo Maldonado compra y vende, pero no consume. En el 2009 tuvo que refundarse por sus graves problemas económicos, cediendo la administración a una sociedad anónima y pasando así a denominarse “Deportivo Maldonado S.A.D”, siendo la primera de este tipo en Uruguay. Un año más tarde, un grupo de inversores anglobrasileños adquirió el equipo.

La FIFA divide las diferentes ligas teniendo las categorías más bajas menos impuestos que pagar. Uruguay está en la cuarta categoría, lo que según Bloomberg eso supone un ahorro del 40% en impuestos respecto a Argentina o Brasil.

Al comprar un club en Uruguay, esos inversores ahorran en impuestos y evaden las cada vez más restrictivas medidas de la FIFA contra los intermediarios y fondos.

Al mando de este conjunto de empresarios está un ciudadano británico, parte de la agencia de representación Stellar Group; otro de los socios propietarios del club es un abogado que estuvo implicado en el traspaso fraudulento de un jugador argentino al West Ham en el 2007.

En el 2012, la FIFA señaló diez clubes como “paraísos fiscales deportivos” (en Uruguay, Chile y Suiza) y su investigación facilitó las sanciones de varios conjuntos argentinos como Racing o Rosario Central por colaborar con estos “paraísos fiscales”.

La técnica del Maldonado no es nueva y tampoco es que sorprenda al mundo, pero ninguno había mostrado tanta efectividad. Desde el 2011 hasta finales del 2014 sus beneficios fueron de 10 millones de euros con las compra-ventas de tres jugadores de fútbol.

Los empresarios del Maldonado aseguran la plataforma para que los jugadores lleguen a Europa a buen precio y el club que vende en primer lugar se lleva un porcentaje de la futura operación y el precio inicial que acuerdan entre el club de origen y el Maldonado. Solo uno de estos “fichajes” jugó en Uruguay.

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Básicamente, los TPO (third party ownership) son los propietarios de derechos de jugadores que no están ligados a clubes (intermediarios que promueven fichajes y adquieren parte de la ficha de esos futbolistas), los famosos ‘fondos de inversión’ (compran porcentajes de los derechos de jugadores y los venden al mejor postor), que operan especialmente de Sudamérica a Europa, pero tienen que pagar impuestos en el país del club de procedencia.

FIFA creyó cortar el camino a los fondos de inversión en diciembre del 2014: “Ningún club o jugador podrá firmar un contrato con un tercero que conceda a dicho tercero participar, parcial o totalmente, del valor de un futuro traspaso del jugador” (Circular FIFA 1464 Artículo 18 ter 1). Es decir, negocios sólo entre clubes, jugador y agente del jugador, nada de fondos de inversión, u otros ‘terceros’.