• Por Jorge Torres Romero
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Ese interés que llegaron a demostrar algunos referentes políticos de la oposición y los medios de comunicación (Grupo Zuccolillo-Grupo Vierci) por el esclarecimiento de la muerte del fiscal Marcelo Pecci se diluyó repentinamente. ¿Qué pasó? Simple, la investigación oficial del asesinato en Colombia excluyó a un actor político de la ecuación (HC) y el caso dejó de importar a los carroñeros.

Hace dos semanas mostraron un inusitado interés por el tema, convocaron al fiscal general del Estado al Congreso, entrevistaron a los abogados a fin de instalar en agenda el supuesto desinterés de la Fiscalía paraguaya con el fin de encubrir a alguien. El tiro les salió por la culata.

Accedieron en detalle a los pormenores de la investigación, el llamativo capricho de la abogada de la viuda del fiscal de evitar la revisión del celular de Pecci, las veces que los fiscales paraguayos estuvieron en Colombia, entre otras cosas.

Los Eduardo Nakayama, Rafael Filizzola, Esperanza Martínez y los perifoneros de la prensa que avaló la corrupción de Mario Abdo Benítez llegaron incluso a pedir juicio político para el fiscal general. Todos estos terminan siendo cómplices y funcionales a los asesinos de Pecci, con su campaña de buscar enlodar a actores políticos en esta historia, mientras que de los narcos, los verdaderos autores intelectuales del asesinato, nadie se acuerda.

Este relato tuvo un giro, la prestigiosa revista colombiana Semana accedió a elementos de la investigación oficial y confirma que detrás de la muerte del fiscal estuvieron los narcotraficantes Jarvis Pavão, Miguel Insfrán y Jaime Franco Mendoza. Excluyen a otros autores y automáticamente el caso dejó de interesar a la carroña político-mediática.

La cosa va más allá. El narcotráfico tuvo la bendición de Mario Abdo para que use y abuse del Paraguay, con la mirada cómplice de los hoy opositores y la prensa que fungió de abdista. La única institución que no pudieron controlar en el gobierno anterior fue la Fiscalía. Intentaron 4 juicios políticos contra Sandra Quiñónez. Y el único fiscal de peso, que públicamente dio su apoyo a Quiñónez a través de sus redes sociales fue Marcelo Pecci. Una exsenadora, Desirée Masi, esposa de Rafael Filizzola, lo había tratado de “fiscalucho” cuyos posteos “eran elaborados desde Tabesa o la calle España”.

Permítanme dudar. ¿No están todos metidos en la misma rosca? A toda costa querían manejar la Fiscalía que perseguía a los narcos, Pecci a la cabeza. Mataron a Pecci y siguieron protegiendo a los autores intelectuales cabalgando sobre la tesis de involucrar a otros en la causa. La incursión de una exministra de Abdo en la causa también genera enormes dudas, pero, todo indica que vamos rumbo al esclarecimiento real de la causa, a pesar de los narcos y cómplices políticos y mediáticos. Puedo estar equivocado, pero es lo que pienso.

Masivas publinotas realizadas a través de medios de comunicación autodenominados “serios” favorecieron para que cientos de personas cayeran en la trampa de la compra de casas y departamentos a precios supuestamente asequibles, pero que terminaron siendo una estafa. Esto queda reflejado en una de las denuncias presentadas en la Fiscalía por el caso Hupi Constructora en el que también se salpica a dos bancos de plaza.

• Unidad de Investigación Nación Media
• investigacion@nacionmedia.com

Una constructora que ofrecía poner al alcance el sueño de la casa o departamento propios, bancos aliados que daban el supuesto respaldo y que a su vez eran propietarios de medios de comunicación que realizaban masivas publi­caciones para atraer a los posi­bles compradores. El esquema detrás del caso de Hupi Cons­tructora SA es realmente per­verso, de acuerdo con lo que se describe en la denuncia pre­sentada esta semana ante el Ministerio Público.

El denunciante en esta opor­tunidad fue Rodrigo Antonio Villalba, representado por la abogada Gessy Ruiz Díaz.

El mismo relata que, en mayo de 2023, se topó con publi­caciones en redes sociales y medios de comunicación que la firma Hupi Constructora estaba ofreciendo en venta departamentos en el proyecto Residencial Santa Rosa, que debía ubicarse en la zona de Lambaré. Como avales de la constructora aparecían los bancos Atlas y GNB. El pri­mero es propiedad del Grupo Zuccolillo, también dueño de los multimedios Abc Color; mientras que en el segundo figura como accionista el Grupo Vierci, propietario de medios como Última Hora, Telefuturo, Monumental y varios más.

Precisamente, fueron los medios de estos dos grupos los que realizaron masivas publinotas hablando de las bondades de los proyectos de Hupi, tal como se puede ver en el collage de imágenes que acompaña esta nota. La publi­cidad en redes y las publinotas presentadas en los multime­dios de los Zuccolillo y Vierci hablaban de 160 departamen­tos con comodidades de pri­mer nivel.

En el argot periodístico se conoce como publinotas a publicaciones que se pre­sentan como notas de inte­rés periodístico, pero que en realidad se tratan de publi­cidad a favor de personas, empresas o hasta políticos. Algunos medios hoy le dan nombres más rimbomban­tes que lo único que hacen es esconder su realidad: las empresas pagan para que los medios saquen notas positi­vas. En resumidas cuentas, Villalba terminó pagando G. 369 millones, firmó un con­trato de compraventa en el que le aseguraban que el departamento 301 de una de las torres sería suyo. Desde entonces, todo fue una pesadilla.

La empresa se pasaba enviando correos en los que comunicaba alentadores avances. Para octubre de 2023 decían estar en un 30 % de las obras y que los ansiados departamentos propios serían entregados en julio de este año. Sin embargo, apenas dos meses después, en diciembre pasado, grande fue la sorpresa de Villalba cuando por publicaciones en redes sociales se enteró de la supuesta quie­bra técnica de Hupi Construc­tora SA. Fue entonces cuando se inició el calvario del compra­dor, pues tuvo conocimiento de que la firma AmTrust se había hecho cargo como administra­dora del proyecto y que Hupi no podía realizar ningún tipo de contrato sobre el Residen­cial Santa Rosa. Villalba consi­guió comunicarse con Andrea Mora, quien figura como direc­tiva de AmTrust.

La misma le dijo que su nom­bre no aparecía entre los compradores, que el dinero que había pagado no había ingresado y que cuando se terminara la construcción no iba a recibir el depar­tamento por el que había abonado G. 369 millones. El denunciante consiguió copias de una escritura pública de formalización de un fideicomiso de garantías en el que formaban parte el banco Atlas, el banco GNB, Hupi Constructora, Amtrust Europe Limited.

El documento obligaba a los beneficiarios a exigir el fiel cumplimiento de los com­promisos del fideicomitente (Hupi). También se estable­cían cláusulas en caso de incumplimiento para iniciar pólizas, cosa que no realiza­ron. En una de las cláusulas incluso todos dicen conocer las partes dadas a cada una de ellas en el contrato.

La denuncia llega a poner en duda que las partes del fidei­comiso estuvieran cons­cientes desde el inicio de las intenciones reales detrás del proyecto.

“No es posible descartar que los representantes de las per­sonas jurídicas vinculadas al proyecto Residencial Santa Rosa pudieron haber camu­flado el negocio, dándole un ropaje de negocio civil, cuando en realidad la pre­meditación, entendida como la voluntad inicial de produ­cir un provecho ilícito, pudo haberse dado incluso antes –desde la suscripción del con­trato fiduciario– para el desa­rrollo del proyecto, a efectos de publicitar una gran inver­sión, que no sería concretada, lo que hace que exista sospe­chas de la existencia del tipo penal de estafa (sic)”, mani­fiesta el denunciante. Líneas más abajo incluso deja en claro la participación de la publicidad engañosa a través de medios de prensa, varios de ellos ligados a algunas de las partes del fideicomiso.

“De esta forma fui enga­ñado principalmente con los artilugios desplegados –declaraciones falsas con­signadas en la publicidad engañosa en medios perio­dísticos, redes sociales y en el contrato de adhesión– por la logística creada por este aparente esquema que me indujo a un error y través de ello dispuse de la suma de guaraníes trescientos sesenta y nueve millones –G. 369.000.000–, situa­ción que me genera un per­juicio patrimonial siendo que no me han entregado el departamento, y no me han devuelto el dinero pagado”, remarca.

Una denuncia presentada ante Fiscalía por los supuestos hechos de estafa y otros salpica a dos bancos que forman parte del Grupo Zuccolillo y el Grupo Vierci. De acuerdo con los documentos presentados en Fiscalía, ambas entidades avalaron el esquema de una constructora que ofrecía casas y departamentos a precios “accesibles”, pero que se terminó borrando sin reconocer lo pagado.

• Unidad de Investigación Nación Media
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Los bancos Atlas y GNB, propiedad de las familias Zucco­lillo y Vierci, respectiva­mente, son salpicados en una denuncia presentada ante el Ministerio Público contra la firma Hupi Constructora SA, empresa que prometía casas y departamentos a precios accesibles, pero que terminó desapareciendo y dejando un tendal de heridos toda­vía incalculable.

Según la denuncia, los ban­cos aparecían como avales de un fondo fiduciario que avalaba a la firma. Además, los multimedios de ambos grupos económicos se pasa­ban haciendo publicidad de las facilidades y logros de la firma.

La denuncia fue presen­tada por Rodrigo Antonio Villalba, representado por la abogada Gessy Ruiz Díaz. El denunciante relata que, en mayo de 2023, se topó con publicaciones en redes sociales y medios de comu­nicación de que la firma Hupi Constructora estaba ofre­ciendo en venta departa­mentos en el proyecto Resi­dencial Santa Rosa, que debía ubicarse en la zona de Lambaré.

“En cuanto al precio y la forma de pago, la publici­dad refería que los departa­mentos en desarrollo conta­ban con un novedoso plan de financiación estructurado entre AmTrust Gestión Paraguay, la AFD y el banco GNB que permite a los com­pradores abonar la primera cuota del crédito recién cuando ocupen el inmue­ble, evitando así el doble pago de alquiler y cuota, señalando que los precios van desde G. 369.000.000 y cuotas desde G. 2.296.000″, refiere el denunciante.

Fue así que el 12 de mayo del año pasado, Rodrigo se comunicó con los números de teléfono que aparecían en las publicaciones y dijo estar interesado. Consultó sobre los planes de financia­miento y accedió a pagar en tres cuotas el precio al con­tado de uno de los departa­mentos. Lo llamativo fue que le dijeron que para acceder al plan de tres cuotas debía realizar el primer pago ese mismo día, realizando un pago de G. 150 millones. En los meses siguientes, realizó otros dos desembolsos, tota­lizando G. 369 millones.

Villalba firmó un contrato de compra-venta con repre­sentantes de Hupi Cons­tructora SA y la empresa se pasaba enviando correos en los que comunicaba alenta­dores avances. Para octubre de 2023, decían estar en un 30% de las obras y que los ansiados departamentos propios serían entregados en julio de este año.

Sin embargo, apenas dos meses después, en diciem­bre pasado, grande fue la sor­presa de Villalba cuando por publicaciones en redes socia­les se enteró de la supuesta quiebra técnica de Hupi Constructora SA. Fue enton­ces cuando inició el calvario del comprador, pues tuvo conocimiento de que la firma AmTrust se había hecho cargo como administradora del proyecto y que Hupi no podía realizar ningún tipo de contrato sobre el Residencial Santa Rosa.

Villalba consiguió comu­nicarse con Andrea Mora, quien figura como direc­tiva de AmTrust. La misma le dijo que su nombre no apa­recía entre los comprado­res, que el dinero que había pagado no había ingresado y que cuando se terminara la construcción no iba a reci­bir el departamento por el que había abonado G. 369 millones.

Luego de emplazar a las fir­mas y de que las mismas se negaran a reconocerle lo que había pagado, Villaba acce­dió a una escritura pública de fecha 27 de octubre de 2022 de “Formalización de Contrato de Fideicomiso de Garantía y Administración suscrito entre la firma fidei­comitente HUPI CONS­TRUCTORA S.A., fiduciario Banco Atlas S.A. y benefi­ciarios AMTRUST EUROPE LIMITED, ASEGURA­DORA ROYAL SEGUROS S.A. y BANCO GNB PARA­GUAY S.A.” (sic).Atlas es propiedad del Grupo Zuc­colillo, también dueño del multimedio ABC Color, mientras que GNB forma parte del Grupo Vierci, pro­pietario de medios como Última Hora, Telefuturo, Monumental AM y otros. El documento obligaba a los beneficiarios a exigir el fiel cumplimiento de las obliga­ciones del fideicomitente (Hupi). También se esta­blecían cláusulas en caso de incumplimiento para iniciar pólizas, cosa que no realizaron. En una de las cláusulas incluso todas las partes dicen conocer las partes dadas a cada una de ellas en el contrato.

“Que, así también las par­tes manifiestan conocer, entender y aceptar que el FIDEICOMITENTE, es el encargado de comercializar las unidades de DEPARTA­MENTOS; en consecuencia, es la mencionada sociedad, la que entre otras cosas ofrece en venta, asesora, entrega facturas emitidas por el Fideicomiso a los comprado­res, gestiona las firmas de los compradores a los respecti­vos boletos de compradores, los que, en una acto posterior son acercados por el FIDEI­COMITENTE al FIDUCIA­RIO para que este último, y actuando en calidad de pro­pietario Fiduciario, procesa a suscribirlos (sic)”, señala la cláusula.

“Con esto queda patente que HUPI en su calidad de Fideicomitente, ha cumplido presuntamente con las obli­gaciones contractuales asu­midas, para que luego el resto de los que forman parte del negocio fiduciario, pretenda desconocer su propia venta, quedándose indebidamente con el dinero entregado por la UNIDAD que estos han puesto en venta”, agrega la denuncia.

La denuncia llega a poner en duda que las partes del fidei­comiso estuvieran cons­cientes desde el inicio de las intenciones reales detrás del proyecto.

“No es posible descartar que los representantes de las personas jurídicas vincula­das al proyecto RESIDEN­CIAL SANTA ROSA pudie­ron haber camuflado el negocio, dándole un ropaje de negocio civil, cuando en realidad la premeditación, entendida como la voluntad inicial de producir un pro­vecho ilícito, pudo haberse dado incluso antes -desde de la suscripción del contrato fiduciario - para el desarro­llo del proyecto, a efectos de publicitar una gran inver­sión, que no sería concre­tada, lo que hace que exista sospechas de la existen­cia del tipo penal de estafa (sic)”, manifiesta el denun­ciante.

Líneas más abajo incluso deja en claro la participa­ción de la publicidad enga­ñosa a través de medios de prensa, varios de ellos liga­dos a algunas de las partes del fideicomiso.

“De esta forma fui engañado principalmente con los arti­lugios desplegados- decla­raciones falsas consignadas en la publicidad engañosa en medios periodísticos, redes sociales y en el contrato de adhesión - por la logística creada por este aparente esquema que me indujo a un error y través de ello dis­puse de la suma de guaraníes trescientos sesenta y nueve millones (G. 369.000.000), situación que me genera un perjuicio patrimonial siendo que no me han entregado el departamento, y no me han devuelto el dinero pagado”, sentencia.

En un trabajo coordinado entre la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) y la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), se incautaron 31 kilos de cocaína procedente de Bolivia en la Aduana de Mariscal Estigarribia, en el Chaco paraguayo, informó este jueves el titular de la DNIT, Óscar Orué. La droga, que antes caía al llegar a su destino en Europa, pasó a ser descubierta en puertos locales y ahora antes de ser ingresada a territorio paraguayo, gracias a los controles establecidos.

En el Supermercado Stock de San Lorenzo fueron incautadas 23 cajas de tomate de contrabando. El Grupo Vierci adquirió el producto a menos de G. 5.700 el kilo y ofreció a sus clientes a G. 15.650. El ingeniero Pastor Soria, titular del Senave, confirmó al canal GEN que las cajas de tomate encontradas e incautadas en el Supermercado Stock de San Lorenzo ingresaron al país de manera irregular.

“Los funcionarios de Senave -regional Central- recibieron denuncias de tomates de dudosa procedencia, porque en este momento está prohibido el ingreso de tomates del extranjero, no se está emitiendo el certificado para su ingreso. En el procedimiento, los intervinientes corroboraron que era una marca argentina; se les pidió el documento que sean nacionales, pero no tienen y cualquiera que está en el rubro enseguida se percata que no es tomate nacional”, señaló.

La tradicional feria de la organización Corazones Abiertos empieza hoy y estará abierta hasta el sábado 30, todo lo recaudado será destinado a financiar obras sociales en beneficio de familias en situación de vulnerabilidad.

La oferta incluye una variedad de electrodomésticos, muebles, utensilios y enseres para la cocina, aparatos electrónicos y artículos varios. El polideportivo del colegio Alvarín Romero es la sede de comercialización de los artículos. Será una excelente oportunidad para las personas que quieran adquirir a bajo costo diferentes productos tan necesarios para el hogar.

Surgen datos nuevos con relación al caso de Diego Nicolás Alba Marset, hermano del prófugo uruguayo Sebastián Marset, buscado en la causa de A Ultranza Py. Alba Marset, quien vivía en un condominio a 6 kilómetros de Ciudad del Este, era objeto de pesquisas por parte de la policía paraguaya, ya que el mismo se movilizaba en un auto Lamborghini y era seguido por los investigadores cuando estaba acompañando a su pareja, de nacionalidad boliviana, en ocasión del nacimiento de su hijo.

En principio, el abogado de la familia Marset, Santiago Moratorio había alegado que se opondría a la extradición de su defendido, considerando la nacionalidad de su esposa. Sin embargo, por otro lado, el profesional del derecho estaría ya viendo para que su cliente se entregue a la justicia brasileña, debido a que Diego Marset es de nacionalidad brasileña, lo que podría frenar su extradición a Paraguay.

Tras la promulgación de la ley que establece la negociación e implementación del tren de cercanías, el plan se encamina a ser una realidad tras mucho años de anhelo. El presidente de la República, Santiago Peña, anunció la promulgación de la Ley 7237/23, que establece las bases para la negociación e implementación del tren de cercanías. Este nuevo medio de transporte tendrá el tramo comprendido entre Asunción y la ciudad de Ypacaraí, pasando por ciudades como Luque y Areguá.

De esta manera, se avanza en el proceso de implementación de este proyecto de la mano del Gobierno de Corea a través de un acuerdo con el Organismo Público de la República de Corea, Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation (KIND)