La reglamentación de la Ley del Arancel Cero de parte del Ejecutivo es rechazada por la Coordinadora Estudiantil Universitaria de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), que baraja una serie de acciones a fin de que se derogue dicha reglamentación, que atenta en tres puntos específicos contra el logro histórico. Entre la medida de fuerza figura una movilización que realizarán próximamente.

Vivian Genes, representante estudiantil, anunció que una vez más saldrán a las calles como medida de protesta. Según detalló, se retrasó por bastante tiempo la reglamentación, que, a la vez de ser ilegal, no se ajusta a la realidad y el objetivo con el que se aplicará dicha ley.

“Hay una saña en contra de los estudiantes y de los trabajadores que sueñan con estudiar una carrera y salir adelante”, expresó la portavoz en entrevista con el programa Show de Noticias del canal GEN.

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A su criterio, el cambio hecho por el mandatario Mario Abdo Benítez es sumamente grave, ya que, según dijo, el decreto reglamentario solo debe explicar el procedimiento de cómo se aplicará la ley, que ya fue aprobada en su momento por ambas cámaras del Congreso.

“Los filtros o topes ya se trataron, tanto en la Cámara de Senadores como en Diputados, y el presidente ya validó esta ley cuando se trató el arancel cero y cuando se aprobó el Presupuesto General de la Nación 2021”, explicó.

Entre las limitaciones y restricciones, figuran tres cuestiones específicas: quien decida empezar a estudiar recién cinco años después de terminar el colegio ya no podrá acogerse al arancel cero; el número de intentos para ingresar a una universidad dependerá de la institución y, por último, haber superado dos años de la duración original de la carrera también descalifica al alumno.

“Es una política de precarización de lo público. La obligación del Estado es distribuir correctamente el dinero público en la educación, salud y seguridad. Y garantizar el derecho para que la ciudadanía pueda acceder y mejorar su calidad de vida”, apuntó Genes.

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Indicó, a su vez, que con la reglamentación se busca todo lo contrario, donde se toman atribuciones de las medidas académicas que corresponden a las universidades, como es el caso de quienes pueden o no ingresar.

Entre las acciones que tomarán, citó que primeramente buscarán que se derogue el decreto, mientras que como segunda opción barajan la posibilidad de presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Corte. “Básicamente le demandaremos al Estado”, arremetió.

Finalmente, la vocera adelantó que se movilizarán y que, para el efecto, se están asesorando. Cabe mencionar que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, firmó el decreto que establece la gratuidad en los cursos de admisión y de grado en todas las universidades públicas. Los costos serán financiados por el Fonacide.


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