Una unidad de transporte de pasajeros que estaba trasladando a niños de una escuela de fútbol volcó en la ciudad de Laurel del departamento de Canindeyú. Según los primeros reportes no se tiene fallecidos, pero sí algunas personas con heridas leves y es por ello que ya intervinieron las autoridades de la zona que están asistiendo a los afectados.

Los menores de edad son de una escuela de fútbol que iban a un evento deportivo en el departamento de Canindeyú, de acuerdo a las informaciones naciones que se maneja.

Te puede interesar: Caminera arrancó su Operativo Verano que irá hasta febrero próximo

Semanas atrás, una unidad de transporte público de pasajeros que salió de Itapúa y trasladaba a los alumnos y sus familiares al departamento de Alto Paraná, tuvo un percance y varios pasajeros resultaron con lesiones. El hecho se registró en el distrito Domingo Martínez Irala.

El bus llevaba a los alumnos del sexto grado de la escuela “Francisco Solano López” de la localidad de La Paz. La unidad terminó en una cuneta, a un costado de la ruta, de acuerdo a las informaciones de los agentes intervinientes. La empresa que transportaba a los alumnos es La Frameña de la ciudad de Fram (Itapúa).

Las autoridades intervinientes reportaron que el hecho no dejó ningún fallecido, pero sí varios pasajeros resultaron con lesiones de consideración. Acudieron al accidente, efectivos de la Policía Nacional, así como los bomberos de la zona que rescataron a las personas que quedaron atrapadas.

Podes leer: Minga Guazú: niña se ahogó en una piscina de casa quinta

El Ministerio Público, encabezado por Emiliano Rolón Fernández, emitió ayer viernes un comunicado afirmando que resulta prematuro sacar conclusiones sobre si el fallecido diputado y dirigente de Amambay Eulalio “Lalo” Gomes Batista disparó o no contra los efectivos policiales durante el allanamiento en su vivienda en la madrugada del lunes 19 de agosto, en el marco del operativo Pavo Real II.

“Las evidencias deben ser evaluadas en forma conjunta y armónica, conforme el artículo 175 del Código Procesal Penal. Para ello serán determinantes los resultados de informes técnicos, pericias, testimonios y otras diligencias aún pendientes”, indica.

Añade que “serán determinantes las diligencias pendientes. El elemento invocado, según la difusión, deberá observar dicho proceso de integración, por lo que es prematuro intentar conclusiones definitivas, que solo enervarán el normal proceso de la investigación”.

El posicionamiento de la Fiscalía surge a raíz de las disparidad en los informes dados a conocer por el Ministerio Público y la Dirección de Investigación Científica y Tecnológica de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) sobre las pruebas balísticas practicadas a Gomes.

De acuerdo al informe de la UNA se encontraron valores de plomo, bario, antimonio en los brazos y manos del legislador. Los valores en el brazo izquierdo de plomo ascienden a 139, bario a 237, antimonio a 11,4. En la mano, los índices de plomo son 224, bario 277 y antimonio 21,5.

En cuanto al brazo derecho, el plomo es menor a 5, la detección de bario es de 258 y antimonio menor a 10. En la mano, el plomo hallado fue de 120, bario 332 y antimonio menor a 10. Esto demuestra la presencia de residuos de disparos de arma de fuego y fueron hallados a partir de las muestras de hisopos tomados luego del allanamiento en su vivienda en Amambay, que derivó en el fallecimiento de Gomes.

“El Ministerio Público garantiza objetividad y basará los requerimientos en las constancias emergentes de la investigación, según las reglas del debido proceso, que su vez, es el norte del Estado de derecho, premisa fundamental del modelo constitucional vigente”, sostiene el documento firmado por Rolón.

El Ministerio Público decidió desestimar una denuncia por daños patrimoniales estimados en más de G. 1,5 billones sin haber tomado en cuenta todos los elementos detectados por la Contraloría General de la República (CGR). Los fiscales encontraron documentos respaldatorios por menos de la mitad del monto denunciado.

Un detallado informe basado en la auditoría realizada por la CGR al IPS deja aún más al descubierto el apuro de la Fiscalía por blanquear al extitular del ente previsional Vicente Bataglia. El mismo documento que fue remitido al Ministerio Público, cuyos fiscales desestimaron a las apuradas una denuncia sobre el caso, revela datos que no fueron tenidos en cuenta por los agentes.

En concreto, la CGR remitió varios informes de auditoría que revelaron posibles daños patrimoniales por más de G. 1,5 billones, aproximadamente USD 130 millones. Sin embargo, de forma sorpresiva, la Fiscalía solicitó la desestimación de la denuncia contra Bataglia. Darío Ortega, director jurídico de la CGR, aseguró que el Ministerio Público no tuvo en cuenta todos los documentos o que incluso se tomaron elementos que no forman parte de la denuncia para el pedido de desestimación.

Los agentes fiscales encontraron documentos que respaldan pagos por G. 350.000 millones (USD 50 millones). La denuncia era por G. 1,5 billones (USD 130 millones). O sea dejó de averiguar entre 80 y 90 millones de dólares sin tener la documentación”, dijo Ortega días atrás al canal GEN.

El equipo de investigación de Nación Media accedió a los informes comparativos entre las auditorías y el pedido de desestimación presentado por la Fiscalía, dando inicio hoy a una serie de varias entregas sobre las groseras omisiones realizadas por los representantes del Ministerio Público.

Uno de los varios puntos utilizados por la Fiscalía para el pedido de desestimación de la causa contra Bataglia tiene que ver con un millonario crédito otorgado al IPS por un banco local.

En concreto, el informe final de la CGR sobre el IPS concluyó que había una discrepancia significativa entre el monto de la línea de crédito aprobada por la Resolución del Consejo de Administración y el pagaré firmado con la entidad financiera.

La auditoría encontró que, aunque se aprobó un préstamo de G. 50.000.000.000, el pagaré inicial se emitió por G. 65.379.679.514, incluyendo intereses y otros montos adicionales. Esto levantó dudas sobre la transparencia y la adecuada gestión de los fondos del IPS, sugiriendo posibles riesgos legales y financieros.

La Fiscalía argumentó que el contrato y el pagaré original, aunque por un monto mayor, habían sido aclarados y corregidos. En agosto de 2023, meses después de la auditoría y del cierre del ejercicio fiscal 2022, se realizó un intercambio de pagaré, corrigiendo el monto a G. 50.000.000.000 más los intereses compensatorios. Según la Fiscalía, esto subsanó la discrepancia señalada y, por lo tanto, no justificaba una investigación penal, ya que la corrección había sido formalizada.

Sin embargo, la propia Fiscalía reconoció en la argumentación del pedido de desestimación la existencia de las irregularidades detectadas por la Contraloría. Aunque el pagaré fue corregido, la modificación se realizó después del cierre del ejercicio fiscal 2022 y en la etapa final de la auditoría. Esto confirma la observación inicial de la CGR: la discrepancia existió y representó un riesgo real para el IPS y sus asegurados.

Fuentes del órgano extrapoder señalaron, sin la intervención y observación de la auditoría, que el IPS podría haber enfrentado graves consecuencias legales y financieras en caso de incumplimiento de pago. La CGR subrayó que el cambio de documentos no exime a los responsables del IPS de sus acciones u omisiones previas, las cuales comprometieron la transparencia y la gestión adecuada de los fondos

Australia prohibirá por ley el acceso de los menores de 16 años a redes sociales, anunció el primer ministro Anthony Albanese, quien prometió actuar contra las empresas tecnológicas que no protejan adecuadamente a los jóvenes usuarios. Las plataformas como Facebook, TikTok o Instagram serán responsables de aplicar este límite de edad y se arriesgarán a importantes multas si no lo hacen, advirtió el dirigente de centroizquierda. El gobierno australiano ya había avanzado este año su intención de restringir el acceso de menores a las redes sociales, pero hasta ahora no había establecido una edad exacta.

La futura ley “es para las madres y los padres. Las redes sociales están haciendo daño de verdad a los niños y voy a terminar con esto”, dijo Albanese a la prensa, ayer jueves. “La responsabilidad no será de los padres o de los jóvenes. No habrá sanciones para los usuarios”, aclaró. El proyecto, que cuenta con el apoyo de los dos principales partidos australianos, será presentado esta semana a los líderes regionales y territoriales y llegará al Parlamento a finales de noviembre. Una vez sea aprobada, las plataformas tecnológicas dispondrán de un año para estudiar cómo implementar la restricción.

Albanese argumentó que los algoritmos de estas redes ofrecen contenidos perturbadores a niños y adolescentes que son muy influenciables. “A mí me saltan cosas en el sistema que no quiero ver. Ya no hablamos de un joven de 14 años vulnerable”, afirmó. “Las chicas jóvenes ven imágenes de determinados tipos de cuerpos que tienen un impacto real”, agregó. El primer ministro explicó que habían fijado la edad en 16 años después de una serie de comprobaciones durante unas pruebas llevadas a cabo por el gobierno.

Lea más: La discusión que enfrenta a Milei con el fútbol argentino: ¿clubes o empresas?

La iniciativa despierta dudas entre los expertos sobre la posibilidad práctica de implementar un límite de edad tan estricto. “Ya sabemos que los actuales métodos de verificación de edad no son fiables, muy fáciles de sortear o ponen en peligro la privacidad del usuario”, comentó el investigador de la Universidad de Melbourne, Toby Murray. Meta, la empresa matriz de Facebook e Instragram, dijo que iba a “respetar cualquier limitación de edad que el gobierno quiera introducir”.

Pero su jefa de seguridad, Antigone Davis, advirtió que este tipo de leyes “corren el riesgo de hacernos sentir mejor, como si estuviéramos tomando acciones, pero los adolescentes y los padres no se encontrarán en un mejor lugar”. De su parte, la red social Snapchat remitió a un comunicado de la patronal sectorial DIGI, que alertó que esta prohibición podía impedir a los adolescentes acceder “a apoyo de salud mental”. “Nadar tiene riesgo, pero no se prohíbe a los jóvenes ir a la play, se les enseña a nadar”, dijo una portavoz de DIGI.

Lea también: Raygun deja el breakdance debido a las reacciones negativas

El proyecto gubernamental prevé algunas excepciones para plataformas como YouTube, que los estudiantes pueden necesitar por sus deberes u otras razones. Australia se ha situado en la vanguardia de los esfuerzos globales para limpiar los contenidos de las redes sociales. El gobierno introdujo una ley para “combatir la desinformación” este año que le otorga amplios poderes para multar a los gigantes tecnológicos que vulneren sus obligaciones de seguridad en línea.

De hecho, el organismo regulador de internet en Australia está inmerso en una batalla contra la red social X de Elon Musk, a la que acusa de no hacer suficiente para retirar contenido dañino. La ministra de Comunicaciones, Michelle Rowland, dijo que las reformas eran “pioneras en el mundo” y acusó a las plataformas de “no hacer suficiente” para atajar estos problemas. “Las compañías de redes sociales están sobre aviso (...). Tienen que garantizar que sus prácticas son más seguras”, agregó la funcionaria, amenazando con multas económicas a quienes no cumplan con las nuevas disposiciones.

Fuente: AFP.