A mucha gente le gustan los refrescos que no sean de marcas reconocidas. Sin embargo, las fábricas de este tipo de productos funciona en total insalubridad, pues no reúnen la condiciones de higiene necesarias para resguardar al consumidor final. Días atrás, varias fábricas clandestinas fueron allanadas. Durante la intervención se pudo constatar que los lugares funcionaban sin ningún tipo de protección sanitaria.
La comitiva fiscal-policial encabezada por el agente del Ministerio Público, Carlos Rojas, procedió no solo al allanamiento, sino además a desmantelar dos fábricas clandestinas que venían funcionando en los barrios Maramburé y Makaí, ambos en la ciudad de Luque. Allí fabricaban bebidas saborizadas, bajo la denominación de “Naranjil”.
La falta de higiene fue vista a simple vista. Sin embargo, en caso de enfermedad del consumidor final, ¿quién ser haría cargo de los problemas de salud? Este producto se vendía en forma clandestina en varios sitios y mucha gente optaba por el producto por se más barato.
La intervención permitió la incautación de tambores, máquinas saturadoras de CO2, tapadoras y llenadoras manuales, botellas y tapas con marcas de cervezas y gaseosas, insumos en polvo y otros líquidos que servían para la elaboración del producto. Según la fiscalía los responsables de estos locales reutilizan no solo botellas, sino también tapitas de otras marcas que si cumplen con reglas sanitarias y pagan sus impuestos.
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El producto era preparado y envasado en condiciones poco higiénicas y posteriormente se vendían en distintos puntos de venta del país. Se incautaron aproximadamente 50 cajas con sus respectivos envases.
En comunicación con HOY, el fiscal Carlos Rojas Martínez, manifestó que se encuentra esperando el informe de los técnicos del Ministerio Público, para determinar si corresponde o no la imputación contra Luis Antonio Gómez y Víctor Cano, propietarios de las fábricas allanadas. Ambos ya prestaron declaración indagatoria.
Cabe destacar que ninguno de los laboratorios contaban con las licencias correspondientes, como la del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) y del Instituto de Alimentación y Nutrición (INAN).
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