La Fiscalía imputó a un hombre que habría robado una notebook de seis millones de guaraníes, perteneciente a un local de Asunción Supercentro. El detenido fue identificado por otras víctimas, ya que no sería la primera vez que comete este tipo de hechos.
Pedro Miguel María González Noé está detenido e imputado por apropiación tras ser denunciado por el robo de una costosa notebook.
El caso se registró el 26 de septiembre, cuando el procesado se comunicó con la vendedora de un local de Asunción Supercentro para solicitar la reserva de una notebook valuada en 6 millones de guaraníes.
González Noé pidió a la comerciante que le acerque la computadora hasta la calle Infante Rivarola, de Asunción. Una vez allí, el hombre se apoderó de la notebook, subió a una camioneta y huyó.
La Fiscalía localizó en Ñemby el domicilio del procesado y realizó un allanamiento. Los intervinientes encontraron y detuvieron al hombre, pero la notebook ya no estaba.
La denunciante reconoció plenamente al autor y también se acercaron otras personas que dijeron haber sido víctimas del mismo hombre también por el robo de notebooks.
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Hombre de 91 años sufrió ACV tras presunto despojo de su casa
Coronel Oviedo. Omar Jara (corresponsal).
Agapito Espínola, de 91 años, está internado en el Hospital Regional del Instituto de Previsión Social (IPS) de Coronel Oviedo, luego de sufrir un accidente cerebrovascular (ACV), el domingo pasado. Según sus familiares, fue como consecuencia de la fuerte situación en que uno de sus hijos y su pareja, ambos funcionarios, tanto del hospital y de la penitenciaría ovetenses, presuntamente invadieron su propiedad.
El cuadro se completó el pasado martes, cuando el nonagenario recibió una notificación del Instituto de Desarrollo y de la Tierra (Indert) de que la propiedad fue adjudicada a su hijo. El abogado Derlis Toledo interpuso un recurso de reconsideración ante el ente, adjuntando los documentos respaldatorios a favor de Espínola, los pagos y los trámites de titulación. Los familiares están confiados de que el Indert va a rever su resolución.
Según las referencias del caso, el hijo del adulto mayor presentó aparentemente fotografías de las mejoras introducidas en la propiedad, alegando que él las mandó construir, sin embargo, la familia sostiene que esas mejoras fueron concretadas mediante la colaboración de toda la familia.
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El inmueble tiene 8 hectáreas y está ubicado en la compañía Zaro Caro, al sur de Coronel Oviedo, en la zona donde se encuentra la Penitenciaría Regional. De acuerdo al testimonio de familiares de Espínola, uno de sus hijos y su pareja, entraron a la casa hace algunas semanas y aseguraron con cerraduras nuevas el portón y las puertas, supuestamente dejando en la calle al progenitor. Adujeron que ellos son los propietarios de la finca.
“Mi papá nació, se crío y hasta ahora vive en su casa, que compró de su mamá y de sus hermanos. Tiene todos los documentos respaldatorios”. señaló Alba Espínola, hija del hombre hospitalizado, a La Nación/Nación Media. Refirió que el hijo implicado en dicha situación sería Aldo Augusto Espínola Marzal, mientras su pareja está identificada como Fátima Raquel Dávalos.
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“Acá, junto a nuestra madre, vio crecer a sus seis hijos”, agregó Alba Espínola, comentando que Aldo Augusto, es el menor de los seis hermanos. “La propiedad es de nuestros padres y las mejoras son resultado del trabajo de toda la familia”, señalaron los otros hijos.
“No puedo creer que Aldo haga esto, es el hermano pahague (último), a quien todos le cuidamos y le ayudamos a estudiar y trabajar”, dijo su hermana. “Increíblemente ahora, persuadido por su esposa, intenta dejar en la calle a nuestro padre”, añadió. Un abogado que representa al denunciado sostuvo que la propiedad le fue cedida por su padre como agradecimiento por cuidar de él, lo cual fue negado por Agapito Espínola, según relataron sus familiares.
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Caso Ande: Diputados aceptó renuncia de funcionaria acusada por estafa
En la mañana de este viernes, a través de su abogado, Anadelia Acosta, imputada por los presuntos hechos de apropiación, estafa y lesión de confianza, renunció a la Cámara de Diputados. La mujer es acusada como una de las principales responsables en el cobro ilegal de G. 725 millones que la Administración Nacional de Electricidad (Ande) destinó a dos familias humildes, en concepto de indemnizaciones.
El escrito de “desistimiento voluntario” fue presentado por el letrado Marcial Ayala a la Dirección de Recursos Humanos de la Cámara Baja, encabezada por Máximo Rodríguez. “La renuncia de la funcionaria son por cuestiones personales y a fin de someterse al proceso penal. De hecho, ella siempre estuvo y está a disposición de la justicia desde el primer momento, aguardamos la notificación para la audiencia de imposición de medidas a los efectos de que prosiga la causa penal”, manifestó al programa “Arriba hoy” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Asimismo, manifestó que su clienta continua bajo reposo médico en el departamento de Caaguazú, razón por la cual no se apersonó hasta la sede legislativa. “Ella emotivamente está muy mal. Para mí fue un paso muy importante que por lo menos se busque el arreglo de la reconciliación con familiares de las víctimas”, sostuvo.
Inmediatamente, el presidente de Diputados, Raúl Latorre, comunicó en sus redes sociales oficiales que procedió a firmar la petición de renuncia de Acosta. Igualmente, en la resolución n° 2184 refiere que se declara vacante la categoría salarial D36-técnico I. “Anadelia Acosta ya no forma parte del plantel”, indicó el legislador.
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La renuncia de Acosta finalmente se concretó tras la intimación realizada por el presidente de Diputados, Raúl Latorre, a presentarse ante la Dirección de Recursos Humanos, tras abandonar por varios días su puesto laboral.
Acosta, quien originalmente es funcionaria de la Municipalidad de R.I. 3 Corrales, ha intentado por diferentes medios evitar presentarse a la sede legislativa. En principio, había solicitado un permiso por 30 días sin goce de sueldo, el cual fue denegado y, posteriormente, presentó un certificado médico, requiriendo a la par utilizar sus vacaciones.
Tras el escándalo desatado, Acosta llegó a un acuerdo extrajudicial con los afectados, pagándoles la suma de G. 300 millones a cada familia en reparación del daño. No obstante, de acuerdo a su abogado esto no significa que su clienta asuma la culpabilidad.
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Mujer brasileña denunció a un taxista por no entregar en Foz caja con 45 celulares
Ciudad del Este. Agencia Regional.
El negocio irregular de celulares en la frontera entre Ciudad del Este y Foz de Yguazú genera un movimiento constante de hechos delictivos, ya sea contrabando, robos o asaltos. Seguridad Turística intervino en un nuevo supuesto hecho de apropiación de celulares.
Una ciudadana brasileña denunció ante la Policía Turística que un taxista paraguayo se apropió de 45 celulares que debía entregar en Foz de Yguazú a un funcionario suyo, pero no lo hizo. Se trata de Elly Carlos Ricardo, procedente del estado de Santa Catarina, Brasil.
El presunto autor es Victoriano Delvalle, apodado Tevelo. La entrega de las mercaderías se hizo supuestamente en la mañana de este viernes 23 de agosto, sobre la calle Rubio Ñu casi avenida Adrián Jara, del microcentro de Ciudad del Este.
La señora Elly manifestó que en el lugar indicado, un funcionario suyo, brasileño, mayor de edad, entregó los teléfonos, supuestamente, al taxista para que el mismo los traslade a la ciudad de Foz de Yguazú y entregue en un lugar acordado previamente.
Horas más tarde, el taxista comunicó a través del servicio de mensajería WhatsApp que funcionarios de la Receita Federal, en la cabecera del Puente de la Amistad, habían incautado su vehículo junto con los teléfonos y que desde ese momento cortó todo tipo de comunicación.
Elly Carlos Ricardo dijo que se presentó a la Receita Federal a preguntar al respecto y le confirmaron que no hubo tal procedimiento.
Igualmente refirió que viene trabajando con el taxista mencionado desde hace tiempo y lo conoce, pero ahora ocurrió la supuesta apropiación, según señaló a La Nación/Nación Media, el jefe de la Policía Turística, comisario Edgar Sugasti.
Para la citada autoridad policial, este tipo de hechos ocurre, sobre todo, con los denominados compristas y es en el marco de la compra de electrónicos en Ciudad del este, con fines comerciales en Brasil. Para esto, buscan gente que pasen los productos de contrabando al Brasil.
“Nosotros identificamos muy bien quiénes son turistas y quiénes son compristas, son los dos tipos de visitantes que tiene el comercio de Ciudad del Este”, manifestó el comisario Sugasti. Indicó además que también hay denuncias de turistas, pero más esporádicas.
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Procesan a trabajador por robo de aditivos para hormigón por casi G. 12 millones
Ciudad del Este. Agencia Regional.
El fiscal Edgar Benítez Delgado solicitó la prisión preventiva para un joven denunciado por supuesta apropiación de 1.000 litros de aditivos para hormigón, de una empresa constructora, de la que era empleado. Se trata Blas Armando Rodas Paredes (27), quien fue imputado por la presunta comisión de apropiación y se encuentra detenido, a disposición de la Justicia.
El caso ocurrió el pasado 15 de julio, alrededor de las 15:00, en las instalaciones de la empresa Amorín y CIA SA, ubicada en el kilómetro 15 Acaray, de Minga Guazú. Rodas Paredes utilizó un camión perteneciente a la empresa Concremax SA, donde trabajaba y se presentó al local de la proveedora para retirar 1.000 litros de aditivos.
Los aditivos para hormigón retirados ilegalmente, de acuerdo a la denuncia, están valuados en 11.900.000 guaraníes. El trabajador firmó la factura a crédito nombre de Julio Balaceda, de la empresa proveedora y trasladó los productos a un taller situado en el kilómetro 14 de Monday, según el escrito fiscal.
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Todo el procedimiento realizado fue captado por las cámaras de seguridad de la proveedora Amorín, de donde sacó los aditivos. Mediante el sistema de rastreo satelital de la firma, se pudo verificar que Rodas Paredes llevó las mercancías hasta el kilómetro 14, donde aparentemente las vendió a una persona desconocida por 8.000.000 de guaraníes.
El gerente de la empresa dedicada a concretos, José Luis Arce Ayala, descubrió el delito cuando la proveedora intentó cobrar la factura y se sorprendió al confirmar que no se había realizado ningún pedido desde la empresa Concremax.
Tras la denuncia, el 16 de julio, alrededor de las 17:30, agentes de la Subcomisaría 12 de Presidente Franco se dirigieron a la empresa Hormitec SA, ubicada en el kilómetro 8 de Monday en Ciudad del Este, donde Miguel Brítez entregó voluntariamente los productos. Los aditivos robados fueron a parar a ese lugar. El sospechoso Blas Armando Rodas fue detenido y procesado por el Ministerio Público.