La Fiscalía imputó a un hombre que habría robado una notebook de seis millones de guaraníes, perteneciente a un local de Asunción Supercentro. El detenido fue identificado por otras víctimas, ya que no sería la primera vez que comete este tipo de hechos.
Pedro Miguel María González Noé está detenido e imputado por apropiación tras ser denunciado por el robo de una costosa notebook.
El caso se registró el 26 de septiembre, cuando el procesado se comunicó con la vendedora de un local de Asunción Supercentro para solicitar la reserva de una notebook valuada en 6 millones de guaraníes.
González Noé pidió a la comerciante que le acerque la computadora hasta la calle Infante Rivarola, de Asunción. Una vez allí, el hombre se apoderó de la notebook, subió a una camioneta y huyó.
La Fiscalía localizó en Ñemby el domicilio del procesado y realizó un allanamiento. Los intervinientes encontraron y detuvieron al hombre, pero la notebook ya no estaba.
La denunciante reconoció plenamente al autor y también se acercaron otras personas que dijeron haber sido víctimas del mismo hombre también por el robo de notebooks.
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Imputan a policía tras ser denunciado por apropiación indebida del dinero de su camarada
El oficial inspector Bruno Robert Didier Babañoli Sánchez fue imputado por el fiscal Walter Lugo, de la Unidad Fiscal N.º de San Lorenzo, luego de que fuera denunciado por el suboficial ayudante Cristhian Martín Gómez Núñez por lesión de confianza y apropiación.
Según la denuncia, el 28 de marzo retiró 64.500.000 guaraníes en concepto de préstamo del Banco Nacional de Fomento. Debido a que debía ingresar de guardia, entregó 53.000.000 de guaraníes a su superior, el inspector Babañoli Sánchez, para que los guardara.
Tras finalizar su guardia, el suboficial Gómez Núñez le habría solicitado la devolución del dinero a su camarada, pero este le aseguró que no lo tenía en su poder porque lo había utilizado para gastos de su madre, que se encontraba internada, pero que se lo devolvería esa misma tarde.
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Finalmente, Babañoli no le devolvió el dinero y ya no contestó las llamadas y evadía encontrarse con Gómez Núñez, por lo que el mismo decidió realizar la denuncia ante la comisaría N° 15 de Barcequillo, donde ambos prestan servicio; el hecho fue comunicado al Ministerio Público.
Según informó la fiscalía, el oficial Babañoli habría ofrecido devolver 20.000.000 de guaraníes en efectivo, más un automóvil Toyota IST, como compensación al oficial Gómez Núñez, quien, según su abogado, se negó a aceptarlo, ya que exige la devolución de la totalidad del dinero en efectivo.
El agente fiscal Walter Lugo afirmó que, a la vista de estos hechos, decidió imputar al oficial Babañoli por supuesto hecho punible de apropiación en grado agravante y solicitó su prisión preventiva. El imputado se expone a una pena máxima de ocho años de prisión si va a juicio oral y público.
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Imputan a abogada por apropiación de G. 220 millones de víctima de la dictadura
Ciudad del Este. Agencia Regional.
El agente fiscal Osvaldo Zaracho presentó imputación contra una abogada que se habría apropiado de un monto millonario de dinero perteneciente a su cliente, Esteban Gómez Rojas, una persona víctima de la dictadura, a cuyo nombre fue asignado por Estado paraguayo. El supuesto despojo es de 220 millones de guaraníes.
La procesada por estafa y apropiación es Elizabeth Noemí Anzoátegui Rivarola, quien se encuentra prófuga de la justicia, con declaración de rebeldía. La víctima recibió de la abogada solo 15 millones de guaraníes, según el escrito de imputación.
De acuerdo con la investigación, el 24 de septiembre pasado, siendo las 08:26 horas aproximadamente, la citada abogada extrajo la suma de G. 220 millones, de la caja de ahorro de Esteban Gómez Rojas, de la sucursal del Banco Nacional de Fomento (BNF) de Minga Guazú.
Elizabeth Anzoátegui se habría valido de un poder especial que le había firmado la víctima, para efectuar trámites ante la Defensoría del Pueblo, como parte de las gestiones para el cobro destinado a víctimas de violaciones de derechos humanos, durante la dictadura stronista en Paraguay.
La abogada realizó otras gestiones y accedió a la cuenta bancaria de su cliente, habilitada inicialmente para percibir sus beneficios de la tercera edad. De esa forma, extrajo el millonario monto que le correspondía a Esteban Gómez Rojas.
Según la resolución N.º 240/2022, de fecha 6 de junio de 2022, en la caja de ahorro existía un depósito equivalente a la suma de 2.500 jornales mínimos legales, para actividades no especificadas a esa fecha, siendo actualizado el pago según resolución MEF/GG N.º 132/2024.
De acuerdo al escrito fiscal, la abogada le había indicado al afectado que firmara algunos formularios para la extracción del dinero, pero no habría mencionado el monto que Esteban Gómez debía percibir, manifestándole que el cobro se efectivizaría por partes.
Sin embargo, fue extraída la cantidad total de una vez, conforme a las imágenes del circuito cerrado de la entidad bancaria. Incluso, se visualiza el momento en que la mujer guarda el dinero en un bolso de color negro.
Cuando Esteban Gómez reclamó su dinero, la abogada Anzoátegui Rivarola le dijo que le enviaría el monto por giro, que realizó en fecha 26 de septiembre de 2024, a través del servicio de Western Unión, por 15 millones de guaraníes, quedándose con el resto del dinero. Según el escrito fiscal, la abogada Elizabeth Noemí Anzoátegui Rivarola obtuvo presuntamente un beneficio patrimonial indebido.
La Fiscalía inició el proceso penal y solicitó la rebeldía de la presunta responsable. El Juzgado de Garantías N.º 4, a cargo de la magistrada Alba Meza, dio trámite al requerimiento del Ministerio Público y ordenó la captura de la profesional del derecho, quien permanece con paradero desconocido.
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Hombre de 91 años sufrió ACV tras presunto despojo de su casa
Coronel Oviedo. Omar Jara (corresponsal).
Agapito Espínola, de 91 años, está internado en el Hospital Regional del Instituto de Previsión Social (IPS) de Coronel Oviedo, luego de sufrir un accidente cerebrovascular (ACV), el domingo pasado. Según sus familiares, fue como consecuencia de la fuerte situación en que uno de sus hijos y su pareja, ambos funcionarios, tanto del hospital y de la penitenciaría ovetenses, presuntamente invadieron su propiedad.
El cuadro se completó el pasado martes, cuando el nonagenario recibió una notificación del Instituto de Desarrollo y de la Tierra (Indert) de que la propiedad fue adjudicada a su hijo. El abogado Derlis Toledo interpuso un recurso de reconsideración ante el ente, adjuntando los documentos respaldatorios a favor de Espínola, los pagos y los trámites de titulación. Los familiares están confiados de que el Indert va a rever su resolución.
Según las referencias del caso, el hijo del adulto mayor presentó aparentemente fotografías de las mejoras introducidas en la propiedad, alegando que él las mandó construir, sin embargo, la familia sostiene que esas mejoras fueron concretadas mediante la colaboración de toda la familia.
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El inmueble tiene 8 hectáreas y está ubicado en la compañía Zaro Caro, al sur de Coronel Oviedo, en la zona donde se encuentra la Penitenciaría Regional. De acuerdo al testimonio de familiares de Espínola, uno de sus hijos y su pareja, entraron a la casa hace algunas semanas y aseguraron con cerraduras nuevas el portón y las puertas, supuestamente dejando en la calle al progenitor. Adujeron que ellos son los propietarios de la finca.
“Mi papá nació, se crío y hasta ahora vive en su casa, que compró de su mamá y de sus hermanos. Tiene todos los documentos respaldatorios”. señaló Alba Espínola, hija del hombre hospitalizado, a La Nación/Nación Media. Refirió que el hijo implicado en dicha situación sería Aldo Augusto Espínola Marzal, mientras su pareja está identificada como Fátima Raquel Dávalos.
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“Acá, junto a nuestra madre, vio crecer a sus seis hijos”, agregó Alba Espínola, comentando que Aldo Augusto, es el menor de los seis hermanos. “La propiedad es de nuestros padres y las mejoras son resultado del trabajo de toda la familia”, señalaron los otros hijos.
“No puedo creer que Aldo haga esto, es el hermano pahague (último), a quien todos le cuidamos y le ayudamos a estudiar y trabajar”, dijo su hermana. “Increíblemente ahora, persuadido por su esposa, intenta dejar en la calle a nuestro padre”, añadió. Un abogado que representa al denunciado sostuvo que la propiedad le fue cedida por su padre como agradecimiento por cuidar de él, lo cual fue negado por Agapito Espínola, según relataron sus familiares.
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Caso Ande: Diputados aceptó renuncia de funcionaria acusada por estafa
En la mañana de este viernes, a través de su abogado, Anadelia Acosta, imputada por los presuntos hechos de apropiación, estafa y lesión de confianza, renunció a la Cámara de Diputados. La mujer es acusada como una de las principales responsables en el cobro ilegal de G. 725 millones que la Administración Nacional de Electricidad (Ande) destinó a dos familias humildes, en concepto de indemnizaciones.
El escrito de “desistimiento voluntario” fue presentado por el letrado Marcial Ayala a la Dirección de Recursos Humanos de la Cámara Baja, encabezada por Máximo Rodríguez. “La renuncia de la funcionaria son por cuestiones personales y a fin de someterse al proceso penal. De hecho, ella siempre estuvo y está a disposición de la justicia desde el primer momento, aguardamos la notificación para la audiencia de imposición de medidas a los efectos de que prosiga la causa penal”, manifestó al programa “Arriba hoy” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Asimismo, manifestó que su clienta continua bajo reposo médico en el departamento de Caaguazú, razón por la cual no se apersonó hasta la sede legislativa. “Ella emotivamente está muy mal. Para mí fue un paso muy importante que por lo menos se busque el arreglo de la reconciliación con familiares de las víctimas”, sostuvo.
Inmediatamente, el presidente de Diputados, Raúl Latorre, comunicó en sus redes sociales oficiales que procedió a firmar la petición de renuncia de Acosta. Igualmente, en la resolución n° 2184 refiere que se declara vacante la categoría salarial D36-técnico I. “Anadelia Acosta ya no forma parte del plantel”, indicó el legislador.
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La renuncia de Acosta finalmente se concretó tras la intimación realizada por el presidente de Diputados, Raúl Latorre, a presentarse ante la Dirección de Recursos Humanos, tras abandonar por varios días su puesto laboral.
Acosta, quien originalmente es funcionaria de la Municipalidad de R.I. 3 Corrales, ha intentado por diferentes medios evitar presentarse a la sede legislativa. En principio, había solicitado un permiso por 30 días sin goce de sueldo, el cual fue denegado y, posteriormente, presentó un certificado médico, requiriendo a la par utilizar sus vacaciones.
Tras el escándalo desatado, Acosta llegó a un acuerdo extrajudicial con los afectados, pagándoles la suma de G. 300 millones a cada familia en reparación del daño. No obstante, de acuerdo a su abogado esto no significa que su clienta asuma la culpabilidad.
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