La Comisión de Asun­tos Constitucionales de la Cámara de Sena­dores emitió en la fecha dic­tamen a favor con 5 votos, por el desafuero de senador vitali­cio y expresidente Mario Abdo Benítez. En tanto que 3 legisla­dores votaron en contra y otros 3 se abstuvieron.

Al respecto, el titular de esta mesa asesora, Javier Zacarías Irún, explicó que han escu­chado a ambas partes, y tras la deliberación encontraron que se reúnen todos los criterios para otorgar el desafuero soli­citado por el propio afectado.

El día de ayer martes, la comi­sión asesora convocó al sena­dor vitalicio Mario Abdo, o en su efecto a sus abogados defensores, para responder o explicar acerca de la acu­sación que pesa en su contra por filtraciones de la Seprelad (Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero y Bienes) durante su mandato.

Carlos Trapani y Enrique Kro­nawetter asistieron a la Comi­sión del Senado para ensayar una defensa que no llegó. En lugar de atacar las pruebas de la Fiscalía, que están conte­nidas en más de 206 elemen­tos probatorios, los abogados del exmandatario intenta­ron desviar el centro de la cuestión: la participación de Abdo y sus exfuncionarios en los hechos imputados. Inten­taron sin éxito negar la par­ticipación de Abdo ante la fuerza de la evidencia.

Estos dos letrados admitieron entre otras cosas que la causa no avanza porque hay varios incidentes que la jueza Cyn­thia Lovera debe resolver aún, incidentes que se presentaron hace un año, cuando se había presentado el acto de imputa­ción, que sostenidamente han intentado paralizar a través de diversas chicanas.

Al término de la reunión, el presidente de Asuntos Cons­titucionales, el senador Javier Zacarías Irún explicó que el artículo 17 de la Constitución Nacional es muy clara al hablar del debido proceso, y es lo que los legisladores deben tener en cuenta para tomar su decisión, de otorgar o no el desafuero a un senador de la nación.

“A nuestro criterio, absolutamente no se ha avasallado ni se ha atropellado el artículo 17 de la Constitución. Ahora el resto de lo que se cuestione debe ser analizado por los fiscales y jue­ces de la República del Para­guay. Nosotros no somos los jueces, que debemos decir si está bien o está mal, si es culpa­ble o es inocente. Eso le com­pete a la Justicia resolver. Nosotros lo único que debe­mos analizar es si se cumple con el artículo 17 de la Cons­titución Nacional”, insistió.

Remarcó que, en este caso, existen los méritos suficientes para otorgar el desafuero; así como existieron en los casos en que los senadores activos fue­ron solicitados sus desafueros y fueron aprobados. “Creo que nosotros no podemos obstruir el estudio o investigación de la Justicia, cuando no se refiere a opiniones que pudiéramos haber dado como senador de la nación. Cuando se trata de delitos comunes, creo que tene­mos la obligación de dar el desa­fuero para cualquier senador de la República”, acotó.

Zacarías Irún señaló que, al contar ya con los dictámenes en ambos sentidos por parte de los miembros de la comisión, el tema ya podría ser incluido y analizado en la sesión ordi­naria de este miércoles de la Cámara de Senadores.

“Ahora, lo que sí me llama la atención es el pedido con pio­lita que realiza Mario Abdo, con relación a que se otorgue su desafuero. Digo esto por­que si realmente uno quiere su desafuero y realmente bus­cas adherirte a los mandatos de la Justicia, no tenés temor a ser investigado. Ahora, si yo digo que quiero el desafuero por una cuestión política, por una cuestión de populismo, o quiero el desafuero con pio­lita, mientras tanto quedarme escudado en mis fueros mien­tras mis amigos son juzgados; entonces hay otra cosa. Por eso, a mí me llama la aten­ción, porque ahora sus aliados rechazan el desafuero”, acotó.

En la sesión del Senado pre­vista para hoy, no se encuen­tra dentro del orden del día el tema del desafuero del expre­sidente Abdo. Sin embargo, existe de posibilidad de que sea tratado sobre tablas.

La orden que se había dado era incluir en dicho informe el cuadro de salario de Óscar Boidanich y Santiago Peña.

HOY.COM.PY

En la cronología de hechos relatada en el acta de impu­tación se incluyen dos fechas más que corresponden a hechos de carácter público y notorio, innegable por parte de los acusados: el discurso polí­tico del expresidente Mario Abdo Benítez del 8 de mayo de 2022, cuando afirmó que Horacio Cartes a través de la firma Tabesa pagaba un sueldo de G. 16.000.000 a Óscar Boi­danich, exministro de la Seprelad, a cambio de su silen­cio. Esta información de carác­ter confidencial fue expuesta por Mario Abdo Benítez con el objetivo de desacreditar al expresidente Horacio Cartes, ya que ambos se encontraban en ese momento disputando el cargo de presidente de la ANR.

Además, el 20 de mayo de 2022, a las 8:43, se “afinaban” los últimos detalles de lo que sería el informe de inteligen­cia remitido a la Fiscalía. El funcionario Guillermo Preda remite por correo al analista Derlis Ruiz los cuadros de salarios de Peña y Boidanich.

La orden que se había dado era incluir en dicho informe el cuadro de salario de Óscar Boi­danich y Santiago Peña. Esta información se extrajo del documento en formato Word elaborado por Daniel Farías y René Fernández el 26 de marzo de 2022. De acuerdo a la tesis de la Fiscalía, fue orden de Carlos Arregui incluir estos datos al informe de inteligen­cia con la presunta finalidad de que se inicien investigaciones de carácter penal en contra de dichas personas.

En la misma fecha, 20 de mayo de 2022, tan solo 17 minutos después de que el funciona­rio Guillermo Preda Galeano envíe los cuadros de salarios de Peña y Boidanich para ser incorporados al informe de inteligencia, el secretario pri­vado de la Presidencia, Mau­ricio Espínola, publicaba los mismos datos en su cuenta de red social X.

Ante la consulta sobre ambas situaciones mencionadas, el abogado Trapani dijo que “no podría responder, no me consta si una declaración suya luego terminó en una publica­ción”. “La imputación alude a un discurso político. No podría responder (si los salarios ya eran una información pública antes de esa exposición hecha por Abdo)”, agregó.

Pedro Ovelar, abogado del expresidente de la República, Horacio Cartes, requirió la aplicación de sanciones contra los representantes legales de Mario Abdo Benítez y sus excolaboradores ante el bombardeo de chicanas con el afán de paralizar la causa conocida como “filtración de datos financieros confidenciales manejados por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad)”.

“El interés es que el caso no avance, y esto debe pararse a través de las sanciones a los abogados. La justicia no puede permitir ni tolerar este tipo de conductas. Este tipo de conductas procesales lo que demuestra es que ellos no tienen absolutamente ninguna posibilidad de discutir el fondo de la cuestión porque quedan descubiertos, evidenciados de ser parte de un terrorismo de Estado con el uso de las instituciones públicas para perseguir a un adversario”, manifestó en una entrevista con el programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Mario Abdo, Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Mauricio Espínola, Carmen Pereira, Daniel Alberto Farías, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene, fueron imputados por el Ministerio Público por los hechos punibles de revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.

La causa judicial surgió tras la denuncia formal por persecución política de la cual fue víctima el expresidente de la República, Horacio Cartes, desde el año 2018, y que se acentuó en el marco de los comicios internos del Partido Colorado en el año 2022 y en las elecciones generales del año 2023.

En la causa ya fueron acusados los miembros de su gavilla, quienes deberán enfrentar un juicio oral y público. Mientras que en el Congreso Nacional, aún sigue pendiente de tratamiento el desafuero de Abdo Benítez, en su calidad de senador vitalicio, así como de Espínola, actual diputado.

Lea también: TEI del Partido Liberal aún no fue notificado sobre suspensión de internas

Ante la reculada de Mario Abdo, en no acudir mañana martes 1 de abril ante la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, para ofrecer su descargo en el marco del tratamiento de su desafuero, Ovelar indicó que “probablemente también chicaneara ahí, pero si quiere hacerlo que lo haga. Cartes no pudo hacerlo porque directamente se le aplicó sanciones sobre la base de mentiras empleadas a través de un terrorismo de Estado”.

En un acto político realizado días atrás en Ayolas, el líder de Fuerza Republicana confirmó que no asistirá ante la citada comisión y solo acudirán sus abogados. A la vez, “ofreció su cabeza” para salvar a sus exministros acusados.

“Él tiene la necesidad política para mantener a raya a esos funcionarios y ministros, por eso sale a decir llévenme a mí, pero realmente es un discurso de boca para afuera porque dice una cosa, pero hace otra cosa. El verdadero autor y actor de la persecución política por lo cual hoy están acusados sus exministros y altos funcionarios es Abdo Benítez”, refirió.

Asimismo, Mario Abdo calificó al llamado de aberrante por convocar también a la defensa del denunciante. “Nosotros no fuimos invitados a la reunión de mañana ni con Mario Abdo ni con sus abogados, pero el presidente Cartes está siempre abierto, si se le da la oportunidad para decir como víctima lo que ocurrió, lo haremos”, comentó.

Te puede interesar: “Todavía no está construida la alternativa de poder en la oposición”, indicó Mario Paz Castaing

El príncipe Enrique fue acusado este domingo de “intimidación y acoso” por la presidente de una organización no gubernamental que trabaja en África y que él cofundó, pero de la cual tomó distancia tras un conflicto interno.

El hijo menor del rey Carlos III era hasta ahora mecenas de la ONG Sentebale, uno de los pocos compromisos que conservó tras su explosiva ruptura con la monarquía británica en 2020 y la pérdida de su patrocinio real. El príncipe Enrique anunció sin embargo el martes que abandonaba “devastado” la organización benéfica, después de un conflicto entre los administradores y la presidenta del consejo de administración, Sophie Chandauka, nombrada en 2023.

Chandauka fue también acusada de mala gestión por miembros del consejo de administración, que pidieron su renuncia. El caso se ha remitido a los tribunales. En una entrevista concedida el domingo a Sky News, Chandauka arremetió directamente contra el príncipe, acusándole de haber hecho todo lo posible para obligarla a abandonar su puesto en la organización.

Podés leer: “Vivamos esta Cuaresma como un tiempo de curación”, dice el papa Francisco

“Lo que el príncipe Enrique quería hacer era expulsarme, y eso duró meses. Se prolongó durante meses, en forma de intimidación y acoso”, afirmó. También aseguró que “tenía pruebas de ello”. El canal intentó ponerse en contacto con el príncipe, que vive en California con su esposa Meghan y sus dos hijos, pero sin éxito.

Según una fuente anónima cercana a los administradores citada por BBC, éstos “esperaban” lo que describieron como una “maniobra publicitaria” urdida por Chandauka.

Chandauka denunció el domingo una cultura del “silencio” en la organización, con miembros de la junta reacios a pronunciarse en contra del duque de Sussex o simplemente a hablar de temas controvertidos. También se refirió a la pérdida de muchos donantes, que achacó, con documentos justificativos, a la salida del príncipe Enrique de Reino Unido en 2020.

Chandauka habló asimismo de la decisión del príncipe de llevar un equipo de rodaje de la plataforma Netflix -con la que tiene un contrato muy lucrativo- a la recaudación de fondos del año pasado, que se celebró durante un partido de polo.

Las imágenes, que dieron la vuelta al mundo, mostraban una escena bastante extraña entre la presidenta de la organización y la duquesa de Sussex, Meghan, ambos queriendo sostener el trofeo en el escenario. Tras el episodio, Enrique “me pidió hacer como una declaración para apoyar a la duquesa”, dijo Chandauka. El exdirector del consejo de administración, Kelello Lerotholi, declaró sin embargo a Sky News que nunca había sido testigo de ninguna petición de este tipo por parte del príncipe Enrique.

Te puede interesar: Semana Santa: viajes cortos dentro del país y Brasil en el exterior son los más pedidos

“Puedo decir sinceramente que en las reuniones a las que he asistido nunca ha habido el menor indicio de ello”, afirmó. Lynda Chalker, que fue miembro del consejo de administración de la organización benéfica africana durante casi 20 años, declaró al periódico The Times que el estilo de Chandauka era “casi dictatorial”.

Enrique cofundó Sentebale cuando tenía 21 años, para continuar la labor de su difunta madre, la princesa Diana, profundamente comprometida en la lucha contra el sida. Sentebale trabaja en particular con niños y jóvenes que se quedaron huérfanos por la epidemia de sida en Lesoto, un pequeño país pobre enclavado en Sudáfrica, y en Botsuana.

Fuente: AFP

Una nueva chicana más a los efectos únicamente de obs­truir e impedir que avance el proceso penal contra los exministros de Mario Abdo Benítez acusados por asocia­ción criminal, usurpación de funciones públicas, denuncia falsa, y revelación de secre­tos de servicio en el marco del proceso penal conocido como filtración de información de Seprelad han presentado la defensa de los hoy acusados.

Esta vez los abogados de los exministros de Abdo presen­taron una nueva reposición y apelación en subsidio, contra la providencia de la jueza Cyn­thia Lovera que fijó para ayer la realización de una audien­cia donde se tenía que decidir si la magistrada se ratificaba en su resolución inicial de marzo de 2024 donde admi­tió la imputación contra los excolaboradores de Abdo. Es decir, la defensa de los proce­sados presentaron una repo­sición contra otra reposición lo cual ya podría generar un ejercicio abusivo del dere­cho y mala fe como ya fueron advertidos por la sala penal de la Corte Suprema de Justicia.

El abogado Alfredo Enri­que Kronawetter, defensor de Daniel Farías, trato de justificar la nueva chicana mencionando que existe un recurso de apelación pen­diente debido a que en su momento se apeló la reso­lución de la jueza Clara Ruiz Díaz quien ordenó la extrac­ción de datos de las compu­tadoras de la Seprelad. Esta nueva presentación formu­lada por el referido profe­sional del derecho así como por Emilio Fúster, Osvaldo Granada, Jorge Rolón Luna y otros es al solo efecto de seguir con la actitud dila­toria.

Ahora la jueza Cynthia Lovera tendrá que fijar una nueva fecha para poder llevar a cabo la audiencia de la chicana pre­sentada por los defensores de los hoy acusados.

El Ministerio Público pre­sentó en su escrito de acusa­ción un total de 206 elemen­tos de pruebas, entre ellos, testimonios, documentos y pericias que sustentan la res­ponsabilidad de los acusa­dos Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira, Daniel Alberto Farías, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene, en el marco de la investigación por el caso conocido como filtración de información falsa de Seprelad.

El caudal probatorio reco­lectado por la Fiscalía supera cinco veces más que la fase ini­cial de la presente investigación donde se tuvo 42 elementos de prueba que hizo sustentar la imputación contra los exmi­nistros de Mario Abdo Benítez.