La empresa DYSA Healthcare SA, que proveyó los respiradores supuestamente sobrefacturados al Ministerio de Salud, reconoció el vínculo que tiene con Sergio Coscia, procurador General de la República.
En su descargo publicado en un espacio reservado en el diario La Nación, la empresa Dysa Healthcare SA asegura que existen “acusaciones infundadas” al exponerse la injerencia del abogado Sergio Coscia en las licitaciones donde pujaba esta firma.
No obstante, reconoce que “Coscia prestó servicios laborales entre febrero 2015 y febrero 2017, fecha desde la cual no se ha vuelto a mantener ninguna relación de servicios profesionales con el mismo”.
En el caso de Villamayor, asegura que nunca se tuvo relación de servicio profesional con el mismo, pero omite mencionar que Coscia pertenece al estudio jurídico del actual jefe de Gabinete de la Presidencia de la República.
Así también, Dysa niega vínculos o relación de parentesco de uno de los directivos de la firma con Walter Insfrán, quien se desempeña como jefe de Gabinete del Ministerio de Salud Pública.
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“Se compró por G. 100 millones más caro cada ventilador”
La diputada Rocío Vallejo había señalado el lunes que existía una supuesta sobrefacturación en la compra de ventiladores pulmonares para el Ministerio de Salud Pública y que la denuncia se presentó ante el Ministerio Público, con base en un informe de la Contraloría General de la República (CGR).
Sostuvo que la oferta de la empresa adjudicada incluye el costo, impuestos y honorarios del despachante, haciendo referencia al informe de la Contraloría e insistió en que el documento es claro y que las matemáticas no mienten.
“Se compró por 100 millones (de guaraníes) más caro cada ventilador de lo que se había comprado en la última adquisición, que también está en el informe de la Contraloría. Cien por treinta y uno son tres mil cien millones, entonces yo entiendo el contexto, un montón de todas las cosas, pero no entiendo por qué se hizo una megalicitación en cinco horas”, agregó Vallejo.
De acuerdo con la denuncia presentada por varios diputados, la compra vía excepción del Ministerio de Salud Pública se realizó el 16 de abril de este año y el contrato fue de G. 8.115.800.000. La supuesta sobrefacturación sería de unos G. 3.100 millones, según la Contraloría General de la República.