Varios altos funcionarios estatales estarían involucrados en la compra de los supuestos respiradores “de oro” por parte del Ministerio de Salud, ya que tienen vínculos con la empresa adjudicada con el millonario contrato: Dysa Healthcare SA.

El periodista del Grupo Nación y del programa La Caja Negra de Unicanal, Jorge Torres Romero, reveló que el principal accionista de Dysa Healthcare SA es un hombre de apellido Hellmers y está casado con la hermana del abogado Walter Insfrán, jefe de Gabinete del ministro de Salud, Julio Mazzoleni.

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En otras palabras, el dueño de la firma es concuñado del jefe de Gabinete de Salud Pública. A esto se suma que los representantes legales de la empresa, que hicieron lobby por diferentes licitaciones, son Juan Ernesto Villamayor, jefe de Gabinete de la Presidencia, y Sergio Coscia, procurador general de la República.

“Es grave por donde se lo mire”, señaló al respecto la diputada Rocío Vallejo, de Patria Querida, una de las legisladoras que denunciaron la supuesta sobrefacturación en la compra de Salud Pública.

“Tan burdo fue como hicieron, porque una de las prohibiciones que establece la Ley de Contrataciones Públicas es que las empresas que se presenten no tienen que tener vinculación”, sostuvo y añadió que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, tiene que tomar cartas en el asunto.

“Si bien el caiga quien caiga se fue debilitando con el tiempo, esto es de extrema gravedad. Se menciona a su jefe de Gabinete y al jefe de Gabinete de Mazzoleni”, acotó y recordó que la misma empresa ya había proveído al Ministerio de Salud los cuestionados “mouse de oro”. Mismo caso en el Instituto de Previsión Social (IPS), hizo una llamativa tercerización a favor de esta firma.

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La diputada había señalado el lunes que existía una supuesta sobrefacturación en la compra de ventiladores pulmonares para el Ministerio de Salud Pública y que la denuncia se presentó ante el Ministerio Público, con base en un informe de la Contraloría General de la República (CGR).

Sostuvo que la oferta de la empresa adjudicada incluye el costo, impuestos y honorarios del despachante, haciendo referencia al informe de la Contraloría e insistió en que el documento es claro y que las matemáticas no mienten.

“Se compró por 100 millones (de guaraníes) más caro cada ventilador de lo que se había comprado en la última adquisición, que también está en el informe de la Contraloría. Cien por treinta y uno son tres mil cien millones, entonces yo entiendo el contexto, un montón de todas las cosas, pero no entiendo por qué se hizo una megalicitación en cinco horas”, agregó Vallejo.

De acuerdo con la denuncia presentada por varios diputados, la compra vía excepción del Ministerio de Salud Pública se realizó el 16 de abril de este año y el contrato fue de G. 8.115.800.000. La supuesta sobrefacturación sería de unos G. 3.100 millones, según la Contraloría General de la República.

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