Un juez de la Corte Suprema de Brasil ordenó ayer jueves encarcelar al expresidente Fernando Collor de Mello (1990-1992), condenado en 2023 a ocho años y diez meses de prisión por corrupción en una investigación derivada de la megacausa Lava Jato.

La orden será sometida a votación por los demás magistrados de la corte este viernes, pero es de cumplimiento “inmediato”, sin esperar a la decisión del plenario. El magistrado “Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF), rechazó el segundo recurso de la defensa y determinó la detención inmediata del expresidente de la República y exsenador Fernando Collor de Mello", indicó la corte en un comunicado.

El exmandatario, de 75 años, fue hallado culpable de recibir 20 millones de reales entre 2010 y 2014 (3,5 millones de dólares, al cambio actual) cuando era senador, para “viabilizar irregularmente contratos” entre una constructora y una exfilial de da petrolera estatal brasileña Petrobras.

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Su defensa recibió el fallo “con sorpresa y preocupación” y afirmó que Collor “se presentará para cumplir la decisión determinada por el magistrado Alexandre de Moraes”, en una nota enviada a la prensa. Una fuente del tribunal aclaró que “nadie puede ser detenido en la noche, pero él puede entregarse en la madrugada”.

Moraes argumentó que los recursos presentados por la defensa de Collor contra la condena de 2023 son “meramente dilatorios”. A partir de las 11:00 locales (14:00 GMT) y hasta las 23:59 del viernes (02:59 GMT del sábado) el plenario se reunirá virtualmente para confirmar o no su decisión.

Collor no es el único exmandatario brasileño en tener líos con la justicia. Desde el fin de la dictadura militar (1964-1985), cuatro de los siete ocupantes del palacio presidencial de Planalto fueron en algún momento condenados, encarcelados o destituidos.

Y el expresidente de ultraderecha Jair Bolsonaro (2019-2022) está a puertas de ser juzgado por una tentativa de golpe de estado tras ser derrotado en su aspiración la reelección. Primer presidente elegido por sufragio universal después del régimen militar, Collor generó grandes expectativas al llegar al poder. Sin embargo, renunció a la presidencia en 1992 en medio de denuncias de corrupción.

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En 1989 derrotó en las urnas al líder izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva. Presidente entre 2003 y 2010, Lula luego estuvo 18 meses en la cárcel, entre 2018 y 2019, también en el marco de la causa Lava Jato. La condena contra Lula fue finalmente anulada por la corte suprema y el izquierdista volvió a Planalto en 2023.

Tras renunciar a la presidencia en medio de protestas callejeras, Collor consiguió volver a la política en 2006, al ser elegido senador por Alagoas, un estado pobre del noreste. Ocupó ese escaño hasta 2022. Ese año apoyó a Bolsonaro en las elecciones.

Como senador, se valió “de la influencia político-partidaria para promover nombramientos en el directorio” de una distribuidora de combustibles filial de Petrobras y direccionar contratos, según la corte suprema.

Fuente: AFP

La justicia resolvió durante los primeros tres meses de este año que 126 personas enfrentarán un juicio oral y público por el hecho punible de incumplimiento del deber alimentario por no poder cumplir con la asistencia legal para sus hijos.

Las resoluciones se generaron luego de la realización de las audiencias preliminares llevadas a cabo en diferentes sedes judiciales de nuestro país. Ahora se deberá fijar la fecha para el desarrollo de la audiencia oral para los acusados que tienen aún la posibilidad de llegar a un acuerdo conciliatorio abonando la deuda que tienen por prestación de alimento y así evitar que se lleve a cabo la audiencia oral y pública.

Según los datos facilitados por la dirección de Estadística del Poder Judicial en la sede de capital este 2025 se elevaron un total de 13 causas penales por incumplimiento del deber alimentario a juicio oral y público.

En la circunscripción judicial de Alto Paraná un total de 20 procesados estarán en el banquillo de los acusados, mientras que en Itapúa se elevaron a juicio oral causas penales por incumplimiento del deber alimentario. Asimismo, en la circunscripción de Central se elevó un total de 57 procesos penales a juicio oral y público.

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Del mismo modo, de acuerdo a los datos obtenidos durante el año 2020, un total de 377 causas fueron elevadas a juicio oral. En el 2021 fueron 773; en el 2022 se elevó a juicio oral 677 procesos penales; en el 2023 un total de 636 casos, y en el 2024 fueron 644 casos lo que se elevó a juicio oral y público.

El artículo 225 del Código Penal refiere que el que incumpliera un deber legal alimentario y con ello produjera el empeoramiento de las condiciones básicas de vida del titular, o lo hubiera producido de no haber cumplido otro con dicha prestación, será castigado con prisión de hasta dos años o multa.

Modo agravado: el mismo artículo apunta que el que incumpliera un deber alimentario establecido en un convenio judicialmente aprobado o en una resolución judicial, será castigado con pena privativa de libertad de hasta cinco años o con multa.

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Con la presencia del ministro de la Corte Suprema de Justicia y responsable de la implementación del expediente judicial electrónico, Alberto Martínez Simón, se procedió a la puesta en funcionamiento de dicha herramienta digital en los juzgados de Paz de La Recoleta y Villamorra de la Capital. Así se dio a conocer en el sitio web del Poder Judicial.

El trascendente hecho se enmarca dentro del plan calendarizado por la DGTICs para la implementación, aplicación y expansión del expediente electrónico en la Capital y también en el interior del país, con el fin de fortalecer el sistema digital, así como brindar transparencia, agilidad y celeridad a los procesos. También estuvo Rosaliz Chamorro, directora general de la DGTIC.

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Las firmas estuvieron a cargo de las juezas de La Recoleta y Villamorra, Liz Lobo y Elvira Franco. Entre los beneficios de la herramienta digital se destacan la reducción del uso de papel, el acceso remoto a la información por parte de los intervinientes y la optimización de los tiempos procesales.

El ministro Martínez Simón, manifestó: “Hoy hemos venido a realizar la inauguración oficial del expediente en ambas sedes de juzgados. Esta es una apuesta muy fuerte de la Corte Suprema de Justicia, un cumplimiento al plan quinquenal que tenemos de digitalización de los trámites judiciales, en el ámbito de la Justicia de Paz”.

Enfatizó que esta es la vía para transparentar los procesos. “A partir de ahora, los expedientes judiciales van a ser iniciados electrónicamente en estos dos juzgados de Paz de Asunción. Vamos a ir avanzando; la idea es poner a disposición esta herramienta, ya que para nosotros es muy importante que los jueces, las partes, los litigantes, los ciudadanos que litigan puedan acceder directamente, a través de la plataforma”.

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Ante cientos de fieles católicos se llevó a cabo en varias iglesias de nuestro país la misa del Domingo de Pascua o de resurrección. Igualmente en las homilías se criticó a la Justicia y a otros poderes del Estado.

Con la celebración eucarístistica de la Pascua, los cristianos recuerdan la resurrección de Jesucristo, quien fue colgado de un madero y resucitó al tercer día.

Gran cantidad de feligreses se pudo observar en la misa central de Pascuas de Caacupé. Se instó a seguir trabajando en la educación de todos los niños, adolescentes y jóvenes de la república.

Una de las costumbres más arraigadas en la cultura paraguaya es la celebración de la Pascua y de modo especial en muchas iglesias se realiza el tradicional Tupasy ñuguaiti, que traducido del guaraní se refiere a que la Madres (la Virgen María) ha encontrado a su hijo (Jesucristo).

Por su parte el obispo de Caacupé, Ricardo Valenzuela, en su homilía realizó una profunda reflexión de la resurrección de Jesucristo. Señaló que la fe en la resurrección “nos propone pasar de una situación de vida marcada por el pecado a otra situación de vida marcada por la intimidad, la confianza, la solidaridad, la caridad, la apertura a lo trascendente y a la esperanza”, indicó.

Asimismo, el religioso sostuvo que “nos ponemos más allá de la absurda muerte y de las miserias. La muerte ya deja de ser absurda, pero si lo es para alguien, entonces se nos propone, desde la fe más profunda, que Dios nos ha destinado a vivir con él. No es posible negar la dinámica de la resurrección, estamos llamados a vivir para siempre”, expresó.

Valenzuela manifestó que se debe construir un país nuevo con la participación de la ciudadanía y que las autoridades “deben y tienen la oportunidad de dar el nuevo horizonte a nuestro país”. Fue claro en señalar que “no habrá paz social con inequidades y sin justicia”, afirmo monseñor Ricardo Valenzuela en la misa central de Caacupé.