La fiscala Esmilda Álvarez, quien fue designada para investigar el nuevo video que apareció del crimen de Rodrigo Quintana, señaló que va a llamar a declarar a los que aparecen en las imágenes y que a simple vista se ve una posible alteración de la escena del crimen.
En una nota dada al canal GEN la fiscala dijo que hace dos días tiene la causa en su poder y ya ordenó varias diligencias como ser que le entreguen el video, también que se identifique a las personas que aparecen moviendo objetos de la escena del crimen, para ser llamadas a declarar en su momento.
En principio, la fiscala apuntó a que se investiga una alteración de una escena y eso se enmarcaría dentro del delito de frustración de la ejecución penal. Las personas que cometieron el hecho se exponen a una pena máxima de cinco años de cárcel, sin embargo, con el correr de las pesquisas podrían aparecer otros hechos unibles, aclaró la agente.
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La escena del crimen se ve que fue tocada y alterada antes de la llegada de los agentes del Ministerio Público dijo la fiscala y todo parece ser que hubo la comisión de uno o más delitos. También Álvarez señaló que esta investigación es totalmente paralela a la que se lleva por el hecho de homicidio y que ya está en etapa de ser elevada a juicio oral, sin embargo, remarcó que lo que resulte de su pesquisa podría influir en el caso principal.
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Fuente: Hoy
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Farsa de Abdo: sus aliados frenan desafuero que él pidió
Hace un año, el Ministerio Público, encabezado por Emiliano Rolón, requiere que el Senado despoje de sus fueros al expresidente de la República, Mario Abdo Benítez, con la finalidad de que enfrente a la justicia en el caso de filtración de datos financieros confidenciales manejados por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).
El pedido fue remitido por la jueza penal de garantías Cynthia Lovera el 14 de marzo del 2024 tras la admisión de la imputación fiscal por la revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.
Desde entonces, los aliados de Abdo Benítez impidieron que sea sometido a la justicia mediante diversas maniobras en el Legislativo. El pasado 12 de marzo, con bombos y platillos, el expresidente anunció mediante sus redes sociales oficiales que solicitaría su desafuero como senador vitalicio, al tiempo de arremeter contra el Ministerio Público y calificarla como una institución “sometida a un grupo de poder”.
Este anuncio al parecer fue parte de un show montado por Abdo Benítez y su entorno, ya que el requerimiento del órgano extrapoder continua pendiente de estudio en el pleno a raíz de las trabas impulsadas por los abdistas y aliados opositores que obstruyen la labor de la justicia.
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La artimaña dilatoria en busca de impunidad quedó totalmente evidenciada luego de su incomparecencia ante la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, instancia que por solicitud de sus leales, los legisladores Lilian Samaniego y Rafael Filizzola, optó por convocarlo el día de ayer, martes 1 de abril, para dar su versión de los hechos que se le atribuyen.
Sin embargo, terminaron acudiendo solo sus abogados Enrique Kronawetter y César Trapani, pese a que con anterioridad Mario Abdo había expresado su predisposición de aclarar su situación, colocando incluso su “cabeza a disposición”.
En medio de un show mediático, también había solicitado el cese de una supuesta persecución contra sus exministros Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Mauricio Espínola, Carmen Pereira, Daniel Alberto Farías, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene, con la intención de evitar que perciban la orfandad política de parte de su líder.
En la ocasión, los abogados no lograron refutar las pruebas en contra ni presentar argumentos sólidos que demuestren la inocencia de Marito y derriben las acusaciones de que en su gobierno se montó un esquema de persecución política y terrorismo de Estado contra sus adversarios.
No obstante, el bloque asesor por mayoría de sus miembros terminó aconsejando dar vía libre al desafuero del colorado disidente. La bancada del movimiento Honor Colorado acompaña el pedido de desafuero realizado por el propio Abdo Benítez y la Fiscalía.
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Turba de opositores no siguió protocolo para ingresar al Museo de la Justicia, señalan
La coordinadora del Museo de la Justicia, Rosa Palau, aclaró que el grupo de dirigentes opositores que ocasionó disturbios frente al Poder Judicial, con la finalidad de acceder a la explanada y al Museo de Justicia, no siguió el protocolo establecido para el ingreso, por ende, no contaba con una autorización oficial.
“Ellos no pidieron autorización para ingresar al museo. Habían presentado un nota el pasado 20 de marzo, indicando que querían reunirse y conversar para la entrega del expediente de la causa judicial Rodrigo Quintana y de esa manera dejarlo para su preservación en el museo”, indicó al programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Palau señaló que incluso solicitaron a una de las firmantes, de nombre Marlene Orué, acudir previamente hasta el museo con el fin de exponer sus pretensiones y coordinar acciones. “Nosotros no podemos recibir donaciones sin autorización de la Corte Suprema de Justicia. Todo el fondo documental del museo está declarado como patrimonio intangible de la humanidad”, explicó.
Asimismo acotó: “Esto no quita que no queramos en estos 35 años de democracia incorporar otras causas, pero las mismas deben estar finalizadas con sus últimas sentencias, tanto a nivel nacional como a nivel de Corte Interamericana. Pueden ser causas emblemáticas y ser materiales de consultas para los investigadores que visitan el museo. Nosotros no somos archivo”.
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Palau detalló que tras el encuentro con la dirigente opositora se le solicitó remitir una nota al presidente de la Corte Suprema de Justicia, César Diesel, argumentando las razones sobre sus pretensiones de querer incorporar el expediente de la causa judicial de Quintana al Museo de Justicia.
Agregó que ayer 31 de marzo, fecha en que acontecieron los incidentes, se marcó un encuentro entre el director del museo, José Agustín Fernández, los padres de Quintana y la dirigente Marlene Orué para las 10:00.
“Llegó la hora y ellos no se presentaron. No estábamos enterados que se armó una manifestación al frente. Dijeron que autoricé el ingreso, pero yo no puedo hacerlo. El mecanismo para el ingreso al museo es mediante un agendamiento, se llama por teléfono, se da una dirección electrónica y los visitantes remiten la lista de personas, el horario, fecha y hora”, contó.
Palau siguió argumentando que “esto se hace con el fin de brindar a los visitantes toda la seguridad y comodidad para realizar el recorrido. No estaba agendada la visita para el número de personas (dirigentes opositores), sí para los padres de Rodrigo y de la señorita Marlene”, dijo.
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Incidentes frente al Palacio de Justicia entre dirigentes liberales y policías
Un grupo de dirigentes liberales y referentes de otros sectores políticos que pretendió ingresar hasta la explanada y al museo del Poder Judicial ocasionó una escaramuza, empujones y agresiones debido a que los agentes se opusieron a que se ingrese al recinto judicial, atendiendo a disposiciones de seguridad del Palacio de Justicia. Fue en coincidencia con el octavo aniversario del fallecimiento del joven dirigente liberal Rodrigo Quintana.
Las personas se autoconvocaron desde las 10 de la mañana en la explanada del Poder Judicial de Sajonia, para realizar una representación teatral como también para hacer entrega del libro titulado 31M, a los responsables del Museo de la Justicia.
Sin embargo, este hecho no se pudo llevar a cabo porque las autoridades policiales informaron a las personas que existe una acordada de la Corte Suprema de Justicia, que prohíbe el acceso a manifestantes hasta la explanada de la sede judicial pero la obra teatral pueden hacerlo frente a la sede judicial.
Entre los que enfrentaron a los agentes del orden están el senador Rafael Filizzola, su esposa Desirée Masi, Luis Alberto Wagner, el diputado Raúl Benítez y el exdiputado Édgar Acosta, entre otros dirigentes.
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Juicio oral
Actualmente, el agente policial Gustavo Florentín está siendo juzgado por un tribunal de sentencia, por el homicidio del dirigente liberal Rodrigo Quintana.
Según la acusación del Ministerio Público, en fecha 1 de abril del 2017, siendo aproximadamente las 00:30, el oficial Gustavo Florentín Silva, junto con otros agentes policiales, ingresaron al Directorio del PLRA, abrieron la puerta de acceso del local de la sede partidaria, ocasión en que varias personas, empezaron a correr por el pasillo del local y fue en ese momento que el acusado, el primero en ingresar a la sede, realizó un disparo con su escopeta calibre 12 cuyo proyectil impactó en la humanidad de Quintana quien falleció en dicho sitio.
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Caso Pecci: Margareth Chacón busca revocar condena ante la CSJ de Colombia
Medios de prensa colombianos informaron que el Tribunal Superior de Cartagena remitió a la Corte Suprema de Justicia la demanda de casación presentada por la defensa de Margareth Chacón, condenada en segunda instancia por el crimen del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. La máxima instancia judicial es ahora la que deberá decidir si admite este trámite y revoca su condena o bien, si confirma la sentencia.
La Justicia colombiana había condenado a Chacón a 35 años de cárcel, luego que la Fiscalía general de la Nación de dicho país demostrara que fue la coordinadora logística y financiera del homicidio de Pecci. Ahora, la Sala Penal del Tribunal Superior de Cartagena hizo lugar al recurso extraordinario de casación que planteó la defensa de la mujer, procesada por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones.
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Esta acción de la Sala Penal se dio en respuesta a la demanda interpuesta por la sentencia del 27 de septiembre del 2024, que ratificada la condena interpuesta inicialmente el 15 de febrero del año pasado, por el juzgado Tercero Penal del circuito judicial de Cartagena. Luego de que se diera lectura al fallo en segunda instancia, dictado en enero de este año, la defensa presentó el recurso dentro del plazo legal.
La resolución expedida este 25 de marzo fue remitida a la Corte Suprema de Justicia de Colombia, que deberá decidir si admite el recurso y revoca la condena o bien, si confirma la sentencia, según medios colombianos.
Chacón es considerada como pieza clave en el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, al igual que su esposo Andrés Pérez Hoyos y su cuñado Ramón Pérez Hoyos. La mujer había sido sentenciada por su participación en el asesinato de Marcelo Pecci, el 10 de mayo de 2022 en Colombia, considerado su papel como fundamental en el atentado e incluso uno de los cerebros.
La procesada fue la única de los involucrados que no aceptó su culpabilidad en la causa, lo que sí hicieron los demás involucrados y lograron penas menos gravosas. En una de sus últimas declaraciones ante las autoridades, la mujer denunció supuestas torturas y maltratos en un búnker para declarar en contra de un expresidente, cuyo nombre nunca antes había escuchado.