El Ministerio de Justicia inicio un plan de separación de personas condenadas y procesadas en distintos establecimientos del sistema penitenciario. Este enfoque no solo garantiza el respeto a la presunción de inocencia y los derechos humanos de los procesados, sino que también promueve un ambiente más seguro y adecuado para ambos grupos, de acuerdo al informe de la cartera estatal.

La separación de personas condenadas y procesadas en el sistema penitenciario es un principio fundamental que se encuentra respaldado por normativas nacionales e internacionales. La implementación efectiva de esta separación es esencial para prevenir abusos y violaciones de derechos, así como para facilitar el acceso a programas de rehabilitación y tratamientos individualizados.

El plan de separación se inició en la Penitenciaría Regional de Emboscada “Padre Antonio de la Vega” y en la Penitenciaría Regional de Misiones y contó con el apoyo del Programa de Transformación Integral para Personas Privadas de Libertad (PTI).

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En el “Padre de la Vega” se procedió a la reubicación de más de 180 personas condenadas, exclusivamente en el pabellón E Alta, destinado para condenados. En la Penitenciaría Regional de Misiones fueron reubicadas 153 personas condenadas en el pabellón D Alta, especialmente designado para condenados.

Adicionalmente, el pabellón A Alta Admisión se asigna a las personas privadas de libertad que ingresan por primera vez, mientras que el pabellón D Baja también recibe a personas procesadas, en espera de su situación judicial. Esta separación tiene como propósito facilitar el manejo y supervisión de las PPL, según su situación jurídica y nivel de condena.

Este proceso de separación contribuirá a la mejora de las condiciones de detención y reflejará el compromiso del país con la protección de los derechos humanos. Este plan de trabajo tiene como meta abarcar todas las penitenciarías del país de manera progresiva.

El Programa Transformación Integral brinda su respaldo y cooperación a esta iniciativa con miras a expandir este plan a todas las cárceles del país, de manera a lograr un sistema penitenciario más organizado, seguro y de conformidad con los principios de derechos humanos y la legislación vigente.

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El veto de Brasil a la entrada de Venezuela a los BRICS fue la gota que rebosó el vaso, fracturando una relación histórica: Caracas denuncia una “agresión” mientras Brasilia habla de “ruptura de confianza” tras la cuestionada reelección de Nicolás Maduro, que no reconoce, pero tampoco condena. Y el futuro bilateral es “sombrío”, coinciden analistas.

Venezuela evitó pronunciarse públicamente sobre los llamados de Luiz Inácio Lula da Silva a una mayor transparencia en el escrutinio de la elección del 28 de julio, que la oposición tachó de fraudulenta al reivindicar una victoria; pero estalló tras la traba a sus aspiraciones a entrar al bloque.

Es “una agresión”, “un gesto hostil”, es “inexplicable e inmoral”, denunció un comunicado que no se dirige expresamente al mandatario izquierdista, sino solo a su cancillería. Venezuela insistía con que contaba con el “respaldo y apoyo de los países participantes en esta cumbre para la formalización de su ingreso” a los BRICS. Brasil fue la tranca.

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El veto respondió a una “ruptura de confianza”, dijo el excanciller y hoy asesor de Lula, Celso Amorim, en una entrevista al diario brasileño O Globo. Amorim indicó que Maduro prometió a Lula difundir el escrutinio detallado de la elección del 28 de julio. A la fecha, la autoridad electoral no lo ha publicado, como manda la ley.

“El abuso de confianza fue algo grave, nos dijeron una cosa y no se hizo. Venezuela rompió la confianza”, reafirmó Amorim. Lula fue un aliado histórico de la Venezuela chavista, primero del fallecido Hugo Chávez (1999-2013) y luego con su sucesor Maduro. Al volver al poder en 2023 celebró una “nueva época” en las relaciones bilaterales, rotas en el gobierno del derechista Jair Bolsonaro (2019-2023).

El presidente venezolano incluso visitó Brasilia entre bombos y platillos. “El futuro de la relación es bastante sombrío”, dijo a la AFP el experto en derecho internacional y diplomacia Mariano de Alba. “Es evidente que la relación va a seguir existiendo, aunque de forma muy limitada, porque no hay interés de ruptura total o aislamiento”.

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“Hay un distanciamiento, el gobierno venezolano ha acusado incluso al presidente Lula de repetir conductas que había hecho el expresidente Bolsonaro”, destacó por su parte el internacionalista Luis Daniel Álvarez, profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV).

La relación ya había recibido otro golpe en setiembre, cuando Caracas revocó la autorización otorgada a Brasil para representar a Argentina en el país y, en particular, para gestionar la residencia de su embajada, donde se refugian seis colaboradores de la líder opositora María Corina Machado desde marzo, esperando un salvoconducto para salir del país.

De Alba pronosticó “una relación entre dos vecinos con amplias diferencias que se entienden únicamente para lo mínimo e indispensable”. “Así será hasta que el gobierno venezolano esté dispuesto a hacer algunas concesiones importantes como otorgar el salvoconducto a los asilados en la embajada de Argentina”, añadió.

Para la inclusión de Venezuela a los BRICS era necesario el consenso, según el presidente ruso y aliado de Maduro, Vladimir Putin, que espera que la situación entre Caracas y Brasilia “se resuelva”. “Venezuela lucha por su independencia, por su soberanía. Consideramos que el presidente Maduro ganó las elecciones y las ganó honestamente y le deseamos éxito”, añadió Putin.

El gobernante ruso dijo además que los BRICS llegaron a un acuerdo sobre una lista para futuros países asociados, a quienes enviaron una oferta. “Una vez recibida una respuesta positiva, anunciaremos quiénes figuran en esta lista”, expresó.

Agobiada por una interminable crisis económica, Venezuela buscaba desde hace meses ser miembro activo de los BRICS. Maduro viajó a Kazán para reunirse con los socios del bloque también en búsqueda de inversiones para su país. El bloque se fundó en 2009 con cuatro miembros: Brasil, China, India y Rusia, y en 2010 se unió Sudáfrica. En 2024 se sumaron Etiopía, Irán, Egipto y Emiratos Árabes.

Fuente: AFP.

Este viernes, la mujer que fue víctima de abuso sexual en la ciudad de Luque reconoció a Aldo Steven Pereira como su presunto agresor, hecho ocurrido en mayo de este año. De esta forma, el presunto abusador del Parque Guasu suma dos denuncias en su contra, pero sigue prófugo.

Según el fiscal Silvio Alegre, esta tarde, la mencionada mujer que fue violentada sexualmente en el barrio Cañada Garay, también reconoció a Pereira como el hombre que la siguió durante la noche del 18 de mayo y abusó de ella, además, tomó sus pertenencias para luego dejarla a su suerte.

“Aldo Styven Pereira Saucedo fue identificado por la víctima del hecho que se investiga en mi unidad y que ocurrió en el mes de mayo en la ciudad de Luque, por esta razón se decretó su prisión preventiva por coacción sexual y robo”, detalló Alegre, en entrevista con C9N.

Agregó que la Fiscalía tiene bases y elementos suficientes para considerar a esta persona, cuya fotografía fue socializada en las últimas horas como agresor del Parque Guasu, sea la misma en el caso que investigan. “Si en los próximos días no tenemos novedades de su detención vamos a realizar la imputación y el pedido de declaración de rebeldía”, puntualizó.

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Ayer jueves, la Policía Nacional confirmó que se logró identificar al supuesto autor del abuso registrado en el Parque Guasu Metropolitano, donde resultó víctima una joven quien logró reconocerlo como el abusador y que sería Aldo Pereira, de 28 años, quien ya cuenta con orden de captura.

En el marco de las investigaciones ya se realizaron dos allanamientos, el primero, en la vivienda de los padres del buscado y el segundo en la casa de la pareja del sospechoso, esta última aseguró que el día en que ocurrió el abuso en el parque, Aldo llegó con lesiones en el rostro y una actitud muy sospechosa.

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• AFP.

Más de 4.000 personas fue­ron evacuadas de una zona inundada tras la ruptura el viernes de una represa en la región rusa de Oremburgo, en el sur de los Urales, anun­ciaron ayer sábado las autori­dades regionales. “4.208 per­sonas, entre ellas, 1.019 niños fueron evacuadas”, anunció en Telegram el servicio de prensa del gobernador regio­nal, Denis Pasler.

Pasler precisó que más de 2.500 casas resultaron inun­dadas en esta zona fronteriza con Kazajistán. Las personas evacuadas fueron enviadas a centros de alojamiento tem­porales, indicó en otro mensaje el gobernador Pasler, y añadió que se otorgarán ayudas finan­cieras excepcionales.

Las inundaciones se produje­ron al día siguiente de la rup­tura de una represa el vier­nes en Orsk, una ciudad en la frontera con Kazajistán, según explicó la Fiscalía regional a cargo del caso. La alcaldía de Orsk ya había recibido un aviso en marzo por una posible vul­neración de la legislación rela­tiva a la protección de la pobla­ción ante catástrofes de origen natural y humano.

Rusia abrió un caso penal por “negligencia y violación de las normas de seguridad en la construcción” de la represa, construida en 2014. Pasler detalló que los especialistas evaluaron que fue construida “para un peso diferente” y que el nivel de lluvia fue “excep­cional”.