“Con el celular y su uso constante están recibiendo mensajes de todo tipo y, lógicamente, los niños no están preparados para poder digerir ese pluralismo cultural”, señaló.

El sacerdote y educador Jesús Montero Tirado, colaborador en la parroquia Cristo Rey, dio su parecer sobre el supuesto caso de abuso sexual a un niño de 6 años en una insti­tución educativa privada de la ciudad de Lambaré. El reli­gioso habló desde el punto de vista moral y desde la fe.

“Abusar de una criatura siempre será delictivo por­que los niños deben ser res­petados porque son perso­nas; por su sensibilidad, por el impacto que tiene en ellos cualquier abuso, sea de tipo sexual o de otro tipo, desde el punto de vista espiritual esto no tiene nin­gún sentido, es una prepo­tencia y un abuso utilizar a una persona por parte de los que abusan para tener su placer, un egoísmo terri­ble”, manifestó Montero a La Nación.

Además, sostuvo que es un atro­pello a la dig­nidad del niño. Desde el punto de vista de la fe se aleja de lo que Cristo dijo, ya que para él, los niños son los primeros en el reino de Dios, merecen no solo todo el respeto, sino todo el amor que se les puede dar para que ellos crezcan sanos y bien formados. Sea por el derecho natural, dere­cho positivo o por la moral religiosa, ese tipo de actos no tiene ninguna viabilidad, es condenable desde todo punto de vista.

Para Montero, la comunidad educativa no existe, pero existen los miembros de la comunidad educativa que está definida en el artículo 11, inciso I. “Es una institu­ción, no un conjunto de per­sonas que se reúnen de vez en cuando o que coinciden en una misma misión, sino que debe ser una institución que tiene funciones y atri­buciones específicas extraordi­naria­ mente importantes que le dan la ley y la Constitución”, aseguró.

Argumentó también que el uso de las tecnologías en la crianza de los infantes y ado­lescentes interfiere en la for­mación y en la educación afectiva de los padres respecto a sus hijos. “Actualmente, con el celular y su uso cons­tante, están reci­biendo mensajes de todo tipo, de muchas culturas y, lógica­mente, los niños no están preparados para poder digerir ese pluralismo cultural y criteriológico con res­pecto a la ética, la moral; entonces, hay que reforzar la educación de la afec­tividad, dándole una dimensión mucho más profunda, más intensa, más frecuente de lo que se está haciendo”, explicó.

“La familia y la institución educativa tienen que revi­sarse para mejorar cuanti­tativa y cualitativamente. La educación de la asertivi­dad no se está dando, no se está haciendo en la medida que se necesita en un con­texto como en el que esta­mos viviendo, que se alude con las redes, con muchos contactos. Hay que tener en cuenta que los niños antes no recibían más mensajes ni más estímulos que los que le daban la familia y los que le daban la escuela o el cole­gio”, argumentó.

El padre indicó que el niño que sufrió el abuso requiere de un acompañamiento especial, orientándole y for­taleciéndole, animándole, etc. Mientras los que abu­saron al parecer son jóve­nes que utilizaron el poder, no respetan. “Estos chicos quiere decir que están des­equilibrados, que no tienen ni idea de lo que es un niño, para mí es terrible abusar. Siendo adolescentes, si a esa edad ya están con ese vicio y con ese atropello a una persona débil, abu­sando del poder que tienen sobre los niños, el acto de buscar placer usando a una criatura”, dijo.

Nuestro entrevistado manifestó que se abusó del poder y que se aprovecharon de la debilidad del niño. Para él, si este tipo de episodios realizan en su adolescencia los presuntos autores, se pregunta, ¿qué harán cuando lleguen a adultos? Ante esto, aconsejó que hay que reforzar y transformar verdaderamente la educación. Inquirió que la educación debe ser sólida, de manera que no haya nadie, ni adolescentes ni adultos, que puedan abusar de los pequeños.

“Desde el punto de vista moral, desde el ministerio, no solamente actual, desde que se promulgó la ley en 1998, ahora también el equipo de transformación está atropellando un montón de artículos de la Ley General de Educación y de la Constitución, hablo del caos jurídico y de la impunidad, 34 artículos de la Ley General de Educación que no se cumplen”.

Para Montero no se está sancionando nada de esto desde 1998, la educación actual no corresponde a lo que dictaminan los estamentos de la Constitución y la ley. La Ley General de Educación responde a lo que el consejo asesor de la reforma de entonces elaboró, el borrador de dichas leyes educativas lo escribió el sacerdote Jesús Montero junto al doctor Sapena Brugada y el doctor José Altamirano.

El ex juez de la Niñez y la Adolescencia y actual camarista de Encarnación Camilo Cantero manifestó que el Estado y el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) cumplen un rol muy importante en las denuncias de abuso sexual en niños. El profesional sostuvo que si se cumplía a rajatabla el protocolo, se podría haber tenido otro escenario del que actualmente se tiene.

“Es una situación aberrante donde se produjeron sinfines de equivocaciones que hoy están siendo investigados por los órganos pertinentes. No obstante, la perspectiva es la protección de la víctima del hecho. También, por otro lado, se les sindica como responsables a varios adolescentes que son sujetos de protección dentro del sistema normativo”, explicó el magistrado.

Agregó que el Ministerio de Educación debe estar abocado a una profunda tarea de control de la implementación de los protocolos pertinentes en las diferentes instituciones educativas de nuestro país sobre los diferentes hechos que se registran a diario en lo entes educativos.

“El garante de la educación es el Estado y el representante genuino del Estado es el Ministerio de Educación, y es por ello que es increíble que no se haya aplicado a rajatabla el protocolo cuando se produce una situación tan sensible como un caso de abuso y, a su vez, esta situación debe despertar la alarma de un docente y de las autoridades educativas, y es por eso que el MEC tiene mucho que construir todavía sobre este tipo de hechos”, concluyó el especialista.

Del mismo modo, el magistrado se refirió a la reacción de los padres de alumnos señalando que “obviamente la reacción de los padres es perfectamente atendible y natural por alta sensibilidad que se produce después del grave hecho y principalmente hay que seguir luchando para que este tipo de casos no vuelvan a suceder”.

Luego del escándalo desatado en un colegio privado de Lambaré, a través de redes sociales saltaron más denuncias similares como casos de bullying e incluso actos de abuso sexual que quedaron impunes sin la correspondiente sanción a los responsables.

Un padre, a través de redes sociales, expuso que una adolescente de 15 años fue agredida por sus compañeros de salón también de un colegio privado, pero que la institución no tomó cartas en el asunto y la víctima sigue conviviendo con sus agresores.

Algo similar también ocurrió en Alto Paraguay, donde una adolescente de 16 años, estudiante interna de un colegio-internado católico, fue manoseada por un chofer; se hizo la denuncia correspondiente en la Fiscalía, pero el agresor continúa libre. “Necesitamos castigos ejemplares en este tipo de hechos que marcan para toda la vida a nuestros niños y adolescentes”, manifestó la madre de la víctima.

El centro educativo de Lambaré, donde ocurrió el supuesto caso de abuso sexual, emitió un comunicado a los padres, en el que notifican la suspensión de las clases presenciales en la institución, con la excepción de los niños del nivel inicial.

El aviso manifiesta: “Distinguidos padres de familia, nos comunicamos con ustedes para informales que el Ministerio de Educación y Ciencias ha determinado la suspensión de clases presenciales por dos semanas, de 9 al 20 de mayo del 2022″.

Los padres de la institución se molestaron por esta determinación. Por otro lado, el caso prosigue el día de hoy con el segundo allanamiento a la institución y la declaración de las docentes detenidas, que serían la directora, la coordinadora y otra docente, presuntamente implicadas en el caso. Una comitiva de padres y de ciudadanos se autoconvocó esta mañana frente a la Fiscalía de Lambaré, donde las detenidas debían emitir sus declaraciones sobre el hecho.

El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), en el transcurso de la tarde, a través de la resolución Nº 268 ordenó la intervención del colegio privado en Lambaré, ante la denuncia de un supuesto caso de abuso sexual a un menor de edad. A la vez, la cartera faculta al Viceministerio de Educación Básica a conformar el equipo interventor.

Al respecto, el documento emitido refiere que el equipo tendrá las facultades necesarias para dictar medidas de urgencia en las dimensiones que sean pertinentes y articular los mecanismos necesarios tendientes a garantizar la continuidad del servicio educativo a los estudiantes de la institución en un entorno seguro.

Señala también que todas las disposiciones del equipo interventor serán de cumplimiento obligato­rio para la institución educativa. Finalmente, establece el plazo de 10 (diez) días hábiles prorrogables para la conclusión de la intervención, debiéndose elevar a la máxima autoridad ministerial los infor­mes correspondientes que contemplen la situación general, así como las medidas adoptadas en el marco de la presente intervención y las recomendaciones correspondientes.