• Por Jimmi Peralta
• Fotos: Archivo/Gentileza

Tras una serie de allanamientos realizados en varias localidades del país y material captado en las redes sociales, se puso al descubierto la existencia de una red que opera reclutando menores para cometer hechos delictivos como microtráfico y hasta asesinatos. En esta entrevista con La Nación/Nación Media, el sociólogo Carlos Peris analiza este flagelo desde la complejidad de factores que la constituyen en un escenario en el que predomina lo punitivo por sobre la prevención y las medidas socioeducativas.

Un video viralizado en Tiktok muestra un aparente festejo por el Día del Niño en una localidad del interior en el que aparece un estrecho pariente del líder del clan Rotela repartiendo golosinas a niños, tatuajes con simbología del grupo criminal y leyendas alusivas a la “lealtad”, e instrucción en el uso de armas a través de las redes son solo algunas muestras del largo catálogo compilado por la Policía tras una serie de procedimientos conjuntos y simultáneos realizados en varias partes del país.

El sociólogo Carlos Peris hace una dolorosa confirmación respecto al aumento del flagelo de la delincuencia juvenil. Aprovechando la vulnerabilidad socioeconómica y emocional de niños y adolescentes que viven en zonas carenciadas, grupos del crimen organizado reclutan a menores a través de regalos, ofreciendo sentido de pertenencia y promesas de mayor confort.

–¿Existe en la actualidad alguna base de datos que permita dimensionar el presente de la delincuencia juvenil?

–Sí. En Paraguay existen diversas bases de datos institucionales que registran hechos delictivos, incluyendo la participación de menores de edad, principalmente a través de la Policía Nacional (denuncias y detenciones), el Ministerio Público (causas penales), el Ministerio del Interior (estadísticas de seguridad ciudadana), el Sistema 911 (registro de llamadas y emergencias) y el Observatorio de la Corte Suprema de Justicia (datos judiciales). Estas fuentes incluyen variables como la edad de los involucrados, permitiendo analizar tendencias específicas relacionadas con menores. Sin embargo, el principal desafío radica en la fragmentación de estos datos entre instituciones, lo que dificulta obtener una visión integral del fenómeno delictivo juvenil y realizar análisis más comprehensivos. Lo ideal sería desarrollar una plataforma que integre la información de todas estas instituciones, facilitando tanto análisis cuantitativos como cualitativos más robustos sobre las tendencias y patrones de la delincuencia juvenil.

–¿Qué variaciones en edades y tipificación de delitos se pueden destacar como llamativas o preocupantes?

–Las tendencias más preocupantes en los últimos años revelan un descenso en la edad de inicio de actividades delictivas, observándose casos desde los 12-13 años, principalmente en delitos contra la propiedad y microtráfico de drogas. Particularmente alarmante es el aumento de la participación de adolescentes entre 14-16 años en delitos con violencia, como robos agravados y lesiones graves. Se detecta también un patrón emergente donde los menores son utilizados por grupos criminales organizados, aprovechando las diferencias en el tratamiento penal. En cuanto a la tipificación, se observa una evolución preocupante desde delitos menores hacia conductas más graves, con un incremento notable en el uso de armas y en delitos asociados a la tecnología, como estafas y extorsiones a través de redes sociales. Otro aspecto relevante es el aumento de la participación de mujeres adolescentes en actividades delictivas, especialmente en delitos relacionados con drogas, en las dinámicas del microtráfico, y hurtos.

–¿Cuáles son los delitos más comunes cometidos por menores?

–El análisis de la delincuencia juvenil muestra patrones distintivos que reflejan tanto la vulnerabilidad como las circunstancias sociales específicas de los menores. Los delitos contra la propiedad, particularmente hurtos y robos, predominan en el espectro delictivo juvenil, seguidos por incidentes de lesiones y alteraciones del orden público. Un fenómeno emergente preocupante es la creciente participación en el microtráfico de drogas, donde los menores suelen ser utilizados como eslabones más expuestos de cadenas delictivas más complejas. Es notable también el incremento de delitos asociados a la violencia situacional, como riñas y daños a la propiedad, que frecuentemente están vinculados a dinámicas grupales y territoriales.

–¿Qué tendencias se están observando en cuanto al empleo de menores en el mundo del delito?

–El reclutamiento de menores para actividades delictivas se ha convertido en una práctica sistemática que refleja una explotación criminal calculada. Las organizaciones criminales han desarrollado estrategias sofisticadas de captación, aprovechando la vulnerabilidad socioeconómica y emocional de los menores. Esta sistematización responde a una lógica criminal que explota las ventajas operativas y legales que representa utilizar menores: menor exposición penal, mayor facilidad para evadir controles policiales y la posibilidad de reemplazo continuo. Los motivos trascienden lo meramente operativo, ya que incluyen la creación de dependencia temprana hacia estructuras criminales, el aprovechamiento de la mayor disposición al riesgo característica de la adolescencia y la construcción de lealtades duraderas que garantizan la continuidad de las operaciones delictivas.

–¿Qué contextos estructurales podrían citarse como condicionantes o facilitadores para que los jóvenes terminen cometiendo delitos?

–La convergencia de factores estructurales en la delincuencia juvenil revela la complejidad del fenómeno. La precariedad económica actúa como telón de fondo, pero su influencia se materializa a través de la desintegración de instituciones sociales fundamentales. Los entornos familiares disfuncionales –marcados por la ausencia parental, violencia doméstica y carencias afectivas– generan vacíos que frecuentemente son llenados por referentes negativos. El fracaso del sistema educativo en retener y formar efectivamente a los jóvenes vulnerables, combinado con mercados laborales excluyentes y precarizados crean una sensación de futuro clausurado. Estos elementos interactúan en territorios donde la presencia estatal es débil y la criminalidad organizada ofrece modelos de éxito alternativo, generando un círculo vicioso de exclusión y transgresión.

–¿Cuál es la interpretación jurídica que asume el Estado cuando niños son forzados o invitados a cometer delitos por parte de adultos?

–La respuesta estatal ante la participación inducida de menores en actividades delictivas refleja una tensión entre los paradigmas de seguridad pública y protección integral. El marco jurídico reconoce una dualidad en el estatus del menor: como sujeto transgresor de la ley penal y simultáneamente como víctima de explotación criminal. Esta interpretación compleja se traduce en un abordaje que debe equilibrar la responsabilidad por el acto delictivo específico con la necesidad de protección y restauración de derechos vulnerados. Sin embargo, en la práctica la implementación de este enfoque dual enfrenta desafíos significativos, especialmente en la coordinación entre los sistemas de protección infantil y la justicia penal juvenil.

–Se afirma con frecuencia que la cárcel está llena de pobres. ¿Esa realidad se podría transpolar a la situación de jóvenes y adolescentes?

–La sobrerrepresentación de jóvenes de sectores vulnerables en el sistema penal juvenil revela una selectividad aún más aguda que en el sistema penal adulto. Esta realidad no solo refleja una mayor incidencia delictiva en contextos de pobreza, sino también la operación de mecanismos de control social diferenciado. Los adolescentes de sectores medios y altos, cuando incurren en conductas transgresoras, tienen mayores probabilidades de ser canalizados a través de sistemas informales de control o intervenciones privadas. El sistema institucional de justicia juvenil termina concentrando su actuación sobre los sectores más vulnerables, donde las conductas transgresoras son más visibles y las capacidades de defensa más limitadas, reproduciendo y profundizando las desigualdades sociales existentes.

–¿Qué opinión tiene sobre el planteamiento de bajar la edad de imputabilidad como forma de combatir este tipo de delitos?

–La propuesta de reducir la edad de imputabilidad penal representa una respuesta simplificadora ante un fenómeno complejo, impulsada más por demandas de seguridad inmediata que por evidencia criminológica. Este enfoque ignora la abundante evidencia internacional que demuestra efectos contraproducentes: mayor reincidencia, consolidación de carreras criminales y obstaculización de posibilidades de rehabilitación. Un sistema penal adulto, con su énfasis punitivo y su limitada capacidad rehabilitadora, resulta particularmente inadecuado para abordar la delincuencia juvenil. La experiencia comparada sugiere que los países con mejores resultados son aquellos que han fortalecido sus sistemas especializados de justicia juvenil, manteniendo el enfoque socioeducativo mientras mejoran sus capacidades de intervención efectiva.

–¿Qué medidas de prevención de comisión de delitos por parte de adolescentes podría plantear el Estado para reducir los casos?

–En Paraguay la prevención efectiva requiere un rediseño integral de las políticas públicas existentes. El programa Abrazo, aunque valioso, necesita expandirse más allá de la prevención del trabajo infantil para abordar factores de riesgo delictivo. Es crucial fortalecer el sistema educativo, especialmente en zonas vulnerables, implementando programas de doble escolaridad que mantengan a los adolescentes en ambientes estructurados. El Minna (Ministerio de la Niñez) debería coordinar con gobiernos locales para establecer centros comunitarios que ofrezcan formación técnica, actividades deportivas y apoyo psicosocial. La experiencia en barrios como Chacarita o Bañado Sur demuestra que la intervención temprana en familias en riesgo, combinada con oportunidades laborales para jóvenes, puede reducir significativamente la incidencia delictiva. Es fundamental también fortalecer los programas de prevención del consumo de drogas y crear unidades especializadas de policía comunitaria enfocadas en la juventud.

–¿Cuál es el grado de reincidencia de los menores?

–En Paraguay la medición precisa de la reincidencia juvenil enfrenta obstáculos por la fragmentación de datos entre instituciones y la falta de seguimiento sistemático posmedidas. Sin embargo, los datos disponibles del Centro Educativo de Itauguá indican patrones preocupantes: aproximadamente un 40 % de los adolescentes que cumple medidas privativas de libertad vuelve a tener contacto con el sistema penal. La reincidencia varía significativamente según el tipo de intervención recibida: los programas de libertad asistida bien ejecutados muestran tasas de reincidencia menores al 25 %, mientras que la simple privación de libertad sin programas de rehabilitación puede elevar la reincidencia por encima del 60 %. Estos números evidencian la urgente necesidad de fortalecer los programas de reinserción y el seguimiento de las posmedidas.