Este 12 de junio se cumplen 89 años de la firma del Protocolo de la Paz del Chaco. Si bien significó la culminación del enfrentamiento bélico entre ambos países, no fue el fin de las controversias que existían hacía más de 60 años en torno a la cuestión territorial.

• Por Elvio Venega
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Llegar a la suscrip­ción del citado Pro­tocolo, en 1935, signi­ficó arduas negociaciones en el curso de una extenuante guerra entre dos pueblos que no se conocían muy bien y que no tenían el odio como fun­damento de su pugna por el inhóspito territorio.

Desde el inicio de las prime­ras reyertas, como el inci­dente de Fortín Vanguardia en 1928, y otras “provoca­ciones” como la fundación de fortines bolivianos (Sor­presa, Tinfunqué, Alihuatá, Arce y Cuatro vientos al sur, y al norte Paredes, Pando, Vitriones y Vanguardia), varios fueron los empeños para resolver las diferencias y no ir a la guerra.

En diciembre de 1928, tro­pas paraguayas atacaron y destruyeron el citado fortín boliviano en las cercanías de Bahía Negra. Aquello no derivó entonces en una gue­rra abierta, pero provocó la ruptura de relaciones diplo­máticas. En represalia, Boli­via ordenó ocupar y retener para sí el fortín Boquerón, ubicado en el centro del terri­torio chaqueño. Ante dicha situación se buscó rápida­mente mecanismos de solu­ción pacífica.

Coincidentemente, en ese año había comenzado a sesionar en Washington la Conferen­cia Americana de Concilia­ción y Arbitraje con repre­sentantes de Colombia, Cuba, Estados Unidos, México y Uruguay. Dicha conferencia se ofreció a interceder en el impasse. Con la aceptación de los países involucrados se nombró una comisión, que se conoció luego como Comi­sión de Neutrales, integrada por representantes de cinco países no limítrofes con las partes en pugna: EE. UU., Colombia, Cuba, México y Uruguay, que pudieron en ese momento evitar el esta­llido de la guerra.

En 1929, la Comisión de Neu­trales de Washington dispuso la reconstrucción del fortín Vanguardia por el lado de Paraguay y a Bolivia devol­ver el fortín Boquerón. Se res­tablecieron además las rela­ciones diplomáticas. Pero la tranquilidad y la tregua dura­rían muy poco, pues entre los años 1929 a 1931 se repitieron varios choques e incidentes aislados, dándose nueva­mente el 2 de julio de 1931 la ruptura de relaciones diplo­máticas.

En octubre del mismo año, el presidente José P. Guggiari, después de haber aceptado la invitación para estudiar un pacto de no agresión con Boli­via, constituye una comisión integrada por el doctor Juan José Soler, César A. Vascon­cellos y Pablo Max Insfrán. Los dos primeros designa­dos tuvieron el carácter de plenipotenciarios en misión especial y el último como con­sejero. La Comisión de Neu­trales propuso terminar las hostilidades y someter sus disputas a un arbitraje cuyos términos permitirían solucio­nar el conflicto.

El asalto al fortín paraguayo Carlos Antonio López, el 15 de junio de 1932, desencadenó finalmente la guerra. Varias notas fueron remitidas por la Comisión a las partes a fin de no avanzar en actos hostiles, pero dichos esfuerzos fueron infructuosos y no prosperó la gestión pacificadora. Bolivia estaba decidida a llevar ade­lante acciones militares aban­donando las gestiones diplo­máticas.

Aquello fue confirmado por el cablegrama del canciller boliviano, Julio A. Gutiérrez, remitido el 1 de agosto de 1932 al secretario de Estado nor­teamericano, Henry Stimson, en el que al acusar recibo de las notas que los represen­tantes neutrales habían diri­gido a Bolivia preguntándole si estarían dispuestos a acep­tar una investigación de las hostilidades en el Chaco, la respuesta fue que no le inte­resaban “acontecimientos e investigaciones que no defi­nan cuestión fundamental”.

En vistas de que la tensión no disminuía, sino que aumen­taba, y no se avizoraban caminos prácticos para evi­tar que el conflicto siguiera, la Comisión pidió el apoyo de las naciones americanas. Es así que, en agosto de 1932, en Washington, salió a luz pública la “Declaración del 3 de agosto”, firmada por los representantes de todas las repúblicas americanas y diri­gida a los dos países enfren­tados. En dicha declaración se instaba a que la disputa del Chaco debía someterse a una solución pacífica y se pedía encarecidamente a Paraguay y Bolivia que sometan inme­diatamente “la controversia a un arreglo por arbitraje u otro medio amistoso que fuere aceptable para ambos”.

La citada declaración obtiene la adhesión del Paraguay, no así de Bolivia, señalando en su respuesta a los neutrales (5 de agosto de 1932) que, si bien “recibe con entusiasmo la doctrina que se inicia en América de que la fuerza no da derechos”, argumentaban que dicha doctrina no les alcanza. A pesar de la relativa voluntad boliviana de buscar una solu­ción mediadora, la Comisión de Neutrales no se dio por ven­cida. Insistió en sus gestiones.

El 15 de diciembre de 1932, se reúne para hacer un último esfuerzo proponiendo a ambas naciones un plan para que autoricen a sus represen­tantes en Washington a for­mular y firmar de inmediato un convenio que estipule la suspensión de las hostilida­des en un plazo de cuarenta y ocho horas, que luego debía ser ratificado de acuerdo con el derecho interno de cada país. Dicho convenio contenía 15 puntos y proponía diversos aspectos acerca del retiro de las tropas y las cuestiones del proceso de negociación y defi­nición de límites.

Luego de considerar no con­veniente la propuesta de la Comisión de Neutrales, el 20 de diciembre de 1932 el dele­gado paraguayo doctor Soler, tras una destacada actuación, recibe las instrucciones de abandonar dicha comisión.

Por su parte, la Sociedad de Naciones apoyó la propuesta e instó, mediante cablegra­mas dirigidos a las cancille­rías de Asunción y La Paz, a “aceptar aquellas propo­siciones”. Bolivia tomó con cierta “indiferencia” y “des­gano” dicha nota, declarando que “el gobierno… se halla en la mejor disposición de espí­ritu para afrontar soluciones que consulten el derecho y la justicia que le asisten”, mien­tras que el Paraguay estimó “no satisfactorias ni justas las bases propuestas”.

Ante la inquietante situa­ción entre ambas repúblicas, se sucedieron otros inten­tos de mediación como, por ejemplo, la declaración emi­tida el 6 de agosto de 1932 por los gobiernos de Argen­tina, Brasil, Chile y Perú en la cual invitaban a los países a “realizar un sumo esfuerzo de concordia deponiendo la actitud bélica, paralizando toda movilización y evitando la prolongación de la guerra”.

La Sociedad de Naciones, a fines de 1932, expresó su preocupación por las accio­nes militares en el Chaco “y auscultó el criterio de que los países involucrados pusie­ran término a la contienda bélica”. En ese contexto anunció el envío de una comi­sión investigadora.

Por su lado, Argentina y Chile también buscaron avanzar hacia una solución a través de una reunión de canci­lleres, que se desarrolló los días 1 y 2 de febrero de 1933 en la ciudad de Mendoza. Dicho encuentro, encabe­zado por los ministros de Relaciones Exteriores, doc­tor Carlos Saavedra Lamas (Argentina) y don Miguel Cruchaga Tocornal (Chile), tuvo como finalidad impul­sar “un nuevo esfuerzo para poner término al lamentable estado de cosas existentes en el Chaco Boreal”.

El acta de esa reunión fue puesta a consideración de las partes en conflicto y de la Comisión de Neutrales. Tanto Paraguay como Boli­via pusieron reparos a varios puntos del texto y la inicia­tiva nuevamente fracasó. A pesar de ello, continuaron las gestiones pacificadoras de Argentina, Brasil, Chile y Perú, al igual que la Liga de Naciones.

En el largo camino hacia la paz fue también significativa la gestión de Brasil. El escena­rio de un nuevo esfuerzo fue la ciudad de Río de Janeiro el 7 de octubre de 1933, cuando el presidente argentino, Agustín Pedro Justo, visitó a su par brasileño, Getulio Var­gas. En la ocasión, además de la firma de varios convenios bilaterales, se concretó, a ini­ciativa del entonces canciller argentino, Carlos Saavedra Lamas, un pacto antibélico orientado a la paz mundial y en particular para la paz en el Chaco. En la oportunidad, se exhortaron a los presidentes del Paraguay y Bolivia a “rea­lizar un supremo esfuerzo y restablecer en todo el conti­nente el concepto uniforme de la paz”.

Mientras tanto, en Europa, unos días antes, el 1 de octu­bre de 1933, la Sociedad de Naciones había retomado las gestiones sobre el con­flicto del Chaco designando una comisión de encuesta con la misión de viajar al lugar de los acontecimientos. La comisión fue integrada por el conde Luigi Androvandi, de Italia; el embajador Julio Álvarez del Vayo, de España; el general de División Henry Freydembarg, de Francia; el comandante Raúl Rivera Flandes, de México, y el gene­ral de Brigada Alexander Roberts, de Inglaterra, quie­nes partieron de Europa hacia América del Sur el 18 de octu­bre del mismo año. La delega­ción se instaló en Montevideo y desde allí llegó luego al Para­guay y a Bolivia.

En coincidencia con la visita de la comisión de encuesta, se reunió en Montevideo la VII Conferencia Panamericana y, como es lógico, se hizo tam­bién eco del conflicto entre Bolivia y Paraguay. A moción del secretario de Estado de EE. UU., Cordel Hull, el 26 de diciembre de 1933, día del cierre de la conferencia, se aprobó por aclamación una resolución en la que, entre otros puntos, se instó a las partes beligerantes a “cesar la lucha sin menoscabo de su propio prestigio…” con ruego a que los dirigentes y los ciu­dadanos de ambas naciones “acepten los procedimien­tos jurídicos para la solución del diferendo, tal como se viene recomendando inva­riablemente por la Comisión de la Liga de Naciones...”. La gestión de la VII Conferen­cia Panamericana tampoco prosperó. No obstante, la Liga de las Naciones siguió en su empeño de poner fin al estado de guerra. A tal efecto presentó a ambas naciones un proyecto de tratado basado en la “Declaración del 3 de agosto de 1933″, planteando básica­mente que “las hostilidades cesarán 24 horas después de entrada en vigor el presente tratado” y en las 24 horas siguientes que ambos ejérci­tos comiencen a evacuar sus posiciones, el boliviano por Villamontes y Roboré, y el paraguayo por el río Paraguay.

El texto fue puesto a conside­ración de los dos países por la Comisión de la Sociedad de Naciones, el 9 de mayo de 1934. Las tratativas de paz continuaron a lo largo de ese año hasta que en 1935 se encontró una fórmula que satisfizo a las partes en pugna.

Argentina había puesto a con­sideración de la Comisión de la Liga la predisposición de “cooperar afanosamente” con la labor pacifista de dicho organismo. A mediados de marzo de ese año, las gestio­nes pacificadoras, principal­mente de Argentina y Chile, condujeron a la paz, que se concretó unos meses después, el 12 de junio.

Las negociaciones se desarro­llaron en Buenos Aires, con intensas gestiones de media­dores internacionales. Los representantes de los paí­ses neutrales lograron que los delegados de Paraguay y Bolivia se avinieran a firmar un acuerdo que establecía una serie de compromisos con el fin de asegurar una paz dura­dera por medio de un futuro tratado, que se concretó más tarde, el 21 de julio de 1938.

El texto final expresa en parte: “En Buenos Aires, a los doce días del mes de junio del año mil novecientos treinta y cinco, reunidos en el Minis­terio de Relaciones Exterio­res y Culto de la República Argentina, los excelentísimos señores, doctor Luis A. Riart, ministro de Relaciones Exte­riores del Paraguay; el doctor Tomás Manuel Elío, ministro de Relaciones Exteriores de la República de Bolivia, con asistencia de los miembros que forman la Comisión de Mediación constituida para promover la solución del con­flicto existente entre la Repú­blica del Paraguay y la Repú­blica de Bolivia…”, pasando a citar luego a los integrantes de la Comisión de Mediación.

Después de largas y arduas negociaciones se había logrado un acuerdo que se constituyó en un sólido pedestal de paz definitiva y duradera.