La sociedad tiene derecho a saber y quiere saber. Los periodistas vamos por ello. Pero la mentira y el ocultamiento complejizan nuestro trabajo. Contar historias es peligroso.

• Por Ricardo Rivas
• Periodista X: @RtrivasRivas
• Fotos: Gentileza / AFP

Cada día con mayor insistencia coinci­dentes analistas con­sideran que “nuevamente” la humanidad se acerca peligro­samente a la guerra. De hecho, en la Unión Europea (UE) se teme que el conflicto entre Rusia y Ucrania, en el norte europeo, pudiera ampliarse e involucrar a otros países. Angustia social.

Los mismos miedos emergen en Oriente Medio, donde las acciones violentas entre el grupo terrorista Hamás e Israel hacen temer lo peor. La dignidad humana vuelve a ser vulnerada. Por los unos, por los otros y hasta por los nadie que descreen de esa condi­ción, no la reconocen ni pare­cen tenerla. ¿Sus nombres? Para qué reiterarlos. Bien que los sabemos. Así estamos. Y tememos. ¡Grave!

La sociedad tiene derecho a saber y quiere saber. Los periodistas vamos por ello. Pero la mentira y el oculta­miento complejizan nuestro trabajo. Contar historias es peligroso. “La prensa está bajo fuego”, denuncia una y otra vez en donde se encuentre Guil­herme Canela, jefe de Liber­tad de Expresión y Seguridad de los Periodistas de la Unesco.

“La vida no vale nada cuando otros se están matando”, canta Pablo Milanés acongojado. Millones queremos saber. Por nosotros y los otros. Somos periodistas. Tenemos que hacerlo. Tenemos que saber para hacer saber. La búsqueda de información se hace en cada instante más compleja. “El arte del engaño”, como Sun Tzu llamaba a la guerra, dina­mita la verdad.

La política y los mercados la ocultan y amordazan a quienes pueden querer con­tar. Incluso con “acuerdos de confidencialidad” para clausurar filtraciones infor­mativas. Pero, pese a todo, tenemos que informarnos para informar. Pero no nos quieren responder o mienten cuando lo hacen. Desde siempre ha sido, es y será así el complejo trabajo de procurar ese dato para que todos sepan. Es un derecho de todos.

“La vida no vale nada si escu­cho un grito mortal / Y no es capaz de tocar mi cora­zón que se apaga”. No calles, Pablo. ¿La mentira estruc­tural capilariza en las insti­tuciones? Tal vez. O, por lo menos, sé que existen quienes lo intentan o lo recomiendan. Y hasta cobran honorarios por el (des)honor de hacerlo. Los ejércitos se rediseñan para operar la desinforma­ción. Ya casi no quedan fuer­zas en la sacudida aldea global sin organizar –como armas– secciones, compañías, bata­llones o la estructura que fuere para lo que eufemísti­camente llaman ciberguerra, para la ciberdefensa, para la ciberseguridad.

¿Serán tiempos de todo vale? Si no lo son, se parecen mucho. Hasta Pantaleón Pantoja, aquel tan oscuro como intras­cendente capitán del Ejército peruano de ficción, que magis­tralmente creó Mario Vargas Llosa en 1973, es largamente superado en el mundo real por una minúscula élite de podero­sos adictos a la perversión, a la mentira y al engaño.

“La vida no vale nada si ignoro que el asesino / Cogió por otro camino y prepara otra celada”. ¿Juglares o perio­distas? Periodistas… y jugla­res. Como en la Edad Media, aunque en tiempos digitales. Ese es nuestro trabajo.

Sospecho que tal vez (¿o segu­ramente?) Gruneisen, Honan, Walton, Gueroult, Didier, Höfken o Loring, correspon­sales de periódicos alemanes, ingleses, franceses de los que muy poco se conoce o sabe, que cubrieron en España la Pri­mera Guerra Carlista entre 1833 y 1840; o acaso el mismí­simo William Howard Rus­sell, el primero de los corres­ponsales de guerra reconocido por la historia que en 1854 fue enviado por The Times para cubrir las acciones bélicas en Crimea, habrán tenido y pade­cido las mismas dificultades, las mismas dudas y los mis­mos engaños para acercarse a la verdad cuando quisieron informarse para informar.

Los trabajadores de prensa, como también se nos llama, tenemos claras las dificulta­des y riesgos de hacer público lo que desde el poder se pretende ocultar. La humanidad –a la luz de la historia– pareciera que en algunas cosas se repite. ¿Atra­pados en la banda de Möbius? ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo se deben proteger valo­res sociales como la libertad de expresión, el acceso a la información –claros derechos humanos, de todos y todas, no solo de periodistas y comuni­cadores– en un Estado demo­crático de derecho?

Allá por 1994, en el siglo pasado, en un texto de Niceto Blázquez titulado “Ética y medios de comunicación”, leí que “el periodismo es impor­tante como registro histórico, como expresión de la sociedad, como desarrollo del conoci­miento y porque fundamenta la libertad de personas y de sociedades”. El autor sostiene también que “el periodismo aporta elementos que, a pesar de sus limitaciones en exacti­tud, en análisis o en enfoque, contribuyen a la conservación de la memoria colectiva”.

Y, más adelante, destaca que “la más conocida razón de la importancia del periodismo es que, al servir como canal de expresión de la sociedad, impulsa cambios en la histo­ria” porque “cada una de sus informaciones tiene un poten­cial de cambio que, al acti­varse, le imprime una diná­mica de desarrollo a la vida social” y, desde esa perspec­tiva, acuerda con el maestro Gabriel García Márquez en que “lo mejor de la actividad periodística” se encuentra en “la posibilidad de cambiar algo todos los días”.

Así entonces enfatiza que “la sociedad necesita del perio­dismo tanto como el cuerpo humano de sus órganos de los sentidos”; precisa que “contribuye al desarrollo del conocimiento de la rea­lidad” y resalta que ninguna “sociedad puede ser libre si no conoce la realidad de lo que sucede” porque, si no fuera así, “cuando no hay ese cono­cimiento, sociedades e indivi­duos son manipulables”.

El 22 de setiembre de 2016, con las palabras de Blázquez, la Fundación Gabo, en su “Con­sultorio ético”, consignó “¿Por qué es importante el perio­dismo?”. Claramente, Bláz­quez, al igual que otros pen­sadores que en algunos casos son periodistas, aportó clari­dad al oficio de informar en tiempos que –tal vez como en la actual contemporaneidad– evidencian que la sociedad en su conjunto es protagonista de un cambio epocal percep­tible en innumerables prácti­cas sociales primero y profesionales después.

Es tan necesario como urgente enfrentar la “desinfodemia” que aparece como indeteni­ble. Periodistas y sociedad civil debemos asumir con con­vicción profunda que la liber­tad de expresión es la herra­mienta imprescindible para demandar derechos consoli­dados y construir nuevos valo­res sociales que claramente necesitan protección.

Sin esa convicción, ¿cómo saber lo que debemos saber? ¿Cómo informarnos para informar? ¿Cómo llegar a ese dato al que no todos podemos llegar y es de clarísimo interés social? ¿Con qué herramien­tas contamos para verificarlo, contrastarlo y, tal vez, publi­car? ¿Está la información al alcance de todos? ¿Hay simé­trica posibilidad de acceso a la información? ¿Hay quie­nes tienen más acceso que otros para informarse y ope­rar sobre la realidad o intentar construirla? ¿Cómo operan los dispositivos tecnológicos para resolver interrogantes como los planteados que lo son desde siempre en la historia del devenir humano porque son transversales a toda prác­tica y sector? ¿Siempre es así? ¿Cómo negarlo o aseverarlo?

Estamos frente a un dilema que pone en tensión varios conceptos desde la perspec­tiva de la sociedad civil res­pecto de múltiples polos de poder. A modo de ejemplo, pienso en el cambio climá­tico que enfrenta dos pro­posiciones concretas a la vez que enfrentadas. “Es innega­ble que al medio ambiente lo afecta en particular la pro­ducción y quema de combus­tibles fósiles que producen efecto invernadero”, dicen unos. Los otros, los negacio­nistas, sostienen que se trata de “un proceso natural cíclico con consecuencias mínimas”.

Con ese marco los líderes pla­netarios debaten para encon­trar un camino. ¿Con qué ins­trumento? Con la Convención Marco de Naciones Unidas contra el Cambio Climático (CMNUCC, por su sigla en inglés) cuyos integrantes, en diciembre pasado, se reunie­ron en Dubái para participar de la Conferencia de Partes (COP) y abordar el conflicto. El debate fue intenso. Los enfrentamientos también.

Sin embargo, Antonio Gute­rres, secretario general de la Organización de las Nacio­nes Unidas (ONU), el 13 de diciembre, cuando la con­ferencia hubo finalizado, fue claro y contundente: “A aquellos que se opusieron a (consignar) una referencia clara a la eliminación pro­gresiva de los combustibles fósiles en el texto (final) de la COP28, quiero decirles que la eliminación progre­siva de los combustibles fósi­les es inevitable, les guste o no”. Guterres luego concluyó esperanzado su breve ponen­cia. “Esperemos que no lle­gue demasiado tarde”.

¿Qué pasará? La sociedad global tiene derecho a recibir información de calidad sobre la tragedia en ciernes. Con cada tormenta inusual, con cada sequía, con cada inun­dación, con cada incendio de bosques, con un terremoto en Nueva York, con cada fenó­meno meteorológico como el que se abatió justamente sobre Dubái el martes pasado, afectada en forma directa o no, la sociedad civil quiere saber. Quiere tener certezas. Pero no lo consigue. Siente que algo grave pasa, que no consi­gue saber qué y crece la con­vicción de que “algo muy grave pasa y no nos dicen”. A través de periodistas, sistemas de medios o en las redes busca, pero no satisface la demanda.

“La información precisa y accesible al público es fun­damental (…) en un Estado democrático de derecho”, sostuvo el Premio Nobel de Economía 2001, Joseph Sti­glitz, en el Club Nacional de la Prensa (NPC, por su sigla en inglés) en Washington DC, la capital de los Estados Uni­dos. Era casi el mediodía del martes último.

Los periodistas profesionales quieren saber cómo pararse frente a la desinformación y cómo informar con calidad para que todos y todas sepan sin categorizaciones. Algunos colegas tomaban café, aun­que lo seguían con atención. El académico tiene la convic­ción de que “el periodismo de calidad es un bien público”.

Sabe también que –como lo reporta la Unesco en el informe de Tendencias Mun­diales de 2021/2022– “el periodismo enfrenta muchas dificultades”. Comparte ese parecer y lo expresa. Execo­nomista jefe del Banco Mun­dial, Stiglitz, académico en la Universidad de Columbia, considera que “la pérdida de confianza en el periodismo” por parte de la sociedad civil es “consecuencia del aumento de la desinformación (en general) y en línea”.

En los últimos tiempos el cate­drático aboga por crear políti­cas públicas que mitiguen los “daños sociales” que tal vez emergen de los desarrollos tecnológicos. “El individuo (ciudadano) puede (y tiene el derecho de) informarse sobre lo que el Gobierno está haciendo y/o lo que debería estar haciendo. Los economis­tas a esa búsqueda (de infor­mación) la consideramos (y llamamos) de ‘bien público’ porque beneficia a la socie­dad en su conjunto y, por ello, nadie puede ser excluido de acceder a ello”, remarca.

Desde varias décadas estu­dia los fenómenos vincula­dos con la comunicación. De hecho, fue galardonado con el Nobel junto con sus colegas George Akerlof, de la Univer­sidad de California, y Michael Spence, de la de Stanford, por el impacto en los mercados de “la información asimétrica”.

La economía –quién puede dudarlo– es claramente una ciencia social. Stiglitz asigna valor estratégico a la informa­ción. Aboga por medios inde­pendientes como propone la Agenda 2030 de Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS) en la meta 10 del ODS 16. “Los medios independientes pue­den ser el resultado, más que la causa, de una democracia sólida, el desarrollo (sosteni­ble) y los derechos humanos”, resalta el profesor Stiglitz, quien entiende que “existe una correlación positiva entre el periodismo de calidad” y la solidez democrática.

No se puede tapar el sol con un dedo, afirma el dicho popular. “La comunicación es un elemento central en la vida social. Sea que se trate de la vida cotidiana, las orga­nizaciones, el activismo, el periodismo, la política, o las corporaciones mediáti­cas y tecnológicas globales”, destacó, por su parte, unos pocos meses atrás el Consejo Mexicano de Ciencias Socia­les (Comecso), que se reúne anualmente desde 1990.

En ese contexto –como Sti­glitz– señala que “la comuni­cación (social) se desarrolla en escenarios asimétricos” y advierte que “las concen­traciones de poder de cual­quier tipo provocan des­equilibrios en los procesos, contextos, medios, actores y prácticas de la comunica­ción”. Describe Comecso que las “asimetrías (en la comu­nicación) son multidimensio­nales, pues están atravesadas por la diversidad de género, etnicidad, nivel socioeconó­mico, región, entre otras” y, por ello, “abren problemáticas amplias, que van desde la falta de acceso a los medios y tecno­logías para comunicarse, o las representaciones mediáticas injustas (…) o las opacidades en asuntos como la gestión de los datos digitales”.

Los académicos mexicanos puntualizan que las “asime­trías en distintos escena­rios de la comunicación (que mencionan) atentan contra la democracia y afectan la toma de decisiones orienta­das al bien común, en el con­texto de crisis ambientales, sanitarias, políticas, sociales, educativas, culturales, cien­tíficas y económicas” y, con ese diagnóstico, proponen “el diseño y ejecución de políti­cas públicas” para asumir “el reto del consenso, la ética y los derechos humanos”.

Percibo coincidencias sustan­ciales entre las observaciones y los estudios realizados por el profesor Stigliz y la Comecso, al igual que en las preocupa­ciones. En ambos trabajos de investigación se reivindica –como premisa esencial– el pleno respeto de los dere­chos humanos. Se apoyan en la Declaración Universal que los consagra desde 75 años. Sin espacio para la confusión –más allá de múltiples inter­pretaciones sobre casos pun­tuales– ese documento de soft law no solo consagra el “dere­cho a la libertad de opinión y de expresión”, sino que pre­cisa que ello “incluye” tam­bién la potestad “de investi­gar y recibir informaciones y opiniones” como así también “difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

Para que ello sea posible, el profesor Joseph Stiglitz, en el NPC, apuesta a “crear un entorno robusto y salu­dable para el periodismo” como está previsto en la Declaración de Windhoek de 1993, “que establece que la prensa libre es fun­damental para la democra­cia y un derecho humano”.

Propone “crear un entorno propicio para el periodismo profesional, (lo que) implica desarrollar regímenes lega­les que apoyan la libre expre­sión, como el derecho a con­tar. Destaca que para que el periodismo “pueda hacer su trabajo, necesita tener acceso a la información para poder ejercer el derecho a saber” para que otros sepan. Si bien luego consigna que “la mayoría de los medios de comunicación en las demo­cracias son privados”, pre­cisa que “hay evidencia (de) que (la existencia) medios de comunicación públicos fuertes mejoran la calidad y la confianza en los medios privados”.

Sin embargo, como problema puntualiza que “la mayoría de los países no los tienen”; que en otros se verifica “una enorme concentración de medios” y, en ese contexto, taxativamente opina en tono de advertencia que así como esos sistemas estatales con baja calidad democrática no son recomendables, “el poder del mercado socava la diversidad”.