Actores principales en la defensa de los derechos humanos comentan en esta página qué puede pasar a partir de la condena a Eusebio Torres Romero por torturas durante la dictadura. Hay todavía dos decenas de casos que se podrían elevar a juicio oral. Otros 60 están para ser analizados por el Ministerio Público. El reclamo de memoria, verdad y justicia renace en estos días y siempre.

• Por Jorge Zárate
• jorge.zarate@nacionmedia.com
• Fotos AFP / Archivo / Alegría González

“¡Es un triunfo enorme real­mente…! A esta sentencia hay que cui­darla todos los días hasta que quede firme”, dice María Stella Cáceres, directora del Museo de las Memorias: Dic­tadura y Derechos Huma­nos celebrando la condena a 30 años al represor Eusebio Torres Romero.

El pasado 20 de febrero, resal­tando que los crímenes de lesa humanidad no prescriben, el Tribunal de Sentencia con­formado por Juan Francisco Ortiz, Rossana Maldonado y Manuel Aguirre dio un paso fundacional.

Expresó el juez Ortiz: “El bien jurídico afectado en este caso es la dignidad humana”. El juez Aguirre condenó la acti­tud de Torres Romero: “No mostró arrepentimiento. La policía está para protegernos y no para torturarnos”.

Rogelio Goiburú, director de Memoria Histórica del Minis­terio de Justicia, comenta al respecto: “Siento una enorme satisfacción y tranquilidad, sobre todo para quienes estamos hace tantos años luchando que por fin después de 35 años salga una senten­cia que por la magnitud de los años de condena marca un antes y después en el tema de los delitos de lesa huma­nidad”.

Agrega que “es la primera vez que un funcionario de Estado recibe 30 años de condena. Sabemos que no va a cumplir la prisión en la cárcel, pero simbólicamente es impor­tante que haya voluntad de hacer cumplir la ley, que las normas no están allí para que haya gente que las piso­tee y entiendo que también le va a frenar a cualquier psicó­pata a la hora de querer ‘cum­plir órdenes’ de torturar a los semejantes”.

El Tribunal de Sentencia con­sideró probado que Torres Romero, en abril de 1976, infringió torturas a físicas y psicológicas a Carlos Casco y a su esposa, Teresa de Jesús Aguilera, en ese momento embarazada, como así tam­bién a Luis Alberto Casco, hermano del primero.

“Tejuruguái (látigo, en gua­raní)” era el apodo del tortu­rador que fue reconocido por unos 20 testigos durante el juicio oral que se desarrolló desde el pasado 6 de febrero.

Torres Romero, que ade­más de haber sido comisario, jefe de Investigaciones de la Policía Nacional y abogado, intentó alegar, declarando desde su casa por teleconfe­rencia, que los testigos lo con­fundían con otra persona.

Cáceres muestra su enojo con esta situación: “Es imposible que la gente se confunda. Si fuera un tipo común, toda­vía. Era una imagen impo­nente, por altura, expresión del rostro que no pasa inad­vertido, no era una persona de pequeña estatura que se podía confundir… era visible, sober­bio, es dificilísimo que alguien se pueda confundir”, apuntó. “Además de ser abogado, vio­lentando todos los principios éticos”, agregó.

Para Goiburú, durante la lla­mada “transición democrá­tica”, que algunos cientistas sociales juzgan terminada, “lo que no tuvimos verdadera­mente es justicia. Aunque esta persona se vaya a su casa, son las barbaridades del régimen que utilizó a estos personajes las que también se exponen. Este fallo abre las puertas para seguir luchando, brinda herramientas, nos carga el tanque en la búsqueda per­manente de verdad y justicia”.

El camino continúa, ya que existen otros 22 juicios que están en el Poder Judicial y otros 57 casos elevados por la Comisión de Verdad y Justicia (CVJ) al Ministerio Público para su investigación, según reveló Rosa Palau, coordina­dora del Museo de la Justicia, popularmente conocido como Archivo del Terror.

El Archivo, hallado en Lam­baré el 22 de diciembre de 1992, contiene unas tres tone­ladas de papeles que prueban el mecanismo de represión del régimen de Alfredo Stroess­ner y la coordinación de las dictaduras del Cono Sur para hacer lo propio en los países vecinos en el marco del Plan Cóndor.

El Centro de Documentación y Archivo para la Defensa de los Derechos Humanos sir­vió como soporte documental a numerosos juicios realiza­dos contra represores para­guayos, argentinos, chilenos y uruguayos por su partici­pación en la desaparición de personas en el marco del Plan Cóndor.

“Fue un fallo sorprendente que recibimos con mucha alegría porque es alecciona­dor”, señala Palau. “La Justi­cia cumplió con las víctimas, es una reparación simbólica a todo lo que han sufrido y a los muchos que murieron sin ver esto. La tortura no pres­cribe, es una lección para los que siguen torturando en comisarías. Para la próxima, ya saben que tienen 30 años, sienta un precedente impor­tante que da aire fresco a la democracia, brinda la sensa­ción de que las cosas pueden hacerse”, celebró.

Para José María Costa, direc­tor de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Corte Suprema de Justi­cia (CSJ), que hace un segui­miento de los casos, “lo que diferencia a este de los otros juicios, el de Mario Schaerer Prono, por ejemplo, es que se realizó por el Código Proce­sal Penal (CPP) actual que establece el juicio oral, los otros fueron juicios escri­tos y por el código anterior. Aquí pudimos ver a 20 testi­gos y con base en ellos oír de fuente directa “fulano estuvo en la policía, fulano dirigía las torturas, etc.”, destacando la agilidad del proceso y las posi­bilidades de comprender una escena del crimen a cabalidad que brinda esta técnica.

Costa recuerda que los 22 casos derivados a la jueza Dina Marchuk todavía deben ser analizados para determinar su procedencia al juicio oral. “Vale decir que en muchas de esas carpetas aparece Euse­bio Torres como acusado”, recordó Costa.

María Stella Cáceres entiende que el fallo “parece que hubiera reverdecido el espí­ritu de solidaridad entre las víctimas, que ojalá se mantenga. Siento que se ha inyectado energía e interés en las nuevas generaciones y ha tenido un impacto inter­nacional muy importante”, comenta. Cáceres es esposa del educador, abogado y acti­vista de los derechos huma­nos Martín Almada, descu­bridor del Archivo del Terror y Premio Nobel Alternativo.

“Esta situación nos alienta a seguir en el Museo de las Memorias agendando las visitas de las escuelas porque mostrar esa mínima parte del sistema ayuda a que la gente se haga una idea. En realidad, casi toda esa cuadra en que está el Museo se practicaba la detención ilegal y la tortura. También nos alienta a mante­ner la red internacional por la verdad y la justicia activa para que esto no vuelva a ocurrir nunca pero nunca más”, dice.

Rogelio Goiburú, cuyas exca­vaciones durante casi dos déca­das permitieron recuperar 44 cuerpos, de los que se identifi­caron cuatro, entiende que el fallo lo moviliza a “investigar, hablar con familiares y vícti­mas, siempre buscando testi­gos, gente, militares, policías. Tengo como 30 lugares para ir a excavar, pero necesitamos un compromiso del Estado, presu­puesto para ir al trabajo, necesi­taríamos unos 30.000 dólares anuales”, reclamó.

“Tenemos tres sitios donde presumiblemente puede estar papá (Agustín Goiburu, político colorado opositor a Stroessner, desaparecido por el Plan Cóndor en 1977)”, cuenta.

“Con los recursos que me dieron, la mitad usé en Caa­guazú” en una excavación de 2022 buscando los restos de 10 campesinos desaparecidos en marzo de 1980. “Tengo que seguir allá porque estamos con cosas nuevas y, aunque no encontramos los cuerpos, tengo nuevos indicios de qué es lo que pudo haber pasado. Parece que sacaron de ahí (donde buscaron) y los tira­ron en otra parte, que ya sé dónde puede ser”, comenta.

“Estoy muy entusiasmado, a pesar de las dificultades y las trabas. Viví 40 años en el exilio y siempre quise venir a la patria. Estoy demasiado feliz, es un logro de todos, de los luchadores, de la socie­dad, de la gente que ama su historia. Así que seguiremos luchando inspirados en nues­tros héroes militares y civiles de la Triple Alianza, la guerra del Chaco, del 47″, apuntó.

Hay varias lentes captando el juicio, los testimonios de las víctimas, la impasividad del acusado Eusebio Torres Romero desde la teleconfe­rencia, las manos, los gestos, pero entre ellas se destaca la mirada de Alegría González.

“Mis dos abuelos fueron represores”, dice esta joven perteneciente al colectivo internacional Historias Des­obedientes, compuesto por familiares de quienes fue­ron represores o los avalaron desde situaciones de poder, que se comprometen con la verdad y la justicia.

“Dos dimensiones conviven en mi posi­ción. Una colectiva, que va en la militan­cia para que los crímenes se esclarezcan, y una dimensión afectiva, que me encuen­tra desde el otro lado, que no puede evitar pensar en qué hubiera pasado si mis abue­los hubieran pasado este proceso judicial­mente”, sostiene en diálogo con La Nación/Nación Media.

Su abuelo materno, César Benítez Bogado, fue delegado de gobierno en tres depar­tamentos durante la dictadura, en San Pedro, Ñeembucú y Paraguarí. Su bisabuelo paterno fue jefe de investigaciones antes de Pastor Coronel. Su tío abuelo, José Alberto “Icho” Planás, figura en el informe de la Comisión de Verdad y Justicia (CVJ) entre los 3.336 beneficiarios de las más de 7 millo­nes de hectáreas de tierras destinadas para la reforma agraria que Stroessner repartió a políticos, militares y favorecedores.

“(A Eusebio Torres) su hijo lo estaba defen­diendo. Entonces allí toma dimensión lo importante que es nuestra posición para poder acelerar hechos de justicia”, señala. “Pensé en hablarle al hijo y decirle que está este tipo de posibilidad que nosotros toma­mos. Fue difícil no tener rabia cuando el hijo estaba escuchando esos testimonios con mucho detalle. ¿Qué emociones y qué dis­tancia y frialdad uno se pone para tener esa posición?”, cuestiona.

Para González, el fallo “fue súper importante, tardío pero contundente. Deja muy claro que estos crímenes no prescriben”, apunta.

“Nací en el 95 en lo que fue la transición, postransición y en mi educación tampoco esto fue cuestionado. No era muy hablado, era como un punto en la historia donde no se analizaban las secuelas que dejó en noso­tros. Esto como macro, pero en lo micropo­lítico tuve un quiebre familiar, pero siento que es un camino que sigue mucha gente en Argentina, Brasil, España, El Salvador, hay acciones concretas que el colectivo trata de acompañar en cada territorio”, cuenta.

“Implicó para mí quiebres, dolores, pero debo separar culpas y vergüenzas. Me paro aquí y trato de asumir socialmente esta impunidad en la que murieron mis abue­los”, dice con valentía.

Rogelio Goiburú apunta que en el informe de la CVJ se señala la existencia de 695 vic­timarios represores. “Muchos se murieron, (Alcibiades) Brí­tez Borges, (Sabino Augusto) Montanaro, hetaiteréi la omano”, recuerda.

Vale señalar que Pastor Coro­nel, Alcibiades Brítez Bor­ges, Lucilo Benítez (Kururu Pire), Camilo Almada Morel (Sapriza), Juan Martínez, Alberto Cantero, Agus­tín Belloto, Francisco Ortiz Téllez y unos pocos más fue­ron condenados en menos de una decena de procesos.

En buena parte de los casos, las condenas impuestas no se cumplieron porque los repre­sores fueron beneficiados con el arresto domiciliario por ser mayores de 70 años.

El dictador Alfredo Stroess­ner y su exministro del Inte­rior Sabino Augusto Monta­naro, principales ejecutores de la brutal represión, murie­ron impunes.

El periodista e investigador Nemesio Barreto publica constantemente en sus redes recordatorios de esa impuni­dad. “Esta semana murió otro torturador: Ramón Alfredo Villalba García de Zúñiga (Alias Bota Puku), terror de los campesinos. ¡Murió impune!”, se queja. “Dirigía una empresa de seguridad en Her­nandarias, su hijo era cuñado de Nica­nor (Duarte Frutos, expresidente), así que lo protegieron”, comenta.

“Son muy pocos los condenados. Personalmente hice como 50 denuncias de las que no prosperó ninguna”, lamenta. “Hasta hoy perciben haberes en un edificio que está en Brasil casi Rodríguez de Francia con total impuni­dad”, agrega.

“Llegamos a presentar con Ananías Maidana y Joel Filártiga una demanda con­tra los Estados Unidos por entrenar y proteger a gente como Campos Alum, Felipe Neri Saldívar… Unos 10.000 presos políticos pasaron por la Técnica, el sistema repre­sivo devoró a miles de per­sonas”, recordó.

“No hay registros de los detenidos en el interior porque en total fue­ron 272 los centros de detención que hubo en el período 1954/89. El tema es que no hay lis­tas departamentales de dete­nidos porque, por ejemplo, el Archivo de Caaguazú que se encontró en diciembre del 90, dos años antes de los Archivos del Terror, terminó desapare­ciendo”, expuso.

“Solo una pequeña parte se integró al Archivo del Terror. Es una carpeta que tiene unas 400 páginas. Hubo acciones para borrar el accionar poli­cial-militar, inclusive edili­cios. Se demolieron sótanos en la 3.ª en la delegación de Cordillera, Investigaciones sobre Presidente Franco se remodeló. En Independen­cia y Presidente Franco estaba la cámara de tortura, ahí se usaba la picana, era el centro que después se convirtió en una casa comercial”.

Para Barreto, el fallo que con­denó a Eusebio Torres “es más simbólico que otra cosa. Su hijo va a apelar y, en fin, no va a ir preso, para que quede firme tendrán que hacer mila­gros para que se resuelva en un par de años, cosa que no creo porque no queda bien que un hombre de 90 años entre a prisión”, expuso.

Entiende que “no es mucho lo que se puede hacer con los que quedan libres y están fuertes. Los nacidos en la década del 50 que eran cade­tes, en Investigacio­nes, la Tercera, la Técnica, 5.ª; 7.ª y 8.ª, son un cente­nar de torturado­res vivos que nadie les toca”.

Su hermano Abilio Barreto fue asesinado en el 1966 y Nemesio fue preso ya con 16 años por primera vez en 1972: “Me secuestraron en Caa­cupé. Estuve siete meses en un sótano. Ligué como todo el mundo, me hundieron una costilla, me arruinaron un riñón, me rompieron el crá­neo con la cachiporra, creo que sobreviví porque cuando joven uno aguanta más cosas, más que aquellos veteranos que caían, yo lo vi a Eusebio Torres”, relata.

“La picana era muy dolorosa. Tenía un regulador de voltaje que funcionaba con un teléfono viejo al que le daban manija y el voltaje subía a medida que daba vuelta la manivela. Creo que en el Museo de las Memo­rias hay un teléfono de esos. Después estaba la pileta, en la que el primer torturado tenía agua limpia, pero ima­gínate el quinto después de que hicieran allí sus necesi­dades. A veces estábamos 15 esperando para pasar. Los policías estaban en calzon­cillos y se sentaba uno en el pecho o en el vientre y te daba la terrible sensación de muerte. Uno lo hacía para ganar tiempo. Allí es donde te declaras comunista, decís tengo las armas en mi casa, cualquier cosa se dice para salvarse, pero ellos sabían, estaban entrenados por los yankees que dominaban entonces y dominan ahora”.

Aquí algunos de los tortura­dores en la reseña de Neme­sio Barreto:

Fue un torturador experto en dolor humano. Murió en febrero de 2022, vivió una vejez tranquila en su casa. Sus muchas víctimas lo recuer­dan destrozando con placer la espalda de los torturados, era diestro con el tejuruguái y valiente con el indefenso. Murió impune como tantos otros de su estirpe.

Murió impune. La ética sometida a referéndum puede desembocar en resultados imprevisibles: una mayoría coyuntural puede convertir a las víctimas en culpables, tal como ha ocurrido con la pelí­cula “7 cajas”, de Juan Carlos Maneglia y Tana Schémbori. En esta película aparece una reivindicación del comisario Blas Schembori (+), quien tra­bajó en la Guardia Presiden­cial y en la Comisaría Sexta (Mariscal López y Kubits­chek). El temible don Blas Pucú nació en 1941, con C.I. N.º 203.691, falleció el 8 de diciembre de 2009.

Torturador y locutor. Era el seudónimo del comisario José León Hermosa Cam­pora, fue uno de los más temibles de la policía estro­nista. De día era locutor de radio y de noche torturador. Era, en cierto modo, como “El extraño caso del doc­tor Jekyll y el señor Hyde”, novela de Robert Louis Ste­venson.

El coronel Robert K. Thie­rry llegó a Paraguay pri­mero con la cobertura de “comerciante”, especiali­zado en técnicas de interro­gatorios (tortura), entró al país en 1949 con pasaporte número 85.506. Por orden del Gobierno de los Estados Uni­dos creó la División de Asun­tos Técnicos, más conocida como la Técnica, que regen­teó el temible Antonio Cam­pos Alum. Thierry nació el 17 de enero de 1909 y murió en San Diego, California, el 23 de noviembre de 1979. Thierry se casó con Vashti Bell Hodge (1913-1981) el 27 de febrero de 1937.