En este diálogo con La Nación/Nación Media, José María Costa, periodista, catedrático y coordinador de la Mesa para la Seguridad de Periodistas del Paraguay, habla en el marco del “Día internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas”, recordado el pasado 2 de noviembre, sobre la situación en que se encuentra nuestro país en esta materia.
- Por Paulo César López
- paulo.lopez@nacionmedia.com
- Foto: Archivo
–¿Cómo está nuestro país en la aplicación de justicia en los casos de crímenes contra periodistas?
–Estamos con una situación preocupante y de riesgo. La Relatoría para Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló a Paraguay como una de las “zonas silenciadas” en el hemisferio, en las cuales la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo sufren serios peligros. Desde 1991, cuando fue asesinado el colega Santiago Leguizamón a manos de sicarios de la mafia, hasta hoy, tenemos la cifra tenebrosa, lamentable, de 21 periodistas y comunicadores sociales asesinados en nuestro territorio, y alrededor de 700 casos de ataques, amenazas y agresiones contra periodistas. La mitad de esos casos están registrados con sus detalles en el Observatorio que tiene sobre este tema la Mesa para la Seguridad de Periodistas del Paraguay y fue construido con apoyo de la Unesco. La mayor parte de estos crímenes ha quedado en la impunidad. Y la mayor parte está focalizada en las zonas fronterizas, donde el crimen organizado ha sentado sus bases y prácticamente actúa sin control.
–¿Cuáles son las principales agresiones contra el ejercicio del periodismo registrados en nuestro país?
–El Observatorio compila y registra todos los datos de 13 diferentes clases de violencias contra periodistas desde 1991: asesinatos, amenazas, secuestros, atentados, espionaje contra periodistas, torturas, censuras, etc. Obviamente que los asesinatos son la forma más grave. Como dicen a nivel internacional, “el asesinato de un periodista es la forma más grave de censura”. Pero en ese listado, las amenazas constituyen la mayoría de los casos, con un total de 128 episodios, seguido de agresiones y ataques (78 hechos), hostigamientos judiciales (51) y atentados (25).
LAS 3 P
–¿Cuáles son las principales reivindicaciones de su organización y del colectivo de periodistas en general en esta fecha?
–Naciones Unidas ha propiciado hace una década el Plan de Acción para la Seguridad de Periodistas, al cual se han adherido todos los países, el nuestro incluido. En ese plan se hace mención que la atención de este tema precisa de las denominadas 3 P: Prevención de la violencia, Protección del ejercicio periodístico y Procuración de justicia efectiva para los casos de crímenes ocurridos. La Mesa para la Seguridad de Periodistas, y los gremios en general, apuntan a que esto sea cumplido. Tenemos un Estado con muchos déficits y uno de ellos, principal, es en cuanto a seguridad. Y en forma particular, la seguridad de los periodistas no es algo que atañe solamente al sector, porque debe interesar a toda la sociedad. La Corte Interamericana de Derechos Humanos en muchas sentencias ha dicho que “la libertad de expresión es la piedra angular de la democracia” y que la tarea periodística es un instrumento esencial para la vigencia de esa libertad. Por eso, no se puede tener una sociedad democrática sin un periodismo que actúe libre, seguro y con garantías plenas para su función social.
LEY DE PROTECCIÓN
–¿Cómo está nuestro país en cuanto al marco legal para el combate a estos crímenes y efectiva sanción?
–Esta es otra de las reivindicaciones desde los gremios y desde la Mesa. Se precisa contar con mejores instrumentos legales. La Corte IDH condenó al Estado paraguayo por no proporcionar justicia en el caso de Santiago Leguizamón, y una de las medidas que debe cumplir Paraguay como consecuencia es contar con una ley de protección de periodistas. Actualmente, en el Poder Legislativo está radicado y en debate un proyecto. Esperamos que se haga un debate abierto, participativo, racional y apuntando a una norma eficaz y precisa. Claro, la ley no es todo. Antes de ella, y luego de ella, es fundamental que haya voluntad política de las autoridades y fortaleza en las instituciones para garantizar la seguridad del ejercicio periodístico en todas sus formas. En ambos temas, normativas y voluntad, todavía tenemos mucho que avanzar.
–¿Cómo podría ayudar la ley en el mejoramiento de los estándares de libertad de expresión?
–Podría ayudar estableciendo mecanismos claros y precisos para la prevención de la violencia y la protección de los periodistas. Organismos internacionales como Unesco y Reporteros Sin Fronteras están siguiendo con atención este proceso y han ofrecido su apoyo para el análisis y debate de la ley. Hay intenciones también desde el Ministerio de la Defensa Pública, con su defensora general Lorena Segovia, de promover una reforma normativa que permita a los defensores públicos atender y representar a periodistas víctimas de la violencia en los procesos judiciales que se abran con relación a hechos punibles ocurridos contra estos comunicadores. Esto sería de gran ayuda, más aún considerando que en Paraguay, así como en todo el mundo, hay un 90 % de impunidad en cuanto a casos de violencias contra periodistas.
AFECTACIÓN A LA DEMOCRACIA
–¿Cómo afecta esta situación la calidad de la democracia?
–Afecta puntual y gravemente. Un periodista asesinado es una voz que se acalla, es un silencio que gana terreno y esto tiene un efecto amedrentador en los demás periodistas, pero además hace imperar una censura en la sociedad, la cual pierde en materia de posibilidades de libertad de expresión y acceso a la información. El impacto es triple: el impacto propio en la víctima, el efecto de censura en el sector y la reducción del ámbito de información para la sociedad.
–¿Cuál es el mensaje final que dan desde su sector?
–El periodismo es esencial para una sociedad democrática. Es esencial para que las personas y la comunidad puedan ejercer la libertad de expresión y acceder a información relevante para sus vidas. Proteger al periodismo, proteger la labor de periodistas no es una cuestión de privilegios, sino de necesidad fundamental para la vigencia de una sociedad democrática. Es algo que debe interesar a todos. Más allá de que el periodismo y los periodistas también puedan ser criticados por su tarea, el punto relevante es que la función social del periodismo debe ser preservada, protegida y fortalecida. El periodismo de calidad que necesita la sociedad no se va a lograr sin un periodismo libre y seguro.