Marco Castillo, sociólogo - Fotos: gentileza

Hace 30 años que se hallaron los archivos secretos de la Policía paraguaya en el marco del inicio de la transición hacia la democracia. Los documentos fueron recolectados y paulatinamente abiertos al público a partir de la formación del Museo de la Justicia, Documentación y Archivo para la Defensa de los Derechos Humanos. El conjunto de documentos que había sido previamente creado para la vigilancia y control de la población por parte de la dictadura paraguaya pasó a formar parte de un archivo público para crear políticas de reparaciones en el contexto de la transición.

La principal narrativa sobre los archivos se centran en el evento de su descubrimiento, cuando se realizó la intervención del Departamento de Producción de la Policía en Lambaré y encontraron gran parte de los documentos que componen el archivo, en diciembre de 1992. La intervención había sido producida en el marco de la causa judicial en la cual Martín Almada había solicitado al Dr. Juez Agustín Fernández el primer recurso de habeas data realizado en el país con base en la figura constitucional de la nueva Carta Magna promulgada en ese entonces hacía menos de un año.

Cuando quedó claro que los documentos excedían al pedido de habeas data, el juez de turno, Dr. Luis María Benítez Riera, se sumó a la intervención. La colección se completó un par de días más tarde, interviniendo y recuperando los documentos de la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos del Ministerio del Interior, que de paso fue definitivamente cerrado. La combinación de la existencia de nuevos derechos al inicio de la transición en conjunto con el activismo y coraje cívico de un conjunto de actores de la sociedad civil y autoridades con voluntad política generaron un evento, un hecho social, a través del cual se descubrió lo que de inmediato fue llamado el Archivo del Terror.

“LA TOMA DE LA BASTILLA PARAGUAYA”

El hallazgo de los archivos fue calificado de “la toma de la Bastilla paraguaya”. Esto es lo que el sociólogo William Sewell Jr. denomina un evento social. Para este autor, un evento social está determinado por un contexto de rupturas sociales y cambios estructurales con la característica que cobra importancia después del hecho en sí. Es decir, es un hecho social determinado por un contexto histórico de cambio.

Coincidentemente, la teoría de William Sewell Jr. se basa en el análisis de lo que fue la toma de la Bastilla de la Revolución francesa, el evento al que se hacía alusión con el hallazgo del Archivo del Terror en Paraguay. Sewell Jr. demuestra que el asalto a la Bastilla adquirió significado como un acto revolucionario recién un tiempo después de su toma.

Fue solo después de que el poder del levantamiento popular en París haya ganado tanta fuerza que empezó a dictar el desarrollo de los eventos políticos y forzaron que la corona ceda el poder a la asamblea nacional que los eventos de la Bastilla comenzaron a ser significados como el punto de inflexión del levantamiento. Cuando ese proceso terminó por quebrar la monarquía francesa, cambiar radicalmente la estructura del Estado y fuera reconocida como una revolución, es que los eventos que sucedieron en la Bastilla fueron significados como el punto de partida de este evento revolucionario.

Asociar el hallazgo de los Archivos del Terror con la toma de la Bastilla es muy significativo porque revela lo que fueron las expectativas de cambio radical que generó en su época. Principalmente por la expectativa de que se podrían probar documentalmente los abusos de la dictadura con sus propios documentos secretos. Hasta el día de hoy el hallazgo de los archivos sigue siendo el principal punto de discusión sobre los mismos y no lo que se hace o puede hacer con sus documentos.

Sin embargo, en esta narrativa se pierde la noción de que el hallazgo también es un hecho social, influenciado por las estructuras sociales de su tiempo. Por ello, además de reconocer la enorme importancia del hallazgo, es importante poder trascenderlo. Porque al cambiar el enfoque también podemos generar nuevas interrogantes que nos permitan comprender la constitución del archivo para la vigilancia y represión, así como su reconversión en archivos para la producción de conocimientos para reparaciones. Una nueva mirada nos permite evaluar cómo cambió la función política de los archivos en su relación con el Estado y evaluar lo exhaustivo de su uso para sostener violencia política durante la dictadura, o lo limitado de los procesos de reparaciones durante la democracia a pesar del esfuerzo y compromiso inagotable de quienes trabajan con el archivo en el día a día.

RECONVERSIÓN

La reconversión de los archivos está íntimamente relacionado con los cambios de estructuras políticas a nivel global de la pos Guerra Fría, con las cuales la historia paraguaya está profundamente relacionada. Y tomar en cuenta la relación que los procesos locales tienen con las estructurales globales nos permite recentrar el análisis de los Archivos del Terror y de la historia paraguaya en el contexto de fenómenos globales de los cuales forma parte y a los que contribuye.

Desde su constitución, los archivos de la Policía paraguaya forman parte de una de varias tecnologías de gobernanza autoritaria que se desarrollaron en el contexto de la violencia estatal de la Guerra Fría. La violencia producida por el Estado paraguayo es una expresión de las condiciones de violencia política que se remontan tanto a los procesos de formación de la dictadura paraguaya como a su contexto internacional.

En América Latina, la violencia estatal está sistemáticamente vinculada a procesos globales de represión, cooperación de inteligencia y diseminación de tecnologías de vigilancia y control social de los cuales formó parte el archivo paraguayo, como una de varias tecnologías de violencia política transnacionalizadas.

PROCESOS DE REPARACIÓN

En Latinoamérica los procesos de reparación han sido fundamentalmente políticas individuales y no colectivas, al contrario del caso de Europa del Este. Haciendo una lectura más estructural, esto quizás también se deba a factores estructurales como el tipo de cambio que se inició en la década del noventa.

La apertura y puesta al servicio público de los archivos de la represión sirven solo hasta el punto en que forman parte de políticas de transformación. Si no existen políticas de transformación radical, no debería esperarse que su mera apertura sirva para transformaciones sino limitadas. Esto nos permite comprender mejor que, a pesar del acceso público que existe a los archivos, solo hayan servido para un puñado importante pero insuficiente de causas judiciales. O que los procesos de reparaciones sea reducido a trámites individuales que en muchos casos no indemniza a sobrevivientes de tortura por el hecho de contar con condenas otorgadas por el sistema ilegítimo de la dictadura.

A pesar de que las políticas de uso de información del Archivo del Terror estén tan centrados en la capacidad individual de las personas de buscar y usar la información disponible, el equipo de trabajo del archivo ha producido miles de informes y escuchado un sinfín de narrativas y testimonios de resistencia durante la dictadura.

Desde que los archivos fueran abiertos al público, se han producido algo más de 25.000 informes individuales. Ese número puede contener informes solicitados varias veces, pero nos demuestra que hay un número importantísimo de personas que buscan información y –presumiblemente– justicia. Aun tomando en cuenta posibles duplicados, el número real de casos de búsqueda de información se puede estimar en decenas de miles. Esta es una cantidad importante para un país pequeño como Paraguay y a pesar de políticas públicas desfavorables que concentran la información solamente en la ciudad de Asunción.

Analizando la tendencia de cuándo se produjeron la mayoría de esos informes, se nota claramente que hubo un pico de informes producidos en 2009, cuando en un año se produjeron algo más de 7.000 informes. Es importante recordar que el año pico de producción de informes coincide con una de las fechas en que vencía la posibilidad de solicitar indemnizaciones antes de tornarse imprescriptible. Sin embargo, sigue siendo un dato significativo, porque sugiere que el clima político influye directamente en la capacidad individual de usar el archivo público.

Otra parte de la explicación del uso relativamente limitado de los archivos se encuentra en cómo el sistema político de la dictadura hizo un salto cualitativo para adaptarse a los nuevos tiempos democráticos sin afectar su estructura de poder. Pero también está relacionado con cómo los procesos de transición neoliberal de la década del noventa fueron radicales en áreas del mundo donde sí se pretendió transformar la estructura política y limitados donde no.

La razón normativa neoliberal se basó en una racionalidad política que transformó el Estado, la sociedad y las políticas públicas predicadas en el acceso libre a la información y en políticas denominadas de transparencia. Fue en ese contexto de consolidación de la normativa neoliberal que se constituyeron los archivos durante la transición.

CONCLUSIONES

El descubrimiento, apertura y puesta al servicio del público de los archivos son en esencia una reconstitución de los mismos documentos, pero en una dirección diferente y para la creación de conocimientos nuevos. Analizar la constitución de los archivos y su reconversión se trata en esencia de comprender que se trata de una relación política que cambia entre un momento de dictadura y el momento de la transición. Pero en este análisis no puede olvidarse la profunda relación que tiene la historia de la violencia del Estado en Paraguay y sus múltiples fuentes de apoyo.

Esto nos demuestra que la represión de la dictadura fue mucho más compleja de lo que parece a primera vista y también estaba sustentada por otras periferias globales, al igual que en una sociedad civil activa con formación política anticomunista.

Todo discurso sobre la historia es un discurso de producción de conocimiento desde una posición privilegiada que logra generar algún tipo de consenso o hegemonía en el discurso público. El acceso al conocimiento de los archivos está profundamente imbuido en técnicas de poder que retroalimentan las jerarquías de inequidad social. Esta capacidad se entrelaza con dinámicas de clase y exclusión que invalidan la noción de neutralidad e imparcialidad que presumiblemente se tiene con el acceso público a los archivos.

En esencia, el archivo, al igual que otras instituciones sociales, no están desprovistos de las estructuras de poder que las crearon y sostienen. Ni la creación y constitución de los archivos durante la dictadura ni la constitución de los archivos durante democracia pueden ser leídos por fuera de estas dinámicas.

En definitiva, la capacidad que los archivos tienen para producir conocimiento surge tanto de los documentos mismos como su principal artefacto empírico y teórico, pero también está afectado por los procesos sociales externos a esos documentos. Y sin una política de transformación radical no dejarán de reproducirse los mecanismos que generan inequidades que silencian las historias alternativas.