Desde algún tiempo no hay espacio en el que las y los periodistas no sean víctimas de amenazas y ataques. La inseguridad se extiende. Las personas que hacemos periodismo estamos en peligro. El riesgo y la vulnerabilidad es exponencialmente más grave cuando se trata de mujeres.

• Por Ricardo Rivas
• Periodista
• Twitter: @RtrivasRivas
• Fotos: Gentileza

Más de un centenar de personas que ejercen el perio­dismo se encuentran exilia­das en San José, la capital de Costa Rica. Con amenazas, ataques concretos, perse­cuciones, encarcelamientos de colegas que forzaron des­plazamientos, a dejar atrás a sus familias y trabajos en el Salvador, Nicaragua, Guate­mala, Colombia, Venezuela, por solo mencionar algunos países, especialmente en Latinoamérica y el Caribe.

La situación –gravísima, por cierto– no se conoce dema­siado por fuera de quie­nes nos encontramos com­prometidos con la defensa y promoción de los dere­chos humanos, la libertad de expresión, la libertad de prensa, el derecho de opi­nión. Es de mucha grave­dad. “Estamos sobrevi­viendo”, dijo un puñado de días atrás el colega Cristo­pher Mendoza, miembro de la Comisión Ejecutiva del movimiento Periodis­tas y Comunicadores Inde­pendientes de Nicaragua (PCIN), según la agencia de noticias EFE de España.

El PCIN, en un reporte for­mal que emitió la organiza­ción, hizo público que “casi un 40 % de los periodistas independientes de Nica­ragua han abandonado la profesión desde abril de 2018, cuando estalló la cri­sis sociopolítica que vive el país centroamericano”, consigna SWI (swissinfo.ch). Néstor Arce, compa­triota del anterior, exiliado y director de la plataforma “Divergentes”, asume que es tiempo de “resistir, rein­ventarnos y mantenernos activos” porque “vamos a continuar haciendo perio­dismo (…) porque es una vocación”.

Los datos que divulga PCIN estremecen. Dos centenares de comunicadores forzados al exilio para estar seguros.

De ellos, 25 fueron declara­dos apátridas. En consecuen­cia, carecen de documenta­ción que los acredite como nacionales de país alguno. La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo los priva de sus propiedades y cuen­tas bancarias. Cerca de 70 medios fueron clausurados desde 2007. El colega Carlos Fernando Chamorro –tam­bién exiliado en Costa Rica y despojado de su naciona­lidad– cuenta que en el edi­ficio donde funcionaba el diario La Prensa, ocupado por fuerzas dictatoriales, actualmente opera un cen­tro cultural.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos –que el 10 de diciembre próximo cumplirá 75 años– consa­gra taxativamente “el dere­cho de toda persona a buscar, recibir y difundir informa­ciones e ideas sin conside­ración de fronteras”, recordó la colega periodista Meera Selva, directora adjunta del Instituto Reuters para el Estudio del Periodismo, a quienes cursamos un MOOC con alcance global que desa­rrollan la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) junto con el Instituto Bonavero para los Derechos Humanos de la Universidad de Oxford. Pero, inmediatamente, sostuvo –como problema– que “las leyes (diseñadas) para pro­teger la libertad de expresión y a los medios de comunica­ción independientes –según su perspectiva y opinión– no funcionan en el espacio digi­tal cuando los periodistas” desarrollan prácticas pro­fesionales transnacionales porque, justamente, apoya­dos en aquella declaración categorizada como de soft law (derecho blando) no son pocas las personas podero­sas que utilizan “las fron­teras para limitar el perio­dismo de investigación independiente”.

Primer escalón para la cen­sura. Una vez más debo decir que las personas que hace­mos periodismo estamos en peligro. En ese contexto, sin embargo, Selva destacó que “los periodistas que son ase­sinados en tiempos de gue­rra están disminuyendo” –hay menos ataques letales en zonas de bélicas–, “pero los periodistas asesinados en zonas de paz están aumen­tando”. Por si su palabra no quedó clara, Meera Selva enfatizó en que “los perio­distas son objetivos delibe­rados” y, por ello, “son ase­sinados”.

Describió luego que “no solo se ven atrapados en el fuego cruzado (entre) com­batientes enemigos, sino por (los ataques de) sus propios gobiernos, (y/o) por su propia gente”. Desde esa mirada, la analista se pregunta y nos interpela: “¿Cómo hemos lle­gado a esta situación, básica­mente, en la que los perio­distas corren peligro en la sociedad civil, en los espa­cios cívicos en los que tra­bajan?”.

Ante ese interrogante que podría tener múlti­ples respuestas, también cabe preguntarse “¿por qué seguimos en este tra­bajo al que alguna vez el maestro Gabriel García Márquez calificó como “el mejor oficio del mundo”? La estudiosa Selva cree –en ese contexto– que “el periodismo se convierte en muchos sentidos en una cuestión de identidad (y) uno informa sobre un tema porque se identifica personalmente con él, lo que facilita que el perio­dismo se convierta en una plataforma que no es solo un espacio neutral para informar sobre la verdad, sino que (justamente por ello) las verdades se ponen en tela de juicio (lo que con­lleva a que) en una sociedad polarizada (…) resulta muy fácil acusar a los periodis­tas de estar polarizados, de ser parciales, de buscar una agenda distinta de aquella con la que otras personas pueden estar de acuerdo”.

Así las cosas, la periodista e investigadora del Instituto Reuters destaca que en los estudios que realiza vemos que “los dirigentes políticos tratan activamente de desa­creditar y deslegitimar a los periodistas tachándolos de amenazas para la seguridad del Estado o de difusores de información falsa”, lo que es parte de “una estrategia muy deliberada para socavar la libertad de los medios de comunicación para poner al público en contra del perio­dismo y para crear narrati­vas que puedan controlar a través de sus propios cana­les: de las redes sociales y de sus propias plataformas”.

No vamos bien. La pro­pia Meera recuerda que la Unesco también reporta “sobre el peligro al que se enfrentan ahora los perio­distas cuando cubren pro­testas (…) en las que ya no son vistos como participantes neutrales (porque) o bien se les considera parte de la clase dirigente; o bien se les considera espías; o bien se les considera parte del otro bando”. El riesgo nuestro de cada día.

En El Salvador, la situa­ción también es crítica. El anócrata Nayb Bukele tam­bién va contra la libertad de expresión y el periodismo. Angélica Cárcamo, presi­denta de la Asociación de Periodistas (APES) salva­doreños, lo expresa con pre­ocupación a la plataforma voces.org.sv luego de que El Faro, el más importante medio salvadoreño, que dirige Carlos Dada, deci­diera el traslado adminis­trativo y legal de esa publi­cación también a Costa Rica. “Es algo que debe verse como grave, porque que un medio de comunicación que admi­nistrativamente, su estruc­tura operativa, no pueda seguir ejerciendo y se vea obligado a salir justamente comprueba que hay toda una estructura estatal para ata­car a los medios de comu­nicación, principalmente a aquellos independientes que son críticos a este gobierno”, opinó Cárcamo.

El Faro, por su parte, sos­tiene que “en El Salvador ya no hay derecho a la legítima defensa ni leyes que se hagan valer por encima de la volun­tad de (los) funcionarios”. Agrega esa publicación con más de 25 años de trayecto­ria que “no descartamos que otros medios de comunica­ción puedan hacer lo mismo. Lo de ahora es un caldo de cultivo que en un futuro no muy lejano se va a convertir en escenarios muy simila­res a los que hemos visto en el resto de la región centroa­mericana, (en la) que desgra­ciadamente también se ha deteriorado la democracia”.

Desde algún tiempo no hay espacio en el que las y los periodistas no sean vícti­mas de amenazas y ataques. La inseguridad se extiende. También en el ecosistema digital. Las mujeres son blancos preferentes. “La violencia de género en línea contra las periodistas es una amenaza a la seguridad de las personas al mismo tiempo que es una amenaza a la libertad de expresión para todos nosotros”, sostiene Tawfik Jelassi, subdirector general de Comunicación e Información de la Unesco.

Meera Selva destaca el informe titulado “The chi­lling” que desarrolló la inves­tigadora Julie Posetti en el que se verifica que “el 73 % de las encuestadas sufrió vio­lencia online. “Amenazas de violencia física, de agresión sexual, de muerte y contra sus familias” y revela que “el 20 % de las mujeres sufrie­ron abusos en la vida real como resultado de las ame­nazas recibidas en línea”. Aporta un ejemplo trágico. La periodista “Daphne Caruana Galizia, que inves­tigó la corrupción en Malta y utilizó para hacerlo los datos que aporta (la inves­tigación global realizada por un consorcio de perio­distas titulado) ‘Los papeles de PanamḠ(…) sufrió años de abusos online, trolling, doxing [recopilación y publi­cación de información per­sonal de alguien sin su con­sentimiento, para dañar su trayectoria pública y profe­sional], correos electrónicos viciosos en todas sus plata­formas: en sus redes socia­les”. Dicha secuencia “ter­minó con su asesinato (…) esa serie de amenazas acabaron con su muerte”.

Claudia Julieta Duque, una de las más importantes periodistas de Colombia, investigadora incansable, litiga ante la justicia de ese país por ser víctima de “tor­tura psíquica” cuando inves­tigaba el homicidio de Jaime Hernando Garzón Forero, un periodista, pedagogo, locu­tor, comediante, mediador de paz colombiano. Tanta fue la presión que ante algunas situaciones se vio obligada al exilio temporario. Aque­llas amenazas se verifica­ron entre “julio de 2001 y noviembre de 2004″, como lo recuerda FLIP (Fundación para la Libertad de Prensa) que desde muchos años la acompaña en la búsqueda de justicia. Sin embargo, uno de los investigados por aquellos crímenes fue absuelto en el mismo expediente en que los delitos de los que fue víctima Claudia Julieta fueron decla­rados de lesa humanidad.

“El pasado 5 de junio, el Juz­gado Penal 10 del circuito de Bogotá afirmó que no se encontraron pruebas sufi­cientes que confirmaran la participación de Rivera en las intimidaciones y per­secuciones ilegales contra la periodista”, que apeló la decisión judicial. FLIP sos­tiene que “la absolución de Rivera revictimiza a Duque y es un retroceso en la bús­queda de justicia y verdad en su caso”.

Adhiero, hago mías cada una de esas palabras y me solida­rizo con la apreciada colega. Claudia Julieta sostiene que “la jueza no valoró las prue­bas y omitió la más impor­tante de ellas: el memorando de amenazas contra mí y mi hija, impreso en papelería ofi­cial del DAS (Departamento Administrativo de Seguridad de Colombia), cuyo original fue entregado (…) a la Fisca­lía en el año 2009″.

La periodista asegura que lo que estaba escrito en “ese documento se cumplió al pie de la letra y (que) fue el peor acto de tortura psíquica que sufrí en aquella época”. En la apelación, sus abo­gados –entre otras fuertes consideraciones– sostienen que el DAS “persiguió, hos­tigó y torturó a la Duque”; piden que “no se la revicti­mice” y que tampoco el tribu­nal “desconozca que su caso hizo parte de un plan siste­mático de violencia del DAS contra la prensa, que afectó de manera diferenciada a las mujeres periodistas”.

El riesgo y la vulnerabilidad del periodismo, ya mencionado, es exponencialmente más grave cuando se trata de mujeres. Meera Selva destaca en sus disertaciones que “el 40 % de las mujeres que respon­dieron a esta encuesta (‘The chilling’) dijeron que fueron atacadas en internet cuando escribieron sobre política de género o cuando escribieron sobre temas de salud”. Sobre esos datos, considera que “es esencialmente otra forma de tratar de mantener a las muje­res fuera del espacio público (…) porque lo que básicamente dicen (las encuestadas) es que, si hablas de política, si hablas sobre elecciones, de derechos humanos, de política social, te vamos a callar”.

El periodismo está en peli­gro. Las mujeres periodistas, mucho más, por su condición de género. Triste, por cierto. Hasta conduce a pensar en que se trata de una constante en la historia universal de la mujer cualquiera sea su ocu­pación, oficio o profesión. De hecho, en la semana que pasó, Vivian López Núñez, desta­cada magistrada paraguaya con proyección internacional, constante luchadora femi­nista e incansable para que la magistratura tenga pari­dad de género, a través de su cuenta en la plataforma Twit­ter hizo RT a una información que, si bien nada tiene que ver con las mujeres periodistas y está muy distante de los ata­ques hacia ese colectivo, sí es vinculante con la discrimina­ción sistemática de las muje­res y su silenciamiento a tra­vés del tiempo.

La organización Convivencia Cívica Catalana en su cuenta de Twitter reporta la canti­dad de mujeres relevantes en sus comunidades que fueron “ejecutadas” acusadas falsa­mente de múltiples delitos y hasta por faltas contra la reli­gión para las que antes fue­ron estigmatizadas públi­camente para condenarlas a ser quemadas en la hoguera. Fueron en “Alemania - 25.000 Polonia - 10.000 Suiza – 4.000 Francia – 4.000 Inglaterra – 1.500 Austria – 1.000 Italia – 1.000 Hungría - 800 España - 300 (59 por la Inquisición) [Fuente: Nenningsen, Gustav].

Todo un dato. Eran mujeres que, con sus acciones y pala­bras, ocupaban el espacio público, molestaban, inco­modaban y hacían tambalear a los poderosos de antaño. Penosa constante discrimi­natoria que se mantiene en el tiempo.