Desde algún tiempo no hay espacio en el que las y los periodistas no sean víctimas de amenazas y ataques. La inseguridad se extiende. Las personas que hacemos periodismo estamos en peligro. El riesgo y la vulnerabilidad es exponencialmente más grave cuando se trata de mujeres.
- Por Ricardo Rivas
- Periodista
- Twitter: @RtrivasRivas
- Fotos: Gentileza
Más de un centenar de personas que ejercen el periodismo se encuentran exiliadas en San José, la capital de Costa Rica. Con amenazas, ataques concretos, persecuciones, encarcelamientos de colegas que forzaron desplazamientos, a dejar atrás a sus familias y trabajos en el Salvador, Nicaragua, Guatemala, Colombia, Venezuela, por solo mencionar algunos países, especialmente en Latinoamérica y el Caribe.
La situación –gravísima, por cierto– no se conoce demasiado por fuera de quienes nos encontramos comprometidos con la defensa y promoción de los derechos humanos, la libertad de expresión, la libertad de prensa, el derecho de opinión. Es de mucha gravedad. “Estamos sobreviviendo”, dijo un puñado de días atrás el colega Cristopher Mendoza, miembro de la Comisión Ejecutiva del movimiento Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN), según la agencia de noticias EFE de España.
El PCIN, en un reporte formal que emitió la organización, hizo público que “casi un 40 % de los periodistas independientes de Nicaragua han abandonado la profesión desde abril de 2018, cuando estalló la crisis sociopolítica que vive el país centroamericano”, consigna SWI (swissinfo.ch). Néstor Arce, compatriota del anterior, exiliado y director de la plataforma “Divergentes”, asume que es tiempo de “resistir, reinventarnos y mantenernos activos” porque “vamos a continuar haciendo periodismo (…) porque es una vocación”.
DATOS QUE ESTREMECEN
Los datos que divulga PCIN estremecen. Dos centenares de comunicadores forzados al exilio para estar seguros.
De ellos, 25 fueron declarados apátridas. En consecuencia, carecen de documentación que los acredite como nacionales de país alguno. La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo los priva de sus propiedades y cuentas bancarias. Cerca de 70 medios fueron clausurados desde 2007. El colega Carlos Fernando Chamorro –también exiliado en Costa Rica y despojado de su nacionalidad– cuenta que en el edificio donde funcionaba el diario La Prensa, ocupado por fuerzas dictatoriales, actualmente opera un centro cultural.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos –que el 10 de diciembre próximo cumplirá 75 años– consagra taxativamente “el derecho de toda persona a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas sin consideración de fronteras”, recordó la colega periodista Meera Selva, directora adjunta del Instituto Reuters para el Estudio del Periodismo, a quienes cursamos un MOOC con alcance global que desarrollan la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) junto con el Instituto Bonavero para los Derechos Humanos de la Universidad de Oxford. Pero, inmediatamente, sostuvo –como problema– que “las leyes (diseñadas) para proteger la libertad de expresión y a los medios de comunicación independientes –según su perspectiva y opinión– no funcionan en el espacio digital cuando los periodistas” desarrollan prácticas profesionales transnacionales porque, justamente, apoyados en aquella declaración categorizada como de soft law (derecho blando) no son pocas las personas poderosas que utilizan “las fronteras para limitar el periodismo de investigación independiente”.
Primer escalón para la censura. Una vez más debo decir que las personas que hacemos periodismo estamos en peligro. En ese contexto, sin embargo, Selva destacó que “los periodistas que son asesinados en tiempos de guerra están disminuyendo” –hay menos ataques letales en zonas de bélicas–, “pero los periodistas asesinados en zonas de paz están aumentando”. Por si su palabra no quedó clara, Meera Selva enfatizó en que “los periodistas son objetivos deliberados” y, por ello, “son asesinados”.
Describió luego que “no solo se ven atrapados en el fuego cruzado (entre) combatientes enemigos, sino por (los ataques de) sus propios gobiernos, (y/o) por su propia gente”. Desde esa mirada, la analista se pregunta y nos interpela: “¿Cómo hemos llegado a esta situación, básicamente, en la que los periodistas corren peligro en la sociedad civil, en los espacios cívicos en los que trabajan?”.
Ante ese interrogante que podría tener múltiples respuestas, también cabe preguntarse “¿por qué seguimos en este trabajo al que alguna vez el maestro Gabriel García Márquez calificó como “el mejor oficio del mundo”? La estudiosa Selva cree –en ese contexto– que “el periodismo se convierte en muchos sentidos en una cuestión de identidad (y) uno informa sobre un tema porque se identifica personalmente con él, lo que facilita que el periodismo se convierta en una plataforma que no es solo un espacio neutral para informar sobre la verdad, sino que (justamente por ello) las verdades se ponen en tela de juicio (lo que conlleva a que) en una sociedad polarizada (…) resulta muy fácil acusar a los periodistas de estar polarizados, de ser parciales, de buscar una agenda distinta de aquella con la que otras personas pueden estar de acuerdo”.
ESTRATEGIAS DE SOCAVAMIENTO
Así las cosas, la periodista e investigadora del Instituto Reuters destaca que en los estudios que realiza vemos que “los dirigentes políticos tratan activamente de desacreditar y deslegitimar a los periodistas tachándolos de amenazas para la seguridad del Estado o de difusores de información falsa”, lo que es parte de “una estrategia muy deliberada para socavar la libertad de los medios de comunicación para poner al público en contra del periodismo y para crear narrativas que puedan controlar a través de sus propios canales: de las redes sociales y de sus propias plataformas”.
No vamos bien. La propia Meera recuerda que la Unesco también reporta “sobre el peligro al que se enfrentan ahora los periodistas cuando cubren protestas (…) en las que ya no son vistos como participantes neutrales (porque) o bien se les considera parte de la clase dirigente; o bien se les considera espías; o bien se les considera parte del otro bando”. El riesgo nuestro de cada día.
En El Salvador, la situación también es crítica. El anócrata Nayb Bukele también va contra la libertad de expresión y el periodismo. Angélica Cárcamo, presidenta de la Asociación de Periodistas (APES) salvadoreños, lo expresa con preocupación a la plataforma voces.org.sv luego de que El Faro, el más importante medio salvadoreño, que dirige Carlos Dada, decidiera el traslado administrativo y legal de esa publicación también a Costa Rica. “Es algo que debe verse como grave, porque que un medio de comunicación que administrativamente, su estructura operativa, no pueda seguir ejerciendo y se vea obligado a salir justamente comprueba que hay toda una estructura estatal para atacar a los medios de comunicación, principalmente a aquellos independientes que son críticos a este gobierno”, opinó Cárcamo.
El Faro, por su parte, sostiene que “en El Salvador ya no hay derecho a la legítima defensa ni leyes que se hagan valer por encima de la voluntad de (los) funcionarios”. Agrega esa publicación con más de 25 años de trayectoria que “no descartamos que otros medios de comunicación puedan hacer lo mismo. Lo de ahora es un caldo de cultivo que en un futuro no muy lejano se va a convertir en escenarios muy similares a los que hemos visto en el resto de la región centroamericana, (en la) que desgraciadamente también se ha deteriorado la democracia”.
Desde algún tiempo no hay espacio en el que las y los periodistas no sean víctimas de amenazas y ataques. La inseguridad se extiende. También en el ecosistema digital. Las mujeres son blancos preferentes. “La violencia de género en línea contra las periodistas es una amenaza a la seguridad de las personas al mismo tiempo que es una amenaza a la libertad de expresión para todos nosotros”, sostiene Tawfik Jelassi, subdirector general de Comunicación e Información de la Unesco.
AMENAZAS, VIOLENCIA, AGRESIONES...
Meera Selva destaca el informe titulado “The chilling” que desarrolló la investigadora Julie Posetti en el que se verifica que “el 73 % de las encuestadas sufrió violencia online. “Amenazas de violencia física, de agresión sexual, de muerte y contra sus familias” y revela que “el 20 % de las mujeres sufrieron abusos en la vida real como resultado de las amenazas recibidas en línea”. Aporta un ejemplo trágico. La periodista “Daphne Caruana Galizia, que investigó la corrupción en Malta y utilizó para hacerlo los datos que aporta (la investigación global realizada por un consorcio de periodistas titulado) ‘Los papeles de PanamḠ(…) sufrió años de abusos online, trolling, doxing [recopilación y publicación de información personal de alguien sin su consentimiento, para dañar su trayectoria pública y profesional], correos electrónicos viciosos en todas sus plataformas: en sus redes sociales”. Dicha secuencia “terminó con su asesinato (…) esa serie de amenazas acabaron con su muerte”.
Claudia Julieta Duque, una de las más importantes periodistas de Colombia, investigadora incansable, litiga ante la justicia de ese país por ser víctima de “tortura psíquica” cuando investigaba el homicidio de Jaime Hernando Garzón Forero, un periodista, pedagogo, locutor, comediante, mediador de paz colombiano. Tanta fue la presión que ante algunas situaciones se vio obligada al exilio temporario. Aquellas amenazas se verificaron entre “julio de 2001 y noviembre de 2004″, como lo recuerda FLIP (Fundación para la Libertad de Prensa) que desde muchos años la acompaña en la búsqueda de justicia. Sin embargo, uno de los investigados por aquellos crímenes fue absuelto en el mismo expediente en que los delitos de los que fue víctima Claudia Julieta fueron declarados de lesa humanidad.
“El pasado 5 de junio, el Juzgado Penal 10 del circuito de Bogotá afirmó que no se encontraron pruebas suficientes que confirmaran la participación de Rivera en las intimidaciones y persecuciones ilegales contra la periodista”, que apeló la decisión judicial. FLIP sostiene que “la absolución de Rivera revictimiza a Duque y es un retroceso en la búsqueda de justicia y verdad en su caso”.
Adhiero, hago mías cada una de esas palabras y me solidarizo con la apreciada colega. Claudia Julieta sostiene que “la jueza no valoró las pruebas y omitió la más importante de ellas: el memorando de amenazas contra mí y mi hija, impreso en papelería oficial del DAS (Departamento Administrativo de Seguridad de Colombia), cuyo original fue entregado (…) a la Fiscalía en el año 2009″.
La periodista asegura que lo que estaba escrito en “ese documento se cumplió al pie de la letra y (que) fue el peor acto de tortura psíquica que sufrí en aquella época”. En la apelación, sus abogados –entre otras fuertes consideraciones– sostienen que el DAS “persiguió, hostigó y torturó a la Duque”; piden que “no se la revictimice” y que tampoco el tribunal “desconozca que su caso hizo parte de un plan sistemático de violencia del DAS contra la prensa, que afectó de manera diferenciada a las mujeres periodistas”.
MAYOR RIESGO Y VULNERABILIDAD
El riesgo y la vulnerabilidad del periodismo, ya mencionado, es exponencialmente más grave cuando se trata de mujeres. Meera Selva destaca en sus disertaciones que “el 40 % de las mujeres que respondieron a esta encuesta (‘The chilling’) dijeron que fueron atacadas en internet cuando escribieron sobre política de género o cuando escribieron sobre temas de salud”. Sobre esos datos, considera que “es esencialmente otra forma de tratar de mantener a las mujeres fuera del espacio público (…) porque lo que básicamente dicen (las encuestadas) es que, si hablas de política, si hablas sobre elecciones, de derechos humanos, de política social, te vamos a callar”.
El periodismo está en peligro. Las mujeres periodistas, mucho más, por su condición de género. Triste, por cierto. Hasta conduce a pensar en que se trata de una constante en la historia universal de la mujer cualquiera sea su ocupación, oficio o profesión. De hecho, en la semana que pasó, Vivian López Núñez, destacada magistrada paraguaya con proyección internacional, constante luchadora feminista e incansable para que la magistratura tenga paridad de género, a través de su cuenta en la plataforma Twitter hizo RT a una información que, si bien nada tiene que ver con las mujeres periodistas y está muy distante de los ataques hacia ese colectivo, sí es vinculante con la discriminación sistemática de las mujeres y su silenciamiento a través del tiempo.
La organización Convivencia Cívica Catalana en su cuenta de Twitter reporta la cantidad de mujeres relevantes en sus comunidades que fueron “ejecutadas” acusadas falsamente de múltiples delitos y hasta por faltas contra la religión para las que antes fueron estigmatizadas públicamente para condenarlas a ser quemadas en la hoguera. Fueron en “Alemania - 25.000 Polonia - 10.000 Suiza – 4.000 Francia – 4.000 Inglaterra – 1.500 Austria – 1.000 Italia – 1.000 Hungría - 800 España - 300 (59 por la Inquisición) [Fuente: Nenningsen, Gustav].
Todo un dato. Eran mujeres que, con sus acciones y palabras, ocupaban el espacio público, molestaban, incomodaban y hacían tambalear a los poderosos de antaño. Penosa constante discriminatoria que se mantiene en el tiempo.