En su tradicional espacio “Expresso”, emitido por el canal GEN/Nación Media, Augusto dos Santos habla con el docente y periodista José María “Pepe” Costa sobre el hito que se marca en el 2014 con la promulgación de la Ley de Acceso a la Información Pública, que vino a combatir décadas de secretismo arrastrado desde la época de la dictadura y que sigue siendo una lucha permanente ante la falta de una sanción ante el incumplimiento de la normativa de parte de las autoridades. Costa afirma que la cultura del secretismo todavía permea nuestras instituciones y que es necesario poner en práctica la transparencia en todos los espacios de la vida cotidiana.

Fotos Nadia Monges

–PC: Creo que sí y pode­mos poner de ejemplo la Ley de Acceso a la Información Pública, que fue un hito clave en esta menos opacidad, por decirlo de una forma. Porque hasta el 2012, 20 años des­pués de la Constitución, que en el 92 ya decía que el dere­cho de acceso a la informa­ción pública es un derecho de todos, uno preguntaba por el salario de los funcionarios públicos, de las autoridades o a quién se estaba pagando asignaciones especiales o de viáticos y la respuesta que había desde el Estado a tra­vés de sus personeros era que es una cuestión de inti­midad personal o que están queriendo afectar el derecho a la seguridad de las personas, porque si se saben los salarios de los funcionarios van a ser secuestrados. Viene después la gran revolución ciudadana, pero también acompañada por los medios de prensa, una gran campaña en favor de la transparencia y ahí hay que recordar el paso clave que dio la Corte Suprema de Jus­ticia con un acuerdo y senten­cia que dio la razón a un ciu­dadano sanlorenzano que venía peleando incluso judi­cialmente por ese acceso a la información.

–Un prócer ciudadano real­mente, Daniel Vargas Téllez. Quienes surcamos por estas aguas del derecho a la infor­mación, lo conocemos y lo reconocemos como un ver­dadero prócer. Él encaró una lucha bastante interesante. Preguntó en su municipio, San Lorenzo, en un momento clave, en un momento pree­lectoral, quiénes eran los empleados de la municipali­dad, cuánto ganaban y dónde prestaban sus servicios. Y la municipalidad le respondió justamente con eso: ¿Qué le importa a este ciudadano conocer esto, que es parte de la intimidad de los funciona­rios? ¿Por qué no pregunta por las calles empedradas, por las plazas y otras cosas. Eso dio pie a esta lucha de este ciudadano, que terminó en la Justicia y que en el 2013 da pie a un acuerdo y sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que después hace un efecto cascada y renueva con estas leyes de acceso a la informa­ción. Previo a eso, pregun­tar por el salario de los fun­cionarios, por ejemplo, era un delito prácticamente. Es más, la Cámara de Dipu­tados me acuerdo en aquel entonces quería averiguar, vía denuncia ante el Minis­terio Público, quién había fil­trado los salarios de los fun­cionarios. Eso es lo que pasó y por eso podemos decir hoy que estamos un poco menos opacos. Obviamente, la pelea contra el secretismo, que es algo que viene de décadas de la dictadura, no se acaba, es permanente y la ciudadanía yo creo que tiene que seguir empujando a eso y los políti­cos que comprenden que la transparencia no solo es un deber del Estado, sino tam­bién una ocasión para ser mejor democracia, los políti­cos tienen también que apro­vechar y empujar esto.

–En esa prehistoria la infor­mación no pertenecía al ciu­dadano. La información pertenecía a la autoridad, al político, al caudillo, etc. Esa es la prehistoria y el hito que se marca del 2013 para aquí es justamente que a través de esta movilización ciuda­dana, a través de estas sen­tencias judiciales, a través de estas leyes y del ejercicio ciu­dadano de acceso a la infor­mación pública, que tam­bién vino acompañado por los medios de comunicación y los periodistas. Esa histo­ria cambia. Entonces se reco­noce algo que debería haberse reconocido mucho antes, que la información pública es algo que pertenece al ciudadano porque no se puede enten­der un sistema democrático donde el voto es clave y para poder votar uno tiene que tener información. Enton­ces, desde la base misma de la democracia tenemos que el acceso a la información pública es un derecho fun­damental. No puede existir una democracia sin acceso a la información pública.

–Yo creo que en materia nor­mativa hay todavía cosas que hacer. Ha habido un gran avance. Hay que reco­nocer también que la socie­dad civil, varias organizacio­nes o grupos de expertos, de entendidos en esta materia y de activistas en esta mate­ria trabajaron más de 10 años para conseguir esta legisla­ción en el 2014, realmente en el 2015 empieza a funcionar la ley. Pero nunca se logra la ley óptima, sino la ley posible y en esa ley posible tuvo que haber una serie de negociaciones y hay cosas que todavía quedan pendientes, algunas peque­ñas lagunas que rellenar, etc. Y en uno de los estudios que hemos hecho al respecto jus­tamente hemos visualizado esto. Nuestro sistema legal de la Ley 5282 impulsó una cosa muy importante, que el procedimiento para que la gente pida información, se hizo un sitio web, un portal de acceso a la información pública donde cualquier ciu­dadano puede entrar en una computadora o en su celu­lar a pedir la información a cualquier entidad pública. El problema es que la cul­tura del secretismo todavía permea nuestras institucio­nes. Entonces tenemos que desde el 2015 hasta ahora ha habido más o menos un 20% de solicitudes de acceso a la información que nunca fue­ron respondidas o que fueron respondidas negativamente por el Estado.

–Ahí vamos a las otras patas cojas de este sistema norma­tivo a partir de la sanción. Que haya 20% de solicitudes que no han sido respondidas o que fueron respondidas nega­tivamente te da a entender que se necesita un sistema de sanción y ese sistema de san­ciones es endeble. Entonces, hecha la ley, hecha la trampa y, sobre todo, hecha la ley sin sanción, nadie la cumple. En este caso, por lo menos hay entre 70 y 80% de institu­ciones que todavía respon­den a la pregunta, pero cuál es el otro tema. Al no tener la norma un órgano garante administrativo, autónomo, como en un estudio que hici­mos de 18 naciones que en la región tienen una ley simi­lar, la gran mayoría tiene un órgano administrativo autó­nomo que atiende los recla­mos de los ciudadanos, a los cuales no se les responde su solicitud. Acá no tenemos un órgano. Entonces per saltum hay que ir directamente a la Justicia. Y la justicia le ate­rra luego a la gente por todo lo que es entrar en el sis­tema judicial y el dato pre­ciso de estos estudios que hemos hecho es que de esos 17 a 20% de solicitudes no res­pondidas que podrían cons­tituirse en una acción judi­cial de amparo de acceso a la información pública, apenas el 2% de los ciudadanos recu­rren a la Justicia, es decir, 2 de cada 100 ciudadanos cuando el Estado le responde negati­vamente opta por ir por la vía judicial. Entonces hay un 98% de ciudadanos que lamenta­blemente se tienen que que­dar en el molde y no tienen ni la respuesta a la institución y deciden no ir a la Justicia.

–El Ministerio de Justicia es el coordinador administra­tivo de la ley, pero no tiene ninguna facultad para obligar a nadie a cumplirla. Y ese es el problema. Solamente a tra­vés de un juicio de amparo un juez puede ordenar y ha ocu­rrido, pero a lo largo de estos 5 años tenemos poco menos de 120 acciones judiciales de amparo presentadas, eso es menos del 2% de la cantidad que podrían haberse hecho si es que la gente decidiera ir a una acción de amparo. La acción de amparo judicial es una acción gratuita, es de las más rápidas, pero sigue teniendo los problemas de entrar en el sistema judicial. Y esa es una de las patas cojas que tiene nuestro sistema.

–Respondería en tres par­tes. Primero, la cuestión normativa. La propia norma establece que para que haya una información reservada la ley tiene que decirlo así. Cualquier ley, por ejemplo, la Ley de Bancos implica el secreto bancario, el Código de la Niñez y la Adolescencia habla de la reserva en cuanto a la identidad de los niños o menores que son parte en un juicio, etc. Después, concep­tualmente también tenemos que considerar cuando esta­mos hablando de una persona que es del ámbito público, un funcionario público, una autoridad. Cuando habla­mos conceptualmente se reconoce que una persona en lo privado tiene un mayor estándar de reserva de infor­mación. En cambio, con el funcionario público, la auto­ridad, decrece esa protección a su intimidad, a su privaci­dad. Eso también es muy inte­resante que a nivel de la judi­catura, cuando se presentan casos, se haga esa pondera­ción. Los estándares inter­nacionales en materia de defensa de derechos huma­nos y de protección de la liber­tad de expresión y de la liber­tad de prensa hablan de que en los casos donde hubiera un debate sobre la afecta­ción del honor o la intimidad de una persona y eso se lleve al plano judicial, el estándar dice que es no es recomenda­ble que la acción ocurra por la vía penal porque se entiende que la vía penal puede, sobre todo cuando están medios de comunicación, periodis­tas o medios de prensa invo­lucrados en ese debate, actuar como un elemento de cen­sura. Se recomienda la vía civil y este es un estándar que está incluso establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

–Yo creo que hay mucho que transitar en materia norma­tiva, ajustar algunas cosas. Siempre también digo esto, es decir, la ley no es la que solu­ciona todo, la ley abre cami­nos o enfoca el camino, pero finalmente los hombres, las sociedades, los grupos son los que se ocupan de cumplirlas o no cumplirlas. Lo que vemos es que, y eso es parte también de la gran desilusión demo­crática, es que muchas veces las leyes que se hacen ter­minan siendo muchas veces palabras huecas. Entonces las correcciones normati­vas sí hay que hacerlas, pero hay que hacerlas también con un trabajo de participa­ción ciudadana y, sobre todo, de compromiso ciudadano. Tenemos que trabajar en la educación, es decir, tenemos que trabajar por la cultura de la transparencia y eso se tra­baja en la escuela, donde la directora nunca rinde cuen­tas o la asociación de coo­peradores de padres nunca rinde cuentas. Y a la mamá y al papá que le pregunta a la directora cuánto gastó en tal parte, le marcan a ella y a su hijo. Entonces esa cultura hay que ir creándola y eso no se crea solamente con leyes.

–Sí, 20 periodistas y comu­nicadores asesinados en el lapso de 30 años. Si ponemos un hito de inicio, el asesinato de Santiago el 26 de abril de 1991, como un mensaje por el Día del Periodista de parte de la mafia, esa misma mafia que ha venido matando periodis­tas a lo largo de estos 30 años. La mayor parte de los casos son del crimen organizado y en nuestros departamentos de frontera, fundamental­mente en Amambay.

–Todos los casos en el inte­rior. El 70 u 80% de los casos en la frontera y en Pedro Juan Caballero. Para más los dos últimos casos, Leo Veras en el 2020 y ahora Humberto Coronel, en Pedro Juan Caballero.

–Cuando hablamos de esto nos referimos al tema del cri­men organizado, es decir, no es el Estado el que está aten­tando contra la vida de los periodistas, pero indirecta­mente está facilitando, está permitiendo que haya ese atentado contra la vida de los periodistas. Somos un Estado fallido. Si el crimen organi­zado tiene las riendas, sobre todo en las zonas de frontera y hace lo que quiere y entre ellos ha matado 20 periodis­tas y ha empezado a matar a fiscales. Cuando ocurrió lo de Marcelo Pecci, toda la comunidad judicial empezó a darse cuenta de que es lo mismo que nos ha ocurrido a los periodistas en el 91, el primer periodista asesinado por la mafia y ahora tienen al primer fiscal asesinado por la mafia. ¿Qué hacemos con esto? Y la respuesta que vemos desde el Estado es casi nula o nula si no queremos ser tan optimistas.

–Tenemos los mismos están­dares de impunidad que hay a nivel mundial. 9 de cada 10 casos permanece impune. El único caso prácticamente que llegó a una condena acá y ejemplar porque la condena fue al autor intelectual fue el de Pablo Medina. Otro caso no. En el caso de Leo Veras ni sabíamos cuándo se iba a hacer el juicio. Los medios de prensa nunca cubrieron eso. ¿Cuál fue la diferencia con el caso de Pablo Medina? El medio al que pertenecía.

–Muchas cosas. Gracias al trabajo con Unesco se ha creado lo que es la Mesa para la Seguridad de Periodistas del Paraguay, que es una ins­tancia creada a voluntad de los poderes del Estado, las instituciones públicas y los gremios, es una instancia que reúne a representantes de instituciones públicas vin­culadas a la Justicia y la segu­ridad, Ministerio Público, el Ministerio de Interior, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio de la Defensa Pública, Mitic, etc., y repre­sentantes de gremios, 5 gre­mios de periodistas y comu­nicadores, el Sindicato de Periodistas del Paraguay, que es el más antiguo; el Foro de Periodistas Paraguayos, la Red Activa de Comunicado­res, la Sociedad de Comu­nicadores del Paraguay y la Asociación de Repor­teros Gráficos del Para­guay. Una mesa interinsti­tucional que trabaja por lo menos en ir monitoreando esto, generando las alertas si hubiera alerta, muchas veces no las hay, ya ocurren los casos nomás y buscando la manera de que las institu­ciones públicas cumplan su papel de proteger. Se ha avan­zado en algunas cosas ins­titucionalizadas como, por ejemplo, un mecanismo que tiene la policía de atención de los casos de periodistas que sufren amenazas graves para derivar una acción pun­tual de protección. El Minis­terio Público ha encargado a una de sus unidades, la Uni­dad Especializada de Dere­chos Humanos, que ya tiene ahora un protocolo de actua­ción. Todo eso en el marco normativo, pero hay mucho por hacer.

–La inseguridad es general. Y uno de estos problemas es de los periodistas. No esta­mos hablando de que hay que proteger al periodista por­que los periodistas somos una clase especial o por­que somos unos ciudadanos especiales. No, hay que tener una atención especial en la protección a los periodis­tas porque los periodistas y los medios de comunicación trabajan sobre una cuestión clave de la democracia, que es el acceso a la información pública. Cuando se le mata a un periodista no es que se le está matando a una per­sona nomás, se está impo­niendo la censura, la ate­rrorización al resto de los periodistas y directamente se está afectando el derecho de todos los ciudadanos de acceder a información por­que es una voz menos, es un medio menos.

–Los medios para poder sobrevivir se tienen que convertir en empresas y las empresas para existir tie­nen que estar ligadas a gru­pos económicos y lo que ha ocurrido muchas veces es que el poder político también ha ingresado a los medios. Entonces, no es posible hacer un periodismo asép­tico, pero sí es posible pedir que el periodismo sea lo más honesto posible, lo más leal posible con su tarea, que es informar. Y evitar que se con­vierta en una correa de trans­misión de desinformación o de propaganda.

Entonces, cuando el perio­dismo o los medios se con­vierten en propaganda o se convierten en correa de trans­misión de desinformación, obviamente ya no deberíamos estar hablando de periodismo, sino de medios propagandís­ticos. ¿Cuál es la calidad que tenemos hoy día en Paraguay? Gracias a que existen las redes sociales e internet, el ciuda­dano todavía puede tener un mayor y más amplio pano­rama, por lo menos para mirar qué hay de paja entre el trigo y saber cribar eso.

–A mí me parece que no nece­sitaríamos fact-checkers, es decir chequeadores de noti­cias, si tuviéramos un perio­dismo de calidad, por eso lo que hay que buscar es que haya periodismo de calidad. Cuando hay grandes con­glomerados y corporaciones que pagan fact-checkers para que hagan el trabajo, uno ter­mina pensando y dudando si ese trabajo realmente es independiente, es honesto, es ecuánime o es sesgado y muchas veces es sesgado.

–En general yo creo que las escuelas de periodismo nece­sitan cada vez más dina­mismo para aggiornarse cada vez más rápidamente, porque en todos los senti­dos y en todas las institucio­nes educativas que podemos tener aquí en muchas partes, el ritmo vertiginoso del creci­miento y de cómo va nuestra sociedad y sobre todo cómo va la comunicación de nuestra sociedad, hace que se nece­siten escuelas de periodismo mucho más dinámicas, ági­les. Ahora las universidades están en un proceso de acre­ditación con ANEAES en la parte de periodismo y comu­nicación. Pero me parece en gran medida que las acredi­taciones en nuestro país al menos se están convirtiendo una vez más en sistemas for­malistas que vos escarbás y no encontrás calidad.

Entonces tenemos que llenar 20 o 40 planillas, presentar esto, lo otro y no se ataca lo profundo, que es la calidad de la educación. Eso es lo que históricamente ha ocurrido con la educación media y con la meritocracia. ¿Por qué tanta gente se ocupa de jun­tar cartones para presentarse a concursos y decir “yo soy capaz, yo soy el mejor” y ter­minamos teniendo un servi­cio público de pésima calidad y en la educación ha sucedido eso. Maestras y maestros que han aprendido a llenar plani­llas y han olvidado la calidad porque el sistema les exigió llenar planillas y no dar cali­dad y ahora está sucediendo en la universidad.

–A lo largo de los años se ha visto que se ha deteriorado la calidad de la formación de los docentes y la calidad del sistema educativo en gene­ral, y hay muchas rémoras del autoritarismo en esa presencia. Y no hay trans­formación educativa o como quiera que se le llame que vaya a hacer que mejore la calidad educativa en nues­tro país sin no se atacan esas cuestiones esenciales. El mismo sector organizado de los padres está permeado por la politiquería muchas veces y esa politiquería no busca calidad, busca bene­ficios particulares o secto­riales o personales.

“El problema es que la cultura del secretismo todavía permea nuestras instituciones. Entonces tenemos que desde el 2015 hasta ahora ha habido más o menos un 20% de solicitudes de acceso a la información que nunca fueron respondidas o que fueron respondidas negativamente por el Estado”.

“Ahora las universidades están en un proceso de acreditación con ANEAES en la parte de periodismo y comunicación. Me parece en gran medida que las acreditaciones en nuestro país se están convirtiendo una vez más en sistemas formalistas que vos escarbás y no encontrás calidad. Maestras y maestros han aprendido a llenar planillas y han olvidado la calidad porque el sistema les exigió llenar planillas y no dar calidad y ahora está sucediendo en la universidad”.