El Tribunal de Sentencia conformado por las juezas Carmen Silva, como presidenta, Mirna Soto González y Ana Aguirre, como miembros, absolvió de culpa y pena a Waldemar Pereira Rivas –alias Cachorrão– por el asesinato del periodista Leo Veras, ocurrido el pasado 12 de febrero del 2020 en Pedro Juan Caballero. Dudas y reclamos sobre el trabajo de la Fiscalía de su ex pareja y el gremio de periodistas para que otro crimen contra periodistas no quede impune.

• Por Ricardo Rivas
• Periodista
• Twitter: @RtrivasRivas

Las compañeras y com­pañeros del Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) denuncia­ron que “el Tribunal de Sen­tencia conformado por las juezas Carmen Silva, como presidenta, Mirna Soto Gon­zález y Ana Aguirre, como miembros, absolvió de culpa y pena a Waldemar Pereira Rivas –alias Cachorrão– por el asesinato del perio­dista Leo Veras, ocurrido el pasado 12 de febrero del 2020 en la ciudad de Pedro Juan Caballero”. Amarga e inespe­rada sorpresa. Dolor. Bronca. Asco.

Casi en el mismo momento en que las magistradas emi­tieron la sentencia, en Viena –a casi 11.000 kilómetros de distancia de Asunción– la Unesco, la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el gobierno de Austria, junto con organizaciones de la sociedad civil, con alcance global, abogaban por el fin de la impunidad en crímenes contra periodistas. #EndIm­punity.

En ese contexto, el SPP “denuncia ante la opinión pública y ante las instan­cias internacionales este repudiable fallo judicial que lesiona gravemente el dere­cho a la libertad de expresión y la democracia, así como los compromisos del Estado paraguayo en materia de derechos humanos”. Sos­tiene también que “el negli­gente trabajo de la Fiscalía, que no investigó adecuada­mente el hecho; así como sos­pechosas acciones por parte de un tribunal que ha sido por demás benevolente con el acusado, han sido los ele­mentos que permitieron que el crimen de Leo Veras pase a engrosar la lista de muer­tes impunes de periodistas en manos de grupos criminales”.

Luto en el colectivo de perio­distas. Aquella noche, cuando Lourenço “Leo” Veras (52) escuchó un ruido raro en el patio de su casa, en Pedro Juan Caballero, los relojes marcaban la hora 21. Estaba caluroso. La cena que aquel colega periodista de inves­tigación especializado en tráfico de armas, drogas y corrupción estructural man­tenía con Cintia González, su esposa, el hijo de ambos y su suegro se interrumpió con lo que luego se supo era el ruido de la corredera de una pis­tola Glock que introdujo una bala 9 mm en la recámara. El encuentro familiar quedó en suspenso. Todo sucedió muy rápido. Leo abrió esa puerta por última vez. Inmediata­mente supo que estaba frente de tres sicarios con la misión de matarlo. Hay gente que vive de eso. Quiso escapar. No llegó lejos. Una docena de balas se incrustaron en su espalda. Su familia vio los fogonazos anaranjados, escu­chó las explosiones, gritaron su nombre. Leo no respondió. Los asesinos huyeron.

A la muerte se le unió la des­esperación de esos familiares espiritualmente aniquila­dos. Gritos, angustias, llan­tos, puteadas, desesperación, incomprensión, invocaciones religiosas. Vecindario con­mocionado. Nada volvería a ser igual desde entonces para los tres sobrevivientes. Un poco más tarde policías por todos lados. Funcionarios judiciales. Preguntas sin res­puestas. Declaracionismo sin límites para explicar siem­pre lo mismo. Lo inexplica­ble. Sueños rotos, soledades y la sombra amenazante de pobreza e indigencia sobre una familia trabajadora que, aún hoy, vive al día y a veces va detrás de las obligaciones pecuniarias inevitables que emergen con cada amanecer.

La policía, por una casua­lidad, cuando comenzaba el mes de mayo reportó la detención de Waldemar Pereira, alias Cachorrão, al que señaló como presunto “asesino de Veras”. El apre­sado no se detuvo en un con­trol de vehículos rutinario en Pedro Juan Caballero, peli­grosa área fronteriza entre Paraguay y Ponta Porã, Bra­sil. Es una de las dos “zonas silenciadas, de alto riesgo” paraguayas a las que el ex relator especial en libertad de expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Edison Lanza identificó en su informe anual del 2018. El “Estado debe prevenir, inves­tigar y sancionar”, dijo Lanza un día más tarde de la muerte de Leo, apoyándose en aque­lla categorización.

Desde entonces, desde la tra­gedia, pasaron treinta y tres meses. Aquel asesinato tuvo fuerte repercusión interna­cional. “Condeno el asesi­nato del periodista Lourenço Veras”, dijo públicamente Audrey Azoulay, directora general de la Unesco, desde París en un comunicado y agregó: “Proteger la segu­ridad de los periodistas es esencial para la defensa de la libertad de prensa y la libertad de expresión e insto a las autoridades a garantizar que los autores de este crimen sean llevados ante la justicia”.

Sus palabras –claramente la voz de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)– no parece que hayan sido escu­chadas ni tenidas en cuenta. “El asesinato del periodista de 52 años Leo Veras per­manece sin respuesta. Ha pasado un año…”, denunció ABRAJI (Asociación Brasi­leña de Periodismo de Inves­tigación, por su sigla en por­tugués) en una publicación institucional en el 2021.

“Tenemos muchas preguntas y sin respuesta. Nadie sabe el dolor por el que está pasando nuestra familia”, sinceró Cin­tia, la viuda, a periodistas de ABRAJI cuando la entrevis­taron. Una docena de meses en algunos momentos se sien­ten y pesan como centurias. Los días y sus noches no se detuvieron como los sueños con Leo que cayó acribillado. ¿La justicia? Cintia ahora sabe que no habrá de llegar. Como el Sindicato de Periodistas de Paraguay, aunque unas pocas horas antes de que se cono­ciera la sentencia absolutoria del presunto criminal hace foco crítico en la actuación del fiscal Andrés Arriola, que me trata “de mentirosa y en ningún momento mentí”, dice sollozando. “Me dice que a mí nunca me importó lo que pasó con Leo. No es así. Hasta hoy me duele y nunca se va a borrar de mi cabeza ni de mi memo­ria lo que pasó esa noche. Por eso lloro. Nunca me llamaron para declarar en poco más de un año. Querían que acusara al tipo ese que tienen preso (Cachorrão), pero no lo haré porque aquella noche no lo vi en mi casa. Yo solo declaré lo que vi. No miento. Acá (en Pedro Juan Caballero) no se hizo justicia cuando mata­ron al intendente (José Car­los Acevedo), tampoco lo van a hacer por Leo”.

Su voz ahora es firme. “Supuestamente estoy en eso de protección a testigos y ¿cuándo me protegieron? ¿Cuándo buscaron algo para mí? El Estado me abandonó. Las autoridades me abando­naron. ¿Qué puedo hacer? Poco, por nada. Si el fiscal tiene pruebas, que haga su trabajo. Pero no voy a acusar al que no vi. Tengo miedo”.

Su silencio tiene demasiada profundidad. Emerge desde muy adentro. Siento que habla su corazón. El Ministe­rio Público, lugar de trabajo del fiscal Arriola, rechaza las críticas del Sindicato de Periodistas y de Cintia, a la vez que destaca la pes­quisa del caso Veras reali­zada por el fiscal jefe de la Oficina Especializada en la Lucha contra el Narcotrá­fico, Marcelo Pecci, que el 10 de mayo pasado fue muerto en Colombia cuando estaba de luna de miel y, en ese con­texto, “extiende su apoyo al trabajo realizado por el agente fiscal Andrés Arriola durante el arduo desarrollo del juicio oral cuya acusación era sostenida por el Minis­terio Público, ofreciendo las pruebas objetivas necesarias, legítimas y legales en tiempo y forma, en el marco de una compleja investigación el actuar objetivo, imparcial e independiente del Sistema de Justicia a fin de que la familia de la víctima y la ciu­dadanía en gral (sic) obten­gan la anhelada sanción para los responsables y justicia ante un crimen atroz”.

Más declaracionismo detrás del infortunado Pecci, también víctima –como Leo– del sicariato un semestre atrás. Cintia recuerda con dolor cuando fue interrogada por el fis­cal Arriola en el transcurso del juicio oral. Entre otras cosas, le preguntó “después de cuánto tiempo volví a casarme”. Irrelevante. ¿O pretendía demostrar des­apego por parte de la viuda a su difunto esposo?

Tal vez, el microclima que se desarrolla en los ecosistemas burocráticos –como lo es el Poder Judicial– impida pro­yectar con claridad a quie­nes participan de él el alto impacto que la sentencia de la justicia paraguaya por el que se absolvió a Cachorrão en el caso Veras tiene más allá de las fronteras para­guayas. Mucho más cuando se produjo en contempora­neidad, como ya se dijo, con la celebración del Día Inter­nacional para poner Fin a la Impunidad en Crímenes con­tra Periodistas.

El asesinado Leo era brasi­leño. Katia Brembatti, pre­sidenta de ABRAJI, vinculó la efeméride global con el fallo “que deja a los culpables sin responsabilidad por la muerte de Leo Veras. Esto es inaceptable. Fue asesinado”, enfatizó y, desde esa perspec­tiva, puntualizó que esa orga­nización “espera que las auto­ridades tomen las medidas necesarias para castigar el delito y dar una respuesta a familiares y amigos”.

Coincide Brembatti con el Sindicato de Periodistas del Paraguay y con otros colecti­vos profesionales que supie­ron y repudiaron la novedad en Viena, Austria, donde para recordar el decenario del “Plan de acción de Naciones Unidas para la seguridad de periodis­tas y la cuestión de la impu­nidad” durante tres días deb atieron en un foro del más alto nivel periodistas, comunica­dores, funcionarios de orga­nismos multilaterales y repre­sentantes de la sociedad civil.

Katia sostiene que los colec­tivos profesionales de perio­distas “continuaremos recla­mando actitudes y políticas claras de aquellos que deben satisfacer las demandas sociales” y puntualiza que “cada vez que un periodista es silenciado, toda la sociedad pierde”. Con contundencia, exhorta enfáticamente: “El recuerdo de Leo Veras y todo el trabajo que ha realizado debe ser respetado, con una acción constante por parte de las autoridades para escla­recer su muerte y sancionar a los culpables”. Así sea.