Nada menos que 1.306 fueron las denuncias por desapariciones de niños y adolescentes en el 2021, de las cuales son mujeres el 78,6%. Un dato duro en un país donde son desbaratadas a menudo bandas que hacen trata de personas. Sin embargo, ni la Policía ni el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (Minna) consideran esta como la principal causa de esta cifra tan elevada. Aquí un pantallazo de lo que se está haciendo para revertir este preocupante cuadro de situación.

• Por Jorge Zárate
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La ministra de la Niñez, Teresa Martínez, pide cautela: “Es un número escandaloso por­que no está depurado, porque no están convenientemente registrados los localizados, los retornados, etc.”, expone. En contrapartida, da cuenta de que en el 2021 solo se regis­traron 2 denuncias que se judicializaron, que son sobre las que interviene el ministe­rio a su cargo.

“Hay que diferenciar niños con paradero desconocido con niños desaparecidos, porque estos son los que se procedió a la búsqueda y no han sido localizados, en tanto que paradero desco­nocido son los que salen de la casa y no vuelven y todavía no se ha procedido a su bús­queda. Son dos situaciones distintas”, apunta. “Ahora se están depurando las listas y tendremos los números exac­tos para ver cuántos tenemos como desaparecidos reales”, asegura.

Entre tanto, al preguntársele si la causa del dato es la trata o el tráfico de órganos, el subco­misario Felipe Figueredo, de Búsqueda y Localización de Personas, consideró: “En rea­lidad estas razones no serían los motivos; hay diferentes causas, que van desde proble­mas entre los padres, que son generalmente por la tenencia. Uno lleva al menor sin la auto­rización del otro y ya hacen la denuncia solicitando la orden de búsqueda y localización del niño. Algunos de ellos se encuentran extraviados, tienen problemas de salud e inclusive por los cambios pro­pios de la niñez a la adolescen­cia, entran en una inestabili­dad que los impulsa a huir de la casa; de ahí la importancia del acompañamiento de los padres”.

Entre las razones que la poli­cía admite expone que “las injerencias externas también tienen su impacto; amistades, tecnología, relaciones amo­rosas, entre otras causas que influyen bastante en la con­ducta del adolescente, lleván­dolo a ocultar informaciones de sus padres o tutores por temor a la desaprobación”, apunta.

Para Aníbal Cabrera Echeve­rría, de la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA), el problema es estructural: “El Departamento de Búsqueda de la Policía tiene entre 8 y 10 personas para hacer el tra­bajo, no tiene equipamiento, infraestructura, no tiene equipos tecnológicos, es una situación difícil. Por ejem­plo, si lo comparamos con Antisecuestros que tiene un tremendo equipo para entre 10 y 20 casos al año, esto no guarda relación con esta dependencia, que tiene que buscar a unas 3 mil personas por año, claramente algo no está bien”, apunta.

El especialista en niñez ve también cierta desidia en el Ministerio del Interior. “Creo que se soslaya que pueden ser víctimas de trata o del crimen organizado y allí el rol de ese organismo es clave porque es responsable de seguridad interna más allá de las com­petencias de la Policía Nacio­nal”.

Para Martínez, “no podemos saber las causales porque a veces es gente que no retornó a tiempo, por enojo, maltra­tos, abuso, le puedo hablar de los casos judicializados donde por allí se orientan la mayoría de los relatos de los que se fueron”. Cuenta tam­bién que hasta el momento “no tenemos denuncias de tráfico de órganos o trata, así que no podemos decir eso con propiedad. La Policía tiene que depurar sus núme­ros con la Fiscalía, que es la que sabe si se los localizó o no”, propone.

Otro elemento a considerar es cómo se tramita la desaparición de personas: “Hay que entender que durante 30 días se tiene a la persona en la planilla de búsqueda y loca­lización y, una vez cumplido ese plazo, se remite a casos no resueltos y a los 30 días va al freezer o queda bajo la alfombra con el agravante de que la Policía todos los 1 de enero pone el contador en 0. Así que los que desapare­cieron el año anterior y no fueron encontrados quedan fuera del radar”, apunta.

El subcomisario Figueredo explica el trámite: “Lo que hay que determinar bien son las denuncias que ingresan a nuestro sistema, tenemos una base de datos que está sincro­nizada de manera online con el Sistema Informático de la Policía Nacional; al ingresar las denuncias que nos envían los compañeros de las distin­tas dependencias policiales, cargan en el mencionado sis­tema. A partir de la misma ya se cuenta con una orden de búsqueda y localización”.

Entonces, “el término desa­parecido es utilizado después de agotar todas las instancias de búsqueda y localización a través de familiares, amigos y lugares que frecuente el menor, esto porque la gran mayoría de niños han sido devueltos a sus hogares, así como también es consabido que no estamos contando con la cantidad de retorno deseado de levantamiento de denuncias por parte de los familiares, que dejen sin efecto la orden de búsqueda y localización posterior a haber ubicado a su familiar”.

Como los parientes gene­ralmente no comunican el regreso de los niños y ado­lescentes desaparecidos, esta situación hace aumentar los números de la estadística.

La ministra de la Niñez consi­dera: “Necesitamos hacer un registro único, estamos tra­bajando en eso”, dice Martí­nez para luego proponer: “La Policía tiene que también acti­var el protocolo de búsqueda para que tengan números reales, porque si no lo hacen, seguirán teniendo los núme­ros de las denuncias y no la de los localizados, que es lo que ahora se está comparando”, para tener un definitivo.

El senador liberal Lucas Aquino es presidente de la Comisión de Niñez de la Cámara Alta y viene moto­rizando la reunión de una mesa interinstitucional (ver aparte) y promueve la crea­ción de un Registro Nacio­nal de Menores Extravia­dos. Según los números que pudo recoger, de ese total de 1.306 menores desapareci­dos en el 2021, alrededor de un 50% regresó a sus hoga­res, “pero se desconoce las condiciones en que retor­naron y cómo se encuen­tran actualmente”.

El elemento de la violencia intrafamiliar surge clara­mente de la experiencia al punto de que cierto cuestio­nario referente al tema es implementado por la Policía cuando logra encontrar a un niño o adolescente perdido. “Con relación al menor que haya sido ubicado, se convoca a la familia para escucharlos, en el marco de los trabajos de análisis de las causas, a fin de descartar cualquier tipo de daño al menor y proceder a su entrega. En el caso de que el menor manifieste ser víctima de malos tratos, de algún tipo de hecho contra su integridad física o su autonomía sexual o se observen rastros de vio­lencia, se comunica inmedia­tamente a las instituciones afines”, cuenta el subcomi­sario Figueredo.

“Las pistas que se manejan para la búsqueda y localiza­ción parten de los mismos familiares, como fuente pri­maria de investigación, así como de todo lo que se pueda ir recolectando en el proceso de la tarea policial, en el que en muchos de los casos ter­minan siendo ubicados en sus propios hogares”, relata sobre la experiencia.

Para Cabrera Echeverría es importante ir pensando en el diseño de ese registro que permita clasificar por barrio, distrito, ciudad, departa­mento, incorporando pre­guntas para determinar si la persona desaparecida tiene alguna discapacidad o per­tenece a alguna comunidad indígenas, etc.

“Entendemos que es necesa­rio un centro de coordinación de búsqueda y localización de personas, con representantes de la Policía, los ministerios de la Niñez, Mujer, Migracio­nes, Fiscalía y Defensoría. Tiene que hacer un mapa de riesgo con las zonas de vul­nerabilidad, señalando los departamentos con pobreza, dónde se generan más denun­cias de violencia y abuso sexual, denuncias de trata de personas, para poder armar un mapa de riesgo del país”.

Lo esencial del tema es que se pueda “hacer un seguimiento caso por caso, con una evalua­ción de la vulnerabilidad de las personas desaparecidas, por­que si es indígena tiene mayo­res riesgos, por ejemplo”.

Otro punto es el retorno: “Una vez que se encuentra a la persona, hay que evaluar el regreso a la casa, ver si el hogar es el mejor lugar para regresar. En la evaluación se tiene que mirar por qué se fue de la casa porque hay condiciones en las familias que hacen que muchas veces el adolescente salga. Se nece­sita una evaluación psicoló­gica y médico forense a cada una de las personas porque imaginen un caso de abuso sexual, en el que se encuen­tra a la persona y se termina regresándola a un infierno. Entonces se debe mejorar el abordaje”.

Claramente todo dependerá de los recursos y es allí donde la situación suele ponerse difícil.

Cabrera Echeverría analiza: “Todos necesitan más recur­sos, la Policía, el Minna, pero es bueno recordar que Para­guay tiene un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para segu­ridad ciudadana del que se podrían obtener los recursos para equipar el centro, capa­citar y entrenar al equipo y generar los manuales de pro­cedimientos”, apunta.

Según expone, solo se requiere de “voluntad política, porque la ejecución presupuestaria de ese préstamo es bajísima. Es algo que se aprobó en el gobierno de Horacio Cartes y que podría ayudar en mucho en esta situación”, concluyó señalando.

La ministra Martínez entiende que “todos podría­mos hacer algo desde las igle­sias y escuelas, formando a los niños para que no sal­gan sin compañía, enseñar­les que no deben salir de sus casas por enojo, no escuchar a extraños, no acercarse a autos extraños, hay un mon­tón de tips que los padres dan a sus hijos, pero que hay que repetirlos en todos los espa­cios”, indica.

Dice luego que “cuando ten­gamos los números podremos analizar todos los procesos, no quiero decir con esto que solo si el número es grande hay que activarse, ya que un niño desaparecido es un niño que tiene que ser encon­trado, pero necesitamos sin­cerar los números para saber de qué estamos hablando o si no hacemos meras especula­ciones”, consideró.

El senador Lucas Aquino (PLRA) preside la Comisión de Niñez de la Cámara Alta, donde viene promoviendo una mesa de trabajo interinstitucional “sobre la pro­blemática de niños, niñas y adolescentes desaparecidos en el Paraguay donde se ha observado en los primeros informes recibidos la falta de registro sobre datos de niños, niñas y adolescentes que no han vuelto a su hogar. Así también, solicitamos informes a varias instituciones, como a la Policía Nacional y a la Corte Suprema de Justicia y que han remitido datos referen­tes a los mismos”, contó de su accionar. “Lo que buscamos con esta mesa de tra­bajo es poder unificar los datos tanto del Ministerio Público, de la Policía Nacio­nal, del Ministerio de la Defensa Pública y todas aquellas instituciones de protec­ción a la niñez y adolescencia. Y con base en esto ir tomando medidas para un mejor trabajo”, apuntó.

Entre tanto, Aquino requirió a la Bica­meral de Presupuesto que se agreguen 2 millones de dólares anuales más para las Consejerías Municipales por los Derechos del Niño, la Niña y el Ado­lescente (Codeni) para que puedan con­tribuir en la tarea de localizar a perso­nas desaparecidas.

El legislador también interesó sobre el tema al cardenal Adalberto Martínez, quien comprometió su apoyo para con­seguir ir revirtiendo este preocupante cuadro. Vale recordar que el tema fue abordado en la primera homilía con su nueva investidura, realizada en setiembre pasado en el Bañado Tacumbú. “Nuestros encierros e individualismos nos llevan muchas veces a la indiferencia frente a determinados dramas que viven muchas familias y hogares que tienen a sus seres queridos, niñas, niños, adolescentes y jóvenes desaparecidos y cuyo paradero y destino son desconocidos, o tienen un final trágico”, aseguró el también arzo­bispo metropolitano de Asunción desde la parroquia Felipe y Santiago.

Recordó en aquella ocasión que el Ministe­rio Público y la Policía, entre otros, tienen la obligación de investigar las desapariciones de personas y determinar su paradero, pero también señaló que la sociedad “no puede ser indiferente a este flagelo” y alertó que muchos casos de desapariciones “podrían estar vinculados con el crimen de la trata de personas”.