Por Jorge Zárate, Jorge.zarate@nacionmedia.com - Fotos: Cristóbal Núñez

La gran mayoría de migrantes, especialmente a Buenos Aires, trabaja en los sectores de la construcción y el servicio doméstico, configurando una “plusvalía étnica”. Entre otros datos, la investigación realizada por Sebastián Bruno, autor del libro, durante 13 años, muestra que la fracción del ingreso que pueden remitir a sus familiares es muy acotada ya que la migración siempre favorece a los países de destino.

“Migración paraguaya hacia Argentina. Historia, demografía, acceso al mercado de trabajo y trayectorias territoriales” se llama el libro del sociólogo Sebastián Bruno que se presentó en la semana en la Sociedad Científica del Paraguay.

Se trata de una investigación de 13 años sobre los aspectos principales de la colectividad extranjera más numerosa en Argentina que se debía un estudio de esta rigurosidad.

En él se deja en claro que la colectividad no llega al millón de personas como popularmente se reproduce. También queda claro que las grandes ciudades son las que dan su mayor aporte a la migración: Asunción, las ciudades de Central, Villarrica y Encarnación van liderando los registros.

También que el número de paraguayos en Argentina representa un “goteo” o migración permanente que fue ininterrumpida desde mediados del siglo XX.

Bruno, que es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires y está radicado en Asunción, conversó con Nación Media:

–¿Cuántos paraguayos viven en Argentina? Las cifras siempre han sido objeto de controversias.

–Según el censo argentino del 2010, que contabilizó a más de 550 mil personas nacidas en Paraguay; que, en sentido estricto, son quienes conforman la población migrante. Si lo vemos en perspectiva, es una magnitud muy importante. Equivale a toda la población de Asunción y un 10% más. También podemos decir que equivale al 8,8% de la población que tenía Paraguay en ese año.

Más allá del dato puntual, es importante destacar que desde 1947 los migrantes paraguayos en Argentina equivalen a un rango entre el 6 y el 9% de la población de Paraguay en cada medición censal. Eso nos habla de una constancia de la emigración.

El 18 de mayo pasado se hizo el censo en Argentina, así que en breve tendremos una panorámica actualizada.

–¿Cómo sigue el ritmo de la migración paraguaya a Argentina en este postpandemia, se siente que había habido un retorno de mucha gente en estos tiempos?

–Sobre el impacto de la pandemia y las restricciones a la movilidad que hubo durante un año, honestamente, no hay fuentes que nos den una respuesta categórica. Por otro lado, resulta fundamental recordar que hubo momentos de crisis muy importantes en Argentina (como la de 2001-2002) que no significaron un retorno masivo, sino que las cantidades de migrantes se mantuvieron, aún a pesar del deterioro en sus condiciones de vida. La historia nos indica que, salvo un período muy puntual, donde comienza la transición democrática en Paraguay y se estaba dando un proceso hiperinflacionario en Argentina (1989-1991) no se han registrado procesos de retorno importantes desde 1947 hasta ahora.

–¿Sigue siendo importante su impacto en términos de remesas?

–A diferencia de lo que sucede con algunos países de Centroamérica y el Caribe, el peso económico de las remesas es estadísticamente marginal en la economía paraguaya. Por supuesto que en cada hogar donde se recibe constituye un aporte importante para esa familia. Pero debe entenderse que la remesa es una especie de “propina” dentro de todo lo que produce la persona migrante en destino. Paraguayas y paraguayos en Argentina generan valor en la economía, agrandan el consumo interno y colaboran en el sostenimiento de las jubilaciones y pensiones. La fracción del ingreso que pueden remitir a sus familiares es muy acotada. La migración siempre favorece a los países de destino.

–¿Cuáles son los destinos principales en Argentina de la migración paraguaya?

–El destino por excelencia es el aglomerado urbano de Buenos Aires, especialmente los municipios que se encuentran alrededor de la Ciudad de Buenos Aires. En el 2010 allí se concentraba el 75% de la población migrante paraguaya.

Ya a otra escala, todavía vemos una población migrante ya envejecida en las ciudades de Formosa y Posadas, que hasta la década de 1940 eran los principales lugares de destino. Una novedad que nos mostró el censo argentino fue la presencia y crecimiento de la población migrante en la Patagonia, hacia el sur del país.

–¿Se registran avances de la colectividad en lo que hace al acceso universitario y mejora de los accesos laborales y otros derechos como vivienda por ejemplo?

–Históricamente, la migración paraguaya hacia Argentina tiene un sesgo de nivel educativo más bajo que el promedio en Paraguay, que no significa que migren exclusivamente personas de bajo nivel educativo.

En los últimos 20 años hubo un importante aumento de la matrícula universitaria, particularmente en Buenos Aires y con seguridad eso ha contribuido a un mejor acceso a los estudios superiores. Este no ha sido un eje particular de abordaje en mi investigación y amerita un trabajo orientado hacia allí; pero a partir de información agregada es posible identificar esa tendencia de mejora.

En cuanto al acceso de la vivienda, centrándonos en la migración a Buenos Aires, vemos una clara desigualdad en la población migrante. Mientras el 32,5% de los hogares con al menos un migrante paraguayo vivía en un hogar con privaciones de infraestructura (materiales o acceso a agua y saneamiento), en el resto de los hogares ese porcentaje alcanzaba el 15,9% (menos de la mitad). A partir de este dato y en el análisis exhaustivo de los lugares donde los migrantes fijan su residencia, vemos que se ubican en las zonas más desfavorecidas de Buenos Aires.

–¿Obreros de construcción y trabajadoras domésticas siguen siendo los destinos principales?

–Debemos esperar los resultados del censo 2022 en Argentina para confirmar o no esa foto de inserciones laborales, pero esas concentraciones tan fuertes de los hombres en la construcción (4 de cada 10) y las mujeres en el servicio doméstico (6 de cada 10) no eran un dato aislado de 2002-2003. Al compilar la información de los censos argentinos de 1970, 1980 y 1991 vemos que esa proporción es constante. Esto nos está indicando que se trata de una modalidad estructural del acceso de la población paraguaya en el trabajo.

El tema laboral es un aspecto al cual le dedico mucho espacio en la investigación. Lo que tenemos es una dinámica donde 1) con los años se dio una red migratoria que facilita enormemente la inserción en estos sectores de la economía (incluso en la construcción son contratistas paraguayos quienes reclutan a otros paraguayos); 2) a lo que se suma una valoración positiva de la mano de obra paraguaya en estos sectores (“guapos” y “resistentes” en el caso de los hombres; “responsables” y “cariñosas” en el caso de las mujeres; “cumplidore/as” en ambos); y 3) una ubicación social local de los hombres paraguayos son asociados a la figura de constructor/albañil y las mujeres a empleadas domésticas o cuidadoras.

A esta dinámica la conceptualicé académicamente en términos de “plusvalía étnica”, ya que esta reducción de las opciones laborales, la mayor informalidad en las relaciones laborales (si las comparamos con población argentina trabajando en los mismos sectores) y una mayor extensión de las jornadas laborales redunda en una mayor sobreexplotación del trabajo.

–¿Cuál considerás que es el dato más relevante a tener en cuenta en este momento?

–Entre varios elementos posibles, podemos quedarnos con la persistencia de la emigración joven. Paraguay hace una apuesta de su “bono demográfico” (que es un momento único de la población, con una proporción muy grande de personas en edad de producir respecto de las personas en edades dependientes), pero buena parte de ese “bono” está pagando “dividendos” en Argentina y, en menor medida, en España.

Según la información más actualizada disponible casi el 12% de la población de Paraguay entre 20 y 39 años está en Argentina. Viendo el fenómeno desde Paraguay si pretendemos aprovechar el bono demográfico, resulta fundamental generar oportunidades de vida en la población en origen, de manera que la emigración sea una opción individual; alternativa a la posibilidad de desarrollarse en el país. Eso significa redoblar los esfuerzos en el aseguramiento del acceso a la salud, a una educación de calidad y, especialmente, a desarrollar actividades laborales con al menos un umbral mínimo de protección social. Solo de esa forma es factible garantizar el derecho “a no migrar”, que es tan o más importante como el de migrar en condiciones de protección.

–¿Con base en la información, qué deberían hacer como política pública urgente tanto el gobierno paraguayo como el argentino para ayudar a los compatriotas?

–Como analista de la cuestión migratoria, sería fundamental que el Estado paraguayo comprenda que su mayor desafío en este campo es la emigración. Hoy tenemos ámbitos de competencias dispersos entre la Dirección de Migraciones, la Secretaría de Repatriados y la Dirección de Atención de Connacionales de la Cancillería. Asimismo, tenemos una legislación migratoria profundamente regresiva y discriminatoria con los inmigrantes y sin interés alguno respecto de la emigración.

Al respecto, existe un proyecto de modificación de la normativa migratoria con un enfoque más propio de un régimen democrático. Además de esta iniciativa cabría preguntarse si no se necesita un cambio en la gobernanza, integrando esas funciones hoy dispersas. Con el rango que corresponda, Paraguay puede tomar lecciones aprendidas de otros países de la región, con ministerios y secretarías de migraciones que integran tanto políticas y programas de inmigración como los de emigración.

De todas formas, más allá de las normas y la gobernanza de las migraciones, la política sustantiva debería apuntar a mejorar nuestras condiciones de vida, de manera que las personas puedan ejercer el mencionado derecho “a no migrar”.

Respecto del Estado argentino, resulta indispensable abordar aquellas dimensiones (especialmente en el ámbito laboral) donde a pesar de gozar de los mismos derechos formales, la población migrante paraguaya (y sudamericana) no accede a los mismos niveles de protección. Asegurar la formalidad de las relaciones del trabajo en la construcción, el servicio doméstico y una política de acceso a la vivienda que atienda las brechas de la población migrante debieran ser directrices de respuesta al cuadro de situación que las estadísticas nos muestran.

DERECHOS SOCIALES Y ELECTORALES

“El programa de regulación documentaria Patria Grande y la Ley de Migraciones del 2003 significó saldar una deuda de la democracia argentina con la población migrante”, recuerda Sebastián Bruno, autor de “Migración paraguaya hacia Argentina. Historia, demografía, acceso al mercado de trabajo y trayectorias territoriales”.

Agregó que “con requisitos simplificados, permite que las personas puedan regularizar su estatus migratorio, acceder a algún tipo de radicación y, con ello, poder trabajar en la formalidad como asalariado o por cuenta propia. Esto impactó en mayores accesos a la contribución para jubilaciones, a titulaciones educativas sin procesos complementarios, emitir facturas y demás. En términos de derechos, salvo algunas restricciones de voto, la población migrante goza de los mismos beneficios económicos y sociales que la población argentina”, comentó.

“Lamentablemente, a poco de asumir, Macri emitió un decreto que significó un retroceso a la normativa vigente; obstaculizando trámites de regulación migratoria y especialmente dándole a las fuerzas de seguridad instrumentos de deportación cuasi discrecionales. Afortunadamente, el gobierno que asumió en el 2019 derogó dicho decreto”, recordó.

Por otra parte, analizó la situación de los derechos electorales comentando que “si bien el acceso al voto desde el exterior fue una conquista muy importante para la colectividad paraguaya; persisten obstáculos que bloquean el acceso pleno a los derechos laborales. En particular, las condiciones de inscripción en el registro no son las adecuadas, ya que requieren de la intervención de funcionario/as del TSJE. En este sentido, las organizaciones migrantes han realizado propuestas sólidas de mejoramiento y que responden al sentir de quienes no deberían tener mayores obstáculos para elegir a sus autoridades”, concluyó.