Por Aldo Benítez Fotos: Jorge Jara
Un Tribunal de Sentencia condenó a los responsables de los asesinatos de los guardaparques de la Reserva Tapyta, ocurridos en agosto del 2018, en Caazapá. Un equipo de La Nación acompañó este proceso para conocer esta historia que atraviesa a varias familias en el dolor, la impotencia, las lágrimas y la pequeña esperanza de que hubo algo de justicia.
La Sala Nº 2 de juicios del Palacio de Justicia de la ciudad de Caazapá quedó casi en silencio, apenas unos susurros raros luego de que se dio a conocer la sentencia. Fue como que no se comprendía del todo aún, que después de tres años, todo estaba terminando. Y para muchas de las familias involucradas en esta historia fue revivir en pocos segundos todo lo que empezó el 18 de agosto del 2018, con la trágica muerte de los guardaparques Artemio Villalba y Rumildo Toledo, asesinados cuando estaban patrullando en los senderos de la Reserva Tapyta, en Caazapá.
El juicio para determinar quiénes fueron los responsables de la muerte de Villalba y Toledo empezó el 10 de setiembre y finalizó el 12 de octubre. La Fiscalía acusó a cinco personas de haber participado del doble crimen; los hermanos Braulio, Robert y Ramón Alcaraz González, además de Hugo González Sosa y Daniel González Britos; este último sigue prófugo hasta hoy.
La Fiscalía abrió varios puntos en la investigación contra estas personas: Homicidio doloso, portación ilegal de armas, producción de riesgos comunes y hasta daño en un patrimonio natural. Durante el proceso del juicio, el fiscal César Martínez solicitó el sobreseimiento definitivo de los hermanos Alcaraz González en lo referente al cargo de homicidio doloso, pero solicitó que se los condene por los demás cargos.
Según lo expuesto por el fiscal Martínez, las pruebas obtenidas demostraban que tanto Artemio Villalba como Rumildo Toledo fueron muertos por certeros balazos de rifle en la cabeza. En los testimonios de los testigos –principalmente de los propios investigados, en este caso los hermanos Alcaraz González– se dejó constancia de que solamente Hugo Andrés González Sosa tenía un rifle el día que atacaron a los guardaparques. Los resultados de las pericias forenses expuestas en el juicio demostraron que los hermanos Alcaraz González no habían disparado un rifle. Sin embargo, portaban otras armas.
Hugo Andrés González Sosa fue condenado finalmente a 24 años de cárcel por el doble crimen. Los tres hermanos Alcaraz González fueron sobreseídos, pero condenados a dos años de cárcel por los demás cargos. De igual manera, prácticamente quedaron en libertad, ya que según lo que establece el Código Penal, condenas hasta dos años tendrán una suspensión de pena, cumpliendo otras medidas como donaciones, presentarse al juzgado local cada mes, etc.
EL DÍA FINAL
La mañana del 12 de octubre el juicio cerró con los alegatos finales de la parte acusatoria –Fiscalía más querella– y de la defensa de los acusados. Una vez que terminó este proceso, cerca del mediodía, el Tribunal de Sentencia empezó con la deliberación para dar una sentencia. Finalmente, a las 18:40, el colegiado llamó a las partes para dar a conocer lo que resolvieron.
Antes de dar a conocer la sentencia, Enrique Furler, presidente del Tribunal – integrado además por Carlos Antonio López y Mario César Miranda– dio la oportunidad a los familiares de las víctimas de dar unas palabras, así como a los acusados. Paciana González, mamá de Rumildo, pidió que los responsables paguen por lo que hicieron. La mujer, que vestía una remera con la inscripción “Justicia para Artemio y Rumildo” dijo en guaraní que ella ya era consciente de que nunca más iba a ver a su hijo, pero que al menos su esperanza era tener una mínima chance de justicia, por la memoria de Rumildo.
“Yo quiero que me condenen por lo que hice. Reconozco que portaba un arma. Me arrepiento de todo, pero yo no fui el que disparó”, dijo Arnaldo Alcaraz González, cuando el Tribunal le habilitó dar una última palabra. Arnaldo es docente, trabaja en la comunidad y al igual que muchos de quienes habitan la zona, le gusta ir a cazar algún animal silvestre. “No me va a dar la vida para arrepentirme de haber ido ese día”, aseguró.
Hugo Andrés González Sosa, lejos de hablar mucho, se limitó a una frase mínima: “Solamente voy a pedirles a ustedes que me puedan dar la libertad porque tengo familia que dependen de mí”, dijo en guaraní.
Esmelda Brítez de Villalba, la esposa de Artemio Villalba, recordó a los presentes que todavía hay una persona prófuga que debe también ir a juicio en el caso. “Yo lo que les voy a pedir siempre es que hagan justicia”, dijo Esmelda, dirigiéndose al Tribunal.
Después se leyó lo establecido en la sentencia del Tribunal.
Hugo Andrés González Sosa escuchó su sentencia con suma tranquilidad y se retiró sin hablar con nadie, escoltado por un policía. González Sosa era funcionario del Palacio de Justicia de Caazapá y quienes lo conocen dicen que es un hábil tirador. Que es un gran “mariscador” de la zona. Se fue de la sala sin mirar a los hermanos Alcaraz González.
Aquellos murmullos del final del juicio se fueron transformando en conversaciones en voz alta y en abrazos, principalmente entre los familiares de los hermanos Alcaraz González, que coparon el sector destinado para el público dentro de la sala. La sentencia los deja libres después de haber estado un año y siete meses presos. “Pasamos demasiado también nosotros”, dijo una de las mujeres que estaban a los abrazos con los hermanos Alcaraz González.
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Artemio Villalba vivía con su familia en el barrio San Lorenzo, de la localidad de Toro Blanco, un pueblo cercano a la Reserva Tapyta de la compañía de Tava’i, en Caazapá. Allí la gente se dedica mayormente a la agricultura familiar, pero también muchos trabajan en las estancias y otras “changas” que se puedan conseguir.
Esmelda Brítez, esposa de Artemio, recibió al equipo de La Nación el día después del juicio. La casa de Esmelda tiene ese color verde fosforescente que llama la atención desde varias cuadras. Esmelda vive rodeada de plantaciones de yerba –un proyecto que realiza con la Fundación Moisés Bertoni– y de eucaliptos, que forma parte de un programa con la empresa Pomera SA, una gigantesca firma dedicada a este rubro que es dueña de una gran porción de tierra y que está rodeada por la Reserva Tapyta.
Esmelda recordó que Artemio siempre se quejaba de los cazadores furtivos que ingresaban a la Reserva Tapyta. Esta área protegida es muy rica en fauna, ya que es un corredor biológico estratégico que une los dos grandes –y únicos– bosques de la región, el de la Reserva Mbaracayú con el Parque Nacional Caazapá.
En la reserva hay animales como carpinchos, armadillos, teju guasu, entre todos, que son los más preferidos de los cazadores furtivos.
“Durante 14 años él trabajó en la reserva y recuerdo que siempre se quejaba de la gente que iba a cazar, de los mariscadores, que en toda la zona hay demasiado”, dijo Esmelda. La mujer agregó que es necesario que la Justicia siga detrás del que todavía está prófugo en la causa, ya que se trata de alguien que vive en la zona. “Todos saben, nos conocemos todos por acá”, dijo Esmelda.
Para Esmelda, la condena de 24 años de cárcel al principal sindicado como autor de los disparos es un mensaje de justicia, aunque se haya tardado casi tres años en que las investigaciones avanzaran. “Es como que mi corazón tiene un respiro, como que sale un peso de encima mío, pero nunca va a servir para reparar lo que yo perdí”.
Para Paciana González, mamá de Rumildo, sin embargo, la cuestión no dejó de tener un sabor agridulce. Ella, al igual que su familia, esperaban una sentencia más firme contra todos los que participaron del asesinato de su hijo.
Cuando salió del juicio, la noche del martes, Paciana se mostró un tanto molesta, aunque aseguró que al menos, la cuestión no quedó totalmente impune. Dijo que lo hizo en memoria de su hijo, que amaba el bosque y su trabajo.
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El 18 de agosto del 2018, los guardaparques Rumildo Toledo, Artemio Villalba y Felipe Chávez salieron para hacer su patrullaje diario dentro de la Reserva Tapyta. Iban caminando por una de las picadas hasta que en la zona del cuadro 79 se encontraron con dos cazadores furtivos. Ambos huyeron hasta alcanzar el arroyo Tajay, que bordea esa parte del área protegida.
Siguieron a estos cazadores, pero del otro lado del arroyo, cerca de la comunidad Toro Blanco, cuatro personas salieron al paso de los guardaparques y empezaron a disparar contra ellos. Rumildo recibió un disparo en la cabeza y cayó muerto en ese mismo lugar. Tenía 36 años. Dejó una esposa y un hijo huérfano de seis años.
Artemio fue alcanzado por uno de los disparos en el rostro y falleció 14 días después. Dejó una esposa y tres hijos mayores. Felipe Chávez, el único que sobrevivió, hoy ya no trabaja como guardaparque, pero sigue ligado a la fundación con proyectos rurales en las comunidades cercanas.
Este juicio atravesó la vida de familias de pueblos pequeños y humildes que rodean un área protegida cada vez más presionada por diferentes factores. Es una situación que se da con frecuencia en los alrededores de reservas y parques nacionales. En este caso, la caza furtiva es el problema más grave de Tapyta, pero en otros lugares, la invasión, la expansión de soja y las plantaciones ilegales son los grandes dramas.
Pero cualquiera sea el motivo, la realidad es que hoy, dos familias sienten un mínimo de paz en la lucha que iniciaron por obtener justicia porque ellas perdieron para siempre a sus seres queridos y la Reserva Tapyta a dos de sus más grandes cuidadores.