En agosto del 2018, dos guardaparques de la reserva Tapytã fueron asesinados mientras hacían un patrullaje en esa área protegida. El juicio oral para determinar la responsabilidad de quienes aparecen como responsables está en marcha. Familiares, amigos y compañeros de trabajo esperan que haya justicia.

Era una mañana calu­rosa la del 18 de agosto del 2018 en la reserva Tapytã, cuando los guardapar­ques Rumildo Toledo, Artemio Villalba y Felipe Chávez salieron a hacer su patrullaje diario. Esta área protegida, ubicada entre el Parque Nacional Caazapá y la Reserva San Rafael (Itapúa), tiene 4.736 hectáreas y es con­siderada un importante rema­nente boscoso de la región.

Una vez internados en el bos­que, los guardaparques iban caminando por una de las pica­das que usan para el recorrido, hasta que en la zona del cua­dro 79 de la reserva se encon­traron con dos hombres arma­dos. Eran cazadores furtivos. Ambos huyeron hasta alcanzar el arroyo Tajay, que bordea esa parte del área protegida.

Siguieron a estos cazadores pero del otro lado del arroyo, cerca de la comunidad Toro Blanco, cuatro personas salie­ron al paso de los guardapar­ques y empezaron a disparar contra ellos. Rumildo recibió un disparo en la cabeza y cayó muerto en ese mismo lugar. Tenía 36 años. Dejó una esposa y un hijo huérfano de seis años.

Artemio fue alcanzado por uno de los disparos en el rostro, pero resistió. Chávez, el único que sobrevivió, consiguió auxilio y lograron derivar a Artemio al hospital distrital de Caazapá. Posteriormente lo trasladaron hasta el IPS Central, en Asun­ción. Artemio falleció luego de 14 días de estar internado. Dejó una esposa y tres hijos mayo­res de edad. Luis Benítez, jefe de Manejo de la reserva, los recuerda como dos personas íntegras, muy dedicadas a su trabajo. “Artemio llevaba 14 años trabajando en la reserva y Rumildo 8 a 9 años, más o menos”, dice Benítez.

Cándido Villalba tiene 29 años y es el mayor de los tres hijos de Artemio. Recuerda la pasión que su papá tenía por el tra­bajo que ejercía. Era algo que le daba orgullo y que también era motivo de orgullo para la familia. Cándido recuerda que su papá era muy aplicado en su trabajo, que los 14 años que estuvo como guardaparques nunca falló un día y que siem­pre decía que hubiese estudiado más para poder hacer algo más por la naturaleza.

Éver Toledo es hermano de Rumildo. También en gua­raní, recuerda a Rumildo como alguien que estaba totalmente entregado a su trabajo, porque se trataba de hacer algo por la naturaleza. “Le gustaba el cui­dado de los bosques, se preocu­paba siempre por los animales, era el mejor trabajo para alguien como él”, dice Éver.

Las investigaciones por el asesi­nato de ambos guardaparques avanzaron lentamente. Un mes después de los hechos, en setiembre del 2018, el Ministe­rio Público imputó a los supues­tos responsables: Los hermanos Braulio, Robert y Ramón Alca­raz González, además de Hugo Andrés González Sosa y Daniel González Britos. Estos cinco imputados viven en las inme­diaciones de la compañía Toro Blanco, un pueblo colindante con la reserva, en donde tam­bién vive la familia de Artemio Villalba. Los hermanos Alca­raz González y González Sosa estuvieron prófugos durante dos años y medio. Daniel Gon­zález Britos no fue localizado por los investigadores hasta el día de hoy.

La fiscala que hizo estas impu­taciones fue Gladys Jiménez, quien luego fue apartada del caso. El 4 de marzo del 2020 fueron detenidos los herma­nos Robert, Braulio y Arnaldo Ramón Alcaraz. Estaban en una compañía llamada 11 de Mayo, ubicada a unos 25 kilómetros de San Juan Nepomuceno, capi­tal departamental de Caazapá. Supuestamente, ahí residían.

Para ese entonces, el caso ya estaba a cargo de la fiscala Karina Escurra, que también terminó siendo apartada de la investigación. Meses después, el 11 de agosto del 2020, se pre­sentó ante la justicia González Sosa, otro de los imputados. La causa pasó a cargo de los fisca­les Carlos Mercado y Federico Delfino como coadyudante. Pero Mercado terminó siendo apartado por una recusación presentada por los abogados de las víctimas. Quien lleva ade­lante la causa es el fiscal César Martínez. Los familiares de las víctimas, los funcionarios y directivos de la Fundación Mbaracayú, que administra y controla la reserva Tapytã, tuvieron que hacer varias manifestaciones, notas, exi­gencias públicas a las autori­dades nacionales para que la investigación avancen, para que la cuestión no quede como el caso de Bruno Chevugi, un guardaparques de la funda­ción que trabajaba en la reserva Mbaracayú y que fue asesinado en el 2013. Su muerte quedó totalmente impune. En este doble asesinato se habló bas­tante sobre presiones políticas locales para buscar que el caso termine en la nada o, al menos, que no haya responsables.

Luego de tres años y de varias suspensiones, finalmente el juicio oral contra los acusa­dos empezó el 9 de setiembre pasado. El primer día, la sesión duró poco más de siete horas. El agente del Ministerio Público hizo los alegatos iniciales y el doctor Daniel Pavia lo propio en representación de las vícti­mas, como querella adhesiva. Los abogados defensores deci­dieron no presentar sus alega­tos iniciales.

El juicio prosiguió el pasado 15 de setiembre en su segundo día. En esta ocasión se tuvieron las declaraciones de los testigos, que relataron los sucesos del día en que mataron a los guardapar­ques. Una declaración clave fue la de Felipe Chávez, único sobre­viviente de aquel ataque. El pro­ceso tiene previsto continuar el próximo 20 de setiembre, en el juzgado de Caazapá. El tribu­nal es presidido por el abogado Enrique Furler e integrado por Carlos Antonio López y Mario César Miranda. “Es verdad que nosotros ya no vamos a recupe­rar a mi papá, pero lo único que buscamos es que las personas que hicieron esto, paguen por ello, porque eso tiene que haber en el país, tiene que haber justi­cia”, dice Cándido Villalba, hijo de Artemio. Para Éver Toledo, hermano de Rumildo, la cues­tión no tendría que ser tan largo ya que lo que se pide es que haya justicia para gente que estaba trabajando, cuidando un patri­monio natural.

Hace tres años que dos familias humildes, anónimas, lloran la ausencia de dos integrantes que murieron protegiendo los bosques de este país. Los pocos bosques que aún quedan en la Región Oriental y que represen­tan el trabajo de tantos héroes que arriesgan su vida en la pro­tección ambiental.

Hoy estas mismas familias esperan que haya justicia con sus héroes.