• Por Ricardo Rivas
• Periodista Twitter: @RtrivasRivas
• Fotos Gentileza R.Rivas

Unos pocos días atrás, el colega periodista Mau­ricio Weibel Barahona, un entrañable amigo chileno, un hermano del corazón y de la vida que descubrí al otro lado de la Cordillera de los Andes que nos une, denunció la persecu­ción, espionaje y amedrenta­miento a los que lo somete el Estado chileno a él y a su fami­lia desde muchos años, ante el Relator Especial en Liber­tad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pedro Vaca. Antes de hacerlo, las mismas violaciones a los derechos humanos con las que aún por estos días es victimi­zado las puso en conocimiento de los sucesivos presidentes de la Corte Suprema de Justicia de Chile, magistrados Haroldo Brito y Guillermo Silva; del actual fiscal nacional de ese país, Jorge Abbott; y, de quien precedió a Vaca en la relatoría interamericana, Edison Lanza, sin que los ataques cesaran.

Mauricio, presidente y funda­dor de la Unión Sudamericana de Corresponsales (UNAC), académico, periodista de inves­tigación, capacitador y forma­dor de periodistas, comenzó a ser acosado con operaciones de espionaje, seguimientos, ame­drentamientos telefónicos anónimos, cuando escribía el primero de sus libros más ven­didos, “Asociación Ilícita”, en el que dio a conocer “los archi­vos secretos” de la dictadura que comandó Augusto Pino­chet Ugarte. Era el año 2012. Desde entonces, la persecución no cesa. Pese a ello, las investi­gaciones de Mauricio, hechas libro, tampoco. “Traición a la Patria”, en el 2016; “Los niños de la rebelión”, 2017; “Ni orden ni Patria”, 2018; el “Manual de Periodismo de Investigación de la Unesco”, 2019; “La caída de las AFP”, 2020, son los más destacados de sus trabajos. Sin embargo, fue “Milicogate”, una sucesión de actos de corrup­ción reiterados, cometidos por altos oficiales del ejército de Chile bajo el paraguas de la que se conoce como Ley Reservada del Cobre para financiar compras bélicas, que Mauri­cio investigó sin descanso y publicó con su firma en el dia­rio The Clinic, lo que desató la ira de los delincuentes unifor­mados. Esas revelaciones fue­ron la base documental que posibilitó los procesamientos y condenas judiciales de cerca de 850 militares en actividad y en retiro. Entre ellos, cua­tro comandantes en jefe de la fuerza ejército. Los datos sobre ilícitos recolectados, además de increíbles, repugnan. Un cabo, una de las jerarquías más bajas del escalafón militar, apostó 2.500 millones de pesos en un casino. La intervención judicial –fundada en esa investigación periodística– permitió al fisco chileno recuperar 4.500 millo­nes de dólares.

La información –un bien público– siempre y en todo lugar en donde se desarro­lle un Estado Democrático de Derecho también protege bie­nes públicos. La casa familiar de Mauricio fue asaltada en tres oportunidades. La redacción y oficinas de The Clinic, tam­bién. De esta última incursión, las cámaras de seguridad insta­ladas en ese medio grabaron los hechos y las caras de los delin­cuentes. Esos elementos incri­minatorios fueron aportados a la Justicia. No pasó nada. Dos presidentes –Michelle Bachelet y Sebastián Piñera– ejercieron el vicariato popular mientras los sucesos relatados en contra de la libertad de prensa, viola­torios de los derechos humanos de periodistas acaecían. Solo tuvieron palabras vacías para con las víctimas de tales delitos.

Nada que se conozca y haya sido efectivo hicieron para que cesa­ran las agresiones que, además de Mauricio, alcanzaron a los colegas Juan Cristóbal Peña y Javier Rebolledo, que también investigaban. A todos les roba­ron los ordenadores, los discos duros externos y los pendri­ves. A la corresponsal de The New York Times en Chile, Pas­cale Bonnefoy, quien indagaba temas de derechos humanos, también fue victimizada. Las fuentes periodísticas reser­vadas que aportaron valiosos datos fueron y son acosadas por los espías militares que recu­rren a cualquier recurso para delinquir contra periodistas, comunicadoras y comunica­dores que revelan sus trope­lías. Una de esas operaciones –escuchas telefónicas ilega­les que justificaron sobre mentiras ante jueces vena­les– las comandó el general Humberto Oviedo.

La Justicia, apremiada por la repercusión social de los hechos que hicieron públicos las inves­tigaciones periodísticas, tendrá poco trabajo para incriminarlo y una enorme tarea, en el caso de que quiera y pueda mirar hacia otro lado. Jueces y juezas tam­bién son espiados. Entre ellas, Romy Rutherford, investiga­dora de la corrupción militar. Los militares se quejan públi­camente. Tan increíble como antidemocrático. La democra­cia no va por buen camino en Chile. La reforma constitucio­nal en ciernes esperanza. Me cuentan respetables colegas que “el presidente Piñera envió al Congreso un proyecto de ley que amplía las facultades de las fuerzas armadas sobre la pobla­ción civil, incluidos los defenso­res de los derechos humanos y los periodistas”. Preocupante. No debería ser aprobada. “Sin un periodismo de investigación vigoroso, toda sociedad puede convertirse en una dictadura del dinero y el olvido”, sostiene Mauricio.

Me apropio del concepto. Lo hago mío. Desde este instante será otra de mis banderas. Con Weibel Barahona solemos hablar mucho y largo. Su histo­ria familiar –que es parecida a la de muchas y muchos latinoa­mericanos– es dramática. La palabra impunidad es parte de su desarrollo psicofísico y afec­tivo. José Arturo Weibel Nava­rrete, “El Checho”, su papá, el 29 de marzo de 1976, fue detenido y desaparecido cuando junto con su esposa, María Teresa Bara­hona Muñoz, llevaban los niños a la escuela. Treinta perpetra­dores “disfrazados de civil se llevaron a quien era nues­tro padre, esposo, hermano y amigo. No volvimos a verlo”, me dijo Mauricio, una tarde en el Museo de la Memoria de San­tiago de Chile. Aquel día pude ver sus lágrimas mientras sus ojos estaban clavados en una vieja foto en la que está con El Checho. Lloré con él. Los perpetradores asesinos de aquel dirigente político de Chile, afiliado al Partido Comunista, están confesos de aquel crimen desde hace cuatro décadas, pero nunca fueron condenados.

La palabra impunidad –como una nube negra cargada de negatividad– opaca el cielo chi­leno. Mauricio lo sabe y, justa­mente por ello, quiere correrla con más y más información. Ese bien público al que todos y todas tenemos derecho a acceder para informarnos y para informar. Los cambios siempre son posi­bles. En eso pienso esta noche de viernes otoñal refugiado en la vieja mecedora. El copón me oferta un Pizarras Pinot Noir 2018, un vinazo chileno de excelencia. El sábado, impara­ble, irrumpe con un silencio que retumba y favorece la reflexión. Así recordé que, en 1991, Nami­bia, desde unos pocos meses, tenía nueva Constitución. Sus, por entonces, 800 mil habitan­tes eran gobernados por Sam Nujoma, primer presidente democrático, electo el 11 de noviembre de 1989. Se man­tendría en el cargo durante tres períodos. Los acontecimientos se desarrollaban con una diná­mica inusitada.

La reina Isabel II del Reino Unido de la Gran Bretaña visitó oficialmente esa nación políti­camente en desarrollo. Semanas antes, Namibia se integró al Commonwealth. Varias gue­rras quedaban atrás. Con nue­vas formas y nuevas prácticas, en procura de más democracia y mayor calidad institucional, un grupo de hombres y muje­res periodistas, bajo el paraguas institucional de la Unesco, par­ticipó activamente del semi­nario para la “Promoción de medios de comunicación afri­canos independientes y plura­listas” que organizaron junto con aquella agencia multilate­ral para el diseño de políticas públicas. De aquel cónclave, emergió –el 3 de mayo– la Declaración de Windhoek (la capital de Namibia) que –apoyada en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos– es, desde entonces, un verdadero hito para la libertad de prensa, de expresión, de acceso a la infor­mación pública.

Taxativamente, aquel docu­mento liminar consigna que “el establecimiento, mante­nimiento y fortalecimiento de una prensa independiente, pluralista y libre son indispen­sables para el desarrollo y man­tenimiento de la democracia en un país, así como para el desa­rrollo económico”. Puntualiza y define como “prensa indepen­diente” a aquella “sobre la cual los poderes públicos no ejer­zan ni dominio político o eco­nómico, ni control sobre los materiales y la infraestructura necesarios para la producción y difusión de diarios, revistas y otras publicaciones perió­dicas”; y, reconoce –en aquel año– que “la tendencia mundial hacia la democracia y la libertad de información y de expresión es una contribución fundamen­tal a la realización de las aspira­ciones de la humanidad”.

Dos años más tarde, la Asam­blea General de las Naciones Unidas votó que, aquella fecha, trocara en efemérides, para que cada año reflexionemos sobre la libertad de prensa a la que también se conoce como la más relevante para que la liber­tad de expresión, en todas sus formas, construya derechos y empodere. ¿Qué ha pasado desde Windhoek, en nuestra región? ¿Cómo están en el fin del mundo -como hasta el mis­mísimo papa Francisco cate­goriza a ésta zona remota de la Aldea Global- la libertad de prensa, respecto de los están­dares internacionales y de la Agenda 2030 de Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS)? Según la Clasificación Mundial de Libertad de Prensa 2021 con el que se sintetizan los resultados del monitoreo glo­bal que desarrolla la organiza­ción Reporteros Sin Fronteras (RSF) –entre 180 países- Brasil está en la posición 111; Bolivia, 110; Paraguay, 100; Argentina, 69; Chile, 54; y, Uruguay, 18. Namibia, tiene sentido saberlo, está en el puesto 24.

En el 2020, estaba en el 23. Vea­mos nuestra región. Con excep­ción de Bolivia, que un año atrás estaba 114 –avanzó 4 lugares–; Uruguay, que avanzó un puesto; y, Paraguay, que se mantuvo en la misma posición, la situación es de desmejora generalizada. Incluso en los países que subie­ron en la tabla. Así las cosas, RSF destaca que, en Argentina, “cuando denuncian casos com­prometedores, y en particular la corrupción de la clase política, los periodistas y medios argen­tinos tienen muchas posibilida­des de que los denuncien ante los tribunales civiles por calum­nias o por difamación”. “Las amenazas y agresiones a perio­distas y a radios comunitarias son frecuentes en Paraguay. Los autores de estos ataques suelen ser las organizaciones crimina­les y las autoridades locales, que gozan de gran impunidad.

Los periodistas son agredidos durante las manifestaciones, víctimas de actos de violencia. Es muy peligroso investigar temas relacionados con el nar­cotráfico y la corrupción en la frontera con Brasil y Argentina, los periodistas que lo hacen pue­den pagarlo con su vida, como le ocurrió al periodista brasileño Leo Veras, asesinado en febrero del 2020″. Sostiene el informe que en Bolivia, “cuando se les considera molestos, los perio­distas bolivianos son víctimas de procedimientos judiciales abusivos”. Sobre Brasil, reporta que “sigue siendo un país muy violento para la prensa donde los profesionales de la informa­ción pueden ser asesinados por su trabajo”. Precisa la informa­ción que “en la mayoría de los casos, los reporteros, conduc­tores de programas de radio y blogueros asesinados aborda­ban o investigaban temas rela­cionados con la corrupción, las políticas públicas o el crimen organizado en ciudades peque­ñas y medianas del país, en las que son más vulnerables”.

Sobre Uruguay, apunta que “entre el 2015 y el 2020 se regis­traron casos de periodistas que sufrieron amenazas, inti­midaciones y presiones políti­cas cuando investigaron casos delicados en los que estaban implicados funcionarios de la presidencia de la República; los periodistas de investiga­ción también padecieron pre­siones judiciales”. Sobre Chile, puntualiza que “no se respeta el secreto de las fuentes perio­dísticas y [que] aún es difícil abordar ciertos temas, como la corrupción de los políticos y las reivindicaciones de las comunidades Mapuches, en conflicto con el Estado chileno desde hace cerca de 200 años”. Agrega que “el periodista Mau­ricio Weibel fue víctima de una operación de espionaje ilegal por haber revelado, en el 2015, un caso de malversación de fondos en el ejército chileno” y que, “desde el 2019, los repor­teros que cubren las protestas vienen sufriendo frecuentes ataques y agresiones, y care­cen de protección”.

Abruma. Duele. Entristece. Desesperanza. ¿Por qué son periodistas, comunicadoras, comunicadores las víctimas? No, porque son la voz de los que no tienen voz y porque silenciar­las y silenciarlos, atemorizarlos y atemorizarlas, inducirlas e indu­cirlos a la autocensura apunta a acallar a la sociedad civil y, en particular, a los sectores vul­nerables. Así llegamos, una vez más, al próximo Día Mundial de la Libertad de la Prensa. Para esa efemérides, la Unesco propone, como lema: “La información como bien público”. Joseph E. Stiglitz, premio Nobel de Eco­nomía 2001, el 24 de noviembre del 2020, lo dijo sin titubeos: “La información es un bien público y, en tanto bien público, necesita apoyo público”.

En ese contexto, se apunta a debatir sobre “medidas para garantizar la viabilidad eco­nómica de los medios de comu­nicación”; a diseñar “meca­nismos para garantizar la transparencia de las empre­sas de Internet”; y, a trabajar para “mejorar las capacida­des de alfabetización mediá­tica e informacional que per­mitan a la gente [la sociedad a] reconocer y valorar, así como defender y exigir, al perio­dismo como parte fundamen­tal de la información como bien público”. La fuerza de las audiencias. ¿Soportarán líde­res y lideresas de la nada que al periodismo –que trabaja para todos y todas– la sociedad en su conjunto lo asuma como de todos y todas? La seguridad y la vida de muchas y muchos, que son la voz de los y las que no tienen voz, fueron, son y serán parte sustancial de la información a producir y que -como bien público- se propone “defender y exigir”.