Por Ricardo Rivas, periodista, Twitter: @RtrivasRivas
La emergencia de la llamada “segunda ola” de la pandemia de SARS-CoV-2 en Latinoamérica en general, y en el Mercosur en particular, da cuenta –a partir de los comportamientos de nuestros mandatarios– de cuestiones que, en la reflexión, van más allá de lo sanitario.
La sociedad, azorada, observa a líderes y lideresas de la nada. Percibe con claridad sus ineptitudes, aquí, allá y acullá. Sus inhabilidades inducen, incluso, a descreer de la democracia que, como sostiene Barak Obama, el 44° presidente de los Estados Unidos, “no es un don del cielo, sino un espacio basado en la empatía y la comprensión mutua, que construimos, entre todos, a diario”.
Como en muchos otros lugares de la aldea global, una población cercana a los 272 millones de personas, asentada en Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, se siente y sabe vulnerable. Muchos y muchas tienen la convicción de que, desde hace más de un año, muy poco o casi nada se hizo para resguardarlos. Pobres y ricos aprendieron que nada los diferencia a partir de la vulnerabilidad que importa vivir y poder morir en tiempos pandémicos.
SIN FRONTERAS
El coronavirus –como cualquier otra patología– no sabe de fronteras, de ideologías, de procesos electorales. Chequeras, tarjetas black, aviones privados, coches de alta gama, dólares, euros, guaraníes, pesos, reales, de poco sirven para enfrentar a ese “bicho maldito”, como muchos y muchas lo llaman. El viejo dicho popular se verifica en cada una de sus palabras: “Al final de la partida, el rey y el peón se guardan en la misma caja”. Los números son aterradores.
En territorio mercosureño, los contagios hasta pocas horas atrás suman 16.807.268 personas; las recuperaciones, 14.777.711; los fallecimientos, 434.321. En pocas horas, desgraciadamente, los tres indicadores habrán crecido. Horroroso. Aparecen como escasos los líderes y lideresas regionales que evidencien haber leído o escuchado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando el 9 de abril de 2020 declaró que “los problemas y desafíos [que devienen del covid-19] deben ser abordados con perspectiva de derechos humanos y respetando las obligaciones internacionales”.
La jueza Elizabeth Odio Benito, presidenta del más alto tribunal del sistema interamericano, con una larga trayectoria en tres cortes internacionales, fue más allá. “Los Estados tengan presente y no olviden sus obligaciones internacionales y la jurisprudencia de la Corte para asegurar la efectiva vigencia y protección de los derechos humanos en la respuesta y contención ante la pandemia”. Inevitable premonición. Entrecerré los ojos, refugiado en la vieja mecedora. El copón, con una propuesta irresistible, como lo es un H. Stagnari, Tinto Tannat Viejo, afectuosamente recomendado por amigas y amigos uruguayos, aportó tranquilidad y relax.
MERCOSUR SIN VACUNAS
La pandemia afecta al Mercosur, pero sus líderes no evidencian ser aptos para dar respuesta a una ciudadanía angustiada y temerosa que comienza a ocupar el espacio público para recordarles que están sentados en las poltronas del máximo poder porque con el voto popular los empoderaron para alcanzar una mejor calidad de vida. El acceso a la salud es un derecho humano. “Los problemas y desafíos extraordinarios que ocasiona la presente pandemia deben ser abordados a través del diálogo y la cooperación internacional y regional conjunta, solidaria y transparente entre todos los Estados.
El multilateralismo es esencial para coordinar los esfuerzos regionales para contener la pandemia”, advirtió la Corte Interamericana en aquella declaración. El Mercosur no tiene vacunas suficientes para inmunizar contra el coronavirus y quienes gobiernan en los cuatro países ni siquiera analizan la posibilidad de avanzar con estrategias y fondos comunes para adquirirlas. Sin dudas, 272 millones de personas constituyen un mercado importante para la industria farmacéutica.
Pero esa hipotética posibilidad para nada original –en la Unión Europea, con discusiones formidables y desacuerdos notables, debaten, discuten, pelean en Bruselas para alcanzar acuerdos– demandaría de quienes tienen como práctica de gestión la discrecionalidad y, no pocas veces, la corrupción, transparencia y lógicas de equidad. ¿Querrán hacerlo? Inadaptados a ello… ¿podrían llevarlo a cabo en caso de que quisieran dejar atrás el caudillismo? “Los organismos multilaterales, cualquiera sea su naturaleza, deben ayudar y cooperar de manera conjunta con los Estados, bajo un enfoque de derechos humanos, para buscar soluciones a los problemas y desafíos presentes y futuros que está ocasionando y ocasionará la presente pandemia”, declaró la Corte Interamericana un año atrás. ¿Podrán o querrán los líderes de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay mirar más allá de sus situaciones internas de cara a las elecciones que vienen en cada uno de sus países? Si bien cualquier ciudadano o ciudadana –en un Estado democrático de derecho– tiene el derecho a elegir y a ser elegido o elegida, ninguna disposición de ley de imposible existencia podrá constituirlo o constituirla en estadista.
Está a la vista. Un año más tarde de la irrupción del SARS-CoV-2 y varios meses después de que haya vacuna y que trece de ellas cuenten con autorización para su aplicación en la aldea global, negocios e ideologías parecen ser cuestiones centrales para definir las compras y aplicaciones de esos compuestos que producen las empresas privadas y/o estatales del sector farmacéutico.
LA CONJURA
Desolador. Esta noche pienso que el maestro John Kennedy Toole [Premio Pulitzer 1981 por su novela “A Confederacy of Dunces”] nunca podría haber imaginado una conjura de este calibre. La Corte Interamericana parecería que sí lo imaginó y procuró evitarla. “El derecho a la salud debe garantizarse respetando la dignidad humana y observando los principios fundamentales de la bioética, de conformidad con los estándares interamericanos en cuanto a su disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad, adecuados a las circunstancias generadas por esta pandemia. Por lo señalado, las trabajadoras y trabajadores de la salud deberán ser proveídos de los insumos, equipos, materiales e instrumentos que protejan su integridad, vida y salud, y que les permita desempeñar su labor en términos razonables de seguridad y calidad”.
“¿Qué es esto de la diplomacia de las vacunas?”, pregunta el profe Marcelo Cantelmi, periodista de excelencia y amigo del que siempre aprendo. Según sus fuentes –que suelen ser incuestionables y sus voces escuchadas en la aldea global– la Federación Rusa y la República Popular China ofrecen en la región sus vacunas –Sputnik V y Sinopharm– e intentan con esas ofertas alcanzar objetivos políticos. Cuesta creerlo. Esos países lo niegan categóricamente. Argentina, Brasil y Paraguay no confirman ni desmienten. Permanecen en silencio. No sería novedoso que este tipo de operaciones de presión se produzcan. Un respetabilísimo colega periodista que trabaja para un medio estatal de un país asiático, pero cuyo nombre no habré de mencionar por su seguridad, menos de una década atrás, luego de entrevistar a un mandatario mercosureño, palabra más palabra menos, le informó oficialmente al entrevistado cuál era la forma para comunicarse con el gobierno de aquel Estado del Oriente lejano.
Antes de retirarse, le hizo saber que – si lo solicitaba– “hay buena disposición para permitirle abrir hasta tres oficinas comerciales” en aquellas remotas tierras. ¿Por qué no podrían por estos tiempos suceder cosas parecidas? El estado actual de indefensión social, como consecuencia del derrumbe provocado desde cuando promediaban los años 70, en el siglo pasado hasta nuestros días del Estado de bienestar, ante la catástrofe sanitaria que aqueja a la aldea global, está a la vista y, por sus resultados, en tan luctuoso como de compleja resolución. Medio millón de mercosureños han muerto. Poco menos de 17 millones se contagiaron. Según la fuente que se consulté, durante el 2020 la economía de Argentina cayó en torno del 10,5%, Brasil retrocedió cerca del 6,5%, Uruguay cayó aproximadamente 5% y Paraguay se contrajo 4%. América Latina, en su conjunto, se derrumbó, en promedio, poco más del 8%. Tampoco la economía pudieron sostenerla.
En libertades individuales, la regresión no es menor. Además de afectar el derecho humano a transitar libremente, que le está restringido a amplios sectores sociales en el bloque regional, no son pocas las medidas de vigilancia electrónica con las que se desarrollan acciones de control social. El derecho de acceso a la información pública también está fuertemente restringido. Las posibles acciones en desmedro de los derechos humanos fueron previstas y advertidas por la Corte Interamericana.
“El acceso a la información veraz y fiable, así como a internet, es esencial. Deben disponerse las medidas adecuadas para que el uso de tecnología de vigilancia para monitorear y rastrear la propagación del coronavirus sea limitado y proporcional a las necesidades sanitarias y no implique una injerencia desmedida y lesiva para la privacidad, la protección de datos personales y a la observancia del principio general de no discriminación”. ¿Líderes y lideresas, qué es lo que no se entiende en todo o en parte de lo que significa el respeto de los derechos humanos que solo pueden ser violados por los Estados? Vicarios de nuestros pueblos, tomen consciencia de sus responsabilidades.
Poco más de un año atrás, casi nada sabíamos sobre el coronavirus y carecíamos de vacunas. Desde varios meses, sabemos de qué se trata el flagelo y –repito– un total de 13 vacunas están autorizadas para inocular a la población global. Las herramientas están. Úsenlas. La historia no los absolverá por lo que no hagan ahora en procura del bien común a lo que se comprometieron. Incluso, tengo la convicción de que podría inscribirlos como los mariscales de la tragedia en el libro de los injustos