Por Luis Ríos, luis.rios@gruponacion.com.py - Fotos AFP – archivos de La Nación – Gentileza

En el país existen personas que requieren de un suministro eléctrico constante y en niveles de tensión adecuados para alimentar el equipamiento que, por motivos de salud, les resulta imprescindible para vivir. El Estado, al no garantizar el acceso permanente a la energía, pone en riesgo la vida de estas personas.

Era el sábado 14 de noviembre del 2020 cuando alrededor de las 20:00, tanto Asunción como otras ciudades del Área Metropolitana e interior del país eran sacudidas por el temporal más fuerte del año que dejó a su paso una postal recurrente: árboles caídos, raudales y lo que nunca puede faltar, cortes de energía generalizados.

Alrededor de las 22:00, la cuenta de Twitter de la Radio Universo 970 AM (@Universo970py) reportaba que en la Cruz Roja Paraguaya también habían quedado sin suministro eléctrico y que esto hizo que las incubadoras del área de neonatología dejen de funcionar.

Una incubadora para bebés prematuros o neonatos es un equipo fundamental que consiste en una cámara cerrada de material transparente que incluye un acolchado esterilizado para acostar al bebé, filtro de aire exterior, ventanas para manipular al paciente, así como diversos y sofisticados sistemas de monitoreo que incluyen control de peso, respiración, cardiaco y de actividad cerebral.

Esta cámara permite limitar la exposición del recién nacido a los gérmenes y la complejidad de los equipos permite también diversos tratamientos de cuidados como terapia intravenosa, suplemento de oxígeno, soporte mecánico de la respiración y administración de fármacos. Son claves para lograr reducciones de la tasa de mortalidad infantil en todo el mundo.

Entonces, al dejar de funcionar como en el caso de la Cruz Roja, la vida de varios bebés estuvo en juego en ese momento. Casi dos horas después del primer aviso, la misma emisora volvía a informar que esos acompañantes de los recién nacidos se las ingeniaron para acoplar mediante la batería de los autos al generador del hospital y así proveer de un poco de energía a esas incubadoras y reducir el peligro de los bebés.

Al igual que estos neonatos, existen otros casos de personas que necesitan una conexión permanente a un aparato eléctrico para seguir con vida. Esto se conoce como “electrodependencia por motivos de salud” o simplemente “electrodependencia”, a secas. Es la condición que tienen las personas (adultos, enfermos crónicos, neonatos) de contar con un suministro constante de energía eléctrica para mantenerse con vida. Este concepto también abarca el servicio de salud en sí: quirófanos, salas de urgencia, salas de reanimación, unidad de cuidados intensivos y otras dependencias.

La Administración Nacional de Electricidad (Ande) había reportado que 137 alimentadores de 23.000 voltios quedaron fuera de servicio a causa de la intensa tormenta entre la noche de ese sábado 14 y madrugada del domingo 15 de octubre. Además, el temporal dejó destrozos en diversos puntos del país y sin energía eléctrica a barrios de Asunción y ciudades del Área Metropolitana.

EL PROBLEMA

El hecho de que Paraguay no pueda garantizar el suministro ante variaciones climáticas (de cualquier tipo) hace que la vida de miles de personas corra peligro inminente. Para evitar que eso pase, la abogada especialista en derecho energético Carmen Arias, abogada y especalizada en temas energéticos, con maestria interdisciplinaria en energía por la Universidad de Buenos Aires (UBA), plantea la necesidad de incorporar una ley de electrodependencia para el país y, en consecuencia, poder resguardar un montón de vidas humanas.

¿Qué es una ley de electrodependencia? Es una normativa que garantiza el suministro permanente y gratuito de energía eléctrica a las personas electrodependientes. Mediante ella, se asegura que las empresas distribuidoras de electricidad tengan un “backup” de energía eléctrica para cubrir las necesidades de los electrodependientes en caso de cortes.

Un ejemplo práctico es el de Argentina, que tiene la Ley 27.351, por la que se establece la gratuidad del servicio eléctrico para los usuarios electrodependientes. El beneficio aplica a todo ciudadano inscrito en el Registro de Electrodependientes por Cuestiones de Salud.

De hecho, tienen un protocolo de que en determinada cantidad de tiempo debería llegar al domicilio del electrodependiente un generador móvil que garantice este servicio mientras se soluciona el problema. El servicio eléctrico para los electrodependientes es gratuito. El beneficio consiste en el reconocimiento de la totalidad de la facturación del servicio de energía eléctrica. También esta eximido del pago de los derechos de conexión.

LA SOLUCIÓN

Según Arias, para empezar a trabajar en un modelo similar para Paraguay, primero se debe contar con una base de datos de la cantidad de electrodependientes que existen a nivel país en sus domicilios y cuál es la necesidad dentro del sistema de salud en hospitales públicos y privados, considerando que el acceso a la energía eléctrica y el derecho a la vida deben estar garantizados por el Estado sin discriminación.

Sobre este punto y mientras era analizado el proyecto de Tarifa Social Energética en distintas esferas del Gobierno, desde la desde la Asociación Paraguaya de Energías Renovables (APER) se acercaron al Ministerio de Desarrollo Social (MDS) sugiriendo un trabajo interinstitucional entre la Ande, el propio MDS, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) y la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC) para la elaboración de esta base de datos de personas electrodependientes. “No es necesario crear una nueva institución, podemos hacerlo con los recursos con los que contamos”, aseguró.

En segundo lugar, se debe prever que dentro del servicio público de salud se cuente con un backup de energía renovable (generación distribuida, por ejemplo) para garantizar el servicio eléctrico en caso de que el sistema “normal” sufra alguna alteración.

Aquí recordó que Paraguay suscribió el Acuerdo de París, por lo que está obligado a “descarbonizarse”. Es decir, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) para contener el aumento de la temperatura de la Tierra. “Nuestra oferta energética es prácticamente del 100% renovable gracias a las hidroeléctricas. Aun así, seguimos usando biomasa y combustibles para generar energía y no me refiero a la energía eléctrica precisamente”, expuso. Por eso es que resulta muy importante iniciar el proceso de descarbonización y priorizar la utilización de otro tipo de fuentes de energía.

“Luego del ‘problema’ en la Cruz Roja, la sorpresa y la indignación quedaron en redes. Hablando crudamente, espero que no sea necesaria una o dos muertes para que exista protección en estos casos. No hubo ningún acercamiento de las autoridades. Aun así, desde la APER estamos abiertos a trabajar en el proyecto de ley y en los proyectos técnicos necesarios para garantizar este servicio junto con las instituciones interesadas”, lamentó la profesional del derecho.

¿QUÉ FALTA?

La electrodependencia es uno de los componentes de la “soberanía energética” y, según la especialista en derecho energético, esto se va a dar plenamente en Paraguay cuando todos los habitantes del país tengamos acceso a energía eléctrica. “Hoy día, la Ande se encuentra realizando esfuerzos para garantizar el servicio público a nivel país. No se justifican los años de retraso, pero se está invirtiendo en distribución. Es cuestión de tiempo”, rescató.

Para ella, aún padecemos de “pobreza energética”, una situación en la que los miembros de un hogar son incapaces de pagar por una cantidad de energía suficiente para la satisfacción de sus necesidades básicas o cuando destinan una parte excesiva de sus ingresos para pagar la factura energética. “Esta es la base de la ‘tarifa social de energía’ y está íntimamente ligada con la electrodependencia. En el caso de los electrodependientes, el consumo eléctrico es elevadísimo, lo que hace que aun teniendo buenos ingresos, los mismos sean destinados en gran parte a pagar por este servicio”, remarcó. Por eso, otro pilar fundamental para una ley de este tipo es garantizar su gratuidad como lo hacen en Argentina.

Justamente, a través de la resolución Nº 319/2020, la Secretaría de Energía de la Nación Argentina autorizó la creación de una “cuenta solidaria para adecuaciones domiciliarias de usuarios electrodependientes”. De esta manera se financian las tareas correspondientes a la conexión y seguridad eléctrica desde la línea de distribución hasta la alimentación del equipamiento prescrito por un médico matriculado.

CABLEADO SUBTERRÁNEO

Con cada temporal surge el debate sobre la necesidad de implementar el cableado subterráneo de la Ande. ¿Realmente es posible hacerlo? Según la entrevistada, en ciudades con buena infraestructura es posible, pero en Paraguay ninguna ciudad tiene un desagüe pluvial adecuado, por lo que para mejorar el servicio de electricidad actualmente se tiene que seguir un camino que ya inició la estatal con el cambio de conductores protegidos y la incorporación de tecnología en el sistema de distribución.

“En algún momento, al replantear los planes urbanos de las ciudades o al plantear nuevas obras de infraestructura, deberíamos realizar un trabajo interinstitucional para iniciar las mismas con todos los cableados subterráneos. Hay que tener en cuenta que los cables aéreos no son solamente de electricidad”, puntualizó.

Ocurre que en los tendidos eléctricos hay muchos cables de telefonías que están en desuso y que generan inconvenientes para la Ande a la hora de operar sus líneas y para hacer sus mantenimientos. A esto hay que sumarle que la empresa estatal recibe dinero de las proveedoras privadas por el arrendamiento de los postes para el tendido de sus cables y actualmente hay acuerdos firmados que están en revisión para regularizar la situación.

ANTECEDENTES JURÍDICOS

En materia jurídica, la profesional aclaró que no contamos con antecedentes legales de protección a la ciudadanía en lo que se refiere a cortes del suministro eléctrico. Y en este punto se puede hablar de daño emergente, lucro cesante y varias figuras jurídicas en materia de responsabilidad estatal al no garantizar el servicio público no solo por motivos de salud. “Hay gente perdiendo mercaderías, alimentos y otros productos como consecuencia de los constantes cortes de energía. Hay que internalizar que el acceso a servicios básicos hace a una vida digna, por lo que estos ya son considerados derechos humanos”, cerró la profesional.

Al igual que los padres de los niños de la Cruz Roja, muchos otros compatriotas y residentes esperan la aplicación de políticas públicas en cuanto a la electrodependencia para seguir con vida.