La marihuana, el tráfico de rollos y las extensiones de soja amenazan al menos cuatro áreas protegidas del Bosque Atlántico Alto Paraná (BAAPA). Un equipo coordinado por La Nación y Mongabay Latam recorrió las reservas San Rafael, Mbaracayú, Parque Caazapá y Campos Morombí, en busca de unas 2.350 hectáreas de plantaciones ilegales que están activas en estas tierras.

Por Aldo Benítez / aldo.benitez@gruponacion.com.py

Fotos: Pánfilo Leguizamón

Tras una señal de alerta de nuevos focos de deforestación lanzada por Global Forest Watch, un equipo La Nación y Mongabay Latam viajó hasta las áreas protegidas Mbaracayú, San Rafael, Morombí y Parque Caazapá, ubicadas en medio del Bosque Atlántico del Alto Paraná (BAAPA), en la región Oriental del Paraguay, para comprobar, en terreno, la destrucción de bosques protegidos para la plantación de marihuana.

En pleno corazón de estas reservas y parques, la devastación es desoladora. Según un informe del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), 9.107 hectáreas han sido deforestadas en estas cuatro reservas y parques desde 2004, de las cuales al menos 2.350 hectáreas corresponden a plantaciones de marihuana, que siguen activas.

Según la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), entre 2015 y 2020, se decomisaron 81.871 kilos de marihuana y se destruyeron 797 parcelas en el territorio del Bosque Atlántico Alto Paraná. El equipo periodístico acompañó una intervención de los agentes de la SENAD en la Reserva Morombí, donde se destruyeron 202 hectáreas de marihuana, 23 campamentos de narcotraficantes y 70 hornos donde los restos de árboles tumbados son convertidos en carbón. Pero la justicia no avanza a la par de estas incautaciones.

En los departamentos de Canindeyú, Caaguazú, Itapúa y Caazapá, donde convergen estas áreas protegidas, el sistema judicial no registra una sola persona que haya terminado en la cárcel por deforestación en esos años. “No se encontró resolución alguna sobre deforestación y tala de árboles en la base de fallos y específicamente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ)”, respondieron desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas, que depende de la Corte y se encarga de las estadísticas judiciales del país.

La plantación de marihuana, que décadas atrás era el negocio de unos pocos y considerada una cuestión de “matones de frontera”, se ha convertido hoy en el sustento de ciento de familias campesinas y de comunidades indígenas que están en los alrededores de los parques nacionales y reservas forestales de la región Oriental del Paraguay.

Quienes conocen de la historia de la marihuana hablan de que las primeras plantaciones en Paraguay se iniciaron en los 80 y que provinieron del Brasil, donde los marihuaneros ya no tenían cabida por los controles policiales y militares. Cuando se da la caída del dictador Alfredo Stroessner, en 1989, el negocio de la marihuana estaba floreciendo.

Vladimir Jara, escritor y periodista especializado en coberturas del narcotráfico - Autor de tres libros sobre el tema- menciona que la primera referencia sobre una intervención estatal sobre plantaciones de marihuana se da en 1989, meses después del derrocamiento de Stroessner. “Desde la Dirección Nacional de Narcóticos - Hoy Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) - se fumigó con avionetas varios montes en Pedro Juan Caballero. Esa es la primera referencia” dice el periodista.

Jara cuenta que quienes trajeron el negocio a tierras paraguayas fueron brasileños. “Venían, traían la semilla, daban el dinero y estaban tranquilos, porque la planta crece con el mínimo cuidado. Luego ya venían a llevar la mercadería terminada”. Según dice, “no había forma que los campesinos no aceptaran ser reclutados como cultivadores y capataces de los marihuanales”, porque por ese trabajo ganaban mucho más de lo que ganaban con sus cosechas.

1992 es un año clave. En Río de Janeiro, durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Ambiente, el General Andrés Rodríguez, entonces presidente paraguayo, presentó un proyecto para proteger los bosques a través de la creación de parques y reservas públicas y privadas. Esta iniciativa da pie para que en 1994 finalmente se apruebe la ley 354, que crea el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Paraguay.

Parecía que el país avanzaba hacia un control estricto sobre sus bosques. Pero mientras estos papeles circulaban por el trajinar de la burocracia estatal, en los bosques que tenían que ser protegidos la realidad era muy diferente. La tierra roja, la fertilidad del suelo para que germine la semilla de la marihuana, la calidad de la madera nativa, la cantidad de espacios para plantar y la corrupción se convirtieron en los elementos que permitieron una destrucción a gran escala de los bosques de la región Oriental.

En 1994, cuando entró en vigencia la Ley de Áreas Protegidas, la Región Oriental tenía 4.300.000 hectáreas de cobertura boscosa, según un informe del Servicio Forestal de la Universidad Nacional de Asunción (UNA). Hoy, los datos del Instituto Forestal Nacional (INFONA) señalan que sólo hay 2.700.000 hectáreas. “La situación está totalmente desbordada”, dice Rodrigo Zárate, director de Guyrá Paraguay, una organización que trabaja hace 20 años en proyectos de conservación e investigación en el Bosque Atlántico.

Quienes están hace años en la conservación y trabajan en estas áreas protegidas, cuentan que antes los narcos se tomaban el trabajo de al menos dejar los árboles más altos para esconder las plantaciones. Pero desde hace un par de años, cada parcela es una total destrucción. Y es lo que se puede ver con visitar estas zonas. Los árboles se cortan, se extraen las maderas para vender las más preciadas y se hace carbón con los restos. Luego, se planta marihuana a cielo abierto.

El Bosque Atlántico es un complejo de 15 ecorregiones que originalmente cubría más de 1 millón 300 mil km2 desde la costa atlántica de Brasil hasta el noreste de Argentina y el este de Paraguay. Es considerado uno de los bosques más diversos y de mayor riqueza biológica del mundo.

Investigaciones científicas de la organización internacional WWF señalan que en el Bosque Atlántico se han descubierto poco más de 8.000 especies de plantas endémicas, es decir, que no se encuentran en ningún otro lado del mundo. Aquí viven 264 especies de mamíferos y cerca de 936 especies de aves. Además, de las 148 especies de vertebrados que están en la lista roja de la Unión Internacional para la Protección de la Naturaleza (UICN), 104 dependen del Bosque Atlántico para su supervivencia.

Es por esta enorme importancia ecosistémica que cada país, a través de sus gobiernos, se comprometió, en 1995, a preservar el Bosque Atlántico a través de un proyecto trinacional de conservación y protección. Del lado paraguayo, la franja es conocida como el Bosque Atlántico Alto Paraná (BAAPA) y está en grave peligro por la marihuana, el tráfico de madera y también las plantaciones ilegales de grano.

“Cada día es más difícil trabajar en la conservación del bosque porque la amenaza es constante y en diferentes sectores. Tenés la plantación ilegal, la extracción de madera y los asentamientos humanos”, dice el experto de Guyrá Paraguay.

Según datos del Sistema de Información de Recursos de la Tierra (SIRT) del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), hay al menos 110 asentamientos campesinos en la zona de influencia de estos parques y reservas. El denominador común en estas comunidades es la pobreza y las necesidades básicas insatisfechas. Una parte de estas familias no tienen de otra que vivir del bosque, ya sea ayudando en la plantación de marihuana o extrayendo los rollos de madera de las reservas.

Para Darío Mandelburger, director de Protección y Conservación de la Biodiversidad del Ministerio del Ambiente (MADES), es imposible que solamente una institución se encargue del tema. Según dice, “esto amerita tratarlo como una cuestión de Estado”. El MADES tiene a su cargo 64 guardaparques para proteger 17 áreas protegidas, cuando el número ideal, según el propio Mandelburger, es de 500, sumando a guardaparques, monitores forestales y guías especializados. “La realidad es que estamos muy lejos de esos números”, expone con desánimo el funcionario.

Los pocos hombres y mujeres que se animan a trabajar en la protección de los bosques del Mbaracayú, San Rafael, Parque Caazapá y Morombí están con miedo. “La amenaza y el amedrentamiento es de casi todos los días. El problema es que somos de la zona, nos conocen, nos conocemos, algunas veces eso puede ser una ventaja pero otras no. Nadie quiere ser un mártir”, dice uno de los guardaparques entrevistados.

Este reportaje se hace con la condición de que no se expongan los nombres de los guardaparques. Apenas tres días antes de llegar a una de las reservas, uno de los guardias fue abordado por 8 hombres en uno de los pasillos que usan para extraer madera. Lo intimaron a que dejara de perseguirlos.

A toda esta situación hay que agregarle el ritmo descontrolado de la tala de bosques para cambio de uso de suelo, principalmente para plantación de soja y en menor medida para la ganadería. En promedio, casi 8.000 hectáreas se destruyen anualmente para estos fines, según un reporte de INFONA. “Estamos realmente al límite con esto”, reconocen desde el Ministerio del Ambiente.

El equipo periodístico de La Nación y Mongabay Latam recorrió 2.992 kilómetros para llegar a estos cuatro parques. En todos ellos la marihuana y las plantaciones de grano son los factores comunes de deforestación.

Desde 2004 hasta 2019, nadie terminó en la cárcel por deforestar en la zona de influencia del Bosque Atlántico Alto Paraná (BAAPA), que abarca diez de los catorce departamentos de la región Oriental. En los últimos siete años, se han condenado a cerca de cincuenta personas por delito ambiental, pero las condenas se reducen a trabajos comunitarios o multas.

Para Augusto Salas, fiscal adjunto del Medio Ambiente, la única solución factible ahora para evitar que siga la destrucción de los parques y reservas nacionales es en la zona del Bosque Atlántico es instalar destacamentos militares en cada una de ellas.

“Es un planteamiento que ya lo hemos conversado con la gente del Senado y también con otras autoridades. Para ser franco, no veo otra salida, estamos teniendo muchos problemas en todos lados. Es triste, pero estamos haciendo todo que podemos” señala Salas.

Salas considera que la participación judicial es vital para eliminar la impunidad en el delito ambiental. “Algunas veces se ríen de nosotros cuando pedimos condenas altas, como varios años de cárcel para quienes talan los bosques”, dice Salas. A criterio del fiscal ambiental, la única alternativa para frenar la destrucción de las reservas y parques es instalar destacamentos militares en las áreas protegidas.

En el sistema de estadísticas del Poder Judicial, figuran 44 personas condenadas por infracción a la ley ambiental entre 2014 y 2019. Sin embargo, en ninguno de esos casos el delito fue deforestación como tal. Además, todas esas personas recibieron suspensión de la pena privativa a cambio de un trabajo comunitario o el pago de una multa.

En 2019 se iniciaron 16 investigaciones por tráfico de madera, de las cuales 10 se concentran en Caaguazú. Sin embargo, quienes trabajan en conservación aseguran que esto no es garantía de justicia puesto que al día de hoy, no hay sentencias a cárcel que hablen de deforestación, a pesar de las constantes denuncias de guardaparques. Solo en Mbaracayú, 16 denuncias por parcelas de marihuana se interpusieron durante el 2019 ante el Ministerio Público, pero ninguna derivó en una investigación judicial.

Cristina Goralewski, presidenta del INFONA, asegura que en los registros judiciales de la institución no tienen datos de que una persona sumariada por deforestación haya terminado en la cárcel. Dice además que este organismo está terminando un estudio en el que se confirma que las plantaciones de marihuana son el principal motivo de la destrucción de las áreas protegidas en los últimos años, superando a la producción agroindustrial. “El informe estará disponible para junio o julio, a más tardar”, señala la funcionaria.

En Campos Morombí, una de las reservas con más problemas, los agentes de la SENAD destruyeron 202 hectáreas de marihuana durante 8 días de trabajo. El operativo, llamado Caaguazú – Canindeyú I, dejó como saldo un perjuicio a los narcos de 18 millones de dólares, según SENAD. Sin embargo, no arrojó ningún detenido por la destrucción de esta cantidad de bosques.

En otra zona de Campos Morombí, un área de bosque natural con 24 mil hectáreas, se encontraron 32 hornos para carbón en la misma zona donde apenas dos meses antes, la Policía regional de Caaguazú había destruido 40. Para que cada horno pueda funcionar a tope, se necesitan deforestar dos hectáreas para extraer la madera. El carbón, una vez procesado, se lleva a Brasil de contrabando.

ESPECIAL DIGITAL: En esta semana, la web de La Nación pondrá a disposición de los lectores un especial digital sobre este reportaje, con más fotos, un audiovisual, más datos y un completo recorrido sobre los diversos problemas del Bosque Atlántico.