El 12% de la población del país tiene algún tipo de discapacidad. De este porcentaje, unas dos mil personas que trabajan en el sector público poseen hoy un respaldo económico para enfrentar la cuarentena sanitaria. El resto del segmento de trabajadores con discapacidad vive unos días de incertidumbre. La ONU lanzó una alerta sobre la situación de vulnerabilidad que afecta a este sector a nivel mundial en el contexto de la pandemia del Covid-19.

Patricia González tiene 25 años, es kinesióloga y fisioterapeuta. Se recibió en el 2017 y superando barreras montó un pequeño consultorio en Colonias Unidas, Itapúa. Una discapacidad motora en las piernas no le impidió cumplir sus objetivos. Tenía nuevos proyectos para este año, pero la pandemia lo cambió todo. “Desde que empezó todo esto no pude más trabajar, mi contacto es directo con las personas por el tema de los masajes, entonces es complicado”, dijo la joven, con un dejo de preocupación.

Si bien en esta fase de la cuarentena inteligente su rubro fue liberado para consultas a domicilio, para ella sigue siendo un problema sin solución. “Yo, para movilizarme, necesito sí o sí la ayuda de alguien. Mi novio, por ejemplo, me solía acompañar, pero él ahora ya tuvo que salir a trabajar. Es vendedor de chipa”, contó Patricia.

Hablar de lo que viene es algo incierto para la joven y así también para miles de personas con discapacidad, trabajadores y trabajadoras que en muchos casos son sustento de sus familias. “Imagínate que a cualquiera en este momento se le complica trabajar, y a nosotros mucho más”, agregó la profesional, cuyo anhelo es acceder a un trabajo dentro del Ministerio de Salud en algún puesto de su zona.

De hecho, el sector público es quizás el único que ofrece alguna garantía para trabajadores con diversidad funcional, con base en la Ley 3.585/2008 que establece la inclusión en las instituciones públicas.

Esto permite que hoy algunas personas puedan seguir cobrando sus salarios en cuarentena (la Secretaría de la Función Pública emitió una resolución que les permite permanecer en sus casas, ya que muchos tienen enfermedades de base). “Tenemos que entender que del total de la población del país, se estima que entre un 10 y 12% tiene algún tipo de discapacidad; es decir, entre 800 mil y un millón de personas, de acuerdo al último Censo Nacional (2012). De estas, solo dos mil son las que trabajan en la función pública; 20 mil más o menos son las asistidas por la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (Senadis) con rehabilitación, medicamentos, etc.; unos dos mil niños están en Teletón y después tenemos organizaciones civiles, fundaciones, que de repente ayudan un poquito. Entre 70 y 80% de esta población no tiene una asistencia directa del Estado”, explicó a su vez Julio González, presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios Públicos con Discapacidad del Paraguay (Asonadis), que incluye también a trabajadores del sector privado e independientes.

Julio es funcionario del Instituto de Previsión Social, utiliza muletas para caminar, tiene una esposa y dos hijos, y si bien está bajo licencia, prefiere trabajar y aportar su grano de arena. “Quiero ser útil, tengo un móvil propio y trabajo en la caja principal a la noche, cuando hay muy poco movimiento”, explicó. Pero esa posibilidad no la están teniendo muchos. “Hay mucha gente que la rema día a día, vendedores callejeros, gomeros, etc., profesionales de diversos rubros, trabajadores con discapacidad independientes, ellos son los que están en una situación muy difícil”, explicó González.

SECTOR VULNERABLE

Mediante gestiones de la Asonadis, algunas personas pudieron ingresar a los programas de asistencia del Gobierno, pero muchos no reciben ningún tipo ayuda. “No queremos que se entienda que es solo nuestro sector el que está padeciendo, hay mucha gente en situación de pobreza, pero no podemos dejar de lado la realidad de que somos un sector altamente vulnerable”, sentenció el gremialista.

Lo que reclaman desde la asociación son acciones que se centren de forma más concreta sobre esta parte de la población. La cuarentena inteligente, por ejemplo, liberó a personas que ayudan a quienes posean alguna discapacidad y necesiten asistentes. Es la referencia más próxima que hay sobre el sector. “Este nuevo decreto parece dar a entender que la gente con discapacidad tiene que quedarse nomás luego en su casa, ya que sí libera expresamente a personas encargadas del cuidado, pero no dice si nosotros podemos salir a trabajar y en qué condiciones.

Muchos asociados llaman a preguntar ‘qué vamos a hacer’, y yo les digo que salgan; algo tenemos que hacer, no le puedo decir epyta nde rógape ha ivare’áma hína… (quédense en sus casas, mientras que ya tienen hambre). Mi orientación es que si tienen su certificado de discapacidad, que lleven eso y salgan a colocar sus productos. No vamos salir a pedir limosna y tampoco quiero que se entienda que queremos solo asistencialismo. Queremos que permitan trabajar a las personas que sí pueden y, sobre todo, que se les dé garantías para poder desarrollar sus actividades, siendo una población vulnerable”, señaló González.

Asonadis tiene alrededor de 1.700 asociados a nivel país. El año pasado lograron la inserción de unas 250 personas con discapacidad en varias instituciones. Actualmente están impulsando la reglamentación de la Ley 4.962 que establece beneficios a los empleadores que incorporen personas con discapacidad en el sector privado.

ACCIONES

“Una primera medida, junto con la Secretaría de la Función Pública, fue la exoneración de la presencia en las instituciones de los funcionarios públicos con discapacidad. También activamos la alianza que tenemos con la Secretaría Técnica de Planificación y a través de intérpretes desarrollamos información inclusiva y accesible, que socializamos a través de nuestras redes”, indicó por su parte César Martínez, ministro de la Senadis.

La institución integra la mesa de Salud, donde se encuentran trabajando en un protocolo de respuesta ante casos positivos de Covid-19 en personas con discapacidad. “Los albergues donde están yendo las personas a hacer la cuarentena no están preparados. Algunos centros de rehabilitación ofrecieron su lugar al Ministerio de Salud, eso está ahí ya en reserva”, explicó el titular del ente.

La secretaría también desarrolla un plan de telerrehabilitación. “Tenemos cerca de 1.200 llamadas hechas en las que preguntamos a los usuarios cómo están haciendo su proceso de rehabilitación”, señaló Martínez, quien dio a la vez un dato preocupante: según informes del Ministerio de Trabajo, habría unas 40 personas con discapacidad que fueron cesadas en el sector privado durante la cuarentena. “Desde la Senadis estamos viendo eso. El reclamo nos sirve para reclamar nosotros a su vez a las instituciones pertinentes. Es ahí donde tenemos que aplicar una acción positiva en favor de un sector que por su mayor vulnerabilidad tendría que tener prioridad de estudio, análisis y resolución de los casos”, señala Martínez.

Para el director de la Asonadis, Julio González, toda esta situación pone nuevamente en evidencia la forma en que se invisibiliza al sector de las personas con discapacidad en la sociedad paraguaya. “No se piensa que una persona con discapacidad puede ser un trabajador independiente o que puede tener las mismas oportunidades que cualquier otra persona. Todavía el chip de la mentalidad de inclusión no está incorporado en nuestra población, lastimosamente”, señala finalmente González.

ONU: EL COVID-19 ESTÁ AUMENTANDO DESIGUALDADES

El pasado miércoles, Naciones Unidas lanzó informe en el que solicitaba a los países poner a las personas con discapacidad en el centro de la respuesta al coronavirus. “Estas personas tienen más probabilidades de desarrollar condiciones severas de salud y son víctimas de discriminación sistémica”, señala el texto publicado en el boletín oficial.

“La pandemia de Covid-19 está intensificando las desigualdades experimentadas por las mil millones de personas con discapacidad del mundo”, agrega el material, citando las palabras del secretario general de la ONU, António Guterres.

En circunstancias normales, las personas con discapacidad tienen menos probabilidades de acceder a la educación, la atención médica y las oportunidades de ingresos. También tienen más probabilidades de vivir en la pobreza y sufrir mayores tasas de violencia, negligencia y abuso. La situación de pandemia hace que estos escenarios puedan ser mas críticos.

Guterres habló también de una falta de información de salud pública accesible, así como barreras significativas para implementar medidas básicas de higiene. “Debemos garantizar la igualdad de derecho de las personas con discapacidad para acceder a la atención médica y los procedimientos de salvamento durante la pandemia”, señaló Guterres en la presentación del informe.

César Martínez, titular de la Senadis.

“LA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SUFRIMOS COMO 20 VECES MÁS”

Cayo Acosta, activista por los derechos de las personas con discapacidad.

“Es mucho más jodido para nosotros”. Con esta frase, Cayo Acosta, comunicador de profesión y activista de los derechos de las personas con discapacidad, empezó a pintar el panorama de cómo están viviendo estos días de pandemia. “En esta situación, por nuestro estado de vulnerabilidad, nosotros sufrimos 20 veces más que cualquier otra persona”, agregó el profesional, quien desde una silla de ruedas se enfrenta día a día a las barreras que le pone en frente la sociedad.

Acosta llevó una lucha de muchos años para poder ser reconocido por su capacidad laboral. Hoy es parte del plantel de funcionarios de Itaipú, donde fue uno de los impulsores del capítulo dedicado a los trabajadores con discapacidad en el contrato colectivo que rige en la entidad binacional.

Una realidad preocupante en su óptica es la situación actual en los centros de salud. “Los hospitales todavía no se ven abarrotados, pero ¿qué pasaría en otro caso con las personas con discapacidad? Imaginate que en España y en Italia ¡se decidía quién iba a vivir y quién no!

Entonces ¿qué pasaría con nosotros?”, se preguntó Acosta. Para el profesional, las pruebas diagnósticas deberían ser prioritarias para las personas con discapacidad. “No solo para nosotros, sino también para nuestro entorno, porque si bien andamos luego medio recluidos, esta situación nos jode mucho más a nosotros ante una posibilidad de transmisión del virus”, sentenció.

Si bien Acosta se encuentra trabajando a distancia desde su casa actualmente, no es ajeno a la crisis laboral que desata la pandemia. “Esta cuestión afectó fuertemente a los trabajadores independientes en general, pero vamos a pensar un poco en aquella persona con discapacidad que vende yuyos o el que cuida autos, ¿qué pasa con ellos? Las personas que tienen algún emprendimiento, ¿qué pasa con la emisión de créditos? ¿Los programas de ayuda tienen en cuenta a las personas con discapacidad? Yo no escuché que hayan incluido alguna acepción para la priorización de las atenciones”, sentenció.

Todo el análisis de la situación desemboca en un punto clave: la participación de las personas con discapacidad en la toma de decisiones que les afectan. “Lo que queremos es que se nos haga participar en las discusiones, que tengamos participación activa en las políticas públicas. En la reactivación económica, que nos llamen, que nos inviten. No es que nosotros por tener una discapacidad no podamos manifestar nuestras opciones, nuestras inquietudes. Me gustaría que se me convoque a mí o a cualquier otra persona con discapacidad que tenga intenciones de cambiar las cosas”, afirmó.

Patricia González espera poder volver a trabajar pronto en su consultorio.
Un trabajador (canillita) es ayudado por su pareja para poder hacer su jornada laboral.
Julio González haciendo entrega de los kits que proveyó la Asonadis.



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