Decenas de personas privadas de libertad trabajan en la fabricación de tapabocas y otros equipos de bioseguridad para ayudar al personal de blanco en la lucha contra el Covid-19. En Pedro Juan Caballero ya fabricaron dos cápsulas para traslados de pacientes sin contaminación.

Desde que empezó la pandemia, las autoridades nacionales tomaron decisiones drásticas en el sistema penitenciario paraguayo. Por la complejidad de la situación de los internos, que sobrepasan en cantidad a la capacidad que tienen casi todas las penitenciarías del país –según datos oficiales, de las 18 cárceles, 14 están con sobrepoblación– la presencia de este virus entre las personas privadas de libertad podría representar un grave problema.

El plan tiene como objetivo principal dar una ayuda importante al sector de la salud pública, principalmente para los médicos y enfermeras que están con problemas a la hora de tener los equipos de bioseguridad. La idea, además de esta colaboración, es seguir con los programas de reinserción laboral para los internos y las internas de las penitenciarías del país.

“Con la pandemia, también nosotros tuvimos que suspender todos los trabajos que se hacían en el interior de las penitenciarías. Se suspendieron las visitas, las íntimas y las salidas transitorias. Entonces, son medidas que afectan a la población en su estado de ánimo. Con este trabajo de confeccionar los tapabocas y otros equipos, estamos logrando que estén consiguiendo una manera de enfocarse en eso, y no pensar en toda la situación difícil”, expone la ministra de Justicia, Cecilia Pérez.

La ministra señala que justamente la idea es lograr que las personas privadas de libertad puedan tener al menos con este tipo de actividad alguna motivación, ya que desde hace más de 50 días que no están recibiendo visitas de sus familiares, un momento que para la mayoría es sumamente significativo.

Los primeros trabajos se iniciaron en la cárcel regional de Pedro Juan Caballero, donde los internos empezaron con la confección de tapabocas y luego ya fabricaron, en abril pasado, la primera cápsula para el traslado de pacientes con Covid-19. Ahora están para terminar 200 mamelucos de bioseguridad que serán entregados al personal de blanco de Amambay. Todo este proceso es supervisado por el doctor Carlos López, quien se desempeña en la sanidad de la penitenciaría. La semana pasada terminaron la segunda cápsula.

“Estamos trabajando con todo lo que podemos. Las mujeres del Buen Pastor están haciendo también para apoyar el trabajo del personal de blanco del Ministerio de Salud”, señala la ministra Pérez.

La población de la Penitenciaría Nacional (Tacumbú), de la Unidad Penitenciaria Industrial Esperanza (UPIE), de la Penitenciaría Regional de Emboscada (antigua) y la Penitenciaría Padre Juan Antonio de la Vega, también de Emboscada, trabaja en este plan de la confección de tapabocas en el marco de un convenio con la empresa Go Trading, que se encarga de comprar los insumos y los vende en el mercado interno. Según datos del Ministerio de Justicia, el promedio de producción de estos trabajadores llega a casi 3.500 mascarillas por día.

La producción de las penitenciarías regionales es entregada a los hospitales locales o empresas privadas, de tal modo que los médicos de esas regiones del país tengan suficiente cantidad de insumos en medio de esta crisis por el Covid-19. Los internos de la cárcel de Misiones, por ejemplo, elaboraron hasta ahora 65 mil tapabocas y 100 equipos de bioseguridad, que ya fueron entregados a las autoridades sanitarias de ese departamento.

“Teníamos 15 programas de reinserción del Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP) que tuvimos que cerrar desde la pandemia. Era necesario ver cómo paliar ese déficit. A partir de eso vimos la necesidad que había de cubrir con equipos para los médicos, entendimos que era una oportunidad”, señala Guillermo Esquivel, director de la cárcel de Misiones. “Ahora ya estamos haciendo equipos de seguridad más complejo, como la escafandra, el macacón, el cubrepies, que requieren más elaboración. Ya tenemos 100 y tenemos para hacer más”, expone Esquivel.

Todos los trabajos que se hacen en las penitenciarías se realizan con los estándares sanitarios y los productos tienen las especificaciones técnicas y sanitarias requeridas, ya que se hacen con la supervisión médica, explica Pérez. “Lo que queremos mostrar con esto es el aporte del sistema penitenciario a la salud pública en medio de esta crisis”, señala la ministra.

Actualmente hay unas 18.800 personas privadas de libertad en las 18 cárceles habilitadas del país. Apenas el 20% de esta cantidad (unas 4.000 personas) está con una condena firme. El resto sigue esperando que sus causas judiciales puedan tener un resultado final alguna vez. Mientras tanto, hacen un aporte fundamental en medio de esta crisis sanitaria que soporta el país y el mundo.