Con unas 15.850 personas privadas de libertad hacinadas en diferentes cárceles del país, el drama del coronavirus COVID-19 se convierte en una grave amenaza para un sistema penitenciario con carencias. Desde el Ministerio de Justicia aplicaron medidas para evitar que el virus ingrese. Hasta ahora, el plan funcionó, pero el precio es un aislamiento total, que deja a la población carcelaria, cuya mayoría está sin condena, también sin visitas.

El coronavirus vino a destartalar las estructuras de las naciones y sus efectos seguirán sacudiendo a los países. Las poblaciones se han mostrado vulnerables ante esta pandemia. Mientras el pedido de expertos, científicos y médicos es evitar la aglomeración de personas para que no haya un contagio masivo, las cárceles superpobladas aparecen como un grave problema, justamente porque es un lugar donde la propagación del virus se puede dar con más rapidez.

Ni bien se dio a conocer el primer caso de coronavirus en Paraguay, el 7 de marzo pasado, el Ministerio de Justicia determinó el aislamiento completo de las 18 penitenciarías habilitadas en Paraguay. Actualmente son 15.850 personas que están privadas de su libertad en estas cárceles, según datos del Ministerio de Justicia.

Tacumbú, la principal penitenciaría del país, tiene unos 4.000 internos que sobrepasa en un 265% su capacidad real (que llega a 1.500 internos) según estudios realizados por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP). De hecho, las autoridades nacionales reconocen que el penal está al límite. Por eso es que los controles para que la gente ingrese aquí es extremo y estricto.

Por las mañanas, la docena de funcionarios de seguridad y administrativos que ingresan al penal lo deben hacer por la Unidad Penitenciaria Industrial la Esperanza (UPIE), que está pegado a la cárcel de Tacumbú. Allí, un equipo sanitario está desde muy temprano para fumigar a los trabajadores, para evitar que el virus pueda ingresar por algún elemento. Se fumiga los vehículos y a cada funcionario, casi como un baño pero con ropa.

El control se hace con todos, sin excepción. Los funcionarios están obligados también al uso de tapabocas y se insiste en forma constante con la limpieza de las manos. A las personas que trabajan como proveedores, los que ingresan verdura, carne, etc., también pasan por el mismo procedimiento.

“Estamos viendo cómo hace el trabajo de monitoreo a fin de que se cumplan las cuestiones elementales de respeto a los derechos humanos. Hasta ahora, nosotros también estamos considerados como agentes que podemos llevar el virus, entonces estamos buscando los mecanismos adecuados. Pero desde un principio, nosotros hicimos unas recomendaciones al Ministerio de Justicia sobre los procedimientos en las penitenciarías”, dice Dante Leguizamón, comisionado del MNP.

En efecto, el MNP tiene unas recomendaciones como para prever el cuidado y respeto de los derechos humanos de la gente privada de su libertad durante esta cuarentena decretada por el Gobierno. Algunos de los puntos mencionados son la colocación en varios lugares de servicios para el aseo de manos, disponer de material suficiente para hacer la limpieza las veces que sea necesaria, extender los horarios de salidas a patios y espacios de recreación para los internos y principalmente, prever que los médicos como personal de blanco estén disponibles en la sanidad de la cárcel para que actúen con rapidez en caso de que algún interno presente síntomas.

De las 18 penitenciarías del país, en 14 se reportan hacinamientos. O al menos, hay más personas internadas que la capacidad de estas cárceles. Es un problema de hace años que el Gobierno espera resolver en alguna medida cuando se terminen las tres penitenciarías que se están construyendo, dos en la zona de Emboscada, en el departamento de Cordillera, y la otra en Minga Guazú, en Alto Paraná.

“La de las cárceles es una población muy vulnerable. Hay una situación de hacinamiento y estructural muy complejas, que requiere que se tomen las medidas adecuadas pertinentes”, contó Dante Leguizamón.

SIN CONDENAS Y AHORA SIN VISITAS

A pesar de la queja de los internos, la decisión del Ministerio también fue clausurar el penal para recibir visitas. Al menos, hasta el próximo 12 de abril, tal como estableció el Gobierno en una primera medida para intentar evitar la propagación del coronavirus COVID-19.

En el Buen Pastor, la cárcel para mujeres, la situación es similar. En esta cárcel que tiene capacidad para albergar a 300 personas, viven cerca de 459 que están sin recibir visitas desde que arrancó toda esta historia de los aislamientos. El procedimiento en este lugar es también el mismo en cuanto a la rigurosidad sanitaria. La misma medida se aplica en todas las demás cárceles del país.

De acuerdo con datos del propio Poder Judicial y que también maneja el Ministerio de Justicia, de las 15.859 personas privadas de libertad, apenas el 25% tiene condena (cerca de 4.000). El resto está esperando que sus procesos judiciales puedan avanzar. La mayoría de estas personas que no tienen condena, se debe a la pobreza. Como no tienen dinero para pagar algún abogado privado, dependen de la Defensoría Pública, cuyos miembros se ven rebasados en la capacidad de atender los casos.

“No es por supuesto una decisión fácil. Conversamos con ellos y darles a entender lo que implica esta cuestión. Explicarles que es una medida necesaria, tenemos que llegar a un acuerdo para que entiendan de qué se trata” dice la ministra de Justicia, Cecilia Pérez.

La funcionaria menciona, por dar un ejemplo, que en época de verano, durante los días de visita, Tacumbú recibe sin mayores problemas a unas 5.000 personas. “En los últimos tiempos teníamos 1.500 visitas por domingo. Entonces, la única forma de controlar es evitar que siga entrando gente. Nosotros queremos mantener esta medida hasta el 12 de abril, cuando termine la cuarentena”, explica Pérez.

Para la ministra, es necesario mantener este sistema hasta que se pueda tener el aviso oficial de que el virus ya deja de ser una amenaza para la salud pública, aunque esa situación aún está por verse.

En todo el sistema penitenciario, Paraguay tiene al menos 400 personas con más de 60 años o con alguna enfermedad que los puede presentar dentro de los parámetros para considerarlos de riesgo al contagio del coronavirus COVID-19, según datos del Ministerio de Justicia.

Hasta el momento no se reportaron casos en penitenciarías paraguayas. Por ahora, las personas privadas de su libertad mantienen la esperanza de que les llegue primero una condena justa antes que un virus.

La situación en otras cárceles del mundo

La situación carcelaria en otros países que también sufren con el drama del coronavirus COVID-19 ha mostrado diferentes posturas. Pero quizás una de las más radicales es la de Afganistán, país que anunció que liberará en los próximos 10 días a unos 10.000 prisioneros para evitar que el virus se propague y termine siendo una situación incontrolable. Así señala un despacho de la Agencia AFP, que cita a fuentes oficiales.

El documento señala además que esta decisión obedece a que actualmente, Afganistán está casi colapsada en su sistema de salud, luego de cuatro años de contiendas bélicas y la llegada de la pandemia. Según AFP, que menciona al procurador general afgano, Farid Hamidi, los beneficiarios serán mujeres, niños, personas gravemente enfermas y los que tienen más de 55 años.

Esta misma agencia noticiosa reporta que en México, un país cuyo gobierno no tomó medidas en las primeras semanas respecto a la crisis sanitaria a nivel mundial, comenzó un plan de trabajo comunitario con sus internos para la fabricación de cubrebocas, con el objetivo de entregar a hospitales públicos para luchar contra la pandemia. México ya registra 8 muertes por la pandemia y 110 nuevos casos, al menos hasta el viernes.

Italia, el actual epicentro de la epidemia con poco más de 9.100 muertos, registró violentas revueltas en 27 cárceles durante las primeras semanas de marzo, cuando el gobierno decidió suspender las visitas de familiares a estos centros. En estos motines se tuvieron al menos 6 muertos, según las agencias de noticias.

En Argentina, que tiene 12 fallecidos por la virus, se tuvo motines en dos cárceles de la Provincia de Santa Fé que terminó con cinco reclusos muertos. Supuestamente, los internos quisieron “aprovechar” que el gobierno estaba muy abocado a todo lo que tenía que ver con la pandemia del coronavirus Covid- 19. Otros informes hablan de que algunos reclusos no estaban de acuerdo con la prohibición de recibir visitas, lo que originó uno de los motines.

Dejanos tu comentario