En medio de la irregular participación en el tor­neo Apertura y la fase de grupos de la Copa Liber­tadores 2025, Cerro Porteño debe ponerse en campaña para saldar la deuda que todavía reclama el Bolívar de Bolivia por el jugador brasileño Fran­cisco da Costa (29 años), quien también debe percibir su parte por la operación entre ambos clubes. Bolívar pide 1.500.000 dólares por la transferencia en cuotas, según se acordó a mitad de 2024, mientras el delantero tiene pendiente efectivizar 500.000 de la moneda americana.

Marcelo Claure, presidente del Bolívar, avisó durante el sor­teo de la fase de grupos de la Copa Libertadores en Luque, que venía a Paraguay para el partido de su equipo y aprove­char para cobrarle a Cerro Por­teño, que ganó el partido 4-2 en la Nueva Olla y no pagó nada.

Entretanto, Da Costa perdió la titularidad, ha soportado una lesión que lo dejó fuera más de un mes, además fue suspendido en el torneo local por una expul­sión frente a General Caballero en Juan León Mallorquín. En cuanto al partido de este lunes 28 de abril frente al Deportivo Recoleta (20:15), recién hoy el entrenador argentino Diego Martínez confirmará el equipo. El plantel principal activa esta tarde en la Nueva Olla.

La oposición a la actual directiva de Cerro Porteño, que comanda el presidente Juan José Zapag, exige la reanudación de la asam­blea ordinaria, que no concluyó el pasado sábado 29 de marzo. Queda pendiente la aprobación del balance correspondiente al ejercicio 2024. Tampoco se realizó la proclamación de los nuevos miembros del Tribu­nal Electoral Independiente (TEI), por lo que no se descarta que el caso termine en la justi­cia ordinaria.

• Buenos Aires, Argentina. AFP.

Autoridades argentinas confirmaron ayer martes que una persona murió y tres están desaparecidas tras las intensas lluvias del sábado que inundaron campos, rutas y desbordaron arroyos en Bolívar, una localidad rural de la provincia de Buenos Aires. Jorge Acuña, de 55 años, murió cuando viajaba en una camioneta el sábado junto a otros dos individuos. El vehículo sufrió un accidente y cayó a un arroyo desbordado por la lluvia.

“A media mañana tuvimos un hallazgo positivo y acabamos de confirmar quién era, uno de los tripulantes de la camioneta”, confirmó el martes el jefe de Defensa Civil local, Fabián García, al canal C5N. Sus dos acompañantes siguen desaparecidos. En simultáneo, las autoridades buscan a un trabajador rural que el día de la tormenta intentó cruzar a caballo otro arroyo, a 15 km del siniestro vial, pero cayó al agua junto al animal.

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La muerte y las desapariciones son “producto de las inundaciones y de una ruta que lamentablemente no está en mantenimiento y en las condiciones que debería estar”, dijo al canal Marcos Pisano, alcalde de Bolívar, 330 km al suroeste de la ciudad de Buenos Aires.

El fenómeno ocurre tres semanas después de que, 360 km más al sur, en la ciudad portuaria de Bahía Blanca, un temporal dejara 16 muertos y cientos de evacuados, además de rutas, caminos y casas destruidas. Esas inundaciones provocaron “graves daños” a “más del 70 % de los bahienses” y serán necesarios unos 400 millones de dólares para la reconstrucción de la ciudad, dijo entonces el alcalde Federico Susbielles.

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En la ciudad de San Juan del Paraná, departamento de Itapúa se encuentra una de las granjas avícolas más grandes de la zona, con más de 50 mil gallinas. Es una de las pocas que queda luego del cierre de casi 15 granjas de pequeños productores post pandemia.

Según explicó a GEN/Nación Media, Pedro Lisnichuk, dueño del lugar, cuando se reabrió el paso fronterizo con Argentina en plena pandemia, se dio un ingreso masivo de huevo en forma ilegal (contrabando). Esto perjudicó al rubro y muchas granjas cerraron por ese motivo.

Actualmente esta granja es la que más abastece al departamento, pero por la poca producción a raíz del calor, están intentando llegar a cubrir pedidos. Sumado a esto enfrentan altos costos de producción y precios no competitivos con los que simplemente “logran empatar”.

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“Esta es una época en la que empieza a subir la demanda de huevos, y se sabe que este producto no aumenta en cantidad (producción) de un día para el otro. Depende del clima, de la época, lleva un proceso”, explicó Pedro Lisnichuk a GEN.

Mencionó que una polla crecimiento tarda mínimamente 18 semanas para empezar a producir huevos, además de que la pollita tiene un precio alto al igual que los insumos. Por eso, afirmó que para ellos es difícil sacar ventaja en el rubro hoy y que el margen de ganancias cada vez es menor.

“No es tanto como se dice que los productores ganamos G. 40.000 por plancha. Tal vez los huevos extra grandes tienen ese precio. Estamos tratando de llevar un precio parejo uno con otro, y cada comerciante es libre porque no existe regulación. Entonces algunos si pueden vender mejor, lo hacen; todos queremos ganar, todos trabajan para ganar, nadie quiere perder. Pero el más perjudicado siempre es el productor”, manifestó.

Dependiendo del tamaño de la proteína avícola, la comercialización en mercados y supermercados se encuentra entre G. 32.000 y G. 45.000. Las altas temperaturas, sequía e ingreso de huevos por contrabando, son algunas de las causas del precio actual.

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• por Juan Marcelo Pereira
• juan.pereira@nacionmedia.com

“Es nuestra obligación resguardar y recuperar el dinero público. Existe una firme indicación del Gobierno para combatir la corrupción y la impunidad”, dijo el procurador general de la República, Marco Aurelio González, tras detallar que bajo la administración presidencial de Santiago Peña, su institución impulsó por primera vez cuatro demandas de reparación del daño por hechos punibles cometidos contra el patrimonio del Estado.

A través de una entrevista con el diario La Nación/Nación Media, González detalló que el mecanismo permite una recuperación más expedita de los fondos públicos malversados, en comparación con un juicio civil ordinario de indemnización.

“Es la primera vez e iniciativa nuestra. La vía penal es más rápida y más segura. Si planteáramos en el fuero civil, se podría plantear que primero debe terminar el proceso penal. Y si se planteara en lo civil después de quedar firme el proceso penal, hay tesis que sostienen que ya operó la prescripción (2 años a contar desde el ilícito y un proceso penal suele durar mucho más). Entonces, para no correr ese riesgo”, manifestó.

El funcionario de Estado detalló que entre las demandas de reparación del daño se encuentra la impulsada contra el exministro de la Niñez y Adolescencia, José Orué Rolandi, quien fue hallado culpable por el delito de lesión de confianza junto con Carlos Centurión, Laura Gamarra, Gloria Arroyo y Araceli Cotillo, en la causa por el desvío de dinero perteneciente al programa de vaso de leche.

Otra de las demandas guarda relación con el exministro de Agricultura y Ganadería (MAG), Enzo Cardozo, y la exdirectora administrativa de la cartera estatal, Maristela Azuaga, quienes fueron condenados por lesión de confianza en el desvío de fondos públicos mediante proyectos ficticios y documentos falsos en connivencia con directivos de la Federación Nacional de Productores Frutihortícolas del Paraguay.

En la nómina se encuentra la demanda promovida contra el exrector de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) Froilán Peralta y su exdirectora de Recursos Humanos María del Carmen Martínez, conocida como “La comepapeles”, quienes fueron condenados por lesión de confianza y estafa tras la designación irregular de personal y malversación de fondos universitarios.

Igualmente figura la demanda contra la exministra de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) Gladys Cardozo y su exdirector de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) Aníbal Benítez, quienes fueron condenados por lesión de confianza por el millonario desvío en la adquisición de víveres para enviar a tres departamentos del Chaco, entre los meses de marzo y abril del 2012.

La Ley n.º 6837/2021, en su artículo 23, proporciona a la Procuraduría la facultad de intervenir en calidad de víctima en los procesos penales por delitos contra el patrimonio estatal.

Asimismo, le confiere la atribución de ejercer la acción civil para la reparación de los daños causados, permitiéndole representar a organismos y entidades públicas sin personería jurídica y asistir, a solicitud, a aquellas con autonomía legal.

Desde la institución indicaron que tras sus últimas intervenciones en los procesos penales en calidad de víctima, ha aumentado la cantidad de notificaciones de oficio de los juzgados para intervenir en salidas alternativas que incluyan reparación del daño, en audiencias preliminares y juicios orales.

Señalaron también que los jueces de garantías solicitan la postura de la Procuraduría General de la República en estos procesos para asegurar que la posición del Estado sea considerada al evaluar acuerdos de reparación y decisiones sobre hechos punibles que afectan el patrimonio público.

Detallaron, además, que se ha identificado que, en muchos casos, al momento de ejercer la acción de reparación del daño, los condenados por corrupción ya no poseen bienes registrables a su nombre; con el objetivo de mitigar este problema, la institución se encuentra trabajando en conjunto con el Poder Judicial y la Fiscalía en la implementación de medidas cautelares preventivas, como la prohibición de innovar sobre bienes al dictarse sentencias condenatorias. Este enfoque apunta a garantizar la efectividad de las sentencias de reparación del daño.