El director ejecutivo de la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci), Nelson Peralta, resaltó que la media sanción lograda para la modificación de la Ley de Patentes que el pasado martes aprobó la Cámara de Diputados es producto de un trabajo conjunto que llevaron adelante la organización, la Agencia Nacional de Transporte, legisladores de ambas cámaras del Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo.

En comunicación con La Nación/Nació Media, resaltó que desde el inicio del diálogo en la búsqueda de la modificación de la Ley que entró en vigencia en diciembre pasado han mantenido constantes reuniones y diálogos tanto con el presidente del Congreso, Basilio Núñez, como con diputados y senadores. Incluso, destacó que ya se conversó con el presidente de la República, Santiago Peña, y sus asesores, a fin de dar celeridad a su tratamiento, aprobación y finalmente promulgación.

“Esperamos que el Senado pueda tratarla esta semana y de ser posible aprobarla, de tal modo que antes del 31 de marzo el presidente de la República pueda promulgar la nueva Ley modificada. Esto, teniendo en cuenta que hay municipios en los que este 31 de marzo ya vencen las patentes. Entonces, con los nuevos precios los ciudadanos podrán acercarse a pagar”, precisó.

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Nelson Peralta resaltó que desde la organización están conformes con lo resuelto por la Cámara de Diputados, que aprobó esta semana las modificaciones que habían planteado a la legislación que entró en vigencia en diciembre del año pasado. Indicó que desde la Opaci han trabajado en la elaboración de las modificaciones.

“Nosotros habíamos elaborado una propuesta que decía que el costo más bajo no podría ser inferior al 0,4% del jornal mínimo,y que el porcentaje máximo no debería superar el salario mínimo vigente. Esto fue lo que finalmente ellos sacaron de lo que nosotros presentamos”, explicó.

Remarcó que con el equipo técnico de la Opaci, junto al equipo técnico de la Agencia Nacional de Transporte, se reunieron con los miembros de la Comisión de Asuntos Municipales, además del vicepresidente primero Marcelo Salinas y los miembros de los consejos departamentales de intendentes municipales, para acordar los puntos que fueron tratados y modificados por el plenario en la sesión ordinaria del martes pasado.

Peralta destacó que en la nueva ley que está siendo estudiada por el Congreso se establece, en uno de sus artículos, la instalación de un ente de control que deberá velar por el cumplimiento de la Ley, que es la Agencia Nacional de Tránsito.

“Anteriormente no existía una institución que controlara a los intendentes para el cumplimiento de la Ley. Ahora es la Agencia la que estará a cargo de los controles, y esa ley con media sanción, si es que no la modifica el Senado, dice que el intendente que expida incorrectamente una habilitación o una patente será multado con un jornal mínimo diario por cada habilitación mal concedida”, precisó.

Respecto a la Agencia Nacional de Transporte, señaló que es la que está integrada con la presidencia de la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, que delega en el director general, rango de viceministro de Transporte. Cuenta con una junta o consejo nacional que integran además de la titular del MOPC; sus pares, los ministros del Interior, Salud Pública, Educación, los intendentes de Asunción y Guarambaré, el titular de Opaci.

El director Ejecutivo de la Opaci resaltó que con estas modificaciones que se están introduciendo, los costos de las patentes van a bajar, ya que al principio se establecía el 0,5 % sobre el valor imponible y ahora se estableció el 0,3 % sobre el valor imponible.

“En algunos municipios se les fue verdaderamente de las manos, llegando a cobrar G. 50.000 por la patente de un auto 2015 o 2020, eso no correspondía, pero lo hicieron. Ahora deberán cobrar conforme al valor imponible”, precisó.

Finalmente, indicó que una vez promulgada esta Ley con sus modificaciones, desde la Opaci ya cuentan con un programa que les permitirá a los municipios hacer los correspondientes cálculos de acuerdo al vehículo que solicite su habilitación. Precisó que a los 264 municipios del país se les entregará el programa que tiene cargado todas las marcas de los vehículos, modelos, años, procedencia; además si tiene 4 puertas, 2 puertas, es naftero, diésel, eléctrico o híbrido.

“Cada vehículo tiene un costo diferenciado y nosotros desde la Opaci vamos a entregar este programa a cada municipio, donde al introducir los datos de la cédula verde, ya le estará diciendo cuánto es su impuesto a la patente. Nosotros ya tenemos todo preparado, estamos esperando que se apruebe. A partir de ahí, queda a cargo de cada intendente cobrar el monto que se le indica. La Agencia Nacional de Transporte se encargará de controlar el cumplimiento de la Ley”, concluyó.

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Luego de 1 año y 9 días y tras presentarse una treintena de chicanas en cámara de apelación y Corte, el expediente judicial donde están acusados los exministros de Mario Abdo Benítez en el caso conocido como filtración de información falsa de Seprelad bajó al juzgado penal de garantía N° 3 a cargo de la jueza Cynthia Lovera.

La referida magistrada deberá estudiar más de doce incidentes que se presentaron el 14 de marzo del 2024, dos días después de haberse admitido el acta de imputación contra Carlos Arregui, René Fernández, Arnaldo Giuzzio, Carmen Pereira, Daniel Farías Kronawetter, Guillermo Preda y Francisco Pereira Cohene.

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Los incidentes que deben analizar la jueza Lovera son el recurso de reposición con apelación en subsidio en contra de la providencia de fecha 14 de marzo de 2024 que había admitido el acta de imputación. Asimismo se tiene pendiente de estudio el recurso de reposición y apelación en subsidio en contra de la providencia del 19 de marzo donde se admite el cuadernillo de extracción de datos de la Seprelad.

También la defensa de los acusados habían presentado el recurso de apelación general contra el A.I N°31 de fecha 24 de enero del 2024 donde se autorizó vía judicial la extracción de datos de la Seprelad.

Los fiscales Cristian Benítez y Silvia González presentaron acusación por los delitos de asociación criminal, usurpación de funciones públicas, denuncia falsa, y revelación de secretos de servicio contra los exministros del gobierno de Mario Abdo Benítez. El Ministerio Público presentó 206 elementos probatorios entre ellos pericias, testimonios y documentales, los cuales demuestran la responsabilidad de cada uno de los acusados.

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La comitiva del gobernador de Alto Paraguay, Arturo Méndez fue recibida por el presidente del Congreso, el senador Basilio “Bachi” Núñez. En este encuentro, conversaron sobre un proyecto de construcción de ruta para conectar a Fuerte Olimpo con el Corredor Bioceánico, iniciativa que recibió el respaldo por parte del titular de la Cámara Alta.

“Estamos hablando en una primera etapa de 70 km de Cruce 65 a Toro Pampa, después seguirá hasta Fuerte Olimpo otros 65 km. Esta es una ciudad que cuenta con aeropuerto, está cerca del Río Paraguay y va a estar en comunicación con la hidrovía, así es que como presidente del Congreso apoyo y pongo a consideración de los colegas para que se conecte con el Corredor Bioceánico con pavimento asfáltico”, expresó Núñez.

En comunicación con varios medios de prensa, ambas autoridades manifestaron que en la reunión también se abordaron opciones de financiamiento, ya que cada km a ser construido en este tramo requerirá una inversión aproximada de USD 1.300.000 y en total se proyecta construir unos 140 km de los 500 km de ruta que necesita esta zona del país.

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“Decidimos priorizar este tramo para seguir avanzando porque va a ser mucho más fácil con 140 km que hacer 500 km de una”, expuso Méndez, a esto añadió, “siempre es muy sacrificado hablar de Alto Paraguay, más por la distancia, hay que ser realistas en decir que en gobiernos anteriores han dejado prácticamente en el olvido a este departamento”.

El jefe departamental, resaltó el recibimiento del presidente del Congreso y manifestó que de hacerse realidad, este proyecto va a transformar y salvar vidas, ya que en esta zona del Chaco, penosamente, muchas personas fallecieron por la imposibilidad de poder transitar caminos que los lleven hasta un centro asistencia. “Estamos muy esperanzados que en este gobierno de Santiago Peña se pueda inaugurar más asfaltos en nuestro departamento”, refirió.

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El expresidente peruano Pedro Castillo suspendió la huelga de hambre iniciada el lunes en la prisión donde está recluido, acusado de rebelión tras su fallido intento de disolver el Congreso en 2022, informó este viernes el Poder Judicial.

“El día ayer (jueves) levantó su huelga de hambre”, tras ser dado de alta y retornar a prisión luego de haber sido hospitalizado de emergencia por una descompensación, declaró la secretaria del tribunal que lo procesa durante la audiencia pública.

Castillo había iniciado una huelga de hambre el lunes, en rechazo al juicio que considera una “pantomima” y motivado políticamente. Previamente, había recusado a uno de los tres magistrados de la Corte Suprema que siguen su proceso.

El expresidente, de 55 años, “ingiere una dieta blanda, se encuentra convaleciente, estable”, agregó Hilda Hoyos, la funcionaria judicial que leyó un informe médico penitenciario en la audiencia transmitida por el canal del Poder Judicial.

El reporte se dio a conocer este viernes cuando se reinició la sesión del juicio en su contra por un fallido golpe de Estado. Castillo no asistió a la sesión por segundo día consecutivo, tras su forzosa ausencia del jueves por deshidratación.

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El juicio se inició el 4 de marzo en una sala anexa a la cárcel para exmandatarios donde está recluido. La fiscalía pide 34 años de prisión. Exsindicalista de izquierda, Castillo cumple prisión preventiva desde diciembre de 2022.

El 7 de diciembre de 2022, Castillo leyó a mediodía un mensaje al país donde anunció su decisión de disolver el Congreso y convocar una Asamblea Constituyente. Ese día iba a ser sometido a una moción de vacancia (destitución) bajo cargos de presunta corrupción.

Sin el respaldo del mando militar, finalmente fue cesado con votos de bancadas de izquierda y derecha, y detenido por la policía cuando se dirigía con su familia a la embajada de México en Lima. Su esposa y sus dos hijos viven desde entonces asilados en ese país. “Nunca me levanté en armas”, ha invocado siempre Castillo, indicando que su pedido no se consumó porque los militares no acataron sus órdenes.

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