La presunción de inocencia es un principio fundamental del derecho penal y de los derechos humanos, que es esencial no solo para garantizar un proceso judicial equitativo, sino por sobre todas las cosas para proteger a los individuos de abusos y errores que puedan cometer los organismos del Estado y en particular la institución judicial. La propia Constitución Nacional, en su artículo 17.° consagra que toda persona tendrá derecho a ser juzgada por tribunales y jueces competentes, independientes e imparciales.

Dicho esto, vemos, sin embargo, que a la inversa se da en los medios de comunicación, donde más bien se presenta con frecuencia a las personas –en particular a los políticos y afines– como culpables sin esperar el veredicto judicial o en algunos casos sin que la parte afectada pueda al menos dar a conocer su versión de los hechos.

Estamos ahora ante un nuevo fenómeno conocido como “condena mediática”, que se da principalmente en el ámbito periodístico, pero también en las redes sociales, donde con frecuencia se estigmatiza a las personas por ciertas conductas o hechos en los que aparecen como protagonistas. El retrato que se hace en los medios y las redes sobre el “sospechoso” se convierte en un juicio público definitivo que afecta a su imagen y reputación para siempre. Lo que vemos es que la verdad contada por los medios muchas veces se nutre de versiones a veces imprecisas, incompletas, interesadas o parciales y, sin embargo, prospera como la versión definitiva.

Esta semana el abogado Jorge Rolón, quien representa a uno de los afectados por el caso de las filtraciones en la Seprelad, reclamaba que su defendido fue presentado ante la sociedad como culpable e incluso perdió su trabajo donde fue sancionado por haberse mencionado su nombre como el responsable de haber elaborado los informes, cuando simplemente estaba cumpliendo con la labor profesional que desempeñaba.

Lo mismo reclamaba otro profesional del derecho, el abogado Pedro Ovelar, quien a través de su cuenta denunciaba lo que él denomina un “acto de especulación mediática” y explicaba cómo un medio de comunicación local publicó como una supuesta “irregularidad”, el hecho que su hijo haya obtenido dos ascensos en el Poder Judicial donde trabaja y señala para colmo que la publicación se basó en información diseñada sobre datos falsos “con el único fin del amedrentamiento mediático y la persecución política del adversario. Nunca importó la verdad ya que el fin justifica los medios”, decía Ovelar.

Es lamentable cómo algunos medios de comunicación dejaron de lado los principios básicos del periodismo que son informar con objetividad, verificando las fuentes y presentar los hechos de manera equilibrada y se han convertido en verdaderos tribunales de la moral donde todos los que osan ponerse en contra de lo que ellos predican son condenados a la hoguera mediática.

Demás está decir que este tipo de conductas influye negativamente en la opinión pública, además de perjudicar la reputación de los individuos y causar un daño moral muchas veces irreparable. Puedo estar equivocado, pero es lo que pienso.

Paraguay registra importantes avances en el acceso a internet, de acuerdo a los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En este día que se recuerda el Día Mundial del Internet, la dependencia estatal,revisa al respecto los números del país.

En ese sentido, el 51,3%, equivalente a un total de 855.095 de los hogares de un total de 1.666.285 existentes en Paraguay, tiene acceso a internet, según los resultados de la Encuesta Permanente de Hogares Continua 2023. Este acceso es, considerablemente, mayor en las zonas urbanas, donde alcanza el 69 %, en comparación con el 22,8 % en las áreas rurales.

Si bien la primera celebración se dio en octubre del 2005, en la Cumbre de la Sociedad de la Información celebrada en Túnez, La Organización de las Naciones Unidas (ONU) decidió elegir la fecha del 17 de mayo porque ese día en 1969 se fundó la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). A su vez, si regresamos un poco más de un siglo atrás en la historia, en 1865, también el 17 de mayo tuvo lugar la firma del primer Convenio Telegráfico Internacional.

El avance en la conectividad en Paraguay ha recibido un significativo impulso con la llegada de Starlink. Desde el 22 de diciembre de 2023, la empresa Starlink, propiedad de SpaceX, ofrece servicios de internet satelital de alta velocidad y baja latencia en todo el territorio nacional. Este servicio promete mejorar el acceso a internet, especialmente en áreas remotas y rurales.

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“Starlink ahora está disponible en Paraguay, lo que lo convierte en el país número 70 de la Tierra donde las personas pueden conectarse a internet de alta velocidad y baja latencia desde el espacio”, anunció la empresa en su cuenta oficial en X (anteriormente Twitter), una noticia que también fue compartida por el empresario Elon Musk.

El titular del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), Gustavo Villate, había destacado que “esto para el Gobierno significa brindar una opción de servicio en zonas fronterizas donde hoy no llegamos con otro tipo de conectividad, principalmente para los servicios de salud, centros educativos y comisarías que hoy no tienen esta infraestructura”.

Villate explicó que Starlink puede proporcionar un ancho de banda de alrededor de 150 megabits, dependiendo del plan y del tipo de servicio ofrecido comercialmente. “Nosotros recibimos unos equipos para hacer las pruebas y la verdad que están funcionando muy bien y con una velocidad que no tiene nada que reclamar, con un delay (retardo) bajísimo para una conectividad satelital”, comentó Villate en una entrevista con Radio Nacional del Paraguay, publicada en la página IP Paraguay.

El gobierno paraguayo está explorando la implementación de la tecnología de Starlink en diversas áreas. Villate mencionó que junto con el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) se están definiendo dónde se podrían probar los equipos, considerando escuelas del interior, estancias, comunidades indígenas, plazas públicas y comisarías.

Además, el Gobierno está avanzando en la portabilidad de documentos digitales mediante una alianza con la Dirección del Registro Automotor y está trabajando en proyectos relacionados con la fibra óptica para conectar escuelas y centros de salud. También se está llevando a cabo un gran proyecto con el Grupo Lince para dotarles de tecnología que refuerce la seguridad ciudadana.

Paraguay celebra sus logros en el ámbito digital y reafirma su compromiso de seguir avanzando hacia una sociedad más conectada e inclusiva.

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El senador Basi­lio “Bachi” Núñez, miembro de la Comisión de Asuntos Cons­titucionales, indicó que se estima que el martes 19 de marzo habría un dictamen respecto al pedido de desa­fuero para el exmandatario y senador vitalicio Mario Abdo Benítez. El próximo titular del Congreso mani­festó que no se debe impe­dir el trabajo investigativo de la Fiscalía.

“Rechazar sería blindar y bloquear la posibilidad de la Fiscalía de investigar. Si eso se hace, en ambas cámaras, todos los casos deberíamos blindar entonces y creo que eso no corresponde”, mencionó Núñez, quien afirmó que no se debería rechazar un pedido de desafuero para ningún legislador e incluso exmandatarios.

El parlamentario de la ban­cada oficialista señaló que en caso de que la comi­sión emita un dictamen el próximo martes, ese mismo día se podría con­vocar a una sesión extraor­dinaria para tratar dicho tema; no obstante, aclaró en conversación con varios medios de prensa que la fecha de tratamiento aún está en análisis.

Asimismo, Núñez no coin­cidió con la postura de la bancada opositora que ade­lantó que apoyarán el blin­daje a Abdo oponiéndose a su desafuero. “Viene de una oposición destartalada a la cual no le doy méritos, la parte demandada ahora demanda a los fiscales, los fiscales están investi­gando filtraciones y ahora la parte demandada denun­cia supuestas filtraciones entre la Fiscalía y un abo­gado”, sostuvo.

La Fiscalía pidió el desa­fuero del exmandatario Mario Abdo y de su exse­cretario, el actual diputado Mauricio Espínola, para investigar los hechos puni­bles de asociación crimi­nal, revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por fun­cionarios o personas con obligación especial, induc­ción a un subordinado a un hecho punible y usurpación de funciones públicas.

Se debe cumplir con todos los procedimientos para que la comisión asesora pueda emitir un dictamen.

El diputado Jorge Ávalos Mariño explicó cuál es el circuito que se debe cumplir con el pedido de desafuero de su colega Mauricio Espí­nola, uno de los imputados en la causa de filtración de datos confidenciales y otros hechos, junto con el expresi­dente de la República Mario Abdo Benítez. La jueza Cyn­thia Lovera admitió la impu­tación de siete involucrados en la causa y remitió al Con­greso el pedido de desafuero de Abdo y Espínola.

“Tuvo entrada ayer ya en la Cámara de Diputados, el procedimiento es que una vez que tenga entrada en el pleno se gire a la Comisión de Asuntos Constituciona­les, también suele ser la prác­tica convocarle al colega para escucharle y posteriormente emitir el dictamen corres­pondiente”, indicó el legisla­dor a la 1020 AM.

Asimismo, sostuvo que se debe cumplir con todos los procedimientos para que la comisión asesora pueda emi­tir un dictamen y remitir al pleno de la Cámara de Diputados para su aprobación o rechazo. Agregó que aún no puede adelantar sobre la tendencia en la decisión del pleno, porque todavía no con­versaron sobre el tema.

“No tengo un reporte todavía (de la tendencia) porque no hemos conversado con nadie, esto tuvo entrada recién ayer y estaremos analizando seguramente en comisión, de hecho, la Constitución esta­blece que tenemos que estu­diar los méritos del suma­rio, el expediente y a partir de ahí definir un dictamen para poner a consideración del pleno”, explicó.­

Fundamentos de acta de imputación desvirtúa idea de “libreto dirigido” y la admisión por parte de la jueza está avalada por 7 meses de investigación del Ministerio Público.

La admisión de la imputa­ción fiscal por parte de la jueza Cynthia Lovera en el caso filtración de Sepre­lad, que salpica al expresi­dente de la República Mario Abdo Benítez y otros, res­palda la labor fiscal realizada durante 7 meses de investiga­ción de los agentes Aldo Can­tero y Giovanni Grisetti.

La medida afecta a Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Milciades Fernán­dez, Carmen Pereira, Daniel Farías Kronawetter, Gui­llermo Preda y Francisco Pereira. Para Mario Abdo Benítez y Mauricio Espí­nola se remitió pedido de desafuero al Senado y a Diputados, respectiva­mente. Una vez desafora­dos se admitirá imputación y fijará audiencia.

El acta reúne todos los requi­sitos de los artículos 302 y 303 del Código de Procedi­mientos Penales (CCP), ade­más de la Acordada 1631 de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, un triple control técni­co-jurídico que echa por tie­rra el “grosero montaje” de la prensa anticartista.

El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, en rueda de prensa defendió el trabajo investigativo y la imputación contra 9 perso­nas involucradas, entre ellos, Abdo Benítez.

“A lo largo de 7 meses se con­formó un equipo de trabajo bajo la coordinación de una fiscala adjunta y tres fiscales que en su momento empeza­ron a actuar, acumulándose evidencias sobre aspectos esenciales que hacen al hecho punible, la acreditación del elemento penalmente rele­vante y la certificación de la responsabilidad penal que están delineados en un denso escrito de la imputación”, ase­guró el titular del Ministerio Público.

Del mismo modo, señaló que las defensas de los imputados no cuestiona­ron errores o deficiencias en la etapa previa.

Las explicaciones de la jueza de la causa y del fiscal general, echan por tierra el relato de que hubo un “montaje” o una “imputación dirigida”. El acta de imputación es el resultado de evidencias y pruebas que ahora deberán ser contrasta­das en la siguiente etapa.

Al momento de dar a conocer su fallo, la jueza penal señaló que lo hacía con base en el Artículo 302 del CPP (sobre acta de notificación), el Art. 303 (notificación) y de la Acor­dada 1361. La citada acordada dispone que si la imputación no reúne los requisitos con­tenidos en el citado artículo 302, el juez debe devolver a la Fiscalía para que complete la imputación.

La jueza Cynthia Lovera remitió a la Cámara de Senadores el pedido de desafuero del Mario Abdo Benítez e hizo lo mismo en la Cámara de Diputa­dos, donde envió el pedido de desafuero del diputado Mauricio Espínola.

Los documentos hacen mención a los hechos por los cuales se realiza la solicitud de desafuero y son revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por fun­cionarios o personas con obligación, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y aso­ciación criminal.