Uno de los dos médicos acusados por la muerte por sobredosis del actor Matthew Perry se declaró culpable este miércoles en una corte de Los Ángeles de suministrar de forma ilegal la droga ketamina a la estrella de “Friends”.

El doctor Mark Chavez, uno de los cinco acusados por la trágica muerte de Perry hace casi un año, podría enfrentar hasta una década de cárcel.

Chavez, de 54 años, será sentenciado el 2 de abril, decidió la corte este miércoles.

Perry, que marcó a una generación con su papel del sarcástico Chandler Bing en “Friends” y quien luchó por años contra adicciones, fue encontrado muerto a los 54 años en el jacuzzi de su casa en octubre de 2023.

La autopsia determinó que murió a causa de “efectos agudos de la ketamina”, una droga controlada que el actor, adicto en recuperación, tomaba como parte de una terapia supervisada, pero que según las investigaciones, consumía también de forma ilícita, sin control médico.

Chavez admitió los cargos como parte de un acuerdo con las autoridades a cargo del caso.

En una audiencia previa obtuvo la libertad bajo una fianza de 50.000 dólares, al tiempo que aceptó devolver su licencia médica en el estado de California, donde ejercía.

Otras cuatro personas fueron acusadas por la tragedia que conmocionó a Hollywood, entre ellas otro médico. El doctor Salvador Plasencia, quien según la Fiscalía compraba la ketamina de Chavez y la revendía al entorno de Perry por miles de dólares, se declaró no culpable, al igual que Jasveen Sangha, una traficante conocida como “La reina de la ketamina” por suministrar la droga a celebridades.

Ambos irán a juicio en marzo del año que viene, y podrían enfrentar décadas de cárcel de ser hallados culpables por la justicia.

El asistente personal de Perry, Kenneth Iwamasa, también fue acusado por el caso y debe ser sentenciado en noviembre.

Iwamasa, quien trabajó durante años junto al actor, admitió haberlo inyectado con la ketamina y ser el intermediario en la compra de la potente droga.

Fuente: AFP

Este miércoles, un Tribunal de Sentencia decidió condenar a ocho años de prisión al adolescente de 17 años que asesinó a la maestra y directora de la institución educativa donde asistía. El hecho conmocionó al departamento de Guairá y todo el país, porque ocurrió frente a otros estudiantes.

El juicio oral y público culminó hoy, y los integrantes del tribunal decidieron condenar al estudiante que asesinó brutalmente a la profesora Sofía Rodríguez, de 44 años, quien era directora del Colegio “San Gervasio” de Independencia. El terrible hecho se registró en mayo del 2023.

Finalmente, el estudiante del citado colegio y alumno de Rodríguez, que resultó víctima fatal, fue encontrado culpable del asesinato que se registró frente a sus compañeros mientras la profesional estaba dando clases y le otorgaron 8 años de pena privativa de libertad.

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La resolución indica que se debe compurgar un año de pena, porque el acusado permaneció ese tiempo recluido, por lo que le quedan siete años de prisión. El joven permanecerá en un centro educativo por ser menor de edad, pero cuando cumpla la mayoría se analizará el trasladarlo a otra prisión. Los familiares de la maestra se mostraron conformes con la sentencia.

“Logramos la pena máxima que se puede dar en nuestro país y estamos conformes con eso, creemos que es lo que se merecía”, expresó Arnaldo Cristaldo a los medios de comunicación. El Tribunal descartó problemas psiquiátricos tras el informe forense y por eso decidió que la condena sea la máxima que se puede dar a un menor.

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Un tribunal de sentencia condenó a 34 años de cárcel a Lisandro Sánchez luego de ser encontrado culpable por el feminicidio de Liliana Celeste Ayala. El hecho se registró en Ñemby, departamento Central, en 2019. El colegiado condenó a 29 años de prisión más 5 años como medida de seguridad, totalizando 34 años de cárcel. El tribunal sostuvo que se pudo demostrar la responsabilidad del acusado en el grave hecho ocurrido. Igualmente, los familiares de la víctima señalaron que se hizo justicia.

De acuerdo al Ministerio Público, Lisandro Sánchez, de 39 años de edad, fue sindicado como principal autor del hecho de feminicidio ocurrido en la ciudad de Ñemby. La víctima fatal fue su expareja. Según datos, el hecho ocurrió en el interior de un motel donde trabajaba la víctima. Hasta el lugar llegó el hombre y luego de una discusión entre ambos le habría propinado cuatro estocadas con arma blanca para posteriormente darse a la fuga.

La víctima fue auxiliada por testigos que la derivaron hasta el Hospital Distrital de Ñemby, pero lastimosamente no se pudo hacer nada para salvar su vida. Sánchez estuvo prófugo de la justicia con orden de captura internacional, pero luego fue detenido.

En caso de que la defensa del condenado pretenda apelar, será un tribunal de alzada el que deberá estudiar y resolver si corresponde confirmar el fallo condenatorio

La Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró este viernes que Argentina es responsable por faltas en la prevención e investigación del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994 en Buenos Aires, que dejó 85 muertos. 

“Argentina (es) responsable por no haber adoptado medidas razonables para prevenir el atentado” y “no haber cumplido con su deber de investigar con la debida diligencia y dentro del plazo razonable el atentado y su encubrimiento”, señaló la sentencia de la Corte IDH, con sede en San José.

El 18 de julio de 1994, una camioneta-bomba voló el edificio de la sede de la AMIA en la capital argentina, y además de los muertos hubo más de 300 heridos, en un atentado hasta hoy impune. El Estado “conocía de una situación de riesgo real e inmediata sobre los sitios identificados con la comunidad judía y no adoptó las medidas razonables para evitar dicho riesgo”, según la resolución de la Corte IDH, leída por su presidenta, Nancy Hernández.

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“Se sabía que el atentado iba a ocurrir y dejaron que ocurriera”, dijo a la AFP Diana Wassner, integrante de la Memoria Activa, asociación civil querellante en el caso. Después de 30 años “no se tiene claridad sobre lo acontecido, sus responsables, ni las razones por las cuales el Estado utilizó su aparato judicial para encubrir y obstaculizar la investigación”, agregó la sentencia.

El tribunal consideró al Estado como “responsable de la violación a los derechos a la vida y a la integridad personal en perjuicio de las víctimas”. Paula Litvachky, directora del Centro de Estudios Legales y Sociales y abogada de familiares de víctimas, comentó a la AFP que “es un fallo histórico” porque la “propia actividad” del Estado “impidió que 30 años después se obtenga verdad y justicia”.

Argentina “violó su obligación de prevención”, mencionó la sentencia, ya que hubo situaciones previas “que llamaron la atención sobre la custodia de la AMIA”, como el atentado en 1992 contra la embajada de Israel, que causó 29 muertos. “El terrorismo es un fenómeno que pone en peligro los derechos y libertades de las personas” y los Estados deben “adoptar aquellas medidas que resulten adecuadas, necesarias y proporcionales para prevenir ese tipo de actos”, dijo el tribunal.

Argentina ha acusado por el atentado a exdirigentes iraníes, pero nunca fueron juzgados. Se sospecha que tuvieron una poderosa conexión local, aún no identificada. En abril de 2024, la justicia argentina determinó que los atentados a la embajada de Israel y a la AMIA fueron ordenados por Irán. Días después el gobierno pidió la detención internacional del ministro de Interior de ese país, Ahmad Vahidi, uno de los señalados por el ataque, orden que fue calificada como “ilegal” por el gobierno iraní.

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La Corte Interamericana alegó que en el proceso judicial inicial sucedieron “irregularidades” por parte del Estado. “Agentes estatales (...) actuaron de forma articulada con el propósito de construir una hipótesis acusatoria sin sustento fáctico, lo que favoreció el encubrimiento de los verdaderos responsables”, agregó.

En 2015 comenzó una investigación de la Unidad Fiscal de Investigación AMIA para revisar el proceso inicial y determinó en 2019 “encubrimiento” por parte de Argentina que derivó en penas leves para funcionarios judiciales y del gobierno del expresidente Carlos Menem (1989-1999), pero sin aclarar la razón del ocultamiento.

“Con los años nos dimos cuenta de que no quisieron investigar y nos negaron la justicia” con “encubrimientos”, dijo Wassner. Otra causa por encubrimiento fue abierta en 2017 contra la expresidenta Cristina Kirchner (2007-2015), por impulsar en el Congreso un acuerdo con Irán para juzgar a los iraníes en un país neutral. El acuerdo nunca se cumplió, Kirchner fue sobreseída en 2021 y la causa se reabrió en 2023.

El fallo señaló que Argentina “violó el derecho a la integridad psíquica y moral en perjuicio de los familiares de las víctimas”. “Las faltas del Estado a su deber de investigar, las dilaciones injustificadas al proceso y, en general, la falta de esclarecimiento y la situación de impunidad, han provocado en los familiares de las víctimas sentimientos de angustia, tristeza y frustración”, señaló el tribunal.

La Corte ordenó a Argentina como principales medidas de reparación remover los “obstáculos de facto” que mantienen “en la impunidad total” el caso; reabrir las investigaciones para “individualizar, juzgar y sancionar” a los responsables; y establecer la verdad de lo ocurrido. “Es una decisión rara”, dijo Litvachky. “Todavía no tenemos todo perdido”, agregó Wassner.

Fuente: AFP