• Por Luis Irala
• Nación Media

Cerro Porteño no supo resolver la telaraña defen­siva impuesta por Tacuary y se conformó con el pálido empate de 1 a 1, que lo deja vicecampeón.

El comienzo fue auspicioso, apenas un minuto de juego y Cerro abría el marcador por intermedio de Damián Boba­dilla, tras una serie de toques y rebotes cerca del arco de Ser­vio. El gol en contra no ami­lanó a Tacuary y tres minu­tos después llegaba al empate, tras un estupendo contragolpe encabezado por Derlis Rodrí­guez y el centro que encontró la testa de Clar, para el 1 a 1. Después ya no hubo emocio­nes y se fueron al descanso igualados. En la complemen­taria, el Ciclón no tuvo la rebel­día de cambiar el empate por el triunfo y de nuevo es segundo. Tacuary nuevamente entra en zona de descenso.

General Caballero de Juan León Mallorquín cesó ayer a su entrenador Troadio Duarte, quien deja el cargo tras igualar el sábado sin goles con Guaireña.

En los últimos días, un grupo de camioneros y luego una fac­ción de campesinos han venido cerrando rutas y calles impi­diendo el libre paso de vehículos y perso­nas que necesitan movilizarse para sus tareas cotidianas. Los medios han mos­trado las imágenes y relatado la crónica de los hechos revelando el gran despliegue de los manifestantes y la espectacularidad de los acontecimientos. No han evidenciado el drama del ciudadano común que debe luchar diariamente por su familia y atra­vesar las distancias para trabajar, que es la víctima callada de los que recurren a estos actos hostiles.

La noche del miércoles 23 un grupo de per­sonas que quería hacer escuchar sus recla­mos en Caaguazú terminó apedreando al personal de la policía que buscaba con­tenerlo. Finalmente atacó la comisaría barrial, destruyendo las instalaciones y amenazando con incendiarla. En el suceso fueron heridos 6 efectivos policiales y se llegó a apresar a 19 individuos.

Desde hace algunos años se ha vuelto cos­tumbre en diversos grupos sociales y polí­ticos de diferentes posiciones ideológi­cas recurrir a actos violentos para llamar la atención y exigir el cumplimiento de alguna reivindicación económica o social. Con frecuencia, luego de esos aconteci­mientos los manifestantes se han sentado a dialogar con los personeros del Gobierno que, luego de la pulseada, han concedido en parte o todas las peticiones. Debido a ello muchos han llegado a la conclusión de que solamente mediante actos violentos, cerrando calles y rutas, rompiendo vidrios y vehículos en la vía pública y a veces hasta agrediendo físicamente a policías y otras personas se puede conseguir los objetivos de cada grupo.

Tan fuerte ha prendido en mucha gente esta lamentable convicción, que muy pocas son las agrupaciones sociales o gremiales que no recurren a esa medida extrema para hacer escuchar sus reivindi­caciones a fin de obtener sus reclamos.

La creencia de que solo haciendo líos se puede conseguir lo que se pide parece muy seductora, porque aparece como el único instrumento válido. Pero es una aberra­ción y un recurso poco civilizado, que no se puede aceptar porque va contra las leyes vigentes y las buenas costumbres. Lo que ocurre es que, en nuestro país, debido a las debilidades de las instituciones y la fla­queza de las autoridades, el que grita más fuerte o hace más desorden parece tener la razón, lo cual es una grave equivocación.

Por lógica simple, la violencia es solo el instrumento de los torcidos y los que recu­rren a ella no merecen consideración, y menos el premio de que se les dé lo que piden.

Se dirá que ese sistema funciona en nues­tro país porque las instituciones no cum­plen su función y solo actúan bajo la ame­naza y la fuerza, lo cual puede ser cierto en algunos casos. Pero eso no disculpa los actos de crueldad ni excusa los abusos, dado que el fin nunca justifica los medios, como señala un sabio dicho popular.

Hay que reivindicar el diálogo sincero y la negociación civilizada como únicos ins­trumentos válidos para canalizar cual­quier tipo de reclamos. Y para ello hay que ser claros en el rechazo a todo tipo de vio­lencia, venga de donde viniere. El que viola el libre tránsito garantizado por la Cons­titución, arroja piedras a las personas o arremete con palos contra otros no puede recibir ninguna clase de premio. Debe ser juzgado y castigado por apelar a la agre­sión e ir contra las leyes.

Recurrir a cualquier acto que vaya contra las normas no debe ser aceptado por nadie y menos por las instituciones estatales cuya obligación es cumplir y hacer cumplir las leyes. Lastimosamente, en los últimos tiempos se les ha acostumbrado a los vio­lentos que son ellos los que tienen la razón y que los que permanecen tranquilos están equivocados. Desde el Estado, las institu­ciones judiciales y de los diversos sectores de la ciudadanía se debe imponer clara­mente la convicción de que negociar pací­ficamente es el único camino válido para remediar cualquier tipo de inconveniente. Que el terror es un engaño, una mentira oprobiosa, pues nunca soluciona los pro­blemas ya que no va a la raíz de las cosas. Y que es más bien el arma de los bandidos, que quieren quebrantar la tranquilidad para imponer la sinrazón.

Desde Rusia, el equipo de la vacuna Sputnik V emitió un comuni­cado ayer miércoles donde anuncia un incremento en su escala de producción en agosto y setiembre, así como avances en los ensayos para combinar dosis de distintas vacunas. El Fondo Ruso se había comprometido a remi­tir 40 mil dosis del segundo componente al país dentro de esta primera quincena. “El equipo de Sputnik V con­firma que en el mes de agosto se resolverán por completo todos los retrasos tempora­les en la entrega del segundo componente de la vacuna.

Esto se debe al gran incre­mento en la capacidad de producción de las vacunas”, expresa el anuncio oficial de la vacuna rusa. “Sputnik V ha establecido acuerdos de producción con fabricantes de 14 países y duplicará su capacidad en setiembre gra­cias a la asociación con gran­des firmas como el Serum Institute of India, el mayor productor de vacunas del mundo”, continúa.

El labo­ratorio ruso señala que la demanda por su vacuna sigue muy alta debido a la ausencia de efectos secundarios gra­ves y destaca una disminu­ción constante de los casos de covid-19, según observacio­nes en Argentina y México; además de su eficiencia com­probada contra la variante Delta.

La “Sputnik V fue pionera en el enfoque de refuerzo hete­rogéneo (‘cóctel de vacunas’) mediante el uso de dos vecto­res adenovirales diferentes (Ad5 y Ad26) para dos inyec­ciones diferentes. Y fue la pri­mera en ofrecer una prueba conjunta de mezcla y com­binación a otro productor cuando le hizo una oferta a AstraZeneca el 23 de noviem­bre del 2020”, refiere otro pasaje del comunicado.

Los ensayos conjuntos de Sput­nik V y AstraZeneca han estado en curso en los Emi­ratos Árabes Unidos, Azer­baiyán y Argentina desde febrero del 2021. Los pri­meros resultados positivos se anunciaron el 30 de julio. “Esta semana se esperan más resultados positivos sobre inmunogenicidad”, anticipa el documento.

Tras la resolución de la jueza Alice Gonzá­lez Delorenzi, quien hizo lugar al amparo pro­movido por el Grupo Nación contra la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) y su director, Nicanor Duarte Frutos, para la entrega de toda la infor­mación pública solicitada, la doctora Cecilia Pérez, minis­tra de Justicia, expresó que la decisión estaba correcta­mente ajustada a la ley.

Duarte Frutos, director de la EBY, fue emplazado por 10 días por la magistrada González Delorenzi a fin de proveer toda la información requerida, como el listado de pagos en concepto de publi­cidad, eventos y propaganda, incluyendo la descripción del servicio, fecha del contrato y empresa beneficiada.

“Nosotros ya habíamos reco­mendado a través de nuestro dictamen no vinculante que la información se debía entre­gar porque así lo determina la Ley de Acceso a la Infor­mación Pública y su decreto reglamentario”, manifestó Pérez.

Resaltó que el Ministerio de Justicia también informó al juzgado sobre todos los pedi­dos de información pública que le fueron solicitados en referencia a dicha institución. “Entiendo que nuestra pos­tura, ajustada a lo que dispone la ley, coincide con lo resuelto por el juzgado”, subrayó.

A fines del mes de febrero, la EBY agregó una categoría más a su pestaña de “Acceso a la información pública” en su página web, liberando los primeros datos sobre los gas­tos en publicidad que realizó la hidroeléctrica en la era de Nicanor Duarte Frutos.

Sin embargo, esta informa­ción era parcial y Duarte Frutos buscó confundir a la jueza, pero el Grupo Nación, a través de sus representantes legales, continuó insistiendo hasta lograr que el juzgado hiciera lugar al pedido, que está claramente establecido en la Ley de Acceso a la Infor­mación Pública.