En el estadio Florencio Sola, el argentino Defensa y Justicia ganó 2 a 1 (global 3-2) al brasileño Botafogo y avanzó a las semifinales de la Copa Sudamericana, beneficiado del empate 1-1 registrado en el juego de ida y espera rival, que se define hoy del duelo que sostendrán en la otra llave el brasileño São Paulo y el ecuatoriano Liga Deportiva Universitaria de Quito.
Nicolás Fernández (15′) abrió la cuenta para el local con golpe de cabeza y amplió por la misma vía en el segundo tiempo (72′). Botafogo alineó de titular al arquero paraguayo Roberto “Gatito” Fernández, mientras el también compatriota Matías Segovia, ex Guaraní, estuvo en la banca de suplentes e ingresó en el segundo tiempo.
El Botafogo llegó a la paridad con un gol de Enrique Bologna (45+3′), luego de un rebote en el arquero, el palo y tras un rechazo de un jugador de Defensa y Justicia, el VAR intervino para confirmar el tanto de la paridad cuando se cerraba el primer tiempo.
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Filizzola marcha contra impunidad, pero lleva una década de chicanas
- Por Juan Carlos Lezcano
El senador opositor Rafael Filizzola fue uno de los rostros de la supuesta marcha contra la impunidad y las injusticias que se inició el fin de semana en Caacupé. El legislador lleva más de una década sin responder ante la justicia por los hechos de corrupción por los que fue acusado.
Rafael Filizzola, exsenador y exministro del Interior de Paraguay, fue una de las figuras públicas que participó el lunes en una marcha contra la impunidad y la injusticia que se prevé continuar en distintos puntos del país. Las movilizaciones se iniciaron el fin de semana en Caacupé con un confuso objetivo si es por el acceso a la justicia o una medida de presión para el retorno de la expulsada Kattya González al Senado.
A simple vista, esta acción podría parecer un compromiso genuino con la causa ciudadana de exigir transparencia y rendición de cuentas en un país donde la corrupción y la falta de justicia son problemas estructurales. Sin embargo, la participación de Filizzola en este evento resulta, cuando menos, irónica, considerando las circunstancias que rodean su historial judicial y las estrategias que ha empleado en sus procesos legales.
Filizzola enfrentó varias causas judiciales relacionadas con su gestión como ministro del Interior entre 2008 y 2012. Entre las más destacadas, figura el caso conocido como las “Comisarías de Oro”, donde se lo acusa de lesión de confianza por la adjudicación irregular de un contrato de más de G. 1.100 millones para la construcción y reparación de celdas en comisarías. Según los fiscales, estas obras no fueron concluidas, se realizaron pagos anticipados indebidos y se generó un perjuicio de más de G. 400 millones al Estado.
A esto se suma el caso de la compra de helicópteros, en el que se lo acusa de irregularidades administrativas durante el proceso de adquisición. Aunque los detalles específicos de esta causa no son tan ampliamente conocidos como los del caso de las comisarías, ambos procesos han estado plagados de retrasos, apelaciones y controversias legales.
Las chicanas judiciales: un arma para evitar la Justicia
Lo que más llama la atención en las causas de Filizzola no son solo las acusaciones en su contra, sino las maniobras legales que han prolongado los procesos por más de una década. El uso de chicanas judiciales —estrategias legales destinadas a dilatar el avance de los casos— ha sido una constante. Incluso, en 2022, un juez declaró la prescripción del caso de las comisarías y sobreseyó definitivamente al exsenador. Sin embargo, la Sala Penal de la Corte Suprema revirtió esta decisión en 2023, indicando que la causa no había prescrito y ordenando que se continúe con el proceso penal.
Además, en abril de 2024, la restitución de sus fueros por parte de la Cámara de Senadores generó indignación en amplios sectores de la sociedad. Esto permitió a Filizzola evitar ser llamado a juicio, al menos temporalmente, y provocó que el fiscal general del Estado presentara una acción de inconstitucionalidad contra dicha decisión.
En setiembre de 2024, las causas judiciales contra Filizzola han superado los diez años sin una resolución definitiva, y se encuentran pendientes de decisiones judiciales y posibles acciones legales adicionales
La ironía de la Marcha Contra la Impunidad
La participación de Filizzola en una marcha contra la impunidad no solo resulta contradictoria, sino también un ejemplo del doble discurso que tanto daño hace al sistema político y judicial de Paraguay. Mientras que públicamente se posiciona como un defensor de la justicia, en la práctica ha utilizado todos los recursos a su alcance para evitar enfrentarla plenamente.
La lucha contra la impunidad y la injusticia requiere de un compromiso real y coherente, no solo en palabras o apariciones públicas, sino también en los actos individuales. Resulta cuestionable cómo alguien que ha utilizado chicanas para prolongar procesos judiciales y que ha sido beneficiado por decisiones políticas que obstaculizan la justicia puede erigirse como un referente en una causa tan noble.
La participación de Rafael Filizzola en esta marcha pone en evidencia una desconexión entre el discurso público y la realidad de quienes deberían rendir cuentas ante la justicia. Esto no solo socava la credibilidad de quienes lideran estas causas, sino que también afecta la confianza de la ciudadanía en las instituciones y en la posibilidad de construir un Paraguay verdaderamente justo.
Si Filizzola realmente desea luchar contra la impunidad, debería comenzar por dar el ejemplo, enfrentando de manera transparente y sin obstrucciones los procesos judiciales en su contra. Solo entonces, su participación en marchas como esta tendría el peso moral y ético que la causa exige.
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Comisión Antilavado recurrirá a la Justicia para que ONGs informen sobre uso de fondos
Desde el inicio de su instalación el pasado 26 de agosto, desde la Comisión Antilavado indicaron que algunas organizaciones sin fines de lucro (ONG), se resistieron a informar sobre el uso que le dieron al dinero proveniente de los fondos públicos o privados nacionales.
Ante esta situación, el senador Gustavo Leite manifestó que aguardan la reglamentación de la ley por parte del Poder Ejecutivo con el objetivo de recurrir al auxilio de la Justicia para intimar a las mismas que remitan las documentaciones requeridas desde el ámbito legislativo.
“Muchas organizaciones se negaron a darnos datos. Ahora hay un marco legal y estimo que vamos a tener que recurrir lastimosamente a la Justicia. Las comisiones bicamerales de investigación de todos los congresos del mundo tienen poderes constitucionales que les permite requerir informes hasta a particulares, vamos a seguir insistiendo”, sostuvo a la 1020 AM.
Asimismo el parlamentario acotó que no se quiere entrar y secuestrar los documentos. “Esto se hace por las buenas, aquí la ciudadanía tiene que saber en qué se gasta la plata, no es para perseguir a nadie. Yo no creo que los allanamientos sean necesarios porque la Justicia puede denegar o puede ordenar que las organizaciones traigan sus documentos”, aseguró.
Leite detalló que la comisión bicameral de investigación encontró hechos llamativos en las ONGs que recibieron financiamiento de cooperación de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la Unión Europea (UE).
“El que trabaja con el Estado paraguayo tiene que estar en condiciones de rendir cuentas. Nunca estuvo en nuestro espíritu ni allanar, garrotear ni perseguir. Hay personas, medios de comunicación, periodistas que no desean que sus nombres se revelen y se resistieron hasta ahora, pero vamos a seguir insistiendo por las buenas”, mencionó.
El congresista agregó: “Jamás vamos a pedir que se secuestre o se allanen a las ONGs, esto solo es para los delincuentes, no creemos que las ONGs estén metidos en temas delictivos, pero sí creemos que esconden información”.
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Piden justicia para hombre que fue golpeado y macheteado tras frustrar asalto a su hija
Durante el fin de semana un poblador de la ciudad de Concepción fue brutalmente golpeado y macheteado luego de defender a su hija de un asalto. El hombre presentó varias heridas, pero una que recibió a la altura de la cabeza hizo que sea derivado al Hospital de Trauma, su familiares piden justicia.
El hecho se registró cerca de la 1:00 del domingo cuando la joven Daniela Duarte, de 18 años, salió para recibir al delivery con la cena, pero fue interceptada por un hombre que estaba armado. Este intentó asaltar a la mujer y su padre, Pedro Duarte, se dio cuenta e intervino.
El hombre logró que el asaltante, que sería un vecino y que recientemente había salido de la cárcel, huyera del sitio sin concretar el asalto. Ya al amanecer, Duarte fue hasta la casa de su vecino y le reclamó porqué intentó asaltar a su hija, pero fue emboscado y brutalmente agredido.
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“Mientras estaba hablando con él (presunto asaltante) llegaron otras personas y ahí nos atropellaron. Mi esposa se desmayó, en ese momento la abracé para protegerla de la turba. Sentí como golpeaban y machetearon en la cabeza”, dijo Duarte, en entrevista con canal Trece.
Tras la brutal golpiza, el hombre fue llevado por su familiares hasta el Hospital de Concepción, pero hoy lunes, fue derivado a Asunción para su mejor atención. Sus familiares intentaron realizar la denuncia en la comisaría del barrio San Luis, Fracción Arroyito, pero no recibieron ayuda, por lo que exigen que estas personas sean detenidas porque están causando zozobra en el barrio.
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Con los Súper Tucanos y radares brindarán mayor defensa aérea, sin ley de derribo
El especialista e historiador aeronáutico, Antonio Sapienza, se refirió a la compra de los aviones Súper Tucano, que adquiere el gobierno de Paraguay y comenzarán a operar desde mediado del 2025. Sostuvo que la compra de las aeronaves, junto con los radares, ayudará mucho a la defensa de la frontera aérea, permitiendo que sea menos permeable por el crimen organizado. Indicó que con las leyes vigentes no es necesaria contar con una ley de derribo específico.
El experto mantuvo una charla con el programa “Tarde de Perros”, que se emite por Universo 970/Nación Media, donde señaló las capacidades de defensas de estas aeronaves. En primer lugar, destacó que aumentará la capacidad del Grupo Aerotáctico, que en la actualidad cuenta solamente con 6 aviones tucanos, que datan del año 1987, que están en buenas condiciones, ya que tres de ellos incluso participaron de los ejercicios tácticos en el Brasil hace unos días.
“Con la adquisición de estos nuevos 6 Súper Tucanos se va a reforzar. Contaremos con 12 aeronaves que obviamente se van a desplegar en varias pistas, con el objetivo de cubrir mejor todo el territorio. También el hecho de que se va a adquirir, porque ya está aprobado por el Congreso, y se promulgó el decreto, la compra de radares primarios. El uso de esos radares, con los aviones Súper Tucanos, va a ayudar para que nuestras fronteras aéreas sean menos permeables para los vuelos ilícitos”, indicó.
Derribo de aviones
Por otra parte, fue consultado sobre la necesidad de contar con una ley de derribo, al respecto indicó que en lo personal considera que es necesario contar con esta legislación. No obstante, explicó que ya en conversación con el ministro de Defensa, Oscar González, le explicó que realmente no es necesario contar con la legislación específica.
Mencionó que existe una legislación general vigente en el país, que le faculta a las Fuerzas Armadas la defensa territorial del Paraguay, sea cual fuese la amenaza; sea este un país extranjero, o sea incluso el crimen organizado, narcotráfico y otros.
“De acuerdo a esa ley le faculta a las fuerzas militares, sean estas Aérea, Ejército o Marina, a atacar cuando esas fuerzas irregulares atacan al país de alguna manera. Por ejemplo, no creo que pase mucho tiempo, en que los narcotraficantes, sabiendo que en poco tiempo estaremos mejor equipados para enfrentar los vuelos ilegales, comiencen a utilizar armas en sus aviones cessnas, podrían utilizar alguna ametralladora punto 50, por ejemplo, y comenzarán a efectuar disparos contra aeronaves que lo intercepten”, indicó.
Agregó que si esto llega a ocurrir en algún momento, no existe ningún marco legal que impida a las fuerzas aéreas a proceder al derribo del avión que lo ataque. Por tanto, concluyó que no es necesaria una ley de derribo específico, porque ya existen leyes vigentes que facultan a las fuerzas armadas para ese efecto, para defender la soberanía, sea cual fuese la amenaza interna o externa.
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