El buen rendimiento con victoria del Cerro Porteño en el partido anterior ante General Caballero no parece modificar el panorama para Diego Gavilán, que así como están las cosas, alistará en su debut ante Resistencia el mismo once que arrancó con el interino Víctor Bernay. De ahí que tempranamente y salvo inconvenientes de último momento, el equipo titular será con Jean; Alan Benítez, Morel, Brock y Arzamendia; Carrizo, Bobadilla, Viera y Aquino; Domínguez y Churín.
Por otro lado, los jugadores Fredy Vera y Daniel Rivas recibieron ofertas de los clubes Gimnasia y Esgrima La Plata y Unión de Santa Fe, respectivamente. El club estudiará ambas propuestas. La noticia que sí creo incomodidad fue la ratificación del castigo que recibió la hinchada y el propio club, por la invasión de su gente en el partido de la primera fecha ante Guaireña (derrota 3-1).
El Tribunal Disciplinario amplió a cinco fechas corridas la clausura de la gradería norte de la Nueva Olla, por lo que el citado sector no estará habilitado para el superclásico de la sexta fecha. Además, el club recibió una multa de 60 salarios mínimos (más de G. 160 millones).
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Ningún joven queda fuera: Peña instruye ampliar a 6.796 las becas del Gobierno
El presidente de la República, Santiago Peña, anunció la ampliación del cupo de becas del Gobierno para que los 6.796 estudiantes que aprobaron las pruebas de admisión (académicas y socioeconómicas) puedan tener la oportunidad de avanzar con los estudios superiores. Para este año, el programa contaba con 5.000 vacancias, pero viendo que un total de 1.796 jóvenes lograron superar las pruebas de admisión y reunían todos los requisitos para acceder a una beca, el mandatario instruyó a su equipo ampliar el cupo inicial para que ningún joven quede excluido.
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“Este año, no solo entregamos las 5.000 becas previstas, sino que ampliamos el cupo para que los 6.796 estudiantes que aprobaron los exámenes tengan su oportunidad. Porque cuando ellos avanzan, Paraguay también avanza. Las Becas del Gobierno del Paraguay tienen el objetivo de brindar igualdad de oportunidades a los jóvenes paraguayos para que accedan a una educación superior en las mejores universidades del país”, expresó el presidente Santiago Peña.
Desde el Ejecutivo resaltaron además que, con esta decisión, el número total de becarios del programa asciende a más de 17.000 jóvenes, fortaleciendo el compromiso del Gobierno con la educación como pilar fundamental para el desarrollo del país.
Motor de igualdad y progreso
El presidente Peña resaltó que el acceso a la educación superior es clave para construir un Paraguay con más oportunidades. Por ello, señaló que el programa de becas no solo reconoce el esfuerzo de los jóvenes talentosos, sino que también garantiza que su situación económica no sea una barrera para su formación profesional.
Respecto al impacto de esta política se refleja en la diversidad de los beneficiarios, ya que un 21 % de los becarios proviene de distritos priorizados, lo que reafirma el compromiso del programa con la equidad geográfica. El 52 % optó por instituciones públicas y el 48 % por privadas, demostrando que la educación de calidad es accesible en distintos ámbitos.
Compromiso con la educación
El mandatario resaltó que, desde el inicio de esta gestión, la educación ha sido una prioridad. La decisión de ampliar el número de becas refleja la voluntad política de construir un país donde el talento y el esfuerzo sean reconocidos y apoyados. Con esta iniciativa, se refuerza la visión de una nación en la que cada joven tenga la posibilidad de alcanzar sus sueños y aportar al crecimiento del Paraguay.
“Creemos en el poder transformador de la educación. No podíamos permitir que jóvenes con talento y determinación se quedaran sin su oportunidad. Por eso, ampliamos este programa para que más paraguayos puedan construir un mejor futuro para sí mismos y para el país”, concluyó.
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Amplían denuncia penal contra el juez Osmar Legal
El exdiputado Orlando Arévalo amplió su denuncia contra el actual juez Osmar Legal por los delitos de quebrantamiento de depósito, denuncia falsa. Inicialmente el magistrado fue denunciado por los hechos punibles de prevaricato, frustración de la persecución y ejecución penal.
De acuerdo al escrito del exparlamentario “las evidencias expuestas públicamente sugieren que se habría conformado una estructura delictiva, integrada por Osmar David Legal Troche, juez penal especializado contra el Crimen Organizado, a los efectos de destruir, ocultar y/o invalidar medios probatorios que guardarían relación con hechos de relevancia penal, ello, con el objeto de evitar la apertura de causas penales, frustrar la persecución penal, así como también, a los efectos de que dichas informaciones puedan ser utilizadas selectivamente con fines extorsivos, probablemente con motivación política y/o económica”.
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Igualmente, la denuncia señala que en diciembre de 2024, el juez Legal recibió los datos extraídos del celular de “Lalo” Gómez pero omitió informar a las partes y deslacró el soporte magnético sin cumplir con el procedimiento legal. Luego, examinó las conversaciones de WhatsApp para sí y ocultó información clave al presentar una denuncia ante el Ministerio Público el 3 de febrero de 2025, acusando a Lalo de tráfico de influencias.
El fiscal Francisco Cabrera mencionó días atrás que se está estudiando la denuncia presentada contra Legal.
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Maduro promulga ley que castiga con 30 años de cárcel apoyo a sanciones
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, promulgó ayer viernes una ley que castiga con pena máxima de 30 años de cárcel el respaldo a sanciones internacionales contra el país, un día después de que fuese aprobada por el Parlamento, controlado por el gobernante chavismo.
“¡Ejecútese desde este mismo momento!”, dijo Maduro tras firmar la legislación en un acto transmitido en cadena de radio y televisión. La nueva ley fue aprobada el jueves entre recrudecidas tensiones por la reelección de Maduro para un tercer mandato consecutivo (2025-2031), que la oposición liderada por la exdiputada María Corina Machado denuncia como un fraude y reivindica el triunfo del candidato Edmundo González Urrutia.
“Toda persona que promueva, instigue, solicite, invoque, favorezca, facilite, respalde o participe en la adopción de medidas coercitivas (...) será sancionada con prisión de 25 a 30 años”, recoge uno de los artículos de la ley.
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La norma estipula además inhabilitaciones de 60 años para ejercer cargos públicos a dirigentes que las apoyen y multas equivalentes a entre 100.000 y un millón de dólares. Los acusados podrán ser juzgados en ausencia.
Es “una ley para hacer justicia, una ley para defender a Venezuela y para vencer, como estamos venciendo y venceremos, todas las amenazas, todos los bloqueos, del imperialismo norteamericano y sus países satélites”, expresó Maduro.
La Ley Libertador Simón Bolívar impulsada por el Parlamento venezolano responde a un proyecto de ley bipartidista aprobado por la Cámara de Representantes de Estados Unidos el pasado 18 de noviembre para fortalecer las sanciones contra Venezuela. El texto aún necesita la luz verde del Senado y la firma del presidente para entrar en vigor.
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La legislación en discusión en el Congreso estadounidense, denominada oficialmente Prohibición de Operaciones y Arrendamientos con el Régimen Autoritario Venezolano Ilegítimo (BOLIVAR por sus siglas en inglés), veta contratos con personas que tengan negocios con el gobierno de Maduro, considerado “ilegítimo” por Washington.
Fuente: AFP
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ANR castigará con multa o expulsión a candidatos que violen la ley de financiamiento político
La Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana (ANR), liderada por Horacio Cartes, dio curso favorable al proyecto de modificación de artículos de su Código de Ética con el fin de castigar a sus candidatos a cargos públicos que transgredan las disposiciones establecidas en la legislación nacional referente al financiamiento político, la prevención de lavado de activos y la financiación del terrorismo.
Los cambios fueron planteados por el Tribunal de Conducta de la agrupación tradicional ya con miras a las elecciones municipales previstas para el 2026 y las presidenciales en el 2028. Las nuevas sanciones serán aplicadas únicamente por el citado órgano y sus resoluciones serán apelables ante una convención ordinaria.
Indica que las sanciones solo serán impuestas con la observancia de las garantías del debido proceso. Las modificaciones se centran específicamente en el artículo 12 en donde se establece que el afiliado candidato en internas o en representación del partido será penado con una multa cuya cuantía será determinada por el Tribunal de Conducta del partido.
El articulado señala además que la multa será calculada en base a las normas reglamentarias emanadas del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).
Otra de las modificaciones aprobadas por los miembros de la junta se centra en el artículo 13 del Código de Ética donde se sostiene que el afiliado sancionado que reincidiere en la trasgresión prevista en el artículo anterior será suspendido en sus derechos de afiliado por un plazo de hasta 5 años, previo procedimiento sumario ante el Tribunal de Conducta.
También fue modificado y aprobado el artículo 14 el cual indica que el afiliado candidato que reitere la conducta prevista en los artículos 12° y 13° de este código será pasible de expulsión de los registros del partido. La misma pena será impuesta al afiliado que incumpliere la resolución emanada del Tribunal de Conducta, proveniente de los dos artículos citados. En ambos casos para la imposición de la sanción se deberá seguir el procedimiento sumario.
“A partir de la aprobación y la firma del acta que ocurriría en días sucesivos, ya entra en vigencia plena dentro del Partido Colorado como régimen disciplinario”, manifestó el abogado y apoderado de la nucleación política, Wildo Almirón.