Todo gobierno que inicia su gestión debe tener margen financiero para poder aspirar a aplicar sus programas y políticas para los cuales fue electo por el pueblo. Lo ideal siempre es arrancar con algo de recursos en la billetera del Estado, sin comprometer el buen andar de la administración. Esto lamentablemente no ocurrió con el gobierno anterior, que dejó numerosos (y onerosos) “clavos” tras su raudo y ávido paso por la gestión de la cosa pública.
Entre la deuda a las empresas vialeras (que provocó que varias obras de infraestructura se paralizaran o demoraran, además del consecuente costo del despido de trabajadores), más los compromisos atrasados con las proveedoras de insumos y medicamentos médicos, fácilmente superaba los 700 millones de dólares, en apenas dos rubros. Estos atrasos provocaron enorme perjuicio en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la provisión de fármacos a los hospitales públicos, lo que finalmente tenía una enorme afectación en el eslabón más delgado: la población vulnerable.
Pero, nobleza obliga, los proveedores y las empresas no tienen la culpa de que el gobierno de Mario Abdo Benítez no haya previsto los recursos para abonar por las obras ejecutadas o por los medicamentos proveídos, por lo que es más que claro que el Estado debe cumplir su parte. Y a esa tarea se ha embarcado el nuevo gobierno, desde mucho antes del 15 de agosto.
Desde la llegada al Palacio de López de Santiago Peña, el Gobierno se ha empeñado en cumplir con sus compromisos, en el entendimiento de que un Estado puntual, que paga en tiempo y en forma sus obligaciones, es un Estado que adquiere músculo para llevar adelante sus propuestas y sus programas.
El plan que ejecuta el Gobierno para cubrir toda la deuda heredada es la ley que autoriza a tomar medidas extraordinarias en lo financiero, a través de la emisión de bonos o contratación de empréstitos, con el fin exclusivo de poder abonar estos compromisos. Afortunadamente, la buena imagen económica del país, tanto a nivel externo como interno, permite que los bonos sean colocados con facilidad y seguridad.
Con los recursos en mano, tras la emisión de los bonos, de a poco fue saldando sus débitos y es así que en los dos rubros mencionados más arriba, el Estado está muy cerca de cancelar las deudas. En el caso de las vialeras, se pretende que para el mes de febrero se llegue a un 90 por ciento de la totalidad adeudada (que ronda los 350 millones de dólares), mientras que con las farmacéuticas y distintos proveedores de insumo se salde con un remanente de 68 millones de dólares. Por supuesto que hay otras deudas heredadas que la presente administración enfatizó que honrará, como, por ejemplo, con el IPS; pero es esencial enfatizar el mensaje que expresa el Gobierno al dejar el saldo en cero.
Primero que nada, es trascendental porque al cumplir los compromisos, en especial con aquellos segmentos importantes como medicamentos u obras viales, permite al Estado cumplir con sus fines y ayudar a hacer posible que más gente reciba salud o que más gente pueda tener la posibilidad de tener un empleo en la construcción.
Y en segundo lugar, el Gobierno ofrece una imagen de responsabilidad y de previsibilidad, lo que ayuda no solamente al nivel de confianza ciudadana, sino también en aquellos que proveen al Estado. En resumen, es un gobierno serio que aspira a administrar la cosa pública de manera ordenada y prudente. Es el papel que debe tener todo gobernante; y Peña lo está haciendo.