La agrupación paraguaya La Siega Roots presentó una versión de “Is This Love”, un clásico de 1978 de la leyenda jamaiquina del reggae, Bob Marley, como inicio de los festejos por los 10 años de la banda. El cover se titula “Is This Amor”, que ofrece su toque nacional con palabras en guaraní. La canción fue grabada y producida por Yamil Aluan en los estudios de Kamikaze Records - Daflame.

La versión está interpretada por: Yamil Aluán (voz y bajo), Walter Rodríguez (batería), Diego García (teclado), Pablo Ritter (guitarra), Emi Olazar (coros), Wilson Coronel (saxo), Víctor Villadet (trompeta) y William Vera (trombón). Mezcla y master por Ricardo Zucarelli. El arte del single estuvo a cargo del ilustrador Gutti Barrios.

El conjunto se encuentra actualmente preproduciendo lo que será su tercer álbum en estudio. “La Siega” es el nombre artístico de Yamil Aluán, quien tiene inicios en la textura reggae roots a mediados del 2009 tocando covers de clásicos jamaicanos. El proyecto nace a mediados del 2013 cuando compuso los primeros temas para posteriormente lanzarse a tocar en vivo.

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La formación inicial contó con músicos como: Pablo Ritter, Yannina Sosa, Gea Cáceres,Walter Rodríguez, Diego Garcia, Alexis Vásquez, Américo Jara, David Correa, Mario Argüello, Fernando Aquino, Alejandro Arza, Gabriel Orué, Leandro Jiménez, entre otros. Debutaron en un escenario el 8 de agosto del 2014, por ello, este año están cumpliendo 10 años.

Su primer single fue “Aire puro”, que rápidamente fue una sensación viral, siendo la canción más escuchada del grupo. En el 2016, con la coproducción de Ricardo “Rapai” Oliveira, graban su primer disco titulado “Respiro”, con artistas como invitados como Iván Alturria (ex Kameleba) en la canción “Babilon” y Gabriel Vanazco (de Riddim) en la canción “Abrigo”, entre otros.

Ese mismo año visitan Buenos Aires, Argentina, con un show en el barrio Merlo y una presentación en el programa de reggae “Pelagatos”. En el 2018 lanzan su segundo álbum “Bombclat”, consolidando el sonido de reggae nacional. Fueron parte de grillas importantes como: Reciclarte, Ciudad Reggae (junto a Mad-Professor, Natiruts, Matamba). También talonearon a la mítica banda de Bob Marley, The Wailers, en su paso por Asunción.

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Patricia Samudio, extitular de Petropar, fue condenada a cuatro años de prisión por las compras irregulares durante la pandemia de coronavirus. De esta manera se convirtió en la primera del entorno del expresidente Mario Abdo Benítez en ser condenada por hechos de corrupción.

• UNIDAD DE INVESTIGACIÓN NACIÓN MEDIA

Al menos media docena de exminis­tros y altos funcio­narios del gobierno de Mario Abdo Benítez están en la mira por numerosas irregularidades cometidas mientras se encon­traban en la función pública.

Patricia Samudio, extitular de Petropar, se convirtió ayer en la primera condenada del entorno del expresidente. Samudio, del primer anillo del expresidente Abdo Benítez, fue condenada a 4 años de prisión por el caso agua tónica, que generó un per­juicio de más de G. 300 millones a la institución estatal durante la pandemia del covid-19. Su esposo, José Costa Perdomo, fue sentenciado a 3 años y 9 meses de prisión. De acuerdo con la acusación, Samudio adquirió 5.000 unidades de agua tónica, 3.000 unidades de mascarillas KN95, 60 uni­dades de tanques de 1.000 litros de capacidad, 30 unidades de pallets y 15 termómetros láser, que no ingresaron al ente.

La lista continúa con 400 uni­dades de mamelucos descar­tables de PVC, 100 unidades de máscara para dos cartuchos, 200 cajas de cartuchos, 1.000 bidones de 5 litros, 5.000 unida­des de bidones de 10 litros, 200 unidades de lentes protectores antiparras y 20 unidades de guantes de nitrilo que tampoco ingresaron a la institución. El dinero fue a parar en el pago de deudas de su marido, el también condenado Costa Perdomo.

Otro de los procesados del entorno de Mario Abdo Bení­tez es el exsenador y exminis­tro de la Senad y del Interior, Arnaldo Giuzzio.

El exministro enfrentará jui­cio oral y público por la causa penal de cohecho pasivo agra­vado en carácter de autor, por su presunto vínculo con el bra­sileño sindicado como narco­traficante Marcus Vinicius Espíndola Marques, quien fue detenido en el Brasil. Su causa comenzó cuando se dio a cono­cer que alquiló una camioneta, para unas vacaciones familia­res en el Brasil, de la empresa que pertenecía a Espíndola Marques.

De acuerdo con las investiga­ciones del Ministerio Público, Giuzzio mantuvo contacto con el presunto narco por más de seis meses, de julio de 2021 hasta febrero de 2022, cuando ya ejercía el cargo de ministro del Interior. Se presume que la intención del brasileño en ese entonces era proveer como “gentileza” chalecos antibalas y vehículos blindados al Minis­terio del Interior y, consecuen­temente, a la Policía Nacional, como así también “a título gra­tuito” el alquiler de una camio­neta de la empresa Ombu SA, propiedad de Espíndola.

Joaquín Roa Burgos, exminis­tro de Emergencia Nacional, también cuenta con procesos abiertos por su amistad con un supuesto narcotraficante.

Roa fue imputado en primera instancia en abril de 2021 por los hechos de cohecho pasivo agravado y lavado de dinero, junto con su amigo Alberto Koube, uno de los detenidos en el operativo A Ultranza PY. En noviembre pasado, la Fis­calía amplió la imputación e incluyó los hechos de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. De acuerdo con la imputación, “hay sospechas suficientes de que entre los años 2018 y 2021, Roa había adjudi­cado millonarias licitaciones a su amigo personal Alberto Koube, por un valor superior a G. 16.000 millones, para la obtención conjunta de bene­ficios económicos indebidos a costa de los fondos de la Secre­taría de Emergencia Nacional”.

La Fiscalía imputó al expre­sidente de la República Mario Abdo Benítez, al diputado Mau­ricio Espínola, al exministro del Interior Arnaldo Giuzzio, al extitular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) Carlos Arre­gui, al extitular de la Secreta­ría Anticorrupción René Fer­nández y a otras personas más por siete hechos punibles como “revelación de secretos de ser­vicio” y otros.

La imputación presentada por los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti son por los hechos punibles de revelación de secretos de servicio (art. 315 del CP), revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación espe­cial (art. 148 del CP), inducción a un subordinado a un hecho punible (art. 318 del CP), denun­cia falsa (art. 289 del CP), simu­lación de un hecho punible (art. 291 del CP), usurpación de fun­ciones públicas (art. 241 del CP) y asociación criminal.

El viceministro de Educación Superior, Federico Mora destacó la sanción lograda en el congreso del proyecto de Ley “Hambre Cero en las Escuelas”, asegurando que están muy conformes con la versión porque refleja el objetivo al que apuntan el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), de fomentar una educación de calidad con criterios de acceso, inclusión y permanencia, sobre todo en lo que hace a la Educación Superior, teniendo en cuenta que se han asegurado los recursos para mantener el Arancel cero en la educación terciaria.

En comunicación con el diario La Nación/Nación Media, el viceministro Mora aseguró que la sanción que este jueves otorgó el Senado se dio en el mejor escenario, en lo que hace al Arancel cero, porque con la modificación planteada por la Cámara de Diputados, queda garantizada la financiación con Fuente 10, que es la que consolida a todo programa por ser la Fuente del Tesoro, a diferencia de la que se tenía, Fuente 30, que era Fonacide, la cual era una fuente de financiación ocasional.

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“El Arancel cero pasa a ser de los pocos programas con doble seguro por tener las leyes que la sustentan; ahora, con la Ley de Hambre cero, que tiene un articulado específico agregado en diputados, que se logró incluir luego de conversaciones que mantuvimos y acompañamos entre alumnos y autoridades de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) con el presidente de Diputados”, precisó.

El viceministro Mora insistió en que están muy conformes con la versión sancionada porque refleja el objetivo del Ejecutivo y el MEC de fomentar una educación de calidad con criterios de acceso, inclusión y permanencia, en este caso en la educación superior.

“Es un reconocimiento también a las conquistas estudiantiles para una educación superior de calidad que garantice el acceso de estudiantes de familias para los que esta exoneración del arancel marca efectivamente una diferencia para el acceso y la permanencia como estudiantes”, concluyó.

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Ante las expresiones del criminólogo colombiano Daniel Rico, quien afirmó que Taba­caleras del Este SA (Tabesa) forma parte del mercado ilí­cito, el presidente de la firma, José Ortiz, salió al paso para aclarar y mostrar informes oficiales que revelan que la empresa no forma parte de este circuito, sino que en rea­lidad la marca mencionada por Rico es uruguaya, país que exporta el mayor porcen­taje de cigarrillos ilegales a Colombia.

“Este criminólogo espec­tacular confundió Paraguay con Uruguay, nuestro país ni siquiera figura en las estadísticas de cigarri­llos ilegales ni en los infor­mes oficiales de Colom­bia”, sentenció Ortiz. El supuesto experto colom­biano incluso mencionó a la marca de cigarrillos Rumba y afirmó que esta pertenecía a Tabesa, sin embargo, esta es una marca uruguaya.

El presidente de la tabaca­lera expuso a la 1080 AM que un informe oficial de la Fede­ración Nacional de Depar­tamentos de Colombia, que fue emitido el 9 de febrero de este año, señala que el país con el mayor porcentaje de cigarrillos ilegales exporta­dos a Colombia es Uruguay con el 11,4 %. El podio lo com­parte con Corea del Sur con el 6,9 %, Dubái, Emiratos Ára­bes Unidos con 4 % y China con 3,9 %; es decir, en este informe ni siquiera se men­ciona a Paraguay.

“En otra publicación hablan de las 10 marcas ilegales más vendidas, nin­guna marca es de Tabesa de las 10 más vendidas y este informe también es oficial, es de la Federación Nacio­nal de Departamentos, ni existe Paraguay en las esta­dísticas y mucho menos Tabesa”, dejó en claro Ortiz. El presidente de Tabesa manifestó que fue muy “grotesco” el actuar del criminólogo.

Asimismo, añadió que cansan las reiteradas acciones para dañar la imagen de Tabesa, y este caso en particular genera sospechas de las motivacio­nes del colombiano al salir a hacer estas afirmaciones. “Es un irresponsable brutal que tiene alguna doble inten­ción escondida y yo tengo todo el derecho a sospechar que puede estar pagado por alguien para instalar este tipo de cosas”, aseveró.