El ex senador colorado Víctor Bogado señaló que con la jugada que llevó adelante el bloque Abdo-luguista, mediante la “operación lavandina”, en la que blanquearon la situa­ción de tres cuestionados senadores, Rodolfo Fried­mann, Sixto Pereira y Javier Zacarías Irún, vino a con­firmar que su salida de la Cámara de Senadores se dio en una jugada para eliminar la fuerza de Honor Colorado en la Cámara Alta.

Asimismo, el ex parlamen­tario señaló que este hecho también viene a confirmar que él fue un perseguido político, y que se montó toda una trama política porque él pertenecía a la banca de HC. “Primero, se confirma que soy un perseguido polí­tico; segundo, que hubo toda una trama política para des­pojarme de mi banca porque yo era de Honor Colorado. En la bancada de Honor Colorado éramos 6 sena­dores, y la mayoría coyun­tural de Añetete, con todas las demás bancadas oposi­toras, prácticamente eran casi 40 legisladores”, indicó Bogado, en comunicación con La Nación.

El político colorado solicitó la semana pasada a la Justi­cia la revisión de su condena, y la nulidad de la misma, por considerar que en su proceso se cometieron una serie de violaciones a la legalidad del proceso penal. Indicó que con la resolución del Senado, que decidió mandar al archivo los pedidos de pérdida de inves­tidura de Pereira, Friedmann y Zacarías Irún, solo vino a demostrar que lo que funciona en el Congreso es la mayoría coyuntural.

“Yo me quedé prácticamente con nada, con nadie que salga a defenderme porque no era del agrado del poder de turno y sufrí las consecuencias, que incluso me inventaron la figura de tráfico indebido de influencias, cuando mi proceso era de 6 años atrás de la época que yo era incluso diputado. Aun habiendo com­pletado período en Senado, y estaba iniciando un tercer período legislativo. Con lo que se demuestra que todo fue una vendetta política, fue una trama política que se orquestó para despojarme de mi banca”, remarcó.

Cerro Porteño exige resarcimiento al daño que sufrió el club por el arbitraje en el partido de local ante Flumi­nense (0-2 por el juego de ida de los octavos de la Liberta­dores), a través de una medida extraordinaria de la Conme­bol ante un escenario sin pre­cedente en el fútbol.

Plantea “la expulsión inme­diata de los árbitros” y “la anulación del encuentro deportivo”, para ajustarse al fair play deportivo y los valores promovidos e incul­cados por la Conmebol y la FIFA, en una nota emitida a la Conmebol.

“Si dijimos al principio que el error es grotesco, hoy es peor”, dijo el doctor Ariel Martí­nez, dirigente del Ciclón, tras conocerse el reconoci­miento de la Conmebol que el VAR tuvo el error al omitir a un jugador en el trazado de la línea que habilitaba a todos.

“A partir de este error, el par­tido fue totalmente viciado, que arroja un daño tremendo a Cerro Porteño. Este esce­nario extraordinario merece una decisión extraordinaria de la Conmebol para resar­cir el daño y no quedarse en el formalismo. La sanción a los que se equivocaron no nos repara en nada, no es sufi­ciente”, expresó Martínez.

El dirigente igualmente iro­nizó sobre la no sanción del penal a favor de Cerro Por­teño: “Lo del martes es muy grave. Tiene que haber un antes y un después. Nosotros fuimos perjudicados hasta el final, como el penal no cobrado. Le llaman del VAR y nos enteramos que ahora el brazalete de capitán se usa en el hombro. En la imagen es clara que la pelota se cae sobre el brazalete del jugador. Cuesta mucho creer que todo esto es producto de errores”, enfatizó Martínez.

La Conmebol comunicó ayer la suspensión por tiempo indeterminado a los árbi­tros VAR: César Deishler (Chi), AVAR: Eduardo Gam­boa (Chi) y asistentes Julio Fernández (Arg).

La Conmebol castigó al árbitro paraguayo Derlis López, quien tuvo una gran polémica en el juego entre Boca y Atlético Mineiro, tras inducir a invali­dar el gol del equipo argen­tino. Fue uno de los responsa­bles de anular el gol de Diego González a favor de Boca por un casi imperceptible toque de Norberto Briasco contra un futbolista brasileño. El VAR, a cargo del paraguayo, llamó al árbitro principal, el colom­biano Andrés Rojas, para revi­sar la jugada. Finalmente, el tanto fue invalidado. Ayer estuvo designado para el par­tido entre Defensa y Justicia y Flamengo, pero la Conme­bol lo cambió por el peruano Diego Haro.

La Cámara de Senadores sancionó el proyecto de ley que reglamenta el artículo 201 de la pérdida de investidura. Sin embargo, no consiguieron los 23 votos necesarios para ratificarse en su versión original, por lo que debió ser sancionada la propuesta de Diputados. La normativa que pasa al Poder Ejecutivo para la promulgación establece 2/3 de votos para expulsar a un parlamentario.

La versión del Senado registró 14 votos, por la de Diputados 5, pero 12 senadores se abstuvieron y 14 se ausentaron. Debido a que no se logró los 23 votos necesarios para ratificarse en la versión original, quedó sancionada la versión de Diputados. También quedaron estipulados plazos para lograr cumplir un proceso para activar la pérdida de investidura en caso de que algún integrante del Congreso Nacional sea acusado por uso de influencias.

Este proyecto se inició en el Senado y fue modificado en Diputados, donde se incluyó en el artículo 9º que debe darse la expulsión con mayoría absoluta de 2/3 en cada cámara respectiva. En el Senado serían necesarios 30 votos y en Diputados 53 votos para que un legislador pierda su investidura. Actualmente está vigente la mayoría simple para su aprobación, que sería 41 en Diputados si se encuentran los 80 presentes y 23 en el Senado si están los 45 senadores.

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La postura de Patria Querida fue desde el principio no dar media sanción. “Alertamos que no íbamos a ser cámara revisora, lo que implicaba que la versión final tendría Diputados. No estamos de acuerdo con ninguna versión porque se alarga el proceso. Desde nuestro punto de vista, ese no es el espíritu, sobre todo en el ámbito político. Las decisiones se tienen que tomar con hechos a la vista y si el plazo se alarga se pueden dar conversaciones y quedar en la impunidad”, explicó el senador Stephan Rasmussen.

También consideró que como Poder Legislativo no tienen la facultad ni potestad de dar una sanción judicial, sino que establece la separación del cargo y no un juicio jurisdiccional como se plantea con la ley. Esperan que el Poder Ejecutivo vete la propuesta.

Por su parte, el senador Juan Darío Monges sostuvo que no se habla de mayoría simple en la Constitución Nacional. Comparó los 2/3 de votos necesarios para sancionar o suspender sin goce de dieta por 60 días y para retirar la investidura mayoría simple, por lo que calificó de una aberración esa lectura constitucional.

También el senador Juan Carlos Galaverna se manifestó por los dos textos presentados y los calificó como anticonstitucionales, ilegales, antirreglamentarios e inmorales; se abstuvo de votar.

El senador Blas Llano dijo que como no hay una mayoría contemplada en la Constitución Nacional la pérdida de investidura debe darse con mayoría simple (23 en el Senado y 41 en Diputados). “Se debe dar cumplimiento a lo que dice el artículo 185 de la Constitución Nacional, que salvó en los casos en los que se establecen las mayorías, las decisiones se darán con mayoría simple”. Se puede considerar injusto e ilógico que se necesiten más votos para sancionar que expulsar, pero no se debe discutir eso, más bien solo aplicar lo estipulado, dijo.

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