El café descafeinado se consolidó como una alternativa más “saludable” para quienes buscan disfrutar del sabor de la bebida, pero sin el efecto estimulante de la cafeína. No obstante, ¿cuál es su verdadero impacto en la salud? La infusión también tiene efectos secundarios.
Según la Fundación Española del Corazón (FEC), cada taza de café descafeinado de 150 mililitros contiene unos 3 miligramos de cafeína. En general, la bebida puede ser considerada más buena que mala, pero es necesario prestar atención a sus efectos sobre el organismo.
Existen muchos de los beneficios que el café con cafeína aporta y que el descafeinado mantiene por ser ambos de origen vegetal. Al ser ambos alimentos vegetales naturales, contienen polifenoles, unos antioxidantes con propiedades antiinflamatorias que pueden ayudar a reducir el riesgo de una serie de enfermedades como la diabetes tipo.
En cuanto a los posibles efectos secundarios, es necesario aclarar que el consumo moderado de café descafeinado es generalmente bien tolerado por la mayoría de las personas. No obstante, quienes padecen sensibilidad al ácido o trastornos gastrointestinales podrían experimentar molestias, similares a lo que se podrían experimentar con el café regular.
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El café descafeinado está asociado además con un aumento del colesterol. Durante el proceso de descafeinación se eligen normalmente los granos que tienen un mayor contenido de grasa, que podría tener consecuencias potenciales para los niveles de colesterol y también para la salud del corazón a largo plazo.
Más allá de fijarse en cuál es la alternativa más saludable, ya sea regular o descafeinado, lo importante es no excederse en los límites. Para obtener la mayoría de sus beneficios, la recomendación principal es consumir hasta tres tazas de café al día.
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Itaipú compensará gasto adicional para evitar aumento de la tarifa a los usuarios de la Ande
El aumento en la tarifa de potencia de Itaipú Binacional no representará un costo adicional para la Administración Nacional de Electricidad (Ande), afirmó su titular, Félix Sosa. El aumento será cubierto con los recursos generados por la hidroeléctrica.
Con la nueva tarifa, Itaipú lado paraguayo recibirá alrededor de US$ 650 millones por año para gastos sociales y medioambientales. Estos recursos serán utilizados para compensar el costo adicional que representa para la ANDE, dijo Sosa este lunes en entrevista con Paraguay TV.
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El acuerdo entre Paraguay y Brasil establece una tarifa de venta de energía de US$ 19,28 kW/mes para el periodo 2024-2026. Con relación a la tarifa del año pasado (US$ 16,71 kW/mes), representa para la Ande un pago adicional de US$ 73 millones, explicó Sosa.
“Debido a este aumento de la tarifa de la potencia de la Itaipú Binacional, no a va haber ningún aumento en la tarifa para el usuario final de la Ande. Es decir, el costo adicional para la Ande, que será aproximadamente 73 millones de dólares en forma anual, eso se va a cubrir de ese fondo de US$ 650 millones”, enfatizó.
Agregó que se va a transferir a la Ande a los efectos de compensar ese costo adicional, “justamente para que esta tarifa no tenga incidencia en la tarifa de los clientes”, precisó.
Acelerar plan de inversiones
Por otra parte, el ingeniero Sosa señaló que con el incremento en los recursos de la binacional, el Gobierno apunta a acelerar las inversiones prioritarias de la Ande, previstas para el 2030, en los próximos tres años de manera a contar con la capacidad de disponer del 100% de la energía que le corresponde al país de la Itaipú Binacional.
“El Gobierno va a definir hacia donde destinar esos recursos, con base en sus prioridades. Pero una de las prioridades justamente es invertir en el sistema eléctrico paraguayo. De qué nos sirve a nosotros tener grandes generaciones de energía en las binacionales si el servicio que prestamos no es el adecuado”, comentó.
Agregó que para este año se prevé un incremento de los US$ 300 millones invertidos el año pasado; alcanzar una meta de US$ 370 millones en líneas de transmisión y distribución.
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La nueva tarifa de Itaipú es un logro que debe asegurar grandes beneficios al país
Mediante el acuerdo logrado con Brasil para fijar la nueva tarifa de energía de Itaipú, que ya no tendrá que cederle a valor risible, se estima que Paraguay podrá recibir alrededor de 1.250 millones de dólares anuales por la venta de su energía a diversos clientes. La noticia fue celebrada por todos porque constituirá un espaldarazo financiero inédito para lo que se pudiera hacer en el país. Hasta los negacionistas, que lo ven todo negro, se pusieron contentos por esa gran novedad y son también capaces de soñar.
La euforia es legítima y hay que celebrarla como un gran triunfo del Gobierno nacional, que ha sabido realizar las negociaciones por varios meses para tratar de obtener la mayor ventaja posible para nuestro país. No hay que olvidar que Brasil quería una cotización muy baja, que fuera menor a los 16,71 dólares el kW/mes que regía hasta la vigencia del nuevo acuerdo, y Paraguay pretendía que estuviera por encima de los 20 dólares. Por lo tanto, los 19,28 dólares el kW/mes que se fijó como nueva tarifa puede considerarse un logro importante, dado que la intención paraguaya es capitalizarse mediante los mayores ingresos que provengan de la binacional.
Un detalle importante es que, como ahora Paraguay ya no está obligado a cederle a Brasil la energía de Itaipú que le pertenece y que no utiliza, la podrá vender en el mercado a los precios que rigen en el mismo. Anteriormente, nuestro país tenía la exigencia de darle su energía a un valor muy bajo, que no significaba mayor utilidad. Eso terminó y llegó la hora de nuevas oportunidades para el país.
Los 1.250 millones de dólares que se prevé que ingresarán, no llegarán de inmediato porque comienza la tarea de buscar compradores y de hacer negociaciones para la mejor colocación posible del producto. Eso llevará su tiempo y el esfuerzo de conseguir las propuestas que sean más convenientes para los intereses nacionales. Por consiguiente, no se podrán hacer de entrada las inversiones que se pretenden, ya que el nuevo proceso tiene sus tiempos.
El Gobierno nacional ha aclarado que el dinero que ingrese al país por la venta de la energía paraguaya de Itaipú no se utilizará para gastos corrientes, como aumentos de salarios y otras erogaciones improductivas. Se harán inversiones importantes para la vida del país y su gente.
El presidente Santiago Peña señaló que con los fondos que se obtendrán con la nueva tarifa de Itaipú se construirán nuevos hospitales de referencia en varias localidades del país, ya que existe un gran déficit en los servicios de salud públicos. Habló incluso de hacer siete nuevos centros hospitalarios. Reconoció que existe un déficit tremendo en la materia y que ahora se van a acelerar los planes que ya se tenían anteriormente. Incluso existe la idea de construir un nuevo hospital en Asunción, ya que al trasladarse el nosocomio de la Facultad de Medicina a San Lorenzo, la capital no tiene una institución hospitalaria de gran nivel para los que habitan la ciudad.
El ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, enfatizó que los recursos de Itaipú no se utilizarán para aumentos de salarios del sector público. Resaltó que sería pésima una decisión de ese tipo. “Nosotros no estamos apoyando ningún tipo de incremento salarial”, aclaró, y agregó que de nada serviría conseguir esos recursos y luego no gastarlos de manera eficiente y transparente.
La necesidad de destinar los nuevos fondos para solucionar los principales problemas del país implica que, aparte de los gastos en salud y educación que se tienen previstos, se deberá invertir para potenciar el servicio eléctrico del país con el fortalecimiento de la Ande. El ente requiere muchas inversiones, sobre todo para mejorar la transmisión de la energía de manera segura y sin castigar a los consumidores como ocurre hasta ahora por el déficit que tiene. La población nacional no puede seguir sufriendo la falta de servicio que provoca molestias y grandes perjuicios económicos.
Los beneficios que significan la nueva tarifa de Itaipú solo podrán concretarse mediante el trabajo adecuado de los organismos que los administren. Para ello se requiere, aparte de la preparación técnica, una importante cuota de amor a la patria y su gente.
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Aumento de tarifa de Itaipú no incrementará la factura del usuario de la Ande, ratifican
El presidente de la Administración Nacional de Electricidad (Ande), Ing. Félix Sosa ratificó que la definición del precio de la tarifa de Itaipú acordada con el Brasil que tuvo un aumento importante; en beneficio del Paraguay en lo que refiere a ingresos de recursos adicionales; no afectará al consumidor final de electricidad en Paraguay. Resaltó que el usuario de la Ande tendrá un “efecto positivo, un beneficio” por el mejoramiento del servicio eléctrico.
En conversación con el programa Cuenta Final Radio, que se emite por Universo 970Am/Nación Media, explicó que justamente debido a la definición de esta tarifa sobre la potencia de Itaipú Binacional, no tendrá un efecto directo sobre el cliente final de la Ande, en su factura de consumo.
“Pero sí va tener un efecto positivo al realizar las inversiones para mejorar el sistema eléctrico, es lógicamente con el objetivo de mejorar el servicio y sobre todas las cosas, crear las condiciones adecuadas para que se industrialice el país. Es decir, los clientes de la Ande van tener positivamente beneficios”, remarcó.
Al respecto, indicó que la Ande ya se encuentra en condiciones de traer hasta Yguazú el 100 % de la energía que produce la Itaipú. Por otro lado, indicó que se está ejecutando la Línea de 500Kv desde Yguazú hasta Valenzuela, que estaría terminada en 24 meses aproximadamente; a fin de hacer llegar toda esa potencia en la zona de mayor consumo.
“La Ande cuenta con un plan maestro bien definido, en el que la necesidad de inversión por año es de 650 millones de dólares, de los cuales unos 1.500 millones de dólares corresponde a generación y 500 millones de dólares en líneas de distribución de energía eléctrica. Como recientemente se ha reglamentado la Ley 6977 de energía renovables no convencionales, se estará utilizando como herramienta legal para que la Ande pueda licitar la nueva fuente de generación y el sector privado pueda invertir”, explicó.
Por otro lado, indicó que la Ande se quedaría con la inversión necesaria de 500 millones de dólares aproximadamente, según el plan maestro en transmisión y distribución. “De hecho el presidente siempre ha mencionado que una de las prioridades en la utilización de los recursos adicionales que se genere con el acuerdo de Itaipú es justamente fortalecer el sistema eléctrico paraguayo y de esa manera fortalecer a la industria en Paraguay, para generar mayor fuente de empleos”, acotó.
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Divergencias y riesgos
- Por Carlos A. Primo Braga
El futuro del Mercosur será influenciado por las relaciones entre sus dos mayores economías. El contraste entre el enfoque “anarcocapitalista” del gobierno de Milei y el intervencionismo del gobierno de Lula dificulta el diálogo y la cooperación entre Brasil y Argentina.
El crecimiento económico de ambas economías seguirá decepcionando en 2024. En el caso de Argentina, el nuevo gobierno heredó un gobierno en quiebra, una moneda sobrevaluada, alta inflación y reservas internacionales negativas. La adopción de una política fiscal restrictiva y medidas de desregulación económica están generando efectos recesivos y ajustes significativos en los niveles de empleo y pobreza en Argentina. La inflación ha comenzado a desacelerar desde un nivel mensual del 25,5 % en enero hasta el 11,0 % en marzo, y el déficit fiscal debería evolucionar del 4,2 % del PIB en 2023 a una situación de equilibrio para finales de año. Sin embargo, el PIB argentino podría contraerse un 2,8 % en 2024 (después de un -1,6 % en 2023).
En el caso de Brasil, el gobierno de Lula encontró la economía en una situación mejor en 2023. La cuestión fiscal (un déficit nominal del orden del 7,9 % del PIB en 2023) y la deuda pública (84,7 % del PIB) siguen siendo temas de preocupación. La reciente decisión de flexibilizar la meta de resultado fiscal primario para 2025 no ayuda. Sin embargo, la economía debería crecer alrededor del 1,7 % en 2024 (después del 2,9 % en 2023) y la inflación sigue bajo control (alrededor del 3,7 % en términos anuales).
Estos datos macroeconómicos ilustran la divergencia en términos del desempeño económico esperado en 2024. Pero las estrategias de desarrollo que están siendo adoptadas por Brasil y Argentina enfatizan otras diferencias que deberán guiar las trayectorias de estas economías en los próximos años.
En Buenos Aires, la agenda “anarcocapitalista” puede ser interpretada como un retorno a los cánones del Consenso de Washington (liberalización, desregulación, privatización...). En el caso del gobierno de Lula, la narrativa oficial sugiere un retorno a un Estado más intervencionista con énfasis en los beneficios de la industrialización por sustitución de importaciones. En resumen, el gobierno de Milei aboga por un Estado mínimo con énfasis en la libertad individual y el protagonismo del sector privado, mientras que el gobierno de Lula señala un papel central para el Estado como inductor del crecimiento económico.
Sin embargo, la realidad política genera restricciones a la capacidad de implementación de estas estrategias. Tanto en Argentina como en Brasil, los partidos de los presidentes (La Libertad Avanza y el Partido de los Trabajadores, respectivamente) tienen participaciones minoritarias en los parlamentos. El público argentino y el mercado financiero aún reaccionan positivamente a la agenda libertaria, reconociendo la herencia trágica del período peronista y los esfuerzos del gobierno para evitar una hiperinflación. Pero si la recuperación económica no ocurre antes de fin de año, el respaldo político al gobierno de Milei se volverá aún más frágil.
En el caso brasileño, la deterioración de la popularidad y el respaldo político del gobierno ha estado ocurriendo gradualmente. Encuestas de opinión recientes confirman una disminución en los niveles de aprobación del presidente y su administración. El gobierno podría enfrentar una resistencia creciente a medio plazo si su sesgo estatista y su política fiscal expansiva socavan el equilibrio macroeconómico.
Argentina continuará enfrentando un alto riesgo en cuanto a su deuda externa. A finales de 2023, la deuda pública bruta alcanzó aproximadamente el 154 % del PIB, impulsada por la devaluación nominal del peso. El esfuerzo fiscal ayuda, pero a medio plazo el país deberá refinanciar su deuda externa en un escenario internacional caracterizado por tasas de interés más altas. Y una crisis social podría hacer inviable la sostenibilidad política del experimento del gobierno de Milei.
En el caso de Brasil, los grados de libertad del gobierno en la ejecución de su política económica son mayores. La restricción externa no es un problema, aunque los choques externos (por ejemplo, la desaceleración de la economía china) podrían impactar esta evaluación. Sin embargo, el desequilibrio fiscal seguirá erosionando la credibilidad del gobierno de Lula.
En resumen, las trayectorias de ambas economías seguirán caracterizadas por riesgos elevados. El Programa PAEX de la FDC puede ayudar a las empresas en el Mercosur a enfrentar estos desafíos.
En el caso de Brasil, el gobierno de Lula encontró la economía en una situación mejor en 2023. La cuestión fiscal (un déficit nominal del orden del 7,9 % del PIB en 2023) y la deuda pública (84,7 % del PIB) siguen siendo temas de preocupación. La reciente decisión de flexibilizar la meta de resultado fiscal primario para 2025 no ayuda. Sin embargo, la economía debería crecer alrededor del 1,7 % en 2024 (después del 2,9 % en 2023) y la inflación sigue bajo control (alrededor del 3,7 % en términos anuales).
En Buenos Aires, la agenda “anarcocapitalista” puede ser interpretada como un retorno a los cánones del Consenso de Washington (liberalización, desregulación, privatización...). En el caso del gobierno de Lula, la narrativa oficial sugiere un retorno a un Estado más intervencionista con énfasis en los beneficios de la industrialización por sustitución de importaciones. En resumen, el gobierno de Milei aboga por un Estado mínimo con énfasis en la libertad individual y el protagonismo del sector privado, mientras que el gobierno de Lula señala un papel central para el Estado como inductor del crecimiento económico.