Número de teléfono, cédula de identidad, mail, dirección, y hasta la firma. ¿Alguna vez te llegó publicidad invasiva? ¿Alguna vez te llamaron para extorsionarte? Un proyecto de ley busca proteger esos datos.
La Coalición de Datos Personales en Paraguay (Tedic, Apadit, Paraguay Ciberseguro e Internet Society) busca la protección de las personas asegurando que cuenten con las herramientas jurídicas suficientes para garantizar el control sobre su información personal, y que los datos recabados deben ser manejados con confidencialidad, distinguiendo entre los distintos tipos de datos (por ej. datos personales y datos sensibles) y los niveles de protección que cada uno requiere.
¿Por qué? Porque sin un marco jurídico los datos se venden, y aunque algunas veces sea para ofrecerte productos o servicios, otras son para estafa o extorsión. Al usar Internet, vamos dejando rastros de información, lo cual señala quiénes somos y cómo usamos la tecnología. La mayor parte de las veces esa información se entrega a aplicaciones o plataformas, en otras, se deducen de nuestro uso en el móvil, navegador de Internet, compras, etc.
Los datos personales son como su nombre lo dice, los datos que informan sobre una persona y puede ser desde la dirección de la vivienda hasta los historiales médicos o antecedentes penales.
Los datos sensibles son los de información íntima, son los concernientes a la salud, la genética, la religión, las preferencias políticas y hasta los que dan señales de los ingresos económicos o preferencias sexuales. En Bolivia, un país que como Paraguay aún no cuenta con una ley de protección de datos, hubo un caso donde se difundió que una autoridad del gobierno era portadora del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) sin haberse dado previamente su autorización y eso empujó a la persona a la depresión.
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El proyecto de ley tiene en cuenta principios internacionales sobre la materia, como el GDPR (Reglamento General de Utilización de Datos) utilizado en la Unión Europea, que entró en vigor en mayo del 2016 y de aplicación dos años después, para que las empresas, organismos e instituciones pudieran acapararse a su cumplimiento.
La tecnología avanza y cada vez estamos más interconectados, y las leyes suelen quedar desactualizadas. Más información sobre este proyecto, en datospersonales.org.py.
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Urgen aprobación de ley de protección de datos personales
Organizaciones que forman parte de la Coalición de Datos Personales de Paraguay emitieron un pronunciamiento conjunto sobre la necesidad de aprobar el proyecto de ley de Protección de Datos Personales, afirmando que “no es una reacción apresurada u oportunista” tras el reciente incidente de seguridad, recordando que desde el 2017 vienen planteando este pedido.
Enfatizan que este proyecto de ley es el resultado de años de trabajo colaborativo y multidisciplinario, siendo adaptado cuidadosamente a la realidad paraguaya a lo largo de más de 4 años de consultas y aportes de expertos locales y representantes de las múltiples partes interesadas.
“Desde la Coalición de Datos Personales nos aseguramos que este esfuerzo colectivo y participativo incorpore pareceres y perspectivas de entidades públicas y privadas, garantizando una amplia representación de todos los sectores interesados”, sostiene el comunicado.
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A su vez, desmienten que alguno de los miembros de la Coalición de Datos Personales pretenda generar “pánico”, sino fomentar la conciencia en torno a la vital importancia de la protección de datos personales en la era digital. “La urgencia de este debate solo se ha visto intensificada por incidentes recientes, pero no es, de ninguna manera, un fenómeno nuevo o infundado”.
En el comunicado manifiestan que se muestran abiertos a continuar un diálogo fluido, informado y constructivo con el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) y todos los demás actores que así lo consideren, fomentando espacios para continuar una conversación seria sobre el proyecto de ley que aún sigue pendiente de estudio en el Congreso Nacional.
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Redes sociales: ¿enemigas silenciosas para la libertad de prensa?
Por Macarena Duarte y Sara Valenzuela
Este artículo es producto del Bootcamp en elecciones y tecnopolítica realizado en alianza con TEDIC.
Contenido restringido, usuario bloqueado, en torno a estas “amonestaciones” las redes sociales dominan el mundillo tecnológico a través de sus políticas de privacidad. Las reglas de las plataformas rigen para todos, incluso para los medios de comunicación, que empiezan a caminar en la cuerda floja de la censura y la libertad de expresión al ver cómo las informaciones a veces son dadas de baja, de manera arbitraria, ante lo cual se cuestiona si las redes en realidad no son enemigas silenciosas para la libertad de prensa.
En el marco de la segunda vuelta presidencial en Brasil, un medio de comunicación nacional se vio en la obligación de dar de baja un contenido audiovisual en Instagram porque esta plataforma interpretó que se trataba de una noticia con contenido engañoso. La publicación hacía referencia a las denuncias ya expuestas en redes sociales sobre cómo la policía impedía el paso a electores para presuntamente evitar que vayan a votar durante las elecciones generales donde se encontraban en contienda Jair Bolsonaro y Luiz Inácio Lula da Silva.
De este modo, se puede observar la incidencia inherente de las redes sociales en la difusión de informaciones periodísticas. Si bien las plataformas permiten mayor conectividad con el público, también podrían resultar contraproducentes, cuando se trata de sanciones arbitrarias o bloqueos, impidiendo el derecho a acceder a la información que se encuentra estipulado en la Constitución Nacional.
De cara a las elecciones internas que se desarrollarán este 18 de diciembre y las elecciones generales a llevarse a cabo el 30 de abril del 2023, las plataformas digitales ejercerán un rol de preponderancia por el nivel de instantaneidad y rapidez. Sin embargo, ¿los medios no verán cercenadas algunas publicaciones, pese a cumplir con los requisitos informativos? ¿De qué manera se pueden garantizar derechos constitucionales ante las políticas restrictivas de las redes sociales?
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Testimonios
Las reglas dentro de las diferentes redes sociales se rigen de manera autónoma en relación con los usuarios y la zona en que se encuentran, pero los más afectados a la hora de difundir información son los medios de comunicación y los periodistas, ya que las redes sociales se convirtieron en parte fundamental para la difusión de noticias e información.
Logramos reconocer hasta el momento el caso de tres medios de comunicación nacionales: el periódico El Independiente, la revista Foco y el canal de televisión Unicanal, que se vieron afectados por las políticas y reglas de diferentes plataformas que desencadenó en bloqueos temporales o pérdidas de cuentas, dejando en claro la fuerte incidencia de las redes sociales en la distribución de información.
“En sí, la cuenta no sufrió un bloqueo, pero sí fue afectada puntualmente una publicación relacionada con los incidentes registrados durante el desarrollo de las elecciones presidenciales en Brasil; mientras la noticia estaba siendo transmitida en vivo por canales oficiales de Brasil, los verificadores de datos independientes, en este caso de Instagram, emitieron una alerta de ‘información falsa’ en ese mismo dato publicado en nuestra red”, relataron desde el equipo digital de El Independiente.
En este caso, si bien el video siguió apareciendo en la cuenta de Instagram del medio, el mismo no podía reproducirse y contaba con una alerta impuesta por la plataforma, haciendo prácticamente nulo el alcance de la publicación, que finalmente fue dada de baja. “A nivel de presencia comunicacional en redes tiene un impacto negativo porque se sufre de una penalización que disminuye el alcance de publicaciones”, manifestaron.
Desde el medio afectado en este caso reconocieron que el fact checking en las redes fue creado ante la necesidad de poner un freno a la desinformación, pero se destaca que los criterios aún parecen ser débiles respecto a los verificadores de datos independientes, aceptando además que ciertas normas afectan directamente a la libertad de prensa.
Esto incluso termina por exponerse con el bloqueo sufrido por el medio de comunicación en su cuenta de Twitter, pues tras haber estado inactiva durante varias semanas, el equipo terminó dando por perdido su perfil, viéndose en la obligación de crear otra cuenta. El incidente del bloqueo total aparentemente se habría dado por supuesta violación a derechos de autor tras la publicación de un video de fútbol.
Sin importar en este caso cuál fue el motivo del bloqueo, se destaca que se da en un momento clave para los medios de comunicaciones locales y para la difusión de información con las elecciones partidarias en nuestro país. El medio se verá afectado por no contar con su cuenta que es, al fin y al cabo, una herramienta clave para la publicación de datos periodísticos.
“Las elecciones son un elemento clave para la democracia, pero las reglas de ‘verificación’ utilizadas por las plataformas sociales en algunos casos pueden llegar a condicionar las formas de comunicación de medios que son oficiales”, subrayaron desde El Independiente.
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En el segundo caso, la cuenta de Unicanal en la plataforma Twitter se vio bloqueada por varios días con el motivo de que uno de sus contenidos violaba las normas comunitarias de la plataforma por un supuesto caso de derechos de autor; en este punto se cuestiona la verificación de informaciones por parte de la plataforma como el caso anterior.
Ante este bloqueo, el equipo digital se puso en inmediata comunicación a través de correos con la plataforma, apelando al desbloqueo, pero la respuesta fue negativa y protocolar, hasta que se dio la restitución del perfil luego de dos semanas de notificaciones y pedidos. “El grado de afectación en estos casos es grande, ya que por varios días no se pudieron difundir las noticias ni hacer transmisiones y a la hora de la inmediatez fallábamos mucho”, subrayaron desde el equipo digital del canal de televisión.
En el tercer caso, se dio el bloqueo al acceso a la cuenta de Instagram de la revista Foco. Esto se desarrolló a modo de alerta, ya que la aplicación afirma haber recibido una amenaza de ataque hacia el perfil por un supuesto caso de phishing (la plataforma interpretó que hubo un intento de suplantación de identidad).
“La respuesta de la plataforma fue rápida para el bloqueo, pero luego de tres meses de lo sucedido nos restituyeron el acceso a la cuenta. Esto tras seguir tediosos pasos protocolares y comunicarnos constantemente vía correo electrónico con Instagram”, comentaron desde la revista.
Con respecto al problema que representa para el medio este tipo de casos, la respuesta fue tajante, sentenciando que la veracidad de lo que publica y el alcance es sumamente importante, por lo cual un bloqueo similar solo aleja a cualquier medio de sus potenciales lectores por culpa de restricciones arbitrarias.
Por su parte, Ángela Alarcón, de la organización internacional Access Now, fue bastante clara respecto a los casos de bloqueos en general, manifestando que las políticas internas o términos y condiciones de las plataformas son importantes y necesarias porque pueden actuar como un primer filtro contra contenidos que inciten a la violencia o puedan provocar un daño real inminente dirigido a una persona o un grupo. Sin embargo, están lejos de ser perfectas y no están por encima de legislaciones locales, regionales e internacionales.
“En el caso de los bloqueos o suspensiones de cuentas a medios o periodistas, no se está censurando un contenido en particular que podría haber resultado contrario a las políticas internas (aunque no necesariamente se trate de contenido ilegal) o que responda a una orden judicial. Por el contrario, se están bloqueando la totalidad de los contenidos pasados y futuros que no es contenido ilícito”, remarcó la profesional en contacto con La Nación/Nación Media.
Regulación: posible salida
El experto en seguridad informática y exasesor de laboratorio forense de la Fiscalía Gunter Krone reconoció para La Nación/Nación Media que existe una posibilidad de que las plataformas se encuentren en una abierta violación a la libertad de expresión o incluso la libertad de prensa al bloquear contenidos o cuentas que no se rijan bajo sus normas.
“En nuestro país, muchas acciones de las plataformas podrían tomarse como inconstitucionales. No obstante, esas políticas se establecen para cada uno de usuarios y los medios de comunicación no se encuentran exentos de esa política de privacidad a la cual accedió al momento de aceptar los términos y condiciones para abrir su cuenta en una determinada red social”, puntualizó Krone.
Si bien las reglas están claras, Krone habló de una posible alternativa a la cual podría recurrir Paraguay o cualquier otro país que busque regular los controles de las redes sociales. Para ello, el experto explicó que los países miembros del Mercado Común del Sur (Mercosur) podrían posicionarse como bloque para exigir a las plataformas regirse bajo los marcos jurídicos de la región y atravesar más regulaciones.
“Esto se podría desarrollar como una iniciativa, de la misma manera en que lo hizo la Unión Europea cuando exigió a través de un fallo judicial que los datos de los usuarios europeos de la empresa Meta ya no sean trasladados a su sede en EEUU y se mantengan en la región, lo cual implicó que se instale una oficina dela plataforma en el territorio europeo”, expresó Krone.
El experto detalló que un país no puede instalar regulaciones a las redes sociales de manera individual y, como ejemplo, recordó el caso de Brasil. Whatsapp se negó a entregar información a un juez brasileño y, como consecuencia, el magistrado decidió bloquear la aplicación en el país; esto duró una semana, hasta que nuevamente la aplicación fue puesta en funcionamiento por la presión social y mediática.
“Si un mercado como el brasileño, que supera 100 veces al paraguayo, no interesa a las big tech, será difícil que nuestro país pueda obligar a las plataformas a instalar una oficina aquí o se rija bajo nuestro marco jurídico. Por ello, la única salida posible sería que el Mercosur se involucre porque ya está en juego todo el mercado sudamericano, que podría impactar más a las plataformas digitales”, refirió.
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Marcos legales a nivel internacional
Ante la consulta de si es viable un control de las políticas de las redes sociales dentro de cada país, desde la organización internacional Access Now destacaron varios puntos a tener en cuenta, empezando por la situación de libertad de expresión con la que cuenta cada nación.
“En lo que respecta a generar marcos legales locales, creados individualmente por cada país, representa un riesgo elevado de abusos en los países cuyas democracias se encuentran debilitadas y, además, generan incertidumbre y diferencias en la implementación y definición de mecanismos”, indicó Ángela Alarcón.
Se destaca además el hecho de que existirían problemas para la implementación de dichos marcos legales para actores con domicilio en el extranjero y quienes preferirían dejar de proporcionar servicios a economías pequeñas o aisladas en lugar de someterse a sus regulaciones.
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“Muchos países actualmente cuentan con legislación en torno a la libertad de expresión aunque, lamentablemente, no siempre se pone en práctica. En ese sentido, es necesario que se apliquen las medidas correspondientes para que la legislación vigente realmente pueda ser empleada por las autoridades competentes”, comentó Alarcón.
Con respecto a los intentos de regulación a nivel regional, se destaca que algunos países de América Latina, como Brasil y México, intentaron crear una legislación que regule la moderación de contenidos, pero hasta el momento este proceso es sumamente lento y aún no se ha implementado de manera oficial porque podrían vulnerarse ciertos accesos a la información, especialmente desde el Estado.
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Evaluación expone bajos estándares laborales de plataformas de delivery y transporte en el país
La ONG Tecnología, Educación, Desarrollo, Investigación, Comunicación (Tedic) lanzó una investigación sobre puntuación de estándares laborales de plataformas de delivery y transporte en Paraguay, teniendo en cuenta que el movimiento económico de las mismas es indiscutible. Varias fueron las plataformas evaluadas, contando con puntuaciones muy bajas, lo cual pone de manifiesto que queda mucho por hacer para garantizar estándares laborales básicos.
Las plataformas laborales digitales son evaluadas en función de cinco principios: pago justo, condiciones justas, contratos justos, gestión justa y representación justa. En el primer ítem no se encontraron pruebas de que alguna plataforma cuente con mecanismos o prácticas que garanticen que las personas trabajadoras ganen al menos el salario mínimo establecido a nivel nacional o un salario digno.
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En cuanto al segundo apartado, tampoco se encontraron pruebas de que las plataformas en Paraguay tomen medidas para mitigar los riesgos de salud y seguridad relacionados con el trabajo o que proporcionen una red de seguridad a las personas trabajadoras. Solo una firma obtuvo el primer punto por contratos justos; la plataforma cuenta con presencia legal en el país.
Respecto a la gestión justa, solo una plataforma de movilidad ha podido puntuar en este principio, contando con canales eficientes para que las personas trabajadoras se comuniquen con un representante de la plataforma y que exista un proceso documentado para que las personas trabajadoras apelen medidas disciplinarias.
Acerca de la representación justa, no fue posible demostrar la existencia de un mecanismo documentado para la manifestación de la voz colectiva de las personas trabajadoras en ninguna plataforma ni de una política formal que indique la predisposición de las plataformas para reconocer y negociar con un organismo colectivo de personas trabajadoras o un sindicato.
Más sobre la investigación
Desde el año 2021 Tedic ha forjado una alianza con Fairwork, un proyecto de investigación y acción internacional que evalúa las condiciones de trabajo en la economía de plataforma en más de 30 países. En vista de los resultados del abordaje llevado a cabo, se ha determinado que las plataformas deben tomar medidas concretas para garantizar que sus personas trabajadoras tengan derechos laborales básicos.
Ante esta investigación, la ONG considera importante generar espacios de debate que concilien una mirada con perspectiva de derechos laborales que garanticen el pleno disfrute de los mismos, consagrados en el marco legal vigente paraguayo, a modo de seguir fortaleciendo el naciente ecosistema de la economía digital en Paraguay.
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TEDIC lanza campaña para solicitar aprobación de la Ley de Protección de Datos Personales en el Congreso
La organización TEDIC lanzó la campaña “Mis datos, mis derechos” que busca hacer hincapié en la necesidad de contar con una ley de protección de datos personales en nuestro país. En la jornada de hoy se concretó el lanzamiento oficial de la nueva campaña de la ONG TEDIC, encargada de promover los principios de una cultura libre y defender los derechos civiles en internet.
Bajo el lema “Mis datos, mis derechos”, esta iniciativa busca generar conciencia en todas las personas sobre la necesidad de una regulación actualizada que proteja la identidad de toda la población en internet y también que regule el tratamiento de datos en el sector público y privado.
El lanzamiento se da al cumplirse un año de la presentación del proyecto de Ley de “Protección Integral de Datos Personales” en el Congreso Nacional. Desde TEDIC recuerdan que actualmente Paraguay es de los pocos países de América Latina que no cuenta con una ley de protección de datos personales, situación que da pie a que los datos de miles de personas (correos electrónicos, números de teléfono, números de CI, ubicación, etc) puedan ser recopilados y utilizados a discreción, sin que existan sanciones por ello.
“Nuestro país necesita adaptarse a los nuevos estándares modernos y globales, donde el flujo transfronterizo y el uso masivo de nuestros datos por parte de corporaciones internacionales son desafíos constantes. Esta ley nos permitirá tener un control más efectivo sobre nuestros datos personales, impactando directamente en el ejercicio de nuestros derechos fundamentales”, refiere la publicación que promueve esta campaña.
A fin de dar visibilidad al pedido, desde TEDIC idearon una serie de memes que tienen como propósito llamar la atención de las personas encargadas de tomar decisiones en el Congreso y con ello también abrir el debate sobre la realidad de la falta de una normativa de este tipo. El citado proyecto de ley se encuentra en estudio en la Cámara de Diputados, donde deberá ser analizado por el pleno en las próximas semanas.