El gobierno argentino se vio envuelto en la polémica este martes pasado, luego de que el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, criticó a un conocido caricaturista con comentarios que fueron rechazados por asociaciones de prensa, la oposición política e incluso el jefe de gabinete, Juan Manzur.
Un tuit del caricaturista Nik, autor del célebre personaje Gaturro, en el que criticaba al oficialismo por supuestamente regalar heladeras y viajes a estudiantes en medio de la campaña electoral para las legislativas de noviembre, fue respondido por Aníbal Fernández con otro mensaje que fue considerado intimidatorio y que finalmente le llevó a pedir disculpas.
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En esa respuesta, el ministro mencionó que la escuela ORT de Buenos Aires recibe subsidios del Estado, lo que el dibujante consideró como una amenaza velada, pues se trata del colegio al que acuden sus hijas. “Para quienes siguen la discusión de Nik con mi persona, le escribí a su WhatsApp y le dije: Si por cualquier cosa entendiste que esa expresión fue una amenaza, me disculpo”, escribió luego el ministro en Twitter.
En plena carrera electoral, los comentarios de Fernández fueron rechazados por el candidato oficialista a diputado en la ciudad de Buenos Aires, Leandro Santoro, y por el jefe de gabinete, Juan Manzur, quien lo calificó como “muy desafortunado”.
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La coalición opositora de centro-derecha Juntos por el Cambio pidió la destitución del ministro, mientras que organismos del gremio de la prensa rechazaron las declaraciones. “El mensaje, que incluye información sobre el entorno familiar del historietista, es especialmente grave, máxime por provenir de quien debe velar por la seguridad de los ciudadanos”, escribió la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas.
Aníbal Fernández y Juan Manzur se integraron al gobierno el pasado 17 de septiembre, en una reestructuración del gabinete luego de la dura derrota electoral del oficialismo en las primarias legislativas pocos días antes.
Fuente: AFP.
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El Gobierno apuesta todo en su lucha contra la inseguridad y la delincuencia
Uno de los retos más duros para el Gobierno es el incremento de asaltos a entidades financieras y transportadoras de caudales que se ha intensificado en los últimos meses, en varios sitios del interior del país. La violencia demostrada y el gran aparato de combate que tienen estos grupos delincuenciales dan muestra que se está ante un enemigo mucho más temible. No porque sean diferentes a los otros, sino porque el extraordinario poder de fuego que ostentan y la capacidad de organización y destrucción que han demostrado indican que es un adversario más peligroso y aterrador.
El departamento del país más castigado es Itapúa, una zona de economía pujante y anteriormente tranquila, que últimamente ha sufrido el embate de los criminales que aprovechan la indefensión de la zona para hacer sus asaltos. Como dicha región fue siempre muy calma, no tiene los organismos de seguridad ni fuerzas públicas en suficiente cantidad como otros departamentos que tradicionalmente contaban con antecedentes más violentos. Por ello está casi en la indefensión, porque anteriormente no se hizo mucho para su defensa, hecho que esta administración estatal ha constatado y que va a remediar con su trabajo.
La crónica policial indica que en los últimos seis meses en Itapúa se produjeron varios hechos criminales contra entidades financieras que demuestran la alta peligrosidad y poder criminal de los delincuentes. Dejando de lado las dos incursiones contra sucursales del Banco Regional en las localidades de Pirapó y Carlos A. López de 2022, desde noviembre de 2023 hasta el último domingo 27 de abril se registraron cinco golpes que piden una urgente actuación del Estado.
En noviembre pasado, en la localidad de General Delgado se asaltó a un transportador de caudales que dejó grandes sumas de dinero tiradas en la calle. Un mes después, en diciembre de 2023, se atacó una sucursal del Banco Sudameris, en Pirapó. En enero de 2024 una sucursal del Banco Nacional de Fomento (BNF), de Carlos A. López, fue víctima del accionar criminal. A comienzos de abril, en Yatytay, se robó un cajero automático del BNF. Y el domingo último, en Natalio, la sucursal del BNF local fue destruida con explosivos y se robaron centenares de millones de guaraníes.
Estos datos de lo acontecido en los últimos meses hablan de que la historia reciente es muy alarmante. No se puede darles más tiempo ni oportunidades a las bandas de malhechores que están preparadas para el delito. Y requiere que se actúe con rapidez y eficiencia, como las autoridades nacionales están planificando hacer.
Por eso el Ejecutivo está combinando la actuación de las fuerzas públicas, con la intervención de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares. El Consejo de Defensa Nacional (Codena) está coordinando esta actividad y se aguarda que la conjunción de estas fuerzas pueda dar la respuesta que se requiere.
El presidente Santiago Peña señaló que el Codena está trabajando para realizar nuevas inversiones para el equipamiento logístico y en armamentos. Dijo que una de las tareas es aumentar el número de efectivos policiales, a razón de 5.000 hombres anualmente, para alcanzar 25.000 nuevas incorporaciones en los cinco años de su mandato presidencial. Se estima que en materia de equipamiento se requerirán inversiones por valor de 100 millones de dólares.
Teniendo en cuenta el éxito alcanzado por la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) en los departamentos de San Pedro y Concepción, se está analizando la posibilidad de extender su intervención en otros departamentos. En la actualidad se está iniciando el trabajo en Canindeyú, así como se hizo en Amambay, para extenderlo más adelante a los departamentos de Alto Paraná e Itapúa. “Tenemos que ir expandiendo este criterio del uso de las fuerzas conjuntas, donde los militares tienen un rol y las fuerzas policiales tienen también otro”, manifestó el primer mandatario, para resumir el criterio de trabajar de manera unificada contra los delincuentes.
La preocupación que causa el avance de la inseguridad hace pensar a muchos que todo cuanto se haga para contrarrestarla será poco. Y así como el departamento últimamente más castigado, Itapúa, ya se ha declarado en estado de emergencia, otras jurisdicciones tienen que tomar medidas de alta protección. Todo eso para darle un apoyo firme al Gobierno central en la guerra contra la delincuencia y la inseguridad.
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La “represión” se acentúa bajo el gobierno de Maduro, según ONG
- Caracas, Venezuela. AFP
Las fuerzas públicas de Venezuela cometieron más de 10.000 ejecuciones extrajudiciales, 1.652 torturas y unos 15.000 arrestos políticos durante el gobierno del presidente Nicolás Maduro, según oenegés que alertan sobre un aumento en la represión de cara a las presidenciales de julio.
Los reportes, presentados por las organizaciones especializadas Provea y Foro Penal, coinciden con otro informe presentado por expertos de Naciones Unidas en Ginebra sobre el “alarmante aumento de desapariciones forzosas” en el país.
“Estos 10 años de gestión de Nicolás Maduro, entre 2013 y 2023, hemos registrado 10.085 personas asesinadas por los cuerpos del Estado venezolano”, dijo la coordinadora de investigación de la ONG Provea, Lissette González, durante la presentación del informe “Maduro, una década oscura para los derechos humanos”.
La organización, con 35 años defendiendo los derechos humanos, documentó también 1.652 víctimas de tortura en el mismo periodo.
“El Estado no solo reprime al liderazgo político, social, organizado, sino reprime y controla a esos miembros más vulnerables, más excluidos, a los que más están padeciendo las consecuencias de esta crisis económica y social”, sostuvo González.
Foro Penal, dedicada a la representación judicial de presos políticos, señaló que entre 2014 y 2024 ha contabilizado 15.827 arrestos. Hoy registran 273 personas tras las rejas.
“No vemos que se estén presentando signos o evidencias de que la represión, particularmente la represión por motivos políticos, esté cesando. Hemos visto una arremetida, una intensificación significativa en la persecución de activistas o militantes” de “fuerzas políticas distintas de las del Gobierno”, dijo Gonzalo Himiob, abogado y vicepresidente de Foro Penal.
Himiob hizo este llamado de atención tras las recientes detenciones de tres activistas políticos el fin de semana que la oposición y activistas de derechos humanos relacionan a una “persecución” de cara a las elecciones del 28 de julio en las que Maduro buscará un tercer mandato de seis años.
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Diputados votaron a favor de las reformas de Milei para desregular la economía argentina
El proyecto ultraliberal del presidente Javier Milei dio un primer paso este martes cuando los diputados votaron a favor de sus reformas para desregular la economía argentina, tras lo cual debaten también un paquete fiscal como parte de una maratónica sesión que comenzó el lunes.
La mayoría de los diputados votaron “en general” a favor de la Ley Bases este martes, al cabo de más de 20 horas corridas de debate, y discutieron luego cada uno de los capítulos del proyecto, que fueron aprobados al comenzar la tarde y pasarán a consideración del Senado. “Este es un primer paso fundamental para sacar a Argentina del pantano que ha sido las últimas décadas”, celebró Milei en su cuenta en X.
En seguida, los diputados siguieron el proceso con el paquete fiscal del gobierno, de un centenar de artículos, que quedó aprobado “en general” a media tarde. La reforma fiscal será sometida ahora a la votación de cada uno de sus ocho títulos.
De ser aprobado este también, ambos proyectos lesgislativos recorrerán un camino de espinas en el Senado, donde el partido de gobierno cuenta apenas con 7 de los 72 escaños.
La Ley Bases contempla medidas como la declaración de emergencia económica y energética por un año, la delegación de facultades que permite a Milei disolver organismos estatales y la posibilidad de privatizar una decena de empresas públicas.
También incluye una “modernización laboral” que entre otras cosas modifica el sistema de indemnizaciones y aumenta los períodos de prueba de los empleados, algo que fue tachado por la diputada opositora de izquierda Myriam Bregman como “una canallada”. “Lo que aquí se está aprobando es facilitar el despido de decenas y decenas de trabajadores”, declaró.
La ley prevé además un régimen de incentivos tributarios, aduaneros y cambiarios para las grandes inversiones. También se aprobó eliminar el acceso universal a la jubilación mínima.
“Voy a cumplir 72 años y nunca viví algo así. Algunos poco, otros dos o tres granitos, otros cuatro, todos pusieron un granito para arruinar este gran país que lo tiene todo”, se quejó a la AFP Guillermo Vidales, quien acudió a manifestarse a las puertas del Congreso.
Difícil gobernar
La Ley Bases contiene unos 230 artículos, un tercio de los incluidos en una ambiciosa reforma que se hundió en febrero en el parlamento, donde el oficialismo no controla ninguna de las dos cámaras.
Para el analista político Gabriel Vommaro, la segunda versión del proyecto responde a que Milei “está descubriendo lo difícil que es gobernar en general y lo complicado que es gobernar Argentina (...), y entiende que hace falta ser más pragmático”.
El paquete fiscal restablece un impuesto a las ganancias eliminado por el gobierno anterior y plantea un blanqueo de capitales para regularizar activos no declarados de hasta 100.000 dólares.
El diputado oficialista José Luis Espert la defendió diciendo que se trata del “primer ladrillo de un sistema impositivo más razonable que permitirá bajar los impuestos para luchar contra la pobreza” que afecta a la mitad de la población de 47 millones de habitantes.
En la Cámara de Diputados, La Libertad Avanza, el partido de Milei, cuenta con 38 diputados sobre 257.
Convocan movilizaciones
La popularidad de Milei está en torno al 50%, según distintas encuestas. Los apoyos “se mantienen porque la polarización política se mantiene y por tanto no hay adónde ir por fuera de esa estructuración del espacio político, que todavía es binaria”, dijo Vommaro.
Decenas de manifestantes repudiaron el proyecto frente al Congreso, en el marco de concentraciones convocadas por sindicatos y partidos opositores.
“Lo que hace el gobierno nacional es básicamente vender la patria, arruinar a la población”, dijo a la AFP Manuel Crespo, un docente de 29 años.
Las centrales obreras llamaron a movilizarse el 1 de mayo, en el Día del Trabajo, contra el ajuste que aplica el gobierno, que ha implicado miles de despidos en el Estado en un contexto de inflación de casi 290% anual.
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También convocaron una huelga nacional para el 9 de mayo, la segunda desde que asumió Milei en diciembre, que será precedida por un paro de transporte aéreo, terrestre, portuario y marítimo el 6 de mayo.
Argentina está sumida desde hace años en una aguda crisis económica y social. Milei prometió superarla, pero a costa de grandes sacrificios. Aunque ha logrado superávit fiscal, el país sufre ahora el desplome del consumo y de la industria.
Fuente: AFP
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Agua y saneamiento: funcionarios se capacitarán en maestría de ingeniería
El presidente de la República, Santiago Peña, encabezó el acto de entrega de treinta becas de Maestría de Ingeniería en Agua y Saneamiento, a funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y de Essap. En la ocasión, el mandatario valoró el esfuerzo de las instituciones que apuestan al capital humano con capacitación, como un paso fundamental para dar sostenibilidad a las políticas públicas.
Los funcionarios recibieron estas becas para llevar adelante un posgrado en agua y saneamiento, como parte del plan de Gobierno de formar el talento humano. “Este es un paso importante, porque los propios técnicos y funcionarios, mediante esta capacitación, serán los encargados de diseñar los proyectos que se deben llevar adelante para mejorar el sector del agua y saneamiento urbano, porque son los que conocen la realidad”, remarcó el jefe de Estado.
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En el área de agua y saneamiento existe una abundancia de recursos en el país que lastimosamente no son cuidados, dijo el mandatario. Ante esto, es un desafío contar con técnicos capacitados en una combinación de inversión en obras y el conocimiento.
En tanto, la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión, destacó que el sector de agua y saneamiento inicia un nuevo camino en su proceso de desarrollo. Al mismo tiempo, mencionó que esta es la continuación de una historia que ya comenzó en 2016, cuando 120 ingenieros fueron becados a Brasil.
Además, en esta nueva etapa, el requisito es que, al finalizar, cada cursante deberá presentar un proyecto de saneamiento al MOPC, listo para su licitación y ejecución. “La capacitación marca la diferencia y la inversión en el desarrollo de capital humano impulsa el progreso de nuestra nación”, subrayó la ministra.
Las becas fueron adquiridas gracias a la gestión de la Dirección de Agua Potable y Saneamiento del Ministerio de Obras Públicas, con el respaldo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), como parte de su apoyo al Estado paraguayo en la formación de sus funcionarios.
En ese marco, destacaron como un ejemplo exitoso el Programa Interamericano de Macroeconomía Aplicada (PIMA) que formó a economistas paraguayos en Chile y fueron los mismos funcionarios que diseñaron las actuales políticas macroeconómicas, destacó Peña.
La Maestría en Saneamiento Urbano será desarrollada en la Universidad Católica de Asunción con una duración de 18 meses. Participaron del acto de entrega la ministra del MOPC, Claudia Centurión, y el presidente de la Essap, Luis Fernando Bernal.
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